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AL PRESIDENTE NO LO DEJAN GOBERNAR

Ricardo Ravelo / La Opinión de México

Al presidente no lo dejan gobernar

–A pocos meses de cumplir dos años en el poder, el gobierno de la Cuarta Transformación no concreta resultados. Crimen, economía y pandemia, sin control. Por eso su mejor carta es el escándalo mediático del combate a la corrupción, pero AMLO no quiere enjuiciar a los expresidentes: pide que una consulta popular lo decida.

El proyecto de transformar a México, de lograr un crecimiento económico del 7 por ciento, el abatimiento de la pobreza y la corrupción, así como lograr que Petróleos Mexicanos (Pemex) se convierta en la palanca del desarrollo del país, siguen pendientes a escasos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla dos años en el poder.

Son casi dos años que han transcurrido muy rápido aunque con nulos resultados, más bien son veinticuatro meses en que el presidente ha dejado de gobernar para enfrascarse en la confrontación, la diatriba y la polémica con los llamados grupos conservadores, la derecha que, hasta ahora, no lo ha dejado gobernar cómodamente a pesar de que dispone de todo el poder y mayoría en el Congreso.

En su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, López Obrador hizo un diagnóstico lapidario de la situación en que Enrique Peña Nieto le entregó el país. Los informes sobre el estado de la hacienda pública daban cuenta entonces de una atroz corrupción, pobreza extrema, economía tambaleante

y un campo mexicano abandonado a tal grado que debíamos importar hasta maíz para el abasto nacional.

La situación en Pemex era –y sigue siendo –muy preocupante, pues durante el sexenio anterior fue la empresa más saqueada mediante compra de plantas que eran verdaderas chatarras –el caso Agronitrogenados así lo acredita –, el robo de combustibles a la paraestatal que servía para surtir ilegalmente el mercado, entre otras corruptelas de las que han ido saliendo datos y evidencias ahora que uno de sus directores, Emilio Lozoya, decidió hablar sobre el saqueo y el dispendio de recursos en la empresa estatal.

Por si fuera poco, el crimen organizado protegido durante el sexenio pasado, se mantuvo y se mantiene hasta la fecha impune. No existe en el gobierno de López Obrador una política clara y definida para enfrentar a los cárteles de la droga. Es cierto que la actividad criminal de los quince cárteles que operan en el país y en buena parte de América Latina fueron herencia del pasado, pues durante los últimos tres sexenios –Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –el crimen organizado fue protegido desde la presidencia de la República.

Sin embargo, más allá de esa suerte de herencia maldita lo cierto es que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha podido articular políticas públicas eficaces que den resultados sobre los problemas centrales del país.

En materia de seguridad, ha resultado un fiasco; en lo económico también y en el manejo de la pandemia los resultados son desastrosos: más de 60 mil muertos en cinco meses de crisis así lo confirman. Esto indica que el gobierno no está haciendo bien las cosas en ese renglón estratégico como es la salud y particularmente en el manejo de la crisis causada por el Covid-19.

En un año y ocho meses de gobierno, López Obrador ha caminado en medio de escándalos. Los últimos, como sabemos, se desataron a raíz de que Emilio Lozoya entregó un video a la Fiscalía General de la República (FGR) para probar, según él, los sobornos que se entregaron a senadores para la aprobación de la Reforma Energética.

López Obrador festinó las declaraciones de Lozoya y por eso justificó el trato especial que le daba la FGR desde que llegó de España para convertirse en testigo colaborador y así destapar la corrupción de la que él mismo fue protagonista como director de Pemex.

Lozoya acusó mediante una denuncia de hechos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de operar la más atroz corrupción; también señaló que Luis Videgaray, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Peña Nieto fue el estratega de la corrupción y el autor de la idea de entregar dinero a los legisladores para lograr, sin mayores obstáculos, como ocurrió, la aprobación de las llamadas reformas estructurales en materia energética.

Sin embargo, tan pronto apareció el video y la acusación de Lozoya los implicados en este enjuague no tardaron en responder con otro video en el que aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero de parte de David León, quien en 2015 era funcionario del gobierno de Chiapas, en ese tiempo encabezado por el actual senador Manuel Velasco.

El caso es que ahora existe una guerra de videos y de acusaciones que se han exhibido como parte de una guerra política. Eso quería el presidente; calentar el ambiente y así desviar la atención sobre la falta de resultados de su gobierno.

De esta forma ha transcurrido el tiempo. No hay resultados en los temas torales del país. El Banco de México ha externado que la actual crisis económica, agudizada por la pandemia, llevaría unos cinco años o más superarla para regresar a la normalidad, pero hay quienes estiman que la recuperación llevará mucho más tiempo.

El presidente es amante de la confrontación y de la rijosidad. Los malos resultados no le importan mucho. Le importa sobremanera ganar las elecciones el año próximo y mantener la mayoría en el Congreso. Por encima de todo, el poder, sólo el poder.

Como la guerra electoral ya comenzó es probable que sigan apareciendo videos en contra de sus hombres cercanos. El gobierno, sin

embargo, no toma la decisión de llevar a juicio a los expresidentes aun contando con las pruebas suficientes.

El presidente sigue sosteniendo que para enjuiciar a los exmandatarios se debe efectuar una consulta ciudadana. Cierra los ojos ante una verdad irrefutable: la aplicación de la ley no se somete a votación: se aplica. Es claro que este juego político de López Obrador es con el fin de no enjuiciar a nadie. El sabe que su proyecto es producto de una transición pactada y que los pactos se respetan.

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