Más de 1,744 millones de pesos fueron entregaron dependencias a la “triada oscura de la salud”.
Por Corresponsales Nacionales/La Opinión de México
Mil 744 millones 864 mil 381 pesos con 2 centavos ($1,744,864,381.02) fueron entregados en sendos contratos a la “triada oscura de la salud”, un grupo de empresas que “en equipo” han acaparado las licitaciones por parte de instancias federales como el Ejército Mexicano con Luis Cresencio Sandoval González al frente, pero también a través de dependencias donde se encuentran incondicionales tanto de López Obrador como de Sheinbaum Pardo, el Instituto Mexicano del Seguro Social con Zoé Robledo, y gobiernos como el de Maru Campos de Chihuahua y Salomón Jara, de Oaxaca, quienes pese a los señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación por acaparamiento de licitaciones, sobreprecio en insumos y “servicios fantasma”, es decir, que nunca entregaron los servicios acordados a las dependencias contratantes, sin tardanza les otorgaron más y mayores convenios directos en los últimos tres años.
Medicash, Centrum Promotora Internacional y Disimed, son la “triada oscura de la salud” a la que los gobiernos morenistas no sólo le han tenido especial condescendencia con la entrega de contratos directos, sino que se han visto envueltas en llamados graves por la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto han sido objeto de investigaciones y ceses por parte del Gobierno Federal durante los primeros años del gobierno morenista, algo que al parecer no importó, pues los convenios hacia la empresa y sus aliados no sólo continuaron, sino que incrementaron en montos.
Uno de los principales convenios otorgados para las tres empresas se dio a través de la Secretaría de la Defensa Nacional mientras se encontraba bajo el mando de Luis Cresencio Sandoval González, quien bajo una aparente licitación pública otorgó a las grandes “aliadas” de la Cuarta Transformación, un contrato multianual por Mil 248 millones 219 mil 922 pesos con 92 centavos ($1,248,219,922.92), para la contratación de un servicio de suministro de insumos, reactivos y material para los laboratorios clínicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En este contrato en particular identificado con el folio D.G.ADMON. SAS-484/S/A/2023, la empresa fue representada por Héctor Aguilar Balcázar, quien se ha encargado de representar a las tres firmas cuando celebran en conjunto multimillonarios contratos. El documento en poder de Grupo Sol Corporativo, indica que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó un monto máximo de $292 millones 908 mil 930 pesos con 49 centavos para el suministro de reactivos durante el 2023; 639 millones 597 mil 415 pesos con 89 centavos en el 2024; y 315 millones 713 mil 576 pesos con 54 centavos para el ejercicio del 2025, lo que arrojó un total entregado por Mil 248 millones 219 mil 922 pesos con 92 centavos ($1,248,219,922.92).
Es necesario remarcar, que este ha sido uno de los convenios multianuales más grandes entregados hacia Centrum, Disimed y Medicash, aunque no serían los únicos, pues dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social y Servicios de Salud de Oaxaca y Chihuahua se encargarían de engrosar la cartera de las firmas.
Maru Campos como Gobernadora de Chihuahua y Salomón Jara Cruz, por Oaxaca, en total erogaron poco más de 500 millones de pesos para el conglomerado de empresas, pese a los llamados por corrupción detectados por la misma Auditoría Superior de la Federación.
500MDP por recetas y pruebas de laboratorio
El menor de estos contratos fue concedido por Jara Cruz a través de Servicios de Salud de Oaxaca, algo que llama la atención ante la grave crisis en el sector salud que azota a ese Estado, pues tan solo en ese convenio le entregó un total de 50 millones 522 mil 423 pesos con 53 centavos ($50,522,423.53) a través del contrato identificado con el folio “95”, donde le solicitaron a las empresas recetas médicas para el periodo de julio a diciembre de ese año.
Otro de los grandes contratos otorgado a las tres firmas en conjunto, fue el concedido por la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a través de Servicios de Salud de Chihuahua, dependencia que ha sido señalada por falta de licencias sanitarias, infraestructura inadecuada y de poseer personal poco calificado en clínicas y consultorios. El Gobierno de Chihuahua otorgó 423 millones 812 mil 181 pesos con 57 centavos ($423,812,181.57) a través del contrato SSCH/L.P.F./SI-025/2023, donde se especifica que se deberá cumplir con el servicio integral de pruebas de laboratorio clínico.
Cabe señalar, que entre los convenios entregados a la “triada de la salud” durante el 2023, se encuentran otros seis más concedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el mando de Zoé Robledo Aburto, quien le extendió un primer documento por 2 millones 749 mil 200 pesos ($2,749,200), a través del folio 050GYR005N37623-001-00, donde el Instituto solicitó el servicio integral de pruebas de laboratorio clínico, una constante del IMSS en la otorgación de contratos hacia esta empresa, pese a que por el mismo hecho ha sido señalada desde inicios del mandato federal morenista por incumplir con las pruebas de laboratorio.
Poco después llegaría otro convenio más por parte del IMSS de Zoé Robledo, ahora por 14 millones 383 mil 256 pesos ($14,383,256), extendido a través del contrato D3M0195, para llevar a cabo nuevamente la contratación integral de pruebas de laboratorio para el programa IMSS Bienestar del ejercicio 2024. Tras este, llegaría un último convenio entregado por parte del IMSS pese a las irregularidades previamente detectadas por el mismo Instituto, al entregarle 5 millones 177 mil 397 pesos ($5,177,397), mediante el convenio SEIT237904270011, con el que de nueva cuenta se solicitó el servicio integral de pruebas de laboratorio.
Se debe remarcar, que los convenios citados fueron aquellos celebrados por las tres empresas en conjunto, aunque lo que llama la atención es que las mismas firmas también poseen una gran cantidad de convenios millonarios en solitario, algo que ha sido informado puntualmente por Grupo Sol Corporativo, lo que permite entrever un posible tráfico de influencias entre los benefactores morenistas y los dueños de las empresas, quienes desde el inicio del régimen morenista han mantenido prácticamente acaparado los contratos relativos a la salud.
