Por Ricardo Ravelo del libro Narcomex
En pleno ascenso en el negocio del narcotráfico, la carrera delictiva de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue frenada en 1993. En el mes de junio de ese año fue detenido en Guatemala –desde entonces uno de sus territorios preferidos –acusado del asesinato de un alto prelado de la Iglesia Católica: el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fue acribillado en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, al occidente de México, cuando llegaba a esa terminal aérea con un maletín y se disponía a ir al encuentro de un personaje supuestamente ligado a la mafia.
En aquel mes de mayo de 1993, la pugna entre Joaquín Guzmán Loera y los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, era atroz. Se perseguían por todas partes a balazos. El odio y la ambición de controlar mayores territorios había dividido a estos dos bandos del narcotráfico que por algún tiempo fueron amigos y compartían los negocios, vinos caros y alhajas relucientes con el capo más avezado de ese tiempo: Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado “jefe de jefes”, quien era el líder del cártel de Guadalajara que después pasó a convertirse en el cártel del Pacífico.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari se colgó una medalla al capturar a El Chapo, quien rivalizaba con otro capo poderoso: Juan García Ábrego, jefe del cártel del Golfo, quien era visto como el narcotraficante consentido de ese sexenio.
Guzmán Loera fue encerrado en un penal de máxima seguridad llamado Almoloya de Juárez, ubicado a una hora y media del Distrito Federal, cerca de la ciudad de Toluca, Estado de México. Según las investigaciones oficiales, allí comenzó a maquinar su plan de fuga, pero tuvieron que pasar ocho largos años para lograrlo, cuando ya había sido trasladado a otro penal de alta seguridad, el de Puente Grande, en el estado de Jalisco.
En prisión la vida es más sabrosa
En Puente Grande, Guzmán Loera comenzó a gozar de toda clase de privilegios: corrompió a cuanto funcionario de la cárcel se le paraba enfrente y estos correspondían a sus atenciones facilitándole todas las comodidades y placeres: una celda muy bien acondicionada, alcohol, cocaína, mujeres y hasta el Viagra le compraban al poderoso capo para que se desfogara en largas jornadas de sexo.
Pronto, muy pronto El Chapo tuvo en sus manos el control de la cárcel: funcionarios a su servicio y comida especial. Se dice que todos los días las autoridades del penal le pedían al capo que dictara el menú del día y lo que él ordenaba se cocinaba en aquella prisión, donde todo olía a droga, a dinero y a corrupción.
El grupo de narcotraficantes cercano a Guzmán gozaba de privilegios: recibían visitas de mujeres en sus estancias o en el área de comunicación en horarios prohibidos; en este mismo sentido, la indagatoria indica que se obtuvieron referencias de que algunas mujeres permanecían con El Chapo hasta por semanas. El relajamiento de la disciplina llegó a tal grado que varias trabajadoras del área de cocina se prostituyeron y, previo pago, mantenían relaciones sexuales con los internos del módulo 3, el cual estaba controlado por Guzmán.
Contaban con aparatos electrónicos y teléfonos celulares, con los cuales mantenían contacto con el exterior, lo que les permitía continuar con sus actividades delictivas, coordinadas por narcotraficantes que regularmente lo visitaban en su cautiverio. También se le conocieron otros excesos en la prisión. Como la violación de una mujer que se negó a sostener relaciones sexuales con él. A pesar de las denuncias presentadas en la Procuraduría de Justicia de Jalisco, nunca se procedió en su contra.
Los primeros reportes sobre la forma en que corrompía a los funcionarios, entre ellos al director Leonardo Beltrán Santana, se conocieron desde enero del año 2000, un año antes de fugarse, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, encabezada entonces por Guadalupe Morfín Otero, no los reportó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni a la Procuraduría General de la República (PGR) sino hasta el 20 de enero de 2001, un día después de la fuga del narcotraficante sinaloense.
En su denuncia de hechos, Morfín expuso que el 4 de enero de 2000 un oficial de prevención del penal de Puente Grande al que luego se sumaron otros, presentó una queja ante la CEDHJ “por hostigamiento laboral, debido a que no cedían a peticiones institucionales para corromperse”. Por ser este caso de competencia federal, la denuncia fue turnada a la CNDH, según ella misma explicó:
“A lo largo del 2000, como lo compruebo con los oficios que anexo, hice varias gestiones para que la queja no se archivara como asunto meramente laboral. Mi insistencia obedeció a que consideré que el asunto debía ser calificado como un hecho presuntamente violatorio de los derechos humanos.
“En sucesivas ocasiones los quejosos nos hicieron parte de su preocupación por no ser oportunamente atendidos en la CNDH y externaron desde un inicio su petición de que el asunto fuese tratado en forma confidencial para resguardar su integridad física”. Esta última petición no fue respetada por la CNDH.
La corrupción en el penal de Puente Grande había relajado la disciplina interna. Las presiones que ejercían el capo Guzmán Loera y su grupo para gozar de privilegios en Puente Grande, según la denuncia de Morfín Otero, se conocieron en la Secretaría de Gobernación, pero los cambios que sus funcionarios prometieron –según expuso la comisionada de Jalisco –fueron temporales, pues inmediatamente tomaron el control los jefes del narco recluidos en diversos módulos”.
Como se iban agravando las condiciones de inseguridad en el penal, y debido a que la vida de los denunciantes corría peligro, Guadalupe Morfín expuso en su denuncia que buscó con urgencia al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, pero no lo encontró. Solo le dejó un recado con Mauricio Ibarra, su coordinador de asesores.
El que denuncia pierde
El 15 de enero de 2000, integrantes de la CNDH, entre ellos el visitador Joel García, acudieron al penal de Puente Grande y llamaron al custodio Julián Ríos Peralta, uno de los quejosos. Le pidieron que los presentara con los otros denunciantes.
Según Morfín, los custodios fueron reunidos en las oficinas de Beltrán Santana –el director del penal y personaje clave en la fuga de El Chapo Guzmán –y allí los visitadores exigieron a los denunciantes que se desistieran de su queja.
Durante el día –dice Morfín en su denuncia –aumentaron las presiones. Los custodios fueron segregados uno por uno hasta altas horas de la madrugada, y tanto los visitadores como las autoridades del penal utilizaron la tortura psicológica. Los querían hacer titubear. Era evidente, dijeron los quejosos, la molestia de los visitadores de la CNDH porque los custodios acudieron a la CEDHJ.
En sus respectivas quejas, los custodios alertaron a las autoridades federales del poder que ejercía Guzmán Loera en el penal de Puente Grande. El custodio Felipe Leaño, por ejemplo, dijo que hizo del conocimiento de las autoridades del penal la introducción de productos prohibidos, como dulces, carne seca y vitaminas, en beneficio del narcotraficante Arturo Martínez Herrera, conocido como El Texas.
También dijo que quien estaba involucrado en ese tráfico era “el nuevo subdirector”, Dámaso López Núñez, pero todos se coludieron para que las cosas siguieran como estaban.
Y no sólo eso. Claudio Julián Ríos Peralta, otro de los custodios, denunció que el 29 de octubre de 2000, al terminar su servicio diurno como oficial de prevención en el área de Conductas Especiales, fue abordado por el oficial Miguel Angel Godínez Cárdenas, quien le dijo que tenía un asunto importante que tratar con él.
Relata el custodio que se refería a la cooperación hacia ciertos internos, entre ellos Martínez Herrera; Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Jesús Héctor Palma Salazar, El Güero.
Ríos Peralta dijo que, según le comentó Godínez Cárdenas, dichos servicios eran considerados como privilegios pequeños que no comprometían a nadie y a cambio se recibía una gratificación por cada uno, “que todo esto era con plan chingativo, que él recibía la encomienda de los comandantes y que existía línea para hacerlo”.
Agrega: “Posteriormente y en diferentes ocasiones me abordaron los comandantes Marco Antonio Fernández Mora y Pedro Pulido Rubira. Me trataron de sorprender con supuestas condiciones que según yo ya había aceptado, pero al no darles una respuesta me enviaron con el comandante de compañía Juan José Pérez Díaz, quien de manera verbal expuso estas irregularidades como un plan de trabajo para que yo aceptara.
“Le manifesté que me lo hiciera por escrito ante todo el grupo de oficiales y que justificara las gratificaciones si era cierto que existía línea de tan arriba como decía. No me resolvió y trató de sorprenderme de nuevo entrevistándose de nuevo con otros oficiales que no aceptaron la propuesta de corromperse, y son Rafael González Barajas, Mario González López y Juan González Caudillo, haciéndome creer que ellos ya habían aceptado, situación que después me demostró que era falsa”.
Por si esto fuera poco, los mismos servidores públicos involucrados en estos actos de corrupción establecieron como fecha límite para que todos participemos en los actos ya mencionados el 20 de noviembre de 2000, argumentando que cuando llegue la transición del primero de diciembre del gobierno federal no encuentre problemas y podamos continuar todos laborando de manera normal.
Joaquín Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa, considerado hoy por la revista Forbes el número 20 entre los hombres más ricos del mundo con una fortuna de mil millones de dólares, se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001, 29 días después de la llamada “fecha límite” a la que se refiere Ríos Peralta.
Otros tres custodios rindieron su testimonio sobre la corrupción en Puente Grande, el 9 de noviembre de 2000, ante Néstor Orellana Téllez, visitador adjunto de la CEDHJ. A él le pidieron omitir sus nombres, pero según su declaración todos los funcionarios del penal estaban ligados al narcotráfico y, en particular, a Joaquín Guzmán Loera. Así lo relataron:
“Constantemente los comandantes Jacinto Bello Sacarrubias, Miguel Ángel Godínez Cárdenas, Marco Antonio Fernández Mora, Juan José Pérez Díaz, Jesús Becerra Reyes, Jesús Candelario Castillo, entre otros, nos han ofrecido integrarnos a actos de corrupción, para lo cual nos han querido presentar ante los jefes, que son los internos Jesús Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera y Arturo Martínez Herrera.
“Las presentaciones ante ellos son con el fin de que nos conozcan y sepan que vamos a subordinarnos a ellos para seguir sus reglas, las que consisten en no ver ni escuchar nada, es decir, permitir que gocen de privilegios, como deambular libremente sin vigilancia dentro de los módulos, acceso a licores y vino, ingreso de mujeres a la hora que los internos lo requieran, celdas con lujos y comodidades, teléfonos celulares y que no les hagan revisiones a sus celdas. Que si aceptamos ingresar al equipo de trabajo, nos darán por sólo ese hecho 2, 500 pesos a (los) oficiales y 1,000 a los vigilantes.
“Como en todo momento nos hemos negado a aceptar las proposiciones de los comandantes que están coludidos con los internos para corromper el sistema de readaptación dentro del Cefereso 2, nos han intimidado de manera insistente a los compañeros Samuel García Sandoval, José Luis García Gutiérrez y Celso Cárdenas Hernández, entre otros, quienes fueron agredidos de manera brutal por no acatar las órdenes de los internos que se mencionaron”.
Los testimonios de la corrupción en Puente Grande –que, como después se supo, formaba parte del plan de fuga de El Chapo Guzmán –llegaron por fin a la CNDH. El expediente fue manejado por uno de los funcionarios de mayor confianza de José Luis Soberanes, el tercer visitador José Antonio Bernal Guerrero, quien a través de los visitadores Joel René García y José Mario Severiano comenzó a presionar a los custodios para que se desistieran de sus quejas.
El primer paso, según la investigación de ese hecho, fue tratar el caso como un asunto laboral. A través del oficio 012965, fechado el 4 de mayo de 2000, Arturo Peña Oropeza, quien fungía como director general en la CNDH, le informó al custodio Felipe Leaño lo siguiente:
“Por instrucciones del licenciado José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador de esta Comisión Nacional, me permito informarle que de la lectura de la primera parte de su escrito se desprende que (su caso) se trata de un asunto de carácter laboral”.
Los visitadores que José Luis Soberanes Fernández, el Ombudsman nacional, envió a investigar la corrupción y las presiones que padecían los custodios de Puente Grande en todo momento trataron de desviar las denuncias, según acusaron los propios quejosos en otros testimonios, donde agregan que su identidad fue revelada por los funcionarios de la CNDH, poniendo en riesgo sus vidas.
El custodio Salvador Moreno Chávez cuenta cómo los visitadores de la CNDH Joel García y José Mario Severiano lo presionaron para que se desistiera de su denuncia. El 15 de enero de 2001, cuatro días antes de la fuga de Guzmán, narró:
“Me decían que era muy difícil comprobar estos hechos…Traté de hacerles entender que la situación era más compleja, que los hechos de la queja se habían agrandado… Les pregunté qué tipo de información necesitaban para actuar; ellos me dijeron que era muy difícil de comprobar todo, que por qué no me desistía, que por la gravedad de los hechos podía desistirme y que quedaría archivada la queja.
“Mencionaron los visitadores que era fuera de lo común que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos hubiera hecho caso con las quejas porque los señalamientos que hacíamos eran muy generales y sin pruebas, que de la lectura de los mismos se desprendía muy poca credibilidad”.
Según el testimonio de Moreno Chávez, los visitadores de la CNDH los pusieron en evidencia ante el director de Puente Grande, Leonardo Beltrán Santana –a quien posteriormente se le ligó con el plan de fuga de Guzmán Loera –y otras autoridades de la prisión relacionadas con el narcotráfico.
Expuso que las entrevistas con los visitadores se llevaban a cabo en las oficinas del director, por lo que pronto fue visto “por los custodios corruptos como ‘el dedo’ que los señalaba. Felipe Leaño Rivera, compañero de Moreno Chávez, relató que los visitadores le dijeron que tres de sus compañeros ya se habían desistido de sus quejas y le sugirieron hacer lo mismo.
Y añadió: “Me cuestionaron de por qué no había hecho del conocimiento de las autoridades del penal las irregularidades, a lo que les dije que no les tenía confianza, ya que la mayoría de las veces, cuando había visita externa (de la CNDH), siempre había conocimiento de las autoridades penitenciarias con mucho tiempo de anticipación. Finalmente les mencioné que con los compromisos que existían entre el personal con los internos, principalmente con El Chapo Guzmán y con El Güero Palma, mi mayor temor era que alguno de estos internos, con las facilidades que se les daban, se fugara. Luego los visitadores le dijeron que él había sido el único que se había esperado, pues el resto de sus compañeros se habían ido, por lo que le comentaron que por esa falta de interés no progresaban las quejas.
“En mi opinión, esta situación de que los visitadores de la CNDH nos confrontaron con las autoridades (del penal) fue algo muy comprometedor, ya que se dieron cuenta de que éramos nosotros los de las quejas, a pesar de que durante todo el proceso les enfatizamos que se guardara nuestra confidencialidad sobre los hechos, poniendo en riesgo nuestra integridad personal”.
Los custodios Francisco Javier Vázquez Rolón y Samuel Ramos Gutiérrez también relataron, por separado, que los visitadores de la CNDH los presionaron para que se desistieran de sus denuncias y que en todo momento los confrontaron los confrontaron con los funcionarios coludidos con El Chapo Guzmán y El Güero Palma.
Tal como lo advirtió el custodio Felipe Leaño, Joaquín Guzmán Loera se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Meses antes, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, tuvo conocimiento de las condiciones de ingobernabilidad que imperaban en el penal de Puente Grande y que fueron desoídas por las autoridades federales.
“Las anteriores autoridades de la CNDH tenían amarradas las manos para no hacer nada”, dijo el 24 de julio de 2001, al referirse a la fuga de El Chapo Guzmán.
Por medio de Guadalupe Morfín, Soberanes también estuvo informado sobre las irregularidades de sus visitadores. A través del oficio P/CEDHJ/46/2001, fechado el 18 de enero de 2001 –un día antes de la fuga del capo sinaloense –Morfín le manifestó su inconformidad por la decisión de la CNDH de archivar la queja de los custodios por considerarla un asunto laboral. En ese mismo oficio Morfín expuso:
“El 16 de enero de 2001, según refieren los quejosos, después de haber sido aislados por separado cerca de tres horas, aproximadamente a las 20:00 horas, fueron llamados cada uno, de manera individual, a la dirección de ese centro federal, en donde se encontraban el director, Leonardo Beltrán; el subdirector jurídico, Dorantes Paz; el director de Prevención de la Secretaría de Gobernación, Enrique Pérez, y los dos visitadores de la CNDH, quienes permitieron que los sometieran a un interrogatorio intensivo.
“Los confrontaron de manera directa con las autoridades y evidenciando ante todo el personal que ellos pusieron la queja, poniéndolos con esta situación en grave riesgo, ya que según lo manifestaron ahora todo el personal e incluso los internos, saben que ellos interpusieron una queja denunciando los actos de corrupción que ahí se dan. Todo esto, a pesar de que en múltiples ocasiones se insistió en que se debía preservar en confidencialidad los nombres y datos de los quejosos para evitar riesgos… Esto no ocurrió y de la manera más burda estos visitadores de la CNDH los confrontaron con quienes precisamente solapan y promueven estos actos de corrupción”.
La mañana del 19 de enero de 2001 Joaquín Guzmán Loera se fugó de la cárcel. Diez años después, el capo sigue libre y tanto dentro como fuera de México es visto como “el capo consentido del sexenio”.
La fuga paso a paso
Al momento de su evasión, El Chapo Guzmán llevaba poco más de siete años en cautiverio y gozaba de un poder absoluto en la cárcel. Sus principales cómplices eran El Güero Palma y Arturo Martínez Herrera, El Texas. Ese selecto grupo incluía también a varios custodios que atendían las órdenes de su patrón.
La investigación que realizó la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) en 2001, aporta elementos que aclaran las circunstancias que rodearon la fuga del capo y detalla todos los pasos que dio para imponer su ley en ese penal, ganarse el respeto, ser temido y cambiar las rutinas de la prisión por otras actividades que le facilitaran su plan.
Con el propósito de conocer paso a paso su estrategia de escape, así como las condiciones internas del penal de Puente Grande, se integró un expediente de 47 tomos en el que se incluyeron 313 declaraciones ministeriales. Se efectuaron 42 inspecciones, 55 diligencias de fe ministerial, diez cateos con el respectivo aseguramiento de inmuebles, numerario, vehículos, alhajas, armas, cartuchos y pequeñas cantidades de cocaína y mariguana.
El informe que recibió en su momento el procurador Rafael Macedo señala que “ha resultado extraordinariamente complejo reconstruir los acontecimientos en que se dio la evasión de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pues se han tenido que salvar infinidad de obstáculos que en una investigación como esta se presentan. Quizá la mayor de las dificultades la presentó el hecho de que la estructura, infraestructura y sistemas oficiales establecidos, creados ex profeso para garantizar la seguridad del Cefereso 2, fue utilizada por Guzmán Loera para lograr su evasión.
“El complejo sistema de seguridad que debió impedir la fuga del reo tornó más difícil la investigación. Dada la forma en que organizacionalmente está estructurado el centro de reclusión, a cada uno de los testigos interrogados apenas les pudo constar una pequeña parte de todo lo que significó la fuga de Guzmán Loera. La destrucción de pruebas y evidencias al interior del Centro también dificultaron las pesquisas. Documentos públicos y registros oficiales del Cefereso no corresponden con los eventos ocurridos, en realidad se trató de ocultar los verdaderos acontecimientos.
“Se tuvieron que indagar hechos que, en principio, se consideraban directamente vinculados al acto criminal central, cuando realmente no lo estaban. La intimidación de que fueron objeto varios de los elementos de seguridad y custodia después de que aconteció la fuga, para que se abstuvieran de referir cualquier información sobre la evasión de Guzmán Loera, también constituyó un problema para el caso. Pese a esto, se ha logrado reconstruir el evento delictivo y todo indica que la evasión fue producto de una operación perfectamente planeada”.
El equipo de trabajo, a cargo de José Larrieta Carrasco, enfrentó dificultades para realizar la investigación. El procurador Macedo de la Concha envió, como apoyo, al subprocurador José Campos Murillo, quien prácticamente se convirtió en un estorbo durante el desarrollo de las diligencias, por lo que tuvo que ser separado del grupo. Larrieta Carrasco y sus hombres continuaron el trabajo, durante un mes, para rearmar la historia de lo que pasó aquel 19 de enero de 2001.
El día de la fuga, Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y altos funcionarios de la Policía Federal Preventiva (PFP), habían visitado el penal. Según sus conclusiones, todo estaba en orden: la cárcel de máxima seguridad operaba sin problemas. Pero la realidad era otra: la prisión estaba en plena descomposición y El Chapo Guzmán llevaba a cabo, sigilosamente, su plan de fuga, el cual no era tan secreto, según se supo después.
Aunque no se investigó a fondo, luego se sabría que aquellos funcionarios de la PFP tuvieron información sobre la fuga, pero guardaron silencio. Desde el director de Puente Grande hasta los comandantes y custodios estaban coludidos con El Chapo.
Dicho plan de fuga, según las investigaciones, fue urdido por el propio capo en 1999, pero se aceleró en el segundo semestre de 2000, presionado, quizá, por el proceso de extradición que enfrentaba y temía perder en los tribunales. La sola idea de la extradición lo atribulaba. Temía caer en las garras de la justicia estadounidense, donde, sabía, le esperaba lo peor: tendría que purgar varias cadenas perpetuas o enfrentar la pena de muerte.
El Tratado de extradición entre México y Estados Unidos no le daba ninguna garantía y el gobierno de México, condescendiente, había negociado políticamente con el vecino país la entrega de los capos, a cambio de un presunto acuerdo migratorio que hasta la fecha no se ha instrumentado.
No todo estaba perdido, sin embargo, los barones de la droga que enfrentan la amenaza de la extradición, han tenido aún el recurso del amparo. Cientos de escritos se han tramitado en los juzgados federales para impedir que las extradiciones se lleven a cabo. Muchas resoluciones las perdió el gobierno por la incompatibilidad legal que existe entre ambos países, y porque los jueces estadounidenses, en algunos casos, incumplieron su promesa de no aplicar la llamada pena inusitada. Otros fallos están aún están pendientes.
Inteligente y hábil, como lo reconoce la propia PGR, El Chapo Guzmán logró cambiar los esquemas de operación en Puente Grande. Inteligencia, fuerza y paciencia fueron sus armas durante dos años, pero sobre todo en los seis meses previos a su evasión, cuando El Chapo y sus aliados, El Güero Palma y El Texas, prácticamente se adueñaron del penal. El informe que reconstruye la ruta de la fuga establece que, para lograr el control, instrumentaron una estrategia de cooptación de todo el personal del Cefereso, basada primordialmente en el soborno y en la intimidación.
En el desarrollo de la investigación se detectó que al interior del penal operaba un grupo conocido como Los bateadores, cuya misión era golpear con bates de béisbol a algunos elementos de seguridad y custodia de la prisión que no se sujetaran a las decisiones de los tres narcotraficantes. Por esa razón, algunos custodios presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco.
De esta manera se generó una red de complicidad institucional, que incluyó a todos los niveles del servicio público del Centro: personal de aduanas, comunicaciones, talleres, cocina, mantenimiento, lavandería, centro de control, vigilancia y custodia. El problema de corrupción y de complicidades fue permeando todos los mandos directivos, comandancias y subdirecciones, hasta llegar a la dirección del penal, a cargo de Leonardo Beltrán Santana; quien había sido director de penales en el Distrito Federal, estado a cargo unos meses en la dirección de La Palma y llevaba poco tiempo al frente de Puente Grande.
Lo que la PGR nunca pudo acreditar, aunque había fuertes rumores al respecto, es que El Chapo Guzmán tuviera el privilegio de entrar y salir del Cefereso; ni tampoco que haya pagado alguna suma de dinero para fugarse. Lo que sí hizo fue invertir grandes cantidades de dinero para corromper a los servidores públicos del centro penitenciario, quienes terminaron subordinados a él.
Su influencia era más fuerte que la del mismo director del penal, quien también estaba bajo sus órdenes. Y es que con base en las indicaciones del interno, se elaboraba el rol de vigilancia y custodia con el fin de que el personal de su confianza pudiera servirlo antes que velar por el cumplimiento del reglamento. De esta manera, generó paulatinamente las condiciones que le permitieron fugarse de Puente Grande.
Parte del plan de escape consistió en que todo el personal del Centro, en particular el que debería de estar en puntos estratégicos ese 19 de enero por la noche, se acostumbrara al total relajamiento de la disciplina, permitiendo el ingreso y egreso sin control de personas y objetos. El Chapo propició las circunstancias para que las actividades de ese día fueran interpretadas como de rutina. Deseaba que al momento de su evasión todos pensaran que lo que estaba saliendo del Cefereso eran objetos ordinarios, como los que salían a diario en los vehículos oficiales.
Un kilo de oro
Afinado el plan, El Chapo necesitaba identificar una persona que pudiera garantizarle el éxito en su complicada empresa. Francisco Javier Camberos Rivera, El Chito, empleado del área de mantenimiento, fue la pieza fundamental en la maquinación. Este sujeto, según la investigación, fue el principal colaborador en la fuga. Con la complacencia de todo el personal de la cárcel, El Chito tenía acceso, como nadie, a cualquier parte del penal, y a cualquier hora. Todos admitían su comportamiento y las circunstancias generadas, pues sabían de su gran cercanía con Guzmán Loera.
Paralelamente, el ambiente interno de Puente Grande se pobló de rumores. Cual publicista, el capo dejó correr la versión de que pronto sería liberado, como consecuencia del trabajo realizado por sus abogados; personalmente comunicó a varios integrantes del cuerpo de Seguridad y Vigilancia del penal que estaba a punto de quedar libre de cargos. En sus conversaciones les habló incluso de sus proyectos y de cómo se empeñaría en desarrollarlos una vez fuera del penal, como constituir una empresa de seguridad privada, en la que tendrían cabida aquellos que confiaran en él. Les prometió sueldos superiores a los que recibían por su labor dentro de la cárcel. A algunos custodios les dijo que los incorporaría como efectivos de la Policía Judicial del estado y en otros cuerpos policiacos; y unos más se irían con él de escoltas, para brindarle protección a su familia y como vigilantes de sus ranchos y casas.
Cada eslabón estaba perfectamente colocado dentro de la maquinaria criminal. Bien aceitadas las piezas, se cumplían las etapas del plan en el más absoluto sigilo. Imaginación y valor jugaban su papel. Faltaban pocos días para la fuga.
El 13 de enero, El Chapo Guzmán llamó a su celda a Miguel Ángel Leal Amador y a Jaime Sánchez Flores, elementos de vigilancia del Cefereso, para informarles que deseaba ayudar al maestro del taller, El Chito, a sacar de las instalaciones un kilo de oro –que había reunido con los residuos que recuperaba de los trabajos que hacían los internos–. Supuestamente, como El Chito desconfiaba del personal de seguridad y había acudido a él pues sabía que tenía mucho dinero y que no lo iba a robar.
La indagatoria de la PGR detalla otros argumentos que utilizó Guzmán Loera respecto al kilo de oro: “Comentó que el maestro le ofreció que una vez que el oro estuviera afuera, se quedara con él, y que al maestro sólo le diera un dinero”. Según los testimonios, el capo afirmó “que a él no le interesó y no quería traicionar al director sacando el oro por los medios ‘normales’, además de que deseaba que El Chito se beneficiara con este asunto, obteniendo un dinero que le compensaría todos los favores que había recibido de él; quería también que ellos, Jaime y Miguel Ángel, se ganaran un dinero. Señaló que deseaba hacerle ese favor al maestro del taller porque si él mismo intentaba sacarlo lo iban a detener en el detector de metales”.
Para facilitar las cosas, El Chapo Guzmán propuso a Leal Amador y a Sánchez Flores que fuera El Chito quien llevara el material hasta el exterior del centro penitenciario. Les garantizó que atendería el rol del personal para que no tuvieran ningún problema en sacar el oro. Por último, les dijo que el plan lo llevaría a cabo en los próximos días y les avisaría la fecha en que se haría la operación.
El martes 16 de enero, el interno Jaime Leonardo Valencia Fontes, principal operador de El Chapo Guzmán, ordenó al responsable de elaborar el rol de vigilancia que el viernes 19 ubicara a los oficiales que le fue mencionando, en las posiciones que a su vez indicaba con precisión. En esa lista figuraron vigilantes que después fueron identificados como las piezas claves que coadyuvaron en la ruta de la fuga, lo que confirmó que el prófugo se dio el lujo de escoger a los custodios que permanecerían ese día en los lugares por los que habría de pasar para evadirse de la prisión.
Además, el día de la fuga, por la mañana, El Chapo Guzmán pagó la nómina de todo el personal a su servicio, entre ellos a los funcionarios del Cefereso. El objetivo: generar buena disposición en su entorno. Durante el día, llamó a su celda al personal de seguridad interna y externa del penal –tanto a mandos como custodios– y les atiborró las bolsas de dinero.
Alrededor de las 13:00 horas, el penal de Puente Grande fue visitado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes acudieron a realizar un recorrido. Como se relató, la comitiva la encabezaba Jorge Tello Peón, y lo acompañaban Nicolás Suárez Valenzuela, coordinador del área de inteligencia de la PFP, así como Enrique Pérez Rodríguez, director de Prevención y Readaptación Social de la SSP (este personaje está ligado al controvertido político Miguel Ángel Yunes Linares, sobre quien aún pesan sospechas por esa fuga).
Luego de su escrutinio, el grupo instruyó al director del penal, Beltrán Santana, a que trasladara a los internos Guzmán Loera, Palma Salazar y Martínez Hernández a un área de mayor seguridad, pero el funcionario no cumplió con la indicación, según el informe de la PGR.
Una hora después de la visita de los funcionarios de la SSP, Valencia Fontes acudió a la celda de El Chapo y le informó quienes conformaban el grupo de visitantes. Momentos después, se registraron varias reuniones entre Guzmán, Palma y El Texas. Al filo de las 15:00 horas, el director Beltrán Santana dio indicaciones para que los tres capos fueran llevados al área de conductas. Personal de custodia sabe que cuando hay una instrucción de este tipo, lo procedente es efectuar el adecuado cambio de personal, para que de las reuniones sólo se entere el personal de confianza. Se pudo verificar que minutos después Beltrán Santana sostuvo una reunión secreta con los tres internos.
Además de las complicidades al interior de la prisión: afuera auxiliaban a El Chapo José Manuel Santiago de Santiago y Gerardo Javier Díaz Navarro (comandante de compañía y oficial adjunto del área exterior de seguridad, respectivamente), quienes eran los que permitían el ingreso de mujeres en horarios y fechas no autorizados, así como alimentos y bebidas alcohólicas para “el jefe”. Ambos eran gratificados con fuertes sumas de dinero. Junto con ellos, diez elementos más del grupo de seguridad exterior también formaban parte de la lista de incondicionales de Guzmán Loera, Palma Salazar y El Texas. Dos días antes de la fuga, el 17 de enero, El Chapo se reunió con Santiago de Santiago, con quien afinó detalles. El día del escape hizo lo propio Díaz Navarro con Valencia Fontes, secretario del capo.
A pesar de la visita de Tello Peón –que terminó por la tarde del día 19– y de las instrucciones que dio para poner orden, El Chapo, El Güero Palma y El Texas realizaron maniobras para despojarse de objetos que tenían en sus respectivas estancias. El personal de seguridad y custodia interna hacía lo posible por aparentar que todo marchaba en orden, como era costumbre cuando había visitas oficiales o de revisión en el Cefereso.
Cada uno sabía las tareas que le correspondían: la división del trabajo estaba perfectamente trazada. Los objetos que se encontraban en las estancias de los tres reos tenían que ser sacados del penal, hasta que la visita concluyera, y se guardarían en la casa de uno de los custodios, ubicada enfrente de la cárcel. Como ya era habitual en este tipo de visitas, para trasladar dichos objetos se utilizaron los carritos de lavandería.
Esa es la razón por la que había diversos carritos en el nivel “C” del módulo 3, lugar en el que se encontraba El Chapo Guzmán. Jaime Sánchez Flores, oficial de vigilancia, relató a la PGR que ese día el interno Jaime Valencia Fontes lo llamó y le pidió que le dijera a Miguel Ángel Leal Amador, responsable de la aduana de vehículos –ambos habían sido designados por Valencia Fontes, desde el día 16, para estar en ese sitio– que iban a sacar la basura.
Valencia Fontes se dirigió hasta “el diamante” más cercano a la aduana de vehículos, donde se encontraba Leal Amador, y desde ese sitio le refirió: “Dice Fontes que van a sacar la basura que tú ya sabes”. Pero Leal Amador dijo que Valencia Fontes sólo le preguntó sobre el asunto del oro.
Con los trapos sucios
Esas fueron las señales previas a la fuga. El propio Guzmán Loera y los internos Valencia Fontes y Mario Vázquez verificaron en el nivel “C”, del módulo 3, el depósito que llevaba cada uno de los carritos. Los auxiliares de El Chapo bajaron al área de ropería y con una sábana envolvieron un colchón que iba sobrepuesto en uno de los vehículos, el cual fue llevado al fondo del pasillo e introducido en el último cubículo. Fontes y Mario Vázquez estuvieron atentos para evitar la entrada de cualquier persona. Cuando Antonio Díaz, un oficial del nivel “C” del módulo, observó movimientos sospechosos, fingió no enterarse y siguió actuando con naturalidad. La celda de El Chapo Guzmán fue preparada con una cortina para evitar que se advirtiera prematuramente su ausencia.
Con base en las declaraciones de los testigos y en el armado del rompecabezas de la fuga, se pudo saber que El Chapo Guzmán hizo todo lo posible para que en el momento de iniciar la operación de fuga, y durante toda su ruta, no se generaran sospechas que abortaran su evasión. Existen datos y evidencias de que un comandante de compañía, responsable de la seguridad del Centro, fue enviado a una reunión del consejo disciplinario (a la que el personal con este rango usualmente no asiste), sesión, además, en la que dos internos alargaron las entrevistas en forma deliberada.
Paralelamente, un elemento de seguridad del módulo fue enviado por Valencia Fontes a cocina, para que hiciera un inventario de los utensilios que se habían sacado de la estancia de El Chapo. Al mismo tiempo, Valencia se despojó de algunos objetos, mientras dos vigilantes del módulo 3 fueron enviados al módulo de comunicación para trasladar al interno Mariano Morales a una visita íntima fuera de horario, la cual fue ordenada por el propio Chapo a los mandos de vigilancia del Centro. A su vez, El Chito tenía la encomienda de llevar a la mujer hasta el Cefereso. El encargado de una de las garitas de la parte exterior del penal era el responsable de acompañar a la visita hasta el área de comunicaciones.
En el guión también se preveía que El Chito se dirigiera hacia el módulo 3 en su nivel “C”, donde Guzmán Loera estaría oculto en el interior del carrito previamente acondicionado con un colchón cubierto con cobijas. Luego, uno de sus ayudantes lo conduciría desde el nivel “C” por todo el pasillo, hasta el diamante de seguridad V7, cuya puerta abriría electrónicamente Francisco Javier Vázquez Cortés, El Vampiro. Acostumbrado a esta tediosa faena cotidiana, el vigilante sólo observó un bulto en el interior del carrito, y lo dejó pasar.
Los videos del Centro del Control no registraron los hechos en el horario crítico. El Chito condujo el carrito de lavandería hacia el pasillo hasta llegar al diamante de seguridad V6. Luego, se dirigió al diamante V4, a cargo de Alejandro Ledezma Pacheco. Ahí fue auxiliado por el vigilante Víctor Manuel Godoy Rodríguez. Ambos encontraron obstruidas, por un bote de basura, las puertas que conectaban con los diamantes V3 y V2; librado el obstáculo, continuaron el trayecto.
Al llegar al diamante V3, controlado por Martín Meza Lozano, esquivaron otro obstáculo y prosiguieron hacia el diamante V2, vigilado por Jorge Alberto Ávila Berber. Allí se quedó Godoy y El Chito continuó solo hasta el diamante V1. Después de cruzar sin problemas cada uno de los pasillos, puertas y diamantes, el conductor condujo el carrito hasta el área de aduanas de vehículos. En ese punto, Miguel Ángel Leal Amador, quien había sido colocado como vigilante por Valencia Fontes, advierte que se acerca un carrito.
En plena marcha, El Chito le comenta: “Es el oro del maestro”, refiriéndose al paquete oculto. Leal Amador abrió la puerta y el bulto fue llevado hacia la garita vehicular, ubicada a un lado de las entradas del Centro, cuya vigilancia estaba a cargo de Felipe de Jesús Díaz Ruelas y Gerardo González Valdivia. El Centro de Control debió registrar esa salida, pero no videograbó el lapso durante el cual El Chito salió con el carrito de lavandería.
La indagatoria arrojaría que Guillermo Paredes y el director del Centro ordenaron a Gerardo López Hernández, responsable de esa área, borrar los movimientos ocurridos los días 24 y 31 de diciembre de 2000, cuando El Chapo Guzmán, El Güero Palma y El Texas organizaron fiestas en el interior de la cárcel. Supuestamente por un error de cálculo, se habían borrado también varios minutos de grabación correspondientes al 19 de enero, en particular el lapso en el que se consumaba la fuga de El Chapo Guzmán.
La acción continuó. El Chito cruzó la puerta y se dirigió al área del estacionamiento general, donde habitualmente cargaba su auto con los objetos o basura que sacaba de la estancia de Guzmán Loera. El Chapo se ocultó en la cajuela del vehículo cuando se dirigían al retén principal de acceso al Centro.
Aproximadamente a las 18:30 horas, Gerardo Díaz Navarro, comandante de seguridad externa del Cefereso, acudió a la oficina del comandante de seguridad interior, quien le comentó que a las 19:00 horas El Chito iba a ingresar al penal para sacar su horno de microondas y un extractor de jugos. El responsable de la seguridad interior aprovechó para pedirle a Díaz Navarro que le informara de ello al comandante Santiago de Santiago.
Cumplida la orden, alrededor de las 18:45 horas, Santiago llegó al retén principal de acceso al Centro y ordenó a Francisco José Trujillo Yépez que cuando ingrese y salga El Chito, no registre nada. Y en efecto, a las 19:00 horas arribó El Chito al Cefereso a bordo de un automóvil mediano color café. Iba acompañado de la mujer que tenía programada una visita íntima con el interno Mariano Morales. Entró sin ser revisado.
Entre las 20:32 y 20:43, de acuerdo con el video de seguridad que grabó las imágenes del retén “A”, y con base en los testimonios recabados por la UEDO, Antonio Fernández Mora, elemento de seguridad externa, advirtió que un vehículo se acercaba al retén a una velocidad más rápida de la que era permitida. Luego afirmaría que en el interior sólo vio a El Chito.
El automóvil pasó, sin detenerse, a la misma velocidad, haciendo zigzag. José Manuel Santiago de Santiago, Nicolás Solís Martínez, Marco Antonio Fernández Mora, Juan Crisóstomo Cárdenas Covarrubias y Sandro Benjamín Ibarra Jiménez, permitieron la salida del vehículo sin someterlo a revisión.
Para ocultar evidencias, Santiago de Santiago –según la investigación– ordenó falsificar documentos y borrar de la computadora utilizada en el retén los registros de la entrada y salida de vehículos entre las 19:45 del 19 de enero y las 4:00 horas del día siguiente. Entre las 22:00 y las 23:30 horas, Jesús Vizcaíno Medina, subdirector adjunto de seguridad interna del penal de Puente Grande, acudió a la estancia de El Chapo Guzmán en compañía de Juan José Pérez Díaz y Miguel Ángel Leal Amador. Supuestamente iban para ejecutar la orden de cambiarlo al área del Centro de Observación y Clasificación, conocido como COC.
–¡Joaquín Guzmán Loera!, gritó uno de ellos.
La respuesta nunca llegó. La ausencia de El Chapo fue reportada de inmediato a Luis Francisco Fernández Ruiz, subdirector de seguridad y custodia. Ésta, a su vez, le informó al director del penal, Leonardo Beltrán, quien ordenó la búsqueda del narcotraficante en todo el Cefereso. Cerca de la media noche, después de un intenso rastreo, las autoridades dieron como un hecho la fuga.
Así, Guzmán Loera regresaba al campo de batalla y se convertiría en la pesadilla del sexenio foxista.
