*La Auditoría Superior de la Federación, determinó que la Secretaría de Gobernación, bajo el Mando de Adán Augusto López no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas
*La SEGOB dio seguimiento de posibles riesgos por medio de noticieros o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registros y la coordinación con las Unidades Estatales de Prevención; sin embargo, no contó con un Programa de Monitoreo, que tuviera metas e indicadores
Redacción/La Opinión de México
Ciudad de México. – La Auditoría Superior de la Federación, determinó que la Secretaría de Gobernación, bajo el Mando de Adán Augusto López no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas, no obstante, de que se ha incrementado el universo de atención, ya que, en 2018, se ejercieron 736,046.7 millones de pesos del 35.4% (406,099.2 millones de pesos) menos de lo aprobado, referente a 1,142,145.9 millones de pesos.
Así lo señala la Auditoría de Desempeño: 2018-0-04100-07-1762-2019/1762-GB aplicada por la ASF a la Secretaría de Gobernación en la partida Protección de Periodistas, en donde se señala que en materia de prevención, a 2018, el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel Estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo, sin que la Junta de Gobierno promoviera la implementación y su cumplimiento.
En cuanto al monitoreo de riesgos, la SEGOB dio seguimiento de posibles riesgos por medio de noticieros o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registros y la coordinación con las Unidades Estatales de Prevención; sin embargo, no contó con un Programa de Monitoreo, que tuviera metas e indicadores. Además de que no acreditó haber realizado mapeo a 2018. La SEGOB en su carácter de Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección no acreditó haber realizado acciones preventivas con la información monitoreada, que le permitiera disminuir la incidencia delictivas en contra de los periodistas en el ámbito Estatal, toda vez que no demostró haber enviado información a las Unidades Estatales o Representantes locales del Mecanismo de Protección.
De 2013 a 2018 la CNDH, la CEAV y la PGR (hoy FGR), diseñaron e impartieron cursos de capacitación para sensibilizar a 57,110 personas entre servidores públicos y periodistas, en el marco de sus atribuciones, de los cuales 81.1% (46,352) correspondieron a CNDH; (16.5%) 9,403 a la PGR y 7.8% (4, 450) pertenecieron a la CEAV, pero no se establecieron acuerdos para capacitar y difundir en materia de protección a los derechos humanos de los periodistas, por lo que la SEGOB, en su carácter de Unidad de Prevención, Seguimiento y Atención, no cumplió con su atribución de fortalecer la prevención de futuras situaciones de riesgo.
Asimismo, la CEAV y la PGR no realizaron acciones de difusión, en tanto que, la SEGOB diseñó una página web para difundir la operación del mecanismo en los tres niveles de gobierno y la CNDH reprodujo 54,893 ejemplares, entre carteles, folletos, trípticos y libros, para dar a conocer la situación de los periodistas en México, no obstante ambas entidades desconocen el alcance que tuvieron dichas acciones; además de que ninguna de estas se hizo en el marco del Mecanismo de Protección, lo que evidencia la falta de una Programa de Difusión con objetivos, metas e indicadores, que asegurara que los integrantes de la Junta de Gobierno, participaran de manera coordinado.
Asimismo, se identificó que, el Consejo Consultivo, tampoco diseñó ningún mecanismo o instrumento de difusión En cuanto a la protección, a partir de 2015, la SEGOB aplicó la metodología basada en el modelo Freedom House, que considera el análisis de riesgo desde un enfoque de género, individual y colectivo; que si bien permite medir el contexto de riesgo; la intencionalidad de causar daño; las vulnerabilidades de la persona evaluada, y la inminencia en la materialización del daño, pero no incluye las denuncias de hechos ante la PGR ni de su estado procesal; asimismo, la SEGOB no acreditó que la metodología es utilizada con el rigor técnico y estándares internacionales, lo que incide directamente en la evaluación del nivel de riesgo del periodista.
En 2018, el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicará las causas de los rechazos. Tampoco fue posible evaluar la oportunidad en el proceso de incorporación del periodista al Mecanismo de Protección, el cual es de 3 horas, toda vez que la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (URCyRR) no dispone de registros ni controles del tiempo que tarda en realizar este proceso. La oportunidad con que se otorgaron las Medidas Urgentes de Protección a los periodistas con un riesgo extraordinario fue al 73.9% (17) de los casos, mientras que el 26.1% (6) se protegió fuera del tiempo establecido por la ley; el envío oportuno de los casos para ser evaluado su riesgo con oportunidad fue del 34.8% (24) de los casos y el 65.2% tardó en evaluarse un promedio de 23 días; asimismo, para llevar a cabo la evaluación de riesgos la ley establece su cumplimiento en 10 días, el 13.0% (9) fue evaluados conforme a la ley, mientras que el 87.0% tardó en promedio 73 días para contar con una propuesta de medidas de protección; debido a que el Mecanismo de Protección no contó con la infraestructura ni personal necesario para operar en condiciones óptimas. Asimismo, a pesar de que la evaluación de riesgos cuenta con variables que analizan integralmente la probabilidad de que ocurra un daño, la dictaminación de la Junta de Gobierno queda supeditada a la discrecionalidad de sus miembros, y en sus actas de sesión no se evidenció que la aprobación de concluir el caso por la disminución del riesgo.
La Unidad de Evaluación de Riesgo no contó con criterios aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un comunicador se encuentra en condiciones de abandonar el Mecanismo; y no se cuenta con un manual o lineamiento para determinar la permanencia o no de un periodista en el Mecanismo de Protección. Por lo que, con la revisión, se identificó que, a 2018, el 40.0% (44) de los 110 beneficiarios directos e indirectos cumplían con alguna condición que los hacía viables para salir del Mecanismo de Protección; pero no registró cuales fueron cumplidos en cada caso; en tanto que, de 2013 a 2018, debieron salir del mecanismo 220 (40.1%) periodistas, de los 549 que ingresaron al programa; sin embargo, no se comprobó las razones por las que aún se continuó brindando protección a dichos periodista, lo que representó el 17.6% (57,294.2 millones de pesos) de los 324,955.4 millones de pesos ejercidos, para la aplicación de medidas otorgadas a los periodistas mediante la empresa RCU, Sistemas.
En cuanto a la atención, en 2018, la CNDH, recibió 1,688 quejas en materia de Derechos humanos, en las que se incluyen, entre otras, las correspondientes a la protección de periodistas que a su vez fueron revisadas y canalizadas a la Quinta Visitaduría General, que es la encargada de atender los asuntos de los periodistas, y analizar la queja y determinar la gravedad de la violación de los derechos humanos para posteriormente integrar 42 expedientes por ser calificadas en el delito señalado, que después radicaron en recomendaciones a las autoridades competentes de atender las indicaciones de la comisión; sin embargo, las acciones implementadas por la CNDH no han logrado inhibir la vulnerabilidad de los derechos humanos de los periodistas, ya que este órgano fiscalizador identificó que en promedio, a un periodista les son violados más de un derecho, y el más vulnerado fue el de seguridad jurídica en más de 20 veces, el cual debió ser garantizado por las autoridades encargadas de la procuración de justicia; y las 3 recomendaciones que se emitieron en 2018, correspondientes a expedientes de quejas recibidas en 2016 y 2017, 1 caso tardó 3 años y en dos casos un año en emitirse las recomendaciones pertinentes; sin embargo, la CNDH no contó en el “Reporte de los servidores públicos sancionados por violaciones a los derechos humanos de periodistas”.
Asimismo, en 2018, la CEAV atendió a 143 periodistas que les fue violentado su derecho a la libertad de expresión, a los cuales se les otorgaron 198 servicios: 55 de ayuda inmediata, 39 medidas de asistencia y 104 medidas de atención, en tanto que, en el periodo 2013-2018, se registraron 312 periodistas a los que se les otorgaron 451 servicios, pero no fue posible determinar el número de servicios de trabajo social otorgados. En tanto que, le fue reparado el daño a un periodista, el 0.3%, respecto de los 312 comunicadores atendidos y el 2.8% respecto de los 35 canalizados por el mecanismo de protección, al cual se le otorgó un monto de 2,189.9 millones de pesos, el 0.5% respecto de los 397,563.2 millones de pesos destinados en ese año a la reparación del daño.
En cuanto a la procuración de justicia, en materia de investigación del delito cometido contra la libertad de expresión de periodistas, a 2018, se registraron 118 averiguaciones previas para trámite en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión de periodistas, de las cuales se determinó el 30.5% (36), de ellas 18 fueron consignadas ante los órganos jurisdiccionales; en tanto que el 69.5% (82) quedaron pendientes; por lo que, de cada 10 averiguaciones, en 7 los MPF no determinaron si existió o no delito que perseguir; durante el periodo 2013-2018, se registraron 1,430 averiguaciones previas, de las cuales su determinación disminuyó en 21.8 puntos porcentuales al pasar de 52.3% a 30.5%; por lo anterior, se observó una contribución marginal de la FEADLE en la procuración de justicia a las víctimas y en la disminución de la incidencia del delito contra la libertad de expresión de periodistas.
Respecto de las carpetas de investigación, a 2018, la FEADLE acumuló 263 carpetas de investigación, de las cuales se determinó el 41.4% (109), y quedó pendiente el 58.6% (154). De las 109 carpetas determinadas, el 4.6% (12) se vinculó a proceso, por lo que, 1 de cada 21 carpetas de investigación de los delitos en esa materia fue vinculada a proceso por el MPF ante los órganos jurisdiccionales; en tanto que, de 2016 a 2018, de las 588 carpetas, el 69.6% (409) quedó pendiente y sólo se determinó el 30.4% (179), lo que no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de ese delito, ni a disminuir la incidencia de ese delito.
Por lo que corresponde a la Protección Integral de Periodistas, el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas para la protección de periodistas y las acciones que realizan para protegerlos de los riesgos que corren han resultado fallidas, ya que las labores de la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la PGR para prevenir las agresiones, proteger la vida y la integridad del gremio periodístico, atender a las víctimas y procurar justicia, fueron implementadas de forma deficiente, debido a las lagunas normativas, el incumplimiento de funciones, y la falta de rigor técnico y de voluntad política con los que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que ha ocasionado un aumento de la vulnerabilidad del ejercicio pleno del periodismo y de los agravios a los periodistas, limitando el alcanzar un Estado democrático de derecho.
De 2012 a 2018, la Junta de Gobierno del Mecanismo de protección sesionó 81 veces, 71 de forma ordinaria y 11 veces de manera extraordinaria, en las que se establecieron 2,544 acuerdos, de los cuales 2,271 (89.2%) estuvieron orientados a la protección de defensores y periodistas y 274 (10.8%) se relacionaron con actividades administrativas.
En tanto que la prevención fue un asunto que tuvo poca incidencia, con lo que se concluye que las acciones de la Junta de Gobierno, mediante las sesiones, fueron de carácter reactiva, más que preventiva. Además, el 3.0% (67) de los asuntos presentados ante la Junta de Gobierno se han concluido, y no se identificaron acciones concretas que permitieran dar seguimiento, retroalimentación o, en su caso, que dieran certeza del cumplimiento de los acuerdos.
Además, los miembros de la Junta de Gobierno carecieron de elementos suficientes para sustentar sus decisiones sobre la aprobación de planes de protección, lo que deriva a que las medidas de protección no sean objetivas ni se apeguen a los planes de protección propuestos por la Unidad de Evaluación de Riesgos, determinados con base en las Evaluaciones de Riesgo que realiza.
De la revisión a las actas de la Junta de Gobierno y las minutas de trabajo, no es posible identificar el puesto del servidor público que asistió a deliberar los casos, lo que evidenció una omisión a su función de los servidores públicos de la SEGOB, CNDH y la PGR referente a deliberar y aprobar los planes de protección.
Asimismo, se observó que el Estado Mexicano no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas, no obstante, de que se ha incrementado el universo de atención, ya que, en 2018, se ejercieron 736,046.7 millones de pesos del 35.4% (406,099.2 millones de pesos) menos de lo aprobado, referente a 1,142,145.9 millones de pesos.
En materia de prevención, a 2018, el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel Estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo, sin que la Junta de Gobierno promoviera la implementación y su cumplimiento. En cuanto al monitoreo de riesgos, la SEGOB dio seguimiento de posibles riesgos por medio de noticieros o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registros y la coordinación con las Unidades Estatales de Prevención; sin embargo, no contó con un Programa de Monitoreo, que tuviera metas e indicadores.
Además de que no acreditó haber realizado mapeo a 2018. La SEGOB en su carácter de Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección no acreditó haber realizado acciones preventivas con la información monitoreada, que le permitiera disminuir la incidencia delictivas en contra de los periodistas en el ámbito Estatal, toda vez que no demostró haber enviado información a las Unidades Estatales o Representantes locales del Mecanismo de Protección.
De 2013 a 2018 la CNDH, la CEAV y la PGR (hoy FGR), diseñaron e impartieron cursos de capacitación para sensibilizar a 57,110 personas entre servidores públicos y periodistas, en el marco de sus atribuciones, de los cuales 81.1% (46,352) correspondieron a CNDH; (16.5%) 9,403 a la PGR y 7.8% (4, 450) pertenecieron a la CEAV, pero no se establecieron acuerdos para capacitar y difundir en materia de protección a los derechos humanos de los periodistas, por lo que la SEGOB, en su carácter de Unidad de Prevención, Seguimiento y Atención, no cumplió con su atribución de fortalecer la prevención de futuras situaciones de riesgo.
Asimismo, la CEAV y la PGR no realizaron acciones de difusión, en tanto que, la SEGOB diseñó una página web para difundir la operación del mecanismo en los tres niveles de gobierno y la CNDH reprodujo 54,893 ejemplares, entre carteles, folletos, trípticos y libros, para dar a conocer la situación de los periodistas en México, no obstante ambas entidades desconocen el alcance que tuvieron dichas acciones; además de que ninguna de estas se hizo en el marco del Mecanismo de Protección, lo que evidencia la falta de una Programa de Difusión con objetivos, metas e indicadores, que asegurara que los integrantes de la Junta de Gobierno, participaran de manera coordinado.
Asimismo, se identificó que el Consejo Consultivo tampoco diseñó ningún mecanismo o instrumento de difusión.
En cuanto a la protección, a partir de 2015, la SEGOB aplicó la metodología basada en el modelo Freedom House, que considera el análisis de riesgo desde un enfoque de género, individual y colectivo; que si bien permite medir el contexto de riesgo; la intencionalidad de causar daño; las vulnerabilidades de la persona evaluada, y la inminencia en la materialización del daño, pero no incluye las denuncias de hechos ante la PGR ni de su estado procesal; asimismo, la SEGOB no acreditó que la metodología es utilizada con el rigor técnico y estándares internacionales, lo que incide directamente en la evaluación del nivel de riesgo del periodista.
En 2018, el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicará las causas de los rechazos. Tampoco fue posible evaluar la oportunidad en el proceso de incorporación del periodista al Mecanismo de Protección, el cual es de 3 horas, toda vez que la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (URCyRR) no dispone de registros ni controles del tiempo que tarda en realizar este proceso. La oportunidad con que se otorgaron las Medidas Urgentes de Protección a los periodistas con un riesgo extraordinario fue al 73.9% (17) de los casos, mientras que el 26.1% (6) se protegió fuera del tiempo establecido por la ley; el envío oportuno de los casos para ser evaluado su riesgo con oportunidad fue del 34.8% (24) de los casos y el 65.2% tardo en evaluarse un promedio de 23 días; asimismo, para llevar a cabo la evaluación de riesgos la ley establece su cumplimiento en 10 días, el 13.0% (9) fue evaluados conforme a la ley, mientras que el 87.0% tardó en promedio 73 días para contar con una propuesta de medidas de protección; debido a que el Mecanismo de Protección no contó con la infraestructura ni personal necesario para operar en condiciones óptimas. Asimismo, a pesar de que la evaluación de riesgos cuenta con variables que analizan integralmente la probabilidad de que ocurra un daño, la dictaminación de la Junta de Gobierno queda supeditada a la discrecionalidad de sus miembros, y en sus actas de sesión no se evidenció que la aprobación de concluir el caso por la disminución del riesgo.
La Unidad de Evaluación de Riesgo no contó con criterios aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un comunicador se encuentra en condiciones de abandonar el Mecanismo; y no se cuenta con un manual o lineamiento para determinar la permanencia o no de un periodista en el Mecanismo de Protección. Por lo que, con la revisión, se identificó que, a 2018, el 40.0% (44) de los 110 beneficiarios directos e indirectos cumplían con alguna condición que los hacía viables para salir del Mecanismo de Protección; pero no registró cuales fueron cumplidos en cada caso; en tanto que, de 2013 a 2018, debieron salir del mecanismo 220 (40.1%) periodistas, de los 549 que ingresaron al programa; sin embargo, no se comprobó las razones por las que aún se continuo brindando protección a dichos periodista, lo que representó el 17.6% (57,294.2 millones de pesos) de los 324,955.4 millones de pesos ejercidos, para la aplicación de medidas otorgadas a los periodistas mediante la empresa RCU, Sistemas.
En cuanto a la atención, en 2018, la CNDH, recibió 1,688 quejas en materia de Derechos humanos, en las que se incluyen, entre otras, las correspondientes a la protección de periodistas que a su vez fueron revisadas y canalizadas a la Quinta Visitaduría General, que es la encargada de atender los asuntos de los periodistas, y analizar la queja y determinar la gravedad de la violación de los derechos humanos para posteriormente integrar 42 expedientes por ser calificadas en el delito señalado, que después radicaron en recomendaciones a las autoridades competentes de atender las indicaciones de la comisión; sin embargo, las acciones implementadas por la CNDH no han logrado inhibir la vulnerabilidad de los derechos humanos de los periodistas, ya que este órgano fiscalizador identificó que en promedio, a un periodista les son violados más de un derecho, y el más vulnerado fue el de seguridad jurídica en más de 20 veces, el cual debió ser garantizado por las autoridades encargadas de la procuración de justicia; y las 3 recomendaciones que se emitieron en 2018, correspondientes a expedientes de quejas recibidas en 2016 y 2017, 1 caso tardó 3 años y en dos casos un año en emitirse las recomendaciones pertinentes; sin embargo, la CNDH no contó en el “Reporte de los servidores públicos sancionados por violaciones a los derechos humanos de periodistas”.
Asimismo, en 2018, la CEAV atendió a 143 periodistas que les fue violentado su derecho a la libertad de expresión, a los cuales se les otorgaron 198 servicios: 55 de ayuda inmediata, 39 medidas de asistencia y 104 medidas de atención, en tanto que, en el periodo 2013-2018, se registraron 312 periodistas a los que se les otorgaron 451 servicios, pero no fue posible determinar el número de servicios de trabajo social otorgados. En tanto que, le fue reparado el daño a un periodista, el 0.3%, respecto de los 312 comunicadores atendidos y el 2.8% respecto de los 35 canalizados por el mecanismo de protección, al cual se le otorgó un monto de 2,189.9 millones de pesos, el 0.5% respecto de los 397,563.2 millones de pesos destinados en ese año a la reparación del daño.
