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Ricardo Ravelo/La Opinión de México
La pérdida de poder del Estado en buena parte del territorio mexicano causó preocupación entre los hombres del gabinete federal, pues advirtieron que el crimen organizado era una amenaza real para la gobernabilidad del país. En público y en privado, altos funcionarios del gobierno reconocieron su impotencia para investigar delitos en las entidades controladas por el narcotráfico, como Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, entre otras.
En septiembre de 2010, por ejemplo, un grupo de legisladores del PRI visitó al procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez con un objetivo: conocer el avance de la investigación respecto del asesinato, en julio de ese año, del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torres Cantú, quien fue ejecutado en vísperas de las elecciones estatales por un comando armado presuntamente relacionado con el cártel del Golfo.
Chávez Chávez dialogó con los legisladores, les mostró videos y les explicó detalles que los diputados pusieron en tela de duda, como la hipótesis de que el móvil del crimen era el robo. Los visitantes increparon al procurador mexicano y le reclamaron por qué no había avances en esa investigación y por qué otros crímenes no son esclarecidos por las autoridades.
De acuerdo con un testigo de ese encuentro, Chávez escuchó con atención a su interlocutor y le respondió que en el país hay territorios “a los que no puedo entrar…sin el apoyo del Ejército”. Y uno de esos territorios –siguió el procurador Arturo Chávez –es precisamente el estado de Tamaulipas; otros son Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.
La respuesta del funcionario federal sólo corroboró lo que investigadores y ex funcionarios del gobierno venían diciendo desde hacía tiempo: que el Estado mexicano no sólo ha perdido fuerza en cientos de municipios, sino que el crimen organizado disputa el control territorial a las autoridades en más de la mitad de las entidades federativas.
Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es uno de los investigadores más críticos de la lucha anti drogas emprendida por el gobierno mexicano. Afirmó en el 2007 que la guerra contra el narcotráfico había comenzado tarde, pues “el narcotráfico, dijo, ya controla territorios, promueve y financia candidatos a alcaldes y diputados y mantiene secuestrada buena parte de la estructura municipal del país”.
Un año después, en el 2008, cuando en el país se contabilizaban 6 mil bajas a causa de los enfrentamientos entre los sicarios de las organizaciones antagónicas y de éstos contra las fuerzas federales, el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, habló sin tapujos de la debilidad del Estado mexicano frente a la amenaza del crimen organizado: “El Estado mexicano ha perdido potestad en buena parte del territorio del país, los grupos criminales se han apoderado de territorios y ejercen fuerza y violencia para imponer su voluntad, cobran impuestos a través de las extorsiones y se han convertido en una verdadera amenaza para el Estado”.
Las voces de alerta siguieron emitiendo señales y esta vez llegaron a Europa en un tono más enfático y directo: El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdez, declaró en julio de 2008 al diario británico Financial Times que el narcotráfico estaba ya involucrado en las campañas de algunos legisladores federales. Lo dijo en estos términos: “Los cárteles de la droga han cooptado a muchos agentes regionales, integrantes del Poder Judicial y del gobierno federal, quienes brindan protección a los narcotraficantes”. Y agregó: “El Congreso de la Unión no está exento”.
Más tarde, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores realizó radiografía del avance del narcotráfico en el país. Sus conclusiones, dadas a conocer en agosto de 2010, son escalofriantes. Establecen, por ejemplo, que los capos de la droga controlan desde hace varios años grandes extensiones territoriales en las que el Estado ya no puede gobernar a través de sus instituciones. El estudio aporta un dato revelador: que las redes del narcotráfico mantienen bajo su control el 71% del territorio nacional, el cual está conformado por 2 mil 200 municipios.
Ramón Galindo, presidente de la Comisión Legislativa que elaboró el análisis, asegura que “el narco ejerce total hegemonía en 195 municipios del país y tiene fuertes influencias (políticas y económicas) en otras mil 500 demarcaciones. Admite, también, que los capos han impuesto su voluntad mediante sobornos y amenazas a la clase política.
Elaborado por un grupo de expertos contratados por el Senado de la República, el documento detalla la forma en que las células de la delincuencia penetraron la estructura de los municipios: “En la mayoría de las alcaldías existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y el tráfico de drogas y la extorsión”.
Esta realidad, agravada en los años posteriores, no era ignorada por el presidente Felipe Calderón al arribar a la casa presidencial en noviembre de 2006. Tan pronto como intentó tomar las riendas del país el nuevo presidente de México recibió un amplio diagnóstico y el estado de la seguridad de la nación era preocupante. La viabilidad del gobierno estaba en riesgo. El narcotráfico crecía tanto en que se posicionaba como una suerte de cogobierno.
Los barones de la droga, en contubernio con diversas figuras políticas, se convirtieron en una verdadera amenaza para el país, pues como posteriormente se confirmó, los narcos controlaron amplias extensiones territoriales promoviendo y financiando las campañas políticas de cientos de presidentes municipales.
La política mexicana también fue contaminada con el dinero sucio y esta es la razón por la que nuevas figuras políticas se afincaron en los Congresos de los estados y hasta en el Congreso de la Unión aparecieron legisladores de dudosa historia, como el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Julio César Toscano, quien en diciembre de 2010 fue desaforado para enfrentar un juicio por vínculos con el crimen organizado.
La PGR acusa al hermano del gobernador de Michoacán de estar relacionado con Servando Gómez Martínez, La Tuta, jefe del cártel de La familia michoacana, la organización criminal que más ha crecido en los últimos seis años, pues ha sentado sus reales en por lo menos diez estados del país.
El discurso del método
El estudio en el que Calderón fundamentó sus acciones para enfrentar al crimen organizado parte de vicios y fallas que por décadas se repitieron en los gobiernos que lo antecedieron. Este abandono en las tareas de seguridad, así como la corrupción, la debilidad de las instituciones de seguridad y la falta de fortalecimiento y capacitación de las policías derivó “en la expansión y fortalecimiento de la delincuencia organizada, especialmente de los cárteles del narcotráfico”. Además, la existencia de condiciones sociales y económicas desventajosas (insuficiencia de oportunidades educativas y laborales) propició que muchos mexicanos decidieran incorporarse a las actividades ilegales.
El diagnóstico oficial contiene datos históricos para entender la evolución del crimen organizado en México y por qué las instituciones sufren una suerte de parálisis ante el poder de las bandas. El estudio expone, por ejemplo, que la expansión de la delincuencia organizada se registró a partir de la década de los ochenta con el cierre de la llamada “ruta del Caribe”, que era la vía de ingreso de los cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Fue entonces cuando comenzó a gestarse el poder que ahora tiene el crimen organizado en México.
“A partir de ese momento –asienta el estudio oficial –los cárteles colombianos empezaron a suministrar droga al mercado norteamericano a través de México”. La estrategia de los colombianos también se basó en establecer alianzas con las organizaciones criminales que en ese tiempo operaban en territorio mexicano que muy pronto fue convertido en zona de trasiego de drogas y de disputas entre grupos del crimen organizado.
El diagnóstico gubernamental explica que la alianza entre los cárteles mexicanos y los capos colombianos generó un cambio en el modelo del negocio, ya que las organizaciones criminales –que afianzaron el envío de drogas hacia Estados Unidos a través de México –también comenzaron a fomentar el mercado interno de consumo.
El crecimiento de dicho mercado interno trajo consecuencias graves para México, según el estudio, que en este punto explica: “Propició la disputa entre las bandas criminales por el control territorial, situación que los llevó a desafiar a las autoridades y a los ciudadanos. Así, la violencia empezó a crecer no sólo en las zonas de producción, tránsito y cruce fronterizo, sino también en las de consumo.
“El incremento en la capacidad logística de las organizaciones criminales y la necesidad de ejercer el control territorial, las obligó a aumentar su capacidad de fuego para enfrentar a sus competidores. Asimismo, la decisión del gobierno de Estados Unidos de levantar en 2004 la prohibición sobre la venta de armas de asalto, posibilitó a las bandas delictivas a adquirir armamento de alto poder prácticamente sin restricción”.
Calderón también encontró un país con un marco jurídico insuficiente en materia de combate al lavado de dinero –si no se golpea el nervio financiero del narco no se puede derrotar a las mafias –una creciente corrupción en el Poder Judicial y cuerpos policiacos totalmente infiltrados por el crimen organizado, males hasta ahora insuperables, a pesar de que desde 1997 a la fecha se han gastado más de 300 mil millones de pesos. Por lo que hace a la figura del Ministerio Público, el estudio los califica de “insuficientes, poco profesionalizados e ineficaces”.
Según el estudio, que se enfoca al análisis tanto de la evolución de la delincuencia como de las fallas en los aparatos de procuración y administración de justicia, estas múltiples deficiencias motivaron que algunas instituciones de seguridad, particularmente a nivel local (se refiere a los estados y municipios, aunque la corrupción y la infiltración del narco en el poder también es evidente en el gobierno federal) optaran por establecer arreglos tácitos o explícitos con los criminales.
Al analizar la situación del territorio –cómo se asentaron los cárteles del narcotráfico en los más de 2 millones de kilómetros cuadrados que conforman el territorio mexicano –el nuevo gobierno encabezado por Felipe Calderón encontró un país atenazado por las redes delictivas., según se reconoce en el informe. Había fuerte presencia de organizaciones criminales con amplia capacidad en todo el país; grupos delictivos estructurados y con amplia capacidad de corrupción y generación de violencia; fragilidad de instituciones que debían combatir a la delincuencia; creciente consumo de drogas y tejidos sociales desintegrados, así como escasa cooperación internacional para la atención de problemas de carácter regional.
Todos contra todos
Según el referido estudio, esto derivó en una grave crisis de seguridad que hizo estallar la violencia en el país: “La violencia asociada al crimen organizado se vive con diversos grados de intensidad. En los últimos años, debido a las disputas por el control de rutas y mercados de consumo, así como de las fracturas de las propias organizaciones delictivas, los grupos criminales han estado inmersos en una guerra cada vez más cruenta entre ellos.”
Esta lucha entre bandas del crimen organizado trajo consecuencias trágicas para México. De acuerdo con el diagnóstico oficial, del 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2010, en todo el país se habían registrado 28 mil 353 homicidios vinculados al crimen organizado. Para enero de 2011 la estadística era sorprendente: el gobierno federal reconocía cerca de 40 mil muertos en cuatro años de lucha contra la delincuencia organizada.
La radiografía oficial no reconoce, sin embargo, que el conflicto armado entre los cárteles haya invadido todo el territorio nacional: acepta que el 80% de los crímenes ligados al crimen organizado ocurrió en 162 de los 2 mil 456 municipios y que esta escalada explosiva de violencia tiene que ver con siete conflictos identificados entre las principales bandas que operan el tráfico de drogas: “La gran mayoría de estos homicidios son atribuibles a las luchas entre organizaciones criminales y en la actualidad existen siete conflictos principales entre estos cárteles”. Con base en el diagnóstico del gobierno federal, la causa de tantas muertes es la guerra entre los cárteles del Pacífico y Juárez, Pacífico-Beltrán Leyva, Pacífico-Golfo y Zetas, Pacífico-Arellano Félix (o cártel de Tijuana), La Familia michoacana-Golfo-Zetas, Golfo contra Zetas, La Familia Michoacana contra los Beltrán Leyva. Otro tanto de muertes, que equivalen al 1.8% del total, se deben a conflictos aún no determinados.
La lucha encarnizada que enfrentan los cárteles del Pacífico (también conocido como Sinaloa y que encabezada Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es considerado en el diagnóstico oficial como “el más cruento” y se atribuye a antiguas rivalidades y traiciones familiares, así como a la pugna por el control de la faja fronteriza de Ciudad Juárez, “el puerto de salida de droga más estratégico hacia Estados Unidos”. La violencia este conflicto ha provocado impacta a los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Antiguos socios, los cárteles del Pacífico y el que representan los hermanos Beltrán Leyva rompieron relaciones y dicha ruptura, de acuerdo con el informe, derivó en una crisis de seguridad que impacto a varios estados del país. En 2008, el encarcelamiento de Alfredo Beltrán Leyva (uno de los jefes de esa banda) provocó la pérdida de confianza entre El Chapo y los Beltrán, “lo que generó una espiral de violencia en Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y parte de Jalisco y Guerrero”, sus principales feudos.
Otra de las grandes guerras por el mercado interno de consumo y el control territorial es la que libran el cártel de Pacífico, y el cártel del Golfo junto con Los Zetas. El informe resalta esta como la lucha más fuerte entre dos cárteles poderosos: “Las dos organizaciones criminales más grandes del país se disputan varios territorios desde antes del inicio de este sexenio. Luchan por Durango, Coahuila y Sinaloa (donde se cruzan las rutas de trasiego hacia el norte del país), Tabasco, Quintana Roo y el sur de Chiapas, estos últimos estados son clave: es por donde ingresa la droga que proviene de Sudamérica”.
Añeja es la pugna que enfrentan los cárteles del Pacífico y el de Tijuana y aún siguen en abierta guerra por amplias extensiones territoriales del norte de México. El cártel de Tijuana se dividió en dos alas entre finales de la década de los noventa y principios del 2000, tras la caída de sus principales jefes, Ramón, Benjamín y Francisco Javier Arellano. Una parte de la organización quedó en poder de la familia Arellano y la otra se alió con El Chapo Guzmán.
Otra zona del país conformada por los estados de Michoacán, Guanajuato, Guerrero y el estado de México han vivido días de terror por los enfrentamientos entre La Familia michoacana con el cártel del Golfo y Los Zetas. La guerra entre estos grupos brotó en septiembre de 2006 cuando hombres vestidos de negro, identificados como sicarios de La Familia, arrojaron cinco cabezas humanas en la abarrotada pista de baile de un centro nocturno de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Más tarde, La Familia michoacana acreditó su presencia en Michoacán mediante un desplegado periodístico.
La más reciente división que generó violencia fue la de Los Zetas y el cártel del Golfo. Los primeros eran, desde 1997, el brazo armado de ese grupo criminal que está afincado en el estado de Tamaulipas, pero en diciembre de 2009 rompieron relaciones sus aliados por diferencias en el control de mercados y rutas. A partir de enero de 2010, ambos cárteles se han enfrentado en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, lo que explica la escalada de violencia en esa región del país. Otro conflicto es que enfrentan La Familia y el cártel de los hermanos Beltrán y que ha bañado de sangre los estados de Guerrero y Morelos, en el sur de México.
La crisis de seguridad del estado de Chihuahua y, particularmente de Ciudad Juárez, tiene un apartado especial en el informe entregado al presidente Felipe Calderón. Ciudad Juárez es la demarcación más violenta del mundo. La guerra entre los cárteles del Pacífico y de Juárez ha provocado psicosis: en las calles han aparecido personas decapitadas, descuartizadas, se han incendiado negocios y, al más puro estilo de los terroristas, han hecho estallar carros bomba en céntricas avenidas. El poder estatal quedó rebasado y el gobierno ha fracasado en todos sus proyectos por pacificar esa ciudad.
El informe explica las causas de la violencia en Ciudad Juárez, actualmente considerada la capital del delito y de la ingobernabilidad: “Chihuahua registra alrededor del 30% de los homicidios a nivel nacional. La situación de seguridad debe entenderse a partir de una serie de factores geográficos, económicos y sociales que se han desarrollado de manera compleja a lo largo del tiempo.
“Durante los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008, en Ciudad Juárez se desató una ola de homicidios vinculados al crimen organizado. Los picos de violencia en esta entidad se registraron en el cuarto trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009. A finales de 2008, se agudizó la pugna entre los cárteles del Pacifico y el de Juárez. Ante el aumento de la violencia, en febrero de 2009, se reforzó el Operativo Conjunto Chihuahua.
“En abril de 2009, Vicente Carrillo Leyva, hijo del extinto Amado Carrillo Fuentes, fue detenido en el Distrito Federal. Luego de esa detención, se registraron diversos hechos violentos. En enero de 2010, se anunció el replanteamiento de la estrategia anti drogas con el inicio de la Operación Coordinada Chihuahua, encabezada por la Policía Federal. El segundo trimestre de 2010 se caracterizó por la radicalización de las agresiones contra la autoridad, como ejemplo, la explosión de un coche con explosivos contra dos unidades de la Policía Federal”.
Todos los ensayos oficiales por derrotar al narco han fracasado. Los cárteles imponen su ley en Chihuahua.
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