- La violencia en México opera como un ecosistema complejo donde convergen disputas territoriales entre grandes franquicias criminales
- Para comprender la evolución del narcoterrorismo en estados como Zacatecas, Michoacán y Guerrero, es necesario analizar el viraje en los modelos de financiamiento e influencia corporativa del crimen organizado
- El atentado registrado en Ojocaliente, Zacatecas, demuestra que el fenómeno criminal en México ha rebasado definitivamente las explicaciones tradicionales del narcotráfico
J. Jesús Lemus/La Opinión de México
Ciudad de México.- El mapa de la violencia en territorio mexicano ha rebasado los umbrales de la delincuencia organizada convencional para adentrarse formalmente en el terreno del narcoterrorismo. Entendido no desde una perspectiva puramente ideológica, sino desde el uso sistemático de tácticas bélicas de alto impacto contra la población e infraestructura pública con el propósito explícito de infundir terror, generar parálisis social y presionar a las estructuras del Estado, la detonación de vehículos cargados con explosivos representa el nivel más avanzado de este fenómeno.
El reciente atentado registrado frente a la comandancia de la Policía Municipal en Ojocaliente, Zacatecas, constituye un síntoma inequívoco de esta degradación conceptual y operativa. El uso de la violencia armada en México ha dejado de responder únicamente al control de rutas de trasiego o plazas de venta al menudeo.
Hoy en día, la violencia en México opera como un ecosistema complejo donde convergen disputas territoriales entre grandes franquicias criminales, reconfiguraciones de alianzas con sectores extractivos estratégicos como la minería legal e ilegal y el empleo de la capacidad destructiva como canal de comunicación política y coerción institucional.
Zacatecas, el epicentro
A finales de agosto de 2026, las inmediaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, cabecera municipal situada estratégicamente a unos cincuenta kilómetros al sureste de la capital zacatecana, sufrieron un golpe destructivo. Un vehículo particular, reportado semanas atrás como robado en el estado de Jalisco, fue estacionado sigilosamente frente al edificio oficial.
Aproximadamente a las 19.00 horas, en el momento en que una oficial de la corporación caminaba hacia la unidad sospechosa para llevar a cabo una inspección de rutina, el vehículo fue hecho detonar a distancia. La onda expansiva alcanzó un radio de cuatro cuadras a la redonda, provocando lesiones a diez personas, incluyendo a dos elementos policiales, y cuantiosos daños materiales en al menos diecisiete viviendas, once vehículos particulares y dos patrullas oficiales.
Las investigaciones iniciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y del Gabinete de Seguridad Federal identificaron de inmediato al Cártel Jalisco Nueva Generación como el autor intelectual y material del ataque. El detonante directo del operativo respondió a una represalia por la detención, un día antes, de un presunto sicario de dicha organización en la franja limítrofe entre Aguascalientes y Zacatecas.
Ojocaliente no es un punto aleatorio en la geografía criminal de la región. El municipio actúa como la puerta de entrada a un corredor logístico clave que conecta el centro del país con el norte, abarcando desde Aguascalientes hasta los municipios zacatecanos de Luis Moya, Pánfilo Natera y Cuauhtémoc. Este territorio se mantiene bajo disputas atroces entre la franquicia de las Fuerzas Especiales del Cártel Jalisco Nueva Generación y la facción del Cártel de Sinaloa leal a la línea de Ismael El Mayo Zambada, conocida como La Mayiza o Los Mayos.
En este escenario de guerra asimétrica, el atentado no buscaba únicamente neutralizar la capacidad operativa de la corporación municipal. Funcionó fundamentalmente como un mensaje de comunicación no verbal hacia las autoridades locales, a quienes el grupo de Jalisco ha acusado mediante mantas y metrajes en redes de alinearse con el Cártel de Sinaloa, y como una demostración de fuerza desmedida orientada a doblegar el entorno social.
Mineras y cárteles, la alianza mortal
Para comprender la evolución del narcoterrorismo en estados como Zacatecas, Michoacán y Guerrero, es necesario analizar el viraje en los modelos de financiamiento e influencia corporativa del crimen organizado. La era de la dependencia exclusiva de las drogas sintéticas o el clorhidrato de cocaína ha dado paso a un modelo multifacético donde los recursos extractivos juegan un papel protagónico.
Zacatecas es uno de los polos mineros más prominentes de América Latina, con una producción de plata, zinc, plomo y oro que atrae miles de millones de dólares en inversión extranjera y nacional. Las organizaciones criminales han identificado en las operaciones mineras una fuente inagotable de liquidez y legitimación operativa.
La interacción entre cárteles y empresas del sector se manifiesta a través de mecanismos como las rentas por piso y la protección obligada, donde los cárteles imponen tributos fijos a los consorcios mineros por cada tonelada de material extraído, además de cobrar cuotas adicionales por permitir el libre tránsito de camiones de volteo y maquinaria pesada hacia los centros de procesado.
Asimismo, se genera una infiltración directa en las cadenas de suministro y contratación, donde los cárteles obligan a los consorcios mineros a subcontratar empresas de seguridad privada, comedores, transporte de personal y limpieza vinculadas directamente con sus redes de prestanombres, asegurando el flujo constante de capital bancarizado hacia la contabilidad del crimen.
En zonas apartadas de Zacatecas, Michoacán y Guerrero, los cárteles han comenzado a operar minas no reguladas de fierro, cobre y minerales preciosos, comercializando el material a través de redes marítimas en puertos del Pacífico y utilizando el mineral como divisa de cambio para la importación de precursores químicos provenientes de Asia.
Esta simbiosis financiera genera una distorsión institucional profunda. Cuando un consorcio minero acepta financiar, por vía indirecta o directa, la presencia del crimen organizado en su área de influencia con el fin de proteger sus márgenes de ganancia, contribuye activamente al equipamiento de verdaderos ejércitos privados.
Los ingresos provenientes del sector extractivo son los que pagan el explosivo C cuatro, el nitrato de amonio, los detonadores industriales de corte comercial, muchas veces sustraídos de los propios almacenes mineros, y los vehículos robados utilizados para armar los coches bomba.
La violencia como mecanismo de comunicación
La característica constitutiva del narcoterrorismo en el México contemporáneo no es únicamente la naturaleza devastadora de sus armas, sino la intencionalidad comunicativa de sus actos. La violencia ejercida mediante artefactos explosivos opera bajo la lógica de la comunicación por impacto.
A diferencia del delincuente común que busca la opacidad para evitar la acción de la justicia, el grupo narcoterrorista busca la máxima difusión mediática. La colocación de un coche bomba frente a una sede policial o una plaza pública no pretende ocultarse; al contrario, exige el encendido de cámaras, la atención de las agencias de inteligencia nacionales e internacionales y la propagación del terror colectivo.
El mensaje dirigido a la autoridad transmite una instrucción implícita sobre la capacidad del grupo de destruir la infraestructura del Estado y de matar de forma indiscriminada si la política de seguridad, las aprehensiones o los arreglos territoriales vulneran sus intereses.
El uso de coches-bomba
La utilización de vehículos con explosivos en territorio mexicano no es un fenómeno aislado ni improvisado. Responde a una línea evolutiva que acumula décadas de sofisticación técnica, acumulando antecedentes cruciales que documentan la consolidación del narcoterrorismo en el país.
El 11 de junio de1994 se registró un atentado en la galería comercial de la Avenida López Mateos en Guadalajara, Jalisco. La organización criminal responsable fue el Cártel de Tijuana de la Organización Arellano Félix. En este evento, un vehículo Ford Marquis cargado con más de 10 kilogramos de explosivo plástico detonó en el estacionamiento del centro comercial durante una fiesta familiar vinculada a los líderes del Cártel de Sinaloa.
El estallido provocó la muerte de cinco personas, decenas de heridos y severos daños estructurales. Es considerado históricamente como el primer atentado narcoterrorista documentado con coche bomba en la era moderna del crimen organizado mexicano.
El 15 de julio de 2010 ocurrió el atentado en la Avenida Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua. El grupo responsable fue La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Un vehículo compacto con aproximadamente diez kilogramos de C cuatro fue detonado mediante el uso de un teléfono celular en pleno centro de Ciudad Juárez.
El grupo criminal atrajo a agentes de la Policía Federal al lugar mediante una llamada falsa que informaba sobre un oficial herido. La explosión mató a un policía federal, a un paramédico de la Cruz Roja y a un civil, además de dejar heridos a decenas de personas. Marcó el inicio de la utilización de explosivos C cuatro con sistemas de activación a distancia en entornos urbanos.
El 24 de abril de 2012 se ejecutó el atentado en el Edificio de Seguridad Pública Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, atribuido a la organización de Los Zetas. Un coche bomba detonó frente a las instalaciones principales de la corporación policial en Nuevo Laredo, dejando un saldo de al menos siete civiles lesionados y la destrucción casi total de la fachada del recinto institucional y decenas de vehículos aledaños. Este evento se enmarcó dentro de la campaña de exterminio y cooptación que Los Zetas emprendieron contra los cuerpos de seguridad municipal que no se alinearon a su estructura operativa.
El 24 de octubre de 2024 tuvieron lugar atentados simultáneos en Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato, ejecutados por el Cártel Santa Rosa de Lima en disputa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. En una acción coordinada que sacudió la zona sur del estado de Guanajuato, dos vehículos con artefactos explosivos fueron detonados casi de manera simultánea.
El primer vehículo estalló a un costado de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública de Acámbaro, lesionando gravísimamente a tres policías municipales y causando destrozos en viviendas contiguas. Minutos después, un segundo vehículo detonó en el centro del municipio de Jerécuaro, calcinando patrullas y comercios. La acción fue una respuesta abierta a los operativos federales y estatales desplegados en la región.
El 7 de diciembre de 2025 se perpetró un atentado con coche bomba en Coahuayana, Michoacán, adscrito al Cártel Jalisco Nueva Generación. Un vehículo con explosivos de alta potencia estalló en las inmediaciones del municipio costero de Coahuayana, colindante con el estado de Colima.
El saldo trágico de la detonación fue de seis personas muertas y más de doce heridos, afectando gravemente la infraestructura del Hospital Comunitario local, comercios y viviendas particulares. El uso del explosivo en esta franja buscaba romper las estructuras de las defensas comunitarias locales y tomar el control del corredor para el tráfico de insumos químicos e imposiciones fiscales a mineras de hierro de la zona.
Es terrorismo
El atentado registrado en Ojocaliente, Zacatecas, demuestra que el fenómeno criminal en México ha rebasado definitivamente las explicaciones tradicionales del narcotráfico. Cuando las organizaciones criminales emplean explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o formulaciones artesanales de alto rendimiento, cuando diversifican sus ingresos apoderándose de la riqueza mineral y cuando utilizan el terror no como efecto colateral sino como técnica de comunicación coercitiva, el Estado enfrenta un problema formal de seguridad nacional y narcoterrorismo.
Negar la dimensión terrorista de estas acciones por razones de prudencia política o diplomática solo prolonga la brecha de respuesta táctica. Las instituciones de seguridad requieren transformar sus protocolos de inteligencia, pues ya no basta con rastrear rutas de estupefacientes. Resulta imperativo fiscalizar los insumos explosivos de las industrias mineras, intervenir las cadenas financieras que vinculan al crimen con el sector formal y tipificar con rigor operativo actos que, como el de Ojocaliente, dinamitan el tejido social y el Estado de Derecho en México.
