Ricardo Ravelo Galó/La Opinión de México
En pleno ascenso en el negocio del narcotráfico, la carrera delictiva de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue frenada en 1993. En el mes de junio de ese año fue detenido en Guatemala –desde entonces uno de sus territorios preferidos –acusado del asesinato de un alto prelado de la Iglesia Católica: el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fue acribillado en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, al occidente de México, cuando llegaba a esa terminal aérea con un maletín y se disponía a ir al encuentro de un personaje supuestamente ligado a la mafia.
En aquel mes de mayo de 1993, la pugna entre Joaquín Guzmán Loera y los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, era atroz. Se perseguían por todas partes a balazos. El odio y la ambición de controlar mayores territorios había dividido a estos dos bandos del narcotráfico que por algún tiempo fueron amigos y compartían los negocios, vinos caros y alhajas relucientes con el capo más avezado de ese tiempo: Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado “jefe de jefes”, quien era el líder del cártel de Guadalajara que después pasó a convertirse en el cártel del Pacífico.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari se colgó una medalla al capturar a El Chapo, quien rivalizaba con otro capo poderoso: Juan García Ábrego, jefe del cártel del Golfo, quien era visto como el narcotraficante consentido de ese sexenio.
Guzmán Loera fue encerrado en un penal de máxima seguridad llamado Almoloya de Juárez, ubicado a una hora y media del Distrito Federal, cerca de la ciudad de Toluca, Estado de México. Según las investigaciones oficiales, allí comenzó a maquinar su plan de fuga, pero tuvieron que pasar ocho largos años para lograrlo, cuando ya había sido trasladado a otro penal de alta seguridad, el de Puente Grande, en el estado de Jalisco.
En prisión la vida es más sabrosa
En Puente Grande, Guzmán Loera comenzó a gozar de toda clase de privilegios: corrompió a cuanto funcionario de la cárcel se le paraba enfrente y estos correspondían a sus atenciones facilitándole todas las comodidades y placeres: una celda muy bien acondicionada, alcohol, cocaína, mujeres y hasta el Viagra le compraban al poderoso capo para que se desfogara en largas jornadas de sexo.
Pronto, muy pronto El Chapo tuvo en sus manos el control de la cárcel: funcionarios a su servicio y comida especial. Se dice que todos los días las autoridades del penal le pedían al capo que dictara el menú del día y lo que él ordenaba se cocinaba en aquella prisión, donde todo olía a droga, a dinero y a corrupción.
El grupo de narcotraficantes cercano a Guzmán gozaba de privilegios: recibían visitas de mujeres en sus estancias o en el área de comunicación en horarios prohibidos; en este mismo sentido, la indagatoria indica que se obtuvieron referencias de que algunas mujeres permanecían con El Chapo hasta por semanas. El relajamiento de la disciplina llegó a tal grado que varias trabajadoras del área de cocina se prostituyeron y, previo pago, mantenían relaciones sexuales con los internos del módulo 3, el cual estaba controlado por Guzmán.
Contaban con aparatos electrónicos y teléfonos celulares, con los cuales mantenían contacto con el exterior, lo que les permitía continuar con sus actividades delictivas, coordinadas por narcotraficantes que regularmente lo visitaban en su cautiverio. También se le conocieron otros excesos en la prisión. Como la violación de una mujer que se negó a sostener relaciones sexuales con él. A pesar de las denuncias presentadas en la Procuraduría de Justicia de Jalisco, nunca se procedió en su contra.
Los primeros reportes sobre la forma en que corrompía a los funcionarios, entre ellos al director Leonardo Beltrán Santana, se conocieron desde enero del año 2000, un año antes de fugarse, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, encabezada entonces por Guadalupe Morfín Otero, no los reportó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni a la Procuraduría General de la República (PGR) sino hasta el 20 de enero de 2001, un día después de la fuga del narcotraficante sinaloense.
En su denuncia de hechos, Morfín expuso que el 4 de enero de 2000 un oficial de prevención del penal de Puente Grande al que luego se sumaron otros, presentó una queja ante la CEDHJ “por hostigamiento laboral, debido a que no cedían a peticiones institucionales para corromperse”. Por ser este caso de competencia federal, la denuncia fue turnada a la CNDH, según ella misma explicó:
“A lo largo del 2000, como lo compruebo con los oficios que anexo, hice varias gestiones para que la queja no se archivara como asunto meramente laboral. Mi insistencia obedeció a que consideré que el asunto debía ser calificado como un hecho presuntamente violatorio de los derechos humanos.
“En sucesivas ocasiones los quejosos nos hicieron parte de su preocupación por no ser oportunamente atendidos en la CNDH y externaron desde un inicio su petición de que el asunto fuese tratado en forma confidencial para resguardar su integridad física”. Esta última petición no fue respetada por la CNDH.
La corrupción en el penal de Puente Grande había relajado la disciplina interna. Las presiones que ejercían el capo Guzmán Loera y su grupo para gozar de privilegios en Puente Grande, según la denuncia de Morfín Otero, se conocieron en la Secretaría de Gobernación, pero los cambios que sus funcionarios prometieron –según expuso la comisionada de Jalisco –fueron temporales, pues inmediatamente tomaron el control los jefes del narco recluidos en diversos módulos”.
Como se iban agravando las condiciones de inseguridad en el penal, y debido a que la vida de los denunciantes corría peligro, Guadalupe Morfín expuso en su denuncia que buscó con urgencia al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, pero no lo encontró. Solo le dejó un recado con Mauricio Ibarra, su coordinador de asesores.
El que denuncia pierde
El 15 de enero de 2000, integrantes de la CNDH, entre ellos el visitador Joel García, acudieron al penal de Puente Grande y llamaron al custodio Julián Ríos Peralta, uno de los quejosos. Le pidieron que los presentara con los otros denunciantes.
Según Morfín, los custodios fueron reunidos en las oficinas de Beltrán Santana –el director del penal y personaje clave en la fuga de El Chapo Guzmán –y allí los visitadores exigieron a los denunciantes que se desistieran de su queja.
Durante el día –dice Morfín en su denuncia –aumentaron las presiones. Los custodios fueron segregados uno por uno hasta altas horas de la madrugada, y tanto los visitadores como las autoridades del penal utilizaron la tortura psicológica. Los querían hacer titubear. Era evidente, dijeron los quejosos, la molestia de los visitadores de la CNDH porque los custodios acudieron a la CEDHJ.
En sus respectivas quejas, los custodios alertaron a las autoridades federales del poder que ejercía Guzmán Loera en el penal de Puente Grande. El custodio Felipe Leaño, por ejemplo, dijo que hizo del conocimiento de las autoridades del penal la introducción de productos prohibidos, como dulces, carne seca y vitaminas, en beneficio del narcotraficante Arturo Martínez Herrera, conocido como El Texas.
También dijo que quien estaba involucrado en ese tráfico era “el nuevo subdirector”, Dámaso López Núñez, pero todos se coludieron para que las cosas siguieran como estaban.
Y no sólo eso. Claudio Julián Ríos Peralta, otro de los custodios, denunció que el 29 de octubre de 2000, al terminar su servicio diurno como oficial de prevención en el área de Conductas Especiales, fue abordado por el oficial Miguel Angel Godínez Cárdenas, quien le dijo que tenía un asunto importante que tratar con él.
Relata el custodio que se refería a la cooperación hacia ciertos internos, entre ellos Martínez Herrera; Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Jesús Héctor Palma Salazar, El Güero.
Ríos Peralta dijo que, según le comentó Godínez Cárdenas, dichos servicios eran considerados como privilegios pequeños que no comprometían a nadie y a cambio se recibía una gratificación por cada uno, “que todo esto era con plan chingativo, que él recibía la encomienda de los comandantes y que existía línea para hacerlo”.
Agrega: “Posteriormente y en diferentes ocasiones me abordaron los comandantes Marco Antonio Fernández Mora y Pedro Pulido Rubira. Me trataron de sorprender con supuestas condiciones que según yo ya había aceptado, pero al no darles una respuesta me enviaron con el comandante de compañía Juan José Pérez Díaz, quien de manera verbal expuso estas irregularidades como un plan de trabajo para que yo aceptara.
“Le manifesté que me lo hiciera por escrito ante todo el grupo de oficiales y que justificara las gratificaciones si era cierto que existía línea de tan arriba como decía. No me resolvió y trató de sorprenderme de nuevo entrevistándose de nuevo con otros oficiales que no aceptaron la propuesta de corromperse, y son Rafael González Barajas, Mario González López y Juan González Caudillo, haciéndome creer que ellos ya habían aceptado, situación que después me demostró que era falsa”.
Por si esto fuera poco, los mismos servidores públicos involucrados en estos actos de corrupción establecieron como fecha límite para que todos participemos en los actos ya mencionados el 20 de noviembre de 2000, argumentando que cuando llegue la transición del primero de diciembre del gobierno federal no encuentre problemas y podamos continuar todos laborando de manera normal.
Joaquín Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa, considerado hoy por la revista Forbes el número 20 entre los hombres más ricos del mundo con una fortuna de mil millones de dólares, se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001, 29 días después de la llamada “fecha límite” a la que se refiere Ríos Peralta.
Otros tres custodios rindieron su testimonio sobre la corrupción en Puente Grande, el 9 de noviembre de 2000, ante Néstor Orellana Téllez, visitador adjunto de la CEDHJ. A él le pidieron omitir sus nombres, pero según su declaración todos los funcionarios del penal estaban ligados al narcotráfico y, en particular, a Joaquín Guzmán Loera. Así lo relataron:
“Constantemente los comandantes Jacinto Bello Sacarrubias, Miguel Ángel Godínez Cárdenas, Marco Antonio Fernández Mora, Juan José Pérez Díaz, Jesús Becerra Reyes, Jesús Candelario Castillo, entre otros, nos han ofrecido integrarnos a actos de corrupción, para lo cual nos han querido presentar ante los jefes, que son los internos Jesús Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera y Arturo Martínez Herrera.
“Las presentaciones ante ellos son con el fin de que nos conozcan y sepan que vamos a subordinarnos a ellos para seguir sus reglas, las que consisten en no ver ni escuchar nada, es decir, permitir que gocen de privilegios, como deambular libremente sin vigilancia dentro de los módulos, acceso a licores y vino, ingreso de mujeres a la hora que los internos lo requieran, celdas con lujos y comodidades, teléfonos celulares y que no les hagan revisiones a sus celdas. Que si aceptamos ingresar al equipo de trabajo, nos darán por sólo ese hecho 2, 500 pesos a (los) oficiales y 1,000 a los vigilantes.
“Como en todo momento nos hemos negado a aceptar las proposiciones de los comandantes que están coludidos con los internos para corromper el sistema de readaptación dentro del Cefereso 2, nos han intimidado de manera insistente a los compañeros Samuel García Sandoval, José Luis García Gutiérrez y Celso Cárdenas Hernández, entre otros, quienes fueron agredidos de manera brutal por no acatar las órdenes de los internos que se mencionaron”.
Los testimonios de la corrupción en Puente Grande –que, como después se supo, formaba parte del plan de fuga de El Chapo Guzmán –llegaron por fin a la CNDH. El expediente fue manejado por uno de los funcionarios de mayor confianza de José Luis Soberanes, el tercer visitador José Antonio Bernal Guerrero, quien a través de los visitadores Joel René García y José Mario Severiano comenzó a presionar a los custodios para que se desistieran de sus quejas.
El primer paso, según la investigación de ese hecho, fue tratar el caso como un asunto laboral. A través del oficio 012965, fechado el 4 de mayo de 2000, Arturo Peña Oropeza, quien fungía como director general en la CNDH, le informó al custodio Felipe Leaño lo siguiente:
“Por instrucciones del licenciado José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador de esta Comisión Nacional, me permito informarle que de la lectura de la primera parte de su escrito se desprende que (su caso) se trata de un asunto de carácter laboral”.
Los visitadores que José Luis Soberanes Fernández, el Ombudsman nacional, envió a investigar la corrupción y las presiones que padecían los custodios de Puente Grande en todo momento trataron de desviar las denuncias, según acusaron los propios quejosos en otros testimonios, donde agregan que su identidad fue revelada por los funcionarios de la CNDH, poniendo en riesgo sus vidas.
El custodio Salvador Moreno Chávez cuenta cómo los visitadores de la CNDH Joel García y José Mario Severiano lo presionaron para que se desistiera de su denuncia. El 15 de enero de 2001, cuatro días antes de la fuga de Guzmán, narró:
“Me decían que era muy difícil comprobar estos hechos…Traté de hacerles entender que la situación era más compleja, que los hechos de la queja se habían agrandado… Les pregunté qué tipo de información necesitaban para actuar; ellos me dijeron que era muy difícil de comprobar todo, que por qué no me desistía, que por la gravedad de los hechos podía desistirme y que quedaría archivada la queja.
“Mencionaron los visitadores que era fuera de lo común que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos hubiera hecho caso con las quejas porque los señalamientos que hacíamos eran muy generales y sin pruebas, que de la lectura de los mismos se desprendía muy poca credibilidad”.
Según el testimonio de Moreno Chávez, los visitadores de la CNDH los pusieron en evidencia ante el director de Puente Grande, Leonardo Beltrán Santana –a quien posteriormente se le ligó con el plan de fuga de Guzmán Loera –y otras autoridades de la prisión relacionadas con el narcotráfico.
Expuso que las entrevistas con los visitadores se llevaban a cabo en las oficinas del director, por lo que pronto fue visto “por los custodios corruptos como ‘el dedo’ que los señalaba. Felipe Leaño Rivera, compañero de Moreno Chávez, relató que los visitadores le dijeron que tres de sus compañeros ya se habían desistido de sus quejas y le sugirieron hacer lo mismo.
Y añadió: “Me cuestionaron de por qué no había hecho del conocimiento de las autoridades del penal las irregularidades, a lo que les dije que no les tenía confianza, ya que la mayoría de las veces, cuando había visita externa (de la CNDH), siempre había conocimiento de las autoridades penitenciarias con mucho tiempo de anticipación. Finalmente les mencioné que con los compromisos que existían entre el personal con los internos, principalmente con El Chapo Guzmán y con El Güero Palma, mi mayor temor era que alguno de estos internos, con las facilidades que se les daban, se fugara. Luego los visitadores le dijeron que él había sido el único que se había esperado, pues el resto de sus compañeros se habían ido, por lo que le comentaron que por esa falta de interés no progresaban las quejas.
“En mi opinión, esta situación de que los visitadores de la CNDH nos confrontaron con las autoridades (del penal) fue algo muy comprometedor, ya que se dieron cuenta de que éramos nosotros los de las quejas, a pesar de que durante todo el proceso les enfatizamos que se guardara nuestra confidencialidad sobre los hechos, poniendo en riesgo nuestra integridad personal”.
Los custodios Francisco Javier Vázquez Rolón y Samuel Ramos Gutiérrez también relataron, por separado, que los visitadores de la CNDH los presionaron para que se desistieran de sus denuncias y que en todo momento los confrontaron los confrontaron con los funcionarios coludidos con El Chapo Guzmán y El Güero Palma.
Tal como lo advirtió el custodio Felipe Leaño, Joaquín Guzmán Loera se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Meses antes, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, tuvo conocimiento de las condiciones de ingobernabilidad que imperaban en el penal de Puente Grande y que fueron desoídas por las autoridades federales.
“Las anteriores autoridades de la CNDH tenían amarradas las manos para no hacer nada”, dijo el 24 de julio de 2001, al referirse a la fuga de El Chapo Guzmán.
Por medio de Guadalupe Morfín, Soberanes también estuvo informado sobre las irregularidades de sus visitadores. A través del oficio P/CEDHJ/46/2001, fechado el 18 de enero de 2001 –un día antes de la fuga del capo sinaloense –Morfín le manifestó su inconformidad por la decisión de la CNDH de archivar la queja de los custodios por considerarla un asunto laboral. En ese mismo oficio Morfín expuso:
“El 16 de enero de 2001, según refieren los quejosos, después de haber sido aislados por separado cerca de tres horas, aproximadamente a las 20:00 horas, fueron llamados cada uno, de manera individual, a la dirección de ese centro federal, en donde se encontraban el director, Leonardo Beltrán; el subdirector jurídico, Dorantes Paz; el director de Prevención de la Secretaría de Gobernación, Enrique Pérez, y los dos visitadores de la CNDH, quienes permitieron que los sometieran a un interrogatorio intensivo.
“Los confrontaron de manera directa con las autoridades y evidenciando ante todo el personal que ellos pusieron la queja, poniéndolos con esta situación en grave riesgo, ya que según lo manifestaron ahora todo el personal e incluso los internos, saben que ellos interpusieron una queja denunciando los actos de corrupción que ahí se dan. Todo esto, a pesar de que en múltiples ocasiones se insistió en que se debía preservar en confidencialidad los nombres y datos de los quejosos para evitar riesgos… Esto no ocurrió y de la manera más burda estos visitadores de la CNDH los confrontaron con quienes precisamente solapan y promueven estos actos de corrupción”.
La mañana del 19 de enero de 2001 Joaquín Guzmán Loera se fugó de la cárcel. Diez años después, el capo sigue libre y tanto dentro como fuera de México es visto como “el capo consentido del sexenio”.
