InicioPortadaNacional77 AÑOS BAJO EL YUGO DE GOBIERNOS PRIÍSTAS Y…FALTAN SEIS

77 AÑOS BAJO EL YUGO DE GOBIERNOS PRIÍSTAS Y…FALTAN SEIS

*De cada 100 mil habitantes, 11 mil 464 son extorsionados

*Mil 815 pesos por persona cuesta el fenómeno de la extorsión

José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/La Opinión de México

Coahuila. – Ante la llegada de Manolo Jiménez Salinas, de 38 años, quien tomó posesión como gobernador de Coahuila el uno de diciembre de 2023, alo que lo conocen como “El Peñanietito”, los coahuilenses están desalentados y pesimistas, toda vez que para que ganara la elección fue más que evidente la intromisión y el apoyo descarado de su antecesor, el también priísta, Miguel Ángel Riquelme Solís, que no paró en actos de soborno, intimidación y violaciones a la ley electoral, para que su “delfín” resultara ganador, como ocurrió.

Con este gobernante, sumarán 83 años que el PRI gobierne la entidad; sin que importe que la corrupción en Coahuila cueste mil 815 pesos por persona, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que precisa en su informe que el estado se encuentra en el lugar número 27 por debajo de la media nacional.

El reporte señala que, de cada 100 mil habitantes de Coahuila, 11 mil 464 son víctimas de corrupción y tan sólo durante el pasado año de 2023 el costo de esa práctica fue de cerca de 2 mil pesos por persona, aunque se sigue considerando bajo ya que el promedio de la media nacional es de 3 mil 368 pesos, mientras que en Hidalgo llega a los 5 mil 664 y en la Ciudad de México alcanza hasta los 6 mil 471.

 Conforme a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2023, los principales motivos de corrupción en Coahuila fueron al tener contacto con las autoridades de seguridad pública, los trámites para abrir una empresa y los trámites en juzgados o tribunales.

Cabe destacar, según el estudio, que lo mismos se ha dado un aumento y que un decremento en la corrupción, en ciertos ámbitos en Coahuila, por ejemplo: el porcentaje de personas que reportaron esta experiencia al tener contacto con autoridades de seguridad pública, creció del 51.3 por ciento en 2021, al 55.4 por ciento, en el 2023. Sin embargo, en trámites relacionados con el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal, el porcentaje disminuyó de 33.2 por ciento al 28.5 por ciento en el mismo período.

De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”.

A nivel nacional, los costos por incurrir en actos de corrupción se estiman en 11 millones 910 mil pesos, lo que equivale a 3 mil 368 pesos promedio por persona.

Jiménez Salinas lleva apenas medio año gobernando Coahuila, por lo que aún es temprano para juzgar o calificar su desempeño; aunque ua situación es visible y palpable, ya que en ese tiempo no se ha observado ninguna acción tendiente a combatiré la corrupción e inseguridad.

Si en cambio, sus adversarios hablan de que, junto con su familia, manejan su propio cártel inmobiliario y facilitan permisos de construcción a empresas propiedad del mismo clan Jiménez.

También refieren que existe un acuerdo entre la delincuencia organizada y el Gobierno Estatal, lo que mantiene el índice de crímenes por debajo de otros Estados, “pero ello es consecuencia de que el PRI maneja un “Cártel de Crystal”, desde el interior de las mismas fuerzas policíacas.

Por otra parte, sus antecesores han dejado pésimos antecedentes a su paso por la gubernatura. Resultaría ocioso hablar de los Moreira, de Montemayor Seguy, de Mendoza Berrueto y de otros muchos más, por lo que solamente nos referiremos a su inmediato antecesor.

Durante la campaña de Miguel Riquelme Solís, se difundió que entre los empresarios que financiaron su cruzada para la alcaldía de Torreón, Coahuila, estaba Guillermo Flores Cordero, quien fue detenido junto con su esposa, en agosto de 2013, en San Antonio, Texas.

Se le acusó de lavado de dinero mediante una empresa no autorizada de envío de dinero, Se declaró culpable de operaciones con recursos de procedencia ilícita en una corte de Corpus Christi y tuvo que permanecer preso tres años y siete meses hasta que fue liberado el 17 de marzo de 2017.

La noche de las elecciones, aunque los resultados electorales del PREP lo dieron como ganador de dichas elecciones, los candidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero (independiente) y José Ángel Pérez (PT), acusaron irregularidades en la elección.

Se pusieron en curso procedimientos judiciales por exceso de gastos de campaña y por impugnaciones de los recuentos, que pudieron llevar a anular la elección. Sin embargo, el TEPJF determinó no anular la elección y Riquelme Solís tomó protesta como gobernador.

A unos meses de dejar el poder, el legado de Riquelme Solís en Coahuila es de falta de liquidez, finanzas inestables, multas y denuncias penales, todo ello aunado a más de 6 mil millones de pesos erogados sin comprobar, revelan informes de la Auditoría Superior de la Federación del Estado (ASEC).

Durante el segundo semestre de 2022, la ASEC presentó 63 denuncias penales por presuntos actos de corrupción relacionados con los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019 y 2020, y en el año 2022 emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información y presentación de avances de gestión financiera.

En 2013, lapso en que gobernó Rubén Moreira Valdez, hasta el 2017, al 2022, ya con Riquelme, la ASEC presentó más de 430 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y Fiscalía Anticorrupción, todas con base en la revisión de las cuentas públicas y de puntos de acuerdo aprobados en el Congreso del estado.

El gobierno de Riquelme acumuló erogaciones sin comprobar por un total de 6,827 millones de pesos, lo que estableció que su gobierno realizó en promedio un gasto diario sin comprobar de más de 3 millones y medio de pesos.

A pesar de las observaciones, acusaciones y denuncias, ninguna prosperó, gracias a la mayoría priista del Poder Legislativo que se encargó de que se estancaran los procedimientos.

NARCOTRÁFICO

Como en la mayoría de loe estados, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, son los que predominan en las entidades, además del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, sólo que en el caso de Coahuila priva una circunstancia muy peculiar.

Ricardo Mejía Berdeja, en su momento. como candidato del Partido del Trabajo, durante uno de los debates el habló del llamado Cártel de Crystal y señaló que la entidad es la de mayor crecimiento en tráfico de cristal y fentanilo.

Aseguró que Coahuila es el estado con mayor crecimiento de narcomenudeo en lo que va del 2023, sobre todo en el cristal, además de que hay múltiples casos de violencia policial por parte de los elementos de el ge4rupo Fuerza Coahuila y el grupo GATES.

¿GRUPO O CÁRTEL CRIMINAL DE LA POLICÍA?

En la frontera del estado mexicano de Coahuila con Estados Unidos, la versión oficial es que desde que las fuerzas del Estado debilitaron al cartel de Los Zetas. no existe un grupo del crimen organizado que por si mismo controle la zona.

Múltiples testimonios de policías y la existencia de carpetas de investigación, así como documentos oficiales, describen cómo miembros del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (CATES), unla policía de élite creada para combatir el crimen, trafican armas, drogas, personas, extorsionan, secuestran, torturan y asesinan.

La llamada guerra contra el narcotráfico en México cumple 15 años con récord de militares en las calles y homicidios en el país. Esta es la historia de una policía con entrenamiento militar y varios ex integrantes del Ejército y la Marina, que heredó el control de los negocios ilícitos de un cartel fundado por Los Zetas, ex militares de élite.

Ex miembros de la policía señalan a su ex compañeros como “El Cártel de la Zona” por cuatro razones: Trasladan armas como criminales. Tienen puntos de venta de drogas como cualquier organización criminal. Trabajan en conjunto con narcotraficantes a los que les prestan uniformes. Torturan, secuestran, matan y desaparecen personas.

-En Coahuila te pueden decir que no hay cárteles. En Coahuila esos cabrones (los policías de élite) son el cártel”, dice Sebastián (nombre ficticio), que cuenta su pasado de cinco años con los GATES como una sucesión de tráfico de armas y drogas, enfrentamientos fingidos, escenas de crimen alteradas, extorsión, secuestro y tortura de los “coyotes” (traficantes de personas) y migrantes que cruzan a Estados Unidos.

Ramón y otros familiares de desaparecidos, encuentran sobre el pasto seco jirones de tela, pilas, tierra removida, una zanja abierta y restos humanos, huesos. Algunos vecinos comentan que lo único que han visto en años son a individuos tirando cuerpos por la noche.

Los casos de Sebastián y de Ramón son apenas unos de los cientos de denuncias de abusos, crímenes y desaparición forzada atribuidas a los GATES, Segú registros del Ministerio Público hay al menos 486 casos abiertos contra la policía de élite: amenaza, robo, allanamiento, secuestro, violación, desaparición y homicidio.

LA MIGRACIÓN REGULADA POR EL CRIMEN ORGANIZADO

La migración en Coahuila está regulada por la delincuencia, dicen los migrantes al pasar por Saltillo, “son del Cártel del Noreste (una escisión de los Zetas) que se mueven a sus anchas”.

La mecánica funciona de dos formas: a través de códigos para transitar libremente o con secuestro. Si una persona quiere cruzar la entidad para llegar a la frontera, puede comprarle al cártel unos códigos a 500 pesos, cuenta una venezolana.

Las claves sirven para poder salir ilesos cuando son detenidos por grupos del crimen. Si por el contrario la persona decide intentarlo sin pagar ese dinero, cuando es retenida por los criminales, lo más probable es que sea secuestrada.

Uno de los habitantes de la Casa del Migrante de Saltillo, cuenta que uno de sus compañeros fue secuestrado y pedían por él se pidió un rescate de 6 mil dólares, “era nuestro amigo, estaba acá con nosotros hace unos días”, y muestra una foto en su teléfono móvil en la que se ve a un hombre de rodillas que sostiene una cartulina con la fecha y detrás un individuo le sujeta el cuello y le pone un cuchillo en la garganta.

No supo si se pagó el rescate por su amigo o no, pero no volvió a saber nada de él.

Cuando los criminales capturan a alguien, relatan los mismos migrantes, les avisan a las familias para que envíen dinero, “casi siempre piden los 6 mil dólares, si no pagan los matan y si entregan el dinero no sólo los sueltan, ¡sino que hasta los llevan a los Estados Unidos!”.

Todos los migrantes no sólo enfrentan a la delincuencia organizada, además deben escapar de las fuerzas de seguridad que buscan quitarles lo poco que les queda, “ya en Ramos Arizpe, en el área metropolitana de Saltillo, eres bocadillo para la policía”.

Pero además actúan en colusión con las autoridades, aseguran. Jesús dijio que cuando el Cartel del Noreste le secuestró en Piedras Negras, sobre la frontera con Estados Unidos, lo retuvieron en una vivienda. “Como tres veces llegó la patrulla de Fuerza Coahuila a la casita, y la primera vez que ls vi, pensé: vienen a rescatarnos. Pero no, solo llegaron, estuvieron viendo y se fueron”.

Varias fuentes que prefieren el anonimato por miedo, señalan que, en las ciudades del sur, como Torreón o Saltillo, ya no se reportan grandes matanzas como sucedía antes, “porque allí el crimen organizado no pelea ninguna plaza, sino que sostiene un acuerdo con las fuerzas de seguridad., porque los mismos policías son los que comercializan las drogas”.

Pero más allá de la venta de drogas, se dado una avalancha de denuncias por abuso policial. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila admitió en los primeros cuatro meses de este año más de medio millar de quejas por violaciones a los derechos humanos.

Entre los más señalados están los llamados GATES, el grupo de elite de la policía que además está envuelto en acusaciones de estar a cargo de la comercialización ilegal de narcóticos.

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