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BAJO EL FUEGO DE SEIS CÁRTELES

*El estado de Michoacán es tierra de nadie: el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla está acusado dentro y fuera de México se haber ganado la gubernatura con apoyo del crimen organizado; su aparato de seguridad está relacionado con grupos criminales y, por si fuera poco, el territorio michoacano está bajo el fuego de seis cárteles que matan, secuestran, desaparecen y cobran piso a comerciantes grandes y pequeños

*Nadie escapa a la mano del crimen. Michoacán es un verdadero botín para la mafia: por esa entidad entran al país cientos de toneladas de drogas y precursores químicos provenientes de Sudamérica y Asia para elaborar fentanilo

*El estado puntea las listas nacionales con mayor número de desplazados y desaparecidos. Es un estado sin ley, pues el aparato de gobierno está sometido al gobierno que ejerce el crimen organizado

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/La Opinión de México

Michoacán. – La presunta pacificación del estado de Michoacán que han pregonado tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, terminó en una falacia. Peor aún, el país –y en particular esa entidad del Pacífico mexicano– sigue incendiado cuando falta poco más de un año para que termine el actual gobierno.

En julio pasado, algunas horas después de que López Obrador celebró en el zócalo capitalino el quinto año de su triunfo electoral, la violencia estalló de nuevo en Michoacán –tierra de nadie– con el asesinato de Hipólito Mora, líder de las autodefensas, presuntamente a manos del cártel de Los Viagras, el grupo criminal con el que, según las denuncias, está vinculado el mandatario Ramírez Bedolla y otros altos funcionarios del gobierno michoacano.

En su festejo, López Obrador dijo, entre otras cosas, que no existe el narco-Estado; pero las evidencias lo desmienten: lo cierto es que la violencia en Michoacán –y en todo el territorio– así como los vínculos de políticos con el crimen organizado demuestran todo lo contrario: El narco-Estado se ha consolidado en el gobierno de la Cuarta Transformación y opera abiertamente. Es más, de acuerdo con informes de la DEA, el crimen organizado en México opera como un brazo armado del Estado: mata, desaparece, opera elecciones, cobra piso y, extrañamente, no se le combate, por lo que goza de impunidad.

En Michoacán –una de las plazas más socorridas de la delincuencia organizada por su posición geográfica y las terminales portuarias que operan en esa ruta– el crimen sometió a ganaderos, agricultores, productores de aguacate y limón; también se hizo del control de minas, fincas, ranchos, zonas de playa y negocios diversos. El cobro de piso a sumido en la debacle a la entidad, pues quien no paga el llamado “derecho de piso” tiene que cerrar su negocio o exponerse a ser secuestrado y asesinado por miembros de los cárteles más temibles que operan en ese territorio: La Familia Michoacana y Los Viagras.

Ninguna autoridad federal ni estatal ha podido imponer la paz en Michoacán, que lleva décadas sumido en una vorágine de violencia criminal; es el estado que puntea la lista con mayor número de desplazados y el cuarto en lo que tiene que ver con desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad.

El crimen tiene tanto poder en Michoacán que ya opera desde Palacio de Gobierno: Al gobernador Ramírez Bedolla se le relacionó con el cártel de Sinaloa desde que era candidato; es más, los informes de inteligencia y las denuncias que el exgobernador Silvano Aureoles interpuso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) establecen que el cártel sinaloense le ayudó al mandatario a entronizarse en el poder estatal. Y lo mismo ocurrió –dijo el año pasado– en todos los estados donde triunfaron los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El sacerdote Gregorio López Gerónimo, conocido como “El Padre Goyo”, denunció lo anterior y dijo, además, que el principal capo en Michoacán es el gobernador Ramírez Bedolla. Y mencionó que otro alto funcionario, a quien también calificó como “capo”, es el general José Alfredo Ortega, actual secretario de Seguridad Pública.

“Él es el responsable de todo el desmadre que hay en Michoacán y del nexo delincuencial que priva con los cárteles”, acusó.

Al cura no le tembló la voz para señalar que en Michoacán –estado clave para el tráfico de drogas por su estratégica ubicación geográfica: es la puerta de entrada al Pacífico– gobierna el crimen organizado. La delincuencia –dijo– está apadrinada desde las esferas del gobierno, dado que los gobernantes están involucrados y reciben dádivas.

Debido a la violencia del crimen organizado, el sacerdote aporta una cifra de miedo: en el estado hay 125 mil desplazados. También se contabilizan miles de desaparecidos. Todos los casos están impunes, pues no se investigan. Ante el clima de ingobernabilidad, toda esta gente afectada busca cruzar la frontera y afincarse en Estados Unidos. De acuerdo con su diagnóstico, para el cura Michoacán ya es invivible.

En diversas entrevistas el clérigo le recriminó al mandatario michoacano, presuntamente impulsado por el narco para llegar al poder, que no ha encarcelado a los diez capos que mandan en la entidad; eso sí, metió a la cárcel a gente de Pueblos Unidos, que son cortadores de aguacate. A los delincuentes –acusó –ni los ha tocado y no los va a tocar.

El sacerdote se adentra al caso de Hipólito Mora, el líder de las autodefensas asesinado el pasado 29 de junio: “A los que mataron a Hipólito Mora tampoco los va a tocar el gobernador”, dice, tajante, el prelado que ha denunciado cómo el crimen organizado se hizo del control del estado e impone su ley por encima de las autoridades.

Y menciona dos nombres, presuntos asesinos del activista acribillado: Heladio Cisneros , “La Sirena”, y Nicolás Santana. Sobre éste último refiere que es el líder del cártel de Los Viagras, quienes habrían planeado y ejecutado el crimen de Hipólito Mora y estarían protegidos por el mandatario michoacano.

MICHOACÁN: LA PESADILLA

En Michoacán han ocurrido hechos atroces de violencia. Meses atrás, por ejemplo, un video que circuló en las redes mostró el fusilamiento de diez personas que fueron sacadas a la fuerza de un velorio. Según las versiones oficiales y no oficiales, las llevadas a un paredón y ahí las ejecutaron. Sobre este hecho se afirma que la escena del crimen fue alterada por los autores: levantaron los cuerpos y con detergente limpiaron la sangre derramada en el lugar.

Este evento no es nada extraordinario con respecto a otros asuntos sañosos ocurridos en Michoacán. Es una de las entidades más violentas del país. Lo que llama la atención es la falta de inteligencia del Estado para saber dónde están los cuerpos de las víctimas presuntamente fusiladas por los sicarios del crimen organizado.

Sobre este hecho, el presidente López Obrador fue criticado en una de sus conferencias mañaneras donde habló del caso y se mostró desinformado: planteó preguntas, dudas y no respondió con elementos fehacientes para explicar qué fue lo que pasó aquel día y por qué esas personas fueron ejecutadas en un paredón. Con base en los detalles de los hechos, se trató de un fusilamiento.

Otro aspecto que ejemplifica la descomposición de ese estado es que las policías a nivel de los municipios están totalmente corrompidas y al servicio de los cárteles: son sus brazos armados para secuestrar y asesinar. Son un cártel más, pues. Desde hace más de dos décadas no hay una reforma para sanear y profesionalizar las tareas de los policías en los más de dos mil ayuntamientos del país.

A nivel municipal, los policías son sicarios del crimen y muchos comandantes operan, a su vez, como cabecillas de los cárteles. Son jefes de plazas y, a la sazón, “guardianes” del orden.

EL DIAGNÓSTICO DEL HORROR

El estado de Michoacán está convertido en un territorio de muerte. Seis cárteles del narcotráfico, fuertemente armados, azotan a la entidad; provocan el desplazamiento de familias completas en municipios como Aguililla y Tepalcatepec, territorios que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, pretende ocupar a la fuerza y con las armas por delante. Ante ello, ninguna autoridad funciona para frenar al crimen.

El cártel de Jalisco, el más poderoso de América Latina, comenzó a sembrar terror en Michoacán hace cinco meses. Desde entonces la guerra con otros grupos criminales se intensificó. Los cárteles “La Familia Michoacana”, “Los Viagras”, “Los Caballeros Templarios”, Sinaloa, Golfo y Los hermanos Valencia Cornelio, apoyados por algunas autodefensas, también le declararon la guerra al “Mencho”.

Cabe recordar que Nemesio Oseguera irrumpió en el territorio donde nació –Aguililla– a punta de balazos; el cártel de Jalisco introdujo carros tanque, vehículos artillados, más de cien hombres armados que, desafiantes, dijeron estar dispuestos a enfrentarse con cualquier autoridad, incluidos los militares, que no han podido frenar esa maquinaria criminal.

Al notar la elevada tensión en el municipio michoacano, cientos de familias decidieron desplazarse. Abandonaron sus casas, predios, ranchos y sembradíos. Se refugiaron en zonas más o menos seguras, pero se dieron cuenta que ningún territorio está libre de violencia.

Las autoridades de Aguililla solicitaron la intervención de las autoridades federales. Arribaron al lugar efectivos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, pero de nada sirvió. No pudieron controlar la crisis. La razón: que no tienen autorizado utilizar la fuerza. “Así de nada sirve que vengan”, dijo uno de los pobladores amenazados de muerte.

La Iglesia Católica hizo lo propio. Acudieron obispos y curas a pedir paz a los criminales. Mientras estuvieron presentes en el municipio hubo tranquilidad, aunque el miedo prevaleció. Cuando se retiraron volvió la violencia. Recientemente, el gobierno rescató el territorio, lo que fue considerado como un triunfo, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

La misma situación se vive en el municipio de Tepalcatepec, tomado por el cártel de Jalisco, que se ha convertido en el azote de Michoacán. La guerra no cesa a pesar del clamor de la gente que le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno le devuelva la tranquilidad al estado. El mandatario sigue sin cumplir su promesa de campaña.

Y es que el crimen organizado ha impuesto su ley en la entidad. Las autoridades civiles –gobierno estatal y alcaldes– prácticamente están rebasadas por la violencia criminal. El crimen impone, incluso, los días y horarios en que los jornaleros deben trabajar. Si lo hacen en días no permitidos les decomisan sus mercancías, lo que les ocasiona pérdidas cuantiosas.

Los productores de aguacate enfrentan el mismo drama. Tienen que pagarle piso al crimen: las cuotas son elevadas cuotas, según las hectáreas que dispongan, es el monto a cubrir. De negarse al pago, les decomisan el producto y los dejan sin obtener ingresos. Actualmente el aguacate michoacano es de los más cotizados. Se exporta a Estados Unidos, Europa y Asía, donde alcanza precios hasta de tres euros por pieza.

Es el llamado “oro verde”, la fruta que se ha convertido en el bien y el mal en Michoacán, entidad que hoy enfrenta un vacío legal y político que ninguna autoridad ha podido resolver.

LA HERENCIA MALDITA DE AUREOLES

El cierre del sexenio de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, fue caótico: la entidad estaba y sigue atenazada por seis cárteles del narcotráfico que se disputan el territorio, desatan balaceras, persiguen a sus rivales, desplazan a los habitantes de decenas de municipios, causando terror y zozobra por todas partes.

Cuando terminó el gobierno de Aureoles fue relevado por Alfredo Ramírez Bedolla, quien desde que ganó la elección fue acusado tanto en México como en Estados Unidos de haber recibido apoyo del crimen organizado. Por ello hoy paga las facturas con impunidad.

Lo anterior forma parte de las denuncias que el exgobernador Silvano Aureoles presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a donde acudió acompañado de los dirigentes del PAN, PRI y PRD. Hasta la fecha ninguna investigación se ha realizado al respecto.

Según dichas acusaciones, el crimen organizado apoyó a MORENA y a sus candidatos para que ganaran las elecciones. En el caso de Michoacán, dijeron, el narco dispuso de recursos, personal armado y una amplia logística para operar la elección.

Pese a la multiplicada presencia de la Guardia Nacional, en Michoacán sigue la guerra criminal. La paz social se ha vuelto una quimera. Todos los municipios están controlados por los grupos criminales y tienen la capacidad para matar, desaparecer, desplazar a grupos sociales. Los cárteles lo dominan todo y con total impunidad operan Los Viagras, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y Los Correa, un cártel que recientemente salió a la palestra criminal y que también es generador de terror y muerte.

Silvano Aureoles dejó un estado plagado de violencia, con seis cárteles en operación y con un elevado nivel de criminalidad. Tan sólo en el 2020, la entidad registró más de 2,600 asesinatos, todos ellos, producto de los enfrentamientos entre los cárteles de la droga, según reconocen las propias autoridades estatales.

La inseguridad se salió de control en 2006, cuando los cárteles de La Familia Michoacana, Los Zetas y los hermanos Valencia Cornelio se enfrentaron por el control del estado.

A pesar de que en ese año el entonces presidente Felipe Calderón arrancó su guerra contra el narcotráfico en esa entidad, con la puesta en marcha de los Operativos Conjuntos, el crimen organizado no pudo ser abatido, por el contrario, se fortaleció a grado tal que la violencia se agudizó como no se había visto en años anteriores.

Los niveles de violencia comenzaron a escalar sin que hubiera contención policiaca ni militar. Un ejemplo de esta batalla sin tregua fue el hallazgo de varias narcomantas que puso en evidencia el grado de normalización de la violencia. El mensaje atizaba la guerra:

“Gente bonita, siga con su rutina, has patria y mata a un Viagra”.

El grupo criminal “Los Viagras” es uno de los protagonistas de la guerra entre cárteles en Michoacán; de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, este cártel es uno de los más importantes productores de metanfetaminas que se distribuye en California. También se le adjudican otras operaciones delictivas como las extorsiones a productores de aguacate y empresarios de la entidad.

Michoacán y su principal puerto marítimo –Lázaro Cárdenas– es un punto estratégico para el crimen organizado; por esa entidad arriban los cargamentos que provienen de Sudamérica. Es una ruta tan socorrida como la del Caribe. La droga arriba por la zona conocida como Coahuayana, región bañada por las aguas del Pacífico. Por ahí llegan los cargamentos en barcos, lanchas –los pescadores también la pescan flotando en el mar– o bien es transportada en submarinos, los llamados sumergibles, aparatos que, repletos de drogas, provienen de Colombia o Venezuela y arriban a las costas michoacanas.

La ruta que sigue la droga –cocaína, precursores químicos e incluso heroína– es el estado de Guerrero, centro turístico internacional; luego se lleva al norte del país y cruza la frontera para llegar a Estados Unidos, el voraz mercado de consumo. Otra parte se dirige hacia el sur: Morelos y la ciudad de México, otro centro de alto consumo protegido por las autoridades.

De acuerdo con informes oficiales, en Michoacán están afincados seis cárteles, pero otros expedientes consultados dan cuenta de varios grupos criminales o ramificaciones extremadamente violentas, como La Familia Michoacana, “El grupo Ceniza”, “El grupo Gallito”, “El grupo de El Metro”, “El grupo del Brazo de Oro”, “Los Viagras” y “El Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Todos florecieron durante el gobierno de Silvano Aureoles y siguen en jauja ahora con el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Con el paso de los años, el narcotráfico ha cambiado su dinámica en el estado. Luego de la desarticulación, en 2014, del cártel de “Los Caballeros Templarios”, que tenían el poder hegemónico en la región –este grupo se debilitó debido a la captura y abatimiento de algunas de sus piezas importantes –el crimen organizado se partió y esto dio origen al surgimiento de unidades delictivas más pequeñas, pero no menos violentas, que operan en ese territorio y se han aliado a otras organizaciones criminales.

Según reportes policiacos consultados, desde hace varios meses en Michoacán se desató una batalla campal por el control del territorio y el boyante mercado de las drogas.

En este escenario, el cártel de “Los Viagras” le declaró la guerra al Cártel de Jalisco. Decididos a no dejar el estado en poder de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, los hermanos Sierra Santa –fundadores del grupo criminal «Los Viagras”– unieron a los cárteles más pequeños que controlaban algunos territorios michoacanos, aun cuando fueran enemigos, para confrontarlos con Oseguera.

La guerra dejó un saldo sangriento. Y es que el Cártel de Jalisco es la organización criminal más peligrosa y la que más ha crecido en los últimos catorce años, tanto, que en los más recientes informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos –la DEA – el cártel que comanda “El Mencho” aparece como el más hegemónico en 22 entidades del país y su expansión continúa imparable.

Con los más recientes enfrentamientos ocurridos en las demarcaciones de Buena Vista y Apatzingán, donde las balaceras duraron hasta seis horas –atacaron iglesias, utilizaron explosivos y los pobladores tuvieron que abandonar sus casas por temor a morir– Los Sierra Santa y “El Mencho” no bajaron las armas, por el contrario, continuaron su guerra sembrado terror y muerte en la entidad que gobierna Silvano Aureoles.

Estos enfrentamientos generaron escenas de horror, como ocurrió con las decenas de cuerpos que fueron colgados en el municipio de Uruapan. Se afirma que los torturados para interrogarlos. Luego los rafaguearon y después los colgaron, patética la escena.

La batalla entre cárteles no ha tenido tregua en Michoacán. De 2011 hasta 2014 el cártel de Los Caballeros Templarios mantenía el control del mercado de las drogas en la entidad.

“El Chayo” –así le apodaban a Nazario Moreno, el líder y fundador de esa organización delictiva, quien fue ejecutado– sembró terror y su poder delincuencial se extendió por todo el estado.

La hegemonía que ejerce en el estado el cártel de Jalisco quedó en evidencia, una vez más, en un video difundido en redes sociales por los publirrelacionistas del ese cártel.

Habla “El Mencho” (Nemesio Oseguera, el líder):

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es contra “El Abuelo”, May Parra y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”.

“El Abuelo” al que se refiere “El Mencho”, se llama Juan Farías Álvarez y lidera una autodefensa. En originario de Tepalcatepec y en alguna etapa fue relacionado con el Cártel de Jalisco.

Según los reportes policiacos, Farías habría permitido que el cártel de Jalisco penetrara en la demarcación de Los Reyes. Antes había representado a otro grupo criminal –“Los Jaliscos”–, donde fue uno de los más importantes operadores.

De ser socios, “El Abuelo” y “El Mencho” terminaron divididos por el odio. La ruptura ocurrió tras el intento de asesinato de un presunto narco con el que Farías tenía una alianza. Su nombre: Miguel Ángel Gallegos Godoy. Por ello, “El Abuelo” bloqueó los accesos a Tepalcatepec y les clausuró a sus exsocios de Jalisco la entrada a Apatzingán, Buenavista y otros territorios. Desde entonces la guerra no tiene tregua.

Farías ha sido detenido en varias ocasiones por el Ejército, por presuntas ligas con el tráfico de drogas, pero todas las ha librado, según los argumentos oficiales, por falta de pruebas.

El problema en Michoacán se agrava debido a que ninguna autoridad impone orden. Ni Ejército, Marina ni la Guardia Nacional pueden usar la fuerza. Esa es la orden del presidente. Mientras tanto, el crimen asesina, desaparece y causa terror entre la población sin que nadie meta las manos. Actualmente, las cosas están peor en Michoacán, pues el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es acusado por algunos representantes de la iglesia católica, entre ellos el sacerdote Gregorio López, “El Padre Goyo”, de ser el principal capo del estado.

Y ese presunto vínculo, dice el cura, explica “todo el desmadre que priva en el estado”.

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