InicioPortadaNacionalCABEZA DE VACA: EL NARCOGOBERNADOR

CABEZA DE VACA: EL NARCOGOBERNADOR

Ricardo Ravelo/La Opinión de México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició aproximadamente en 2018 una investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Se le acusa de haber recibido dinero del Cártel de Los Zetas, el grupo criminal que también financió las campañas políticas de Tomás Yarrington Ruvalcaba, preso en Estados Unidos tras su detención en Florencia y la extradición de Italia; y Eugenio Hernández Flores, recluido en el Estado de México, aún en proceso de extradición a Estados Unidos. 

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos inusuales en las cuentas de Cabeza de Vaca: sumas multimillonarias presuntamente desviadas del gobierno estatal, que beneficiaron a empresas fantasmas creadas por el mandatario, según la acusación, para apropiarse del dinero público.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados abrir un juicio de procedencia en contra de Cabeza de Vaca, con el fin de quitarle el fuero y poder llevarlo a juicio por delitos de corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

El voluminoso expediente que integró la FGR da cuenta de las maniobras criminales del mandatario tamaulipeco, impulsado políticamente desde el gobierno de Vicente Fox a través de los hermanos Bribiesca, de infausta memoria, con quienes Cabeza de Vaca hizo negocios al amparo del poder. Más tarde Felipe Calderón Hinojosa lo protegió e incluso quiso hacerlo gobernador durante su sexenio. Pero Eugenio Hernández, entonces mandatario de Tamaulipas, lo impidió.

Esta confrontación explicaría por qué Cabeza de Vaca encarceló a Hernández, acusado de fraude por un terreno propiedad del gobierno de Tamaulipas, ubicado cerca del puerto de Altamira, que Hernández compró abaratando el costo.

Solicitado por Estados Unidos bajo la acusación de lavado de dinero por unos 30 millones de dólares, Eugenio Hernández no ha podido comprobar el origen que él aduce se trata de dinero obtenido a través de sus negocios relacionados con los bienes raíces. Las autoridades norteamericanas afirman que los recursos provienen de la protección que el entonces mandatario otorgó al crimen organizado.

Pero Cabeza de Vaca también tiene amplia historia, lo mismo ligada con negocios sucios que con el hampa. En 2009, el entorno del exalcalde de la ciudad de Reynosa ya estaba plagado de sospechas por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

En ese tiempo se le relacionó con negocios realizados junto a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún, la exjefa de prensa de Vicente Fox que después terminó siendo su cónyuge en 2001, tan pronto el guanajuatense asumió la presidencia de la República.

En diciembre de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dio a conocer el resultado de una encuesta entre sus militantes para definir al candidato a la gubernatura de Tamaulipas. En ese tiempo, Cabeza de Vaca competía con José Julián Sacramento, Ramón Antonio Sampoyo, José Ángel Sierra y Luis Alonso Mejía, pero Cabeza de Vaca llevaba la delantera, pues violando las reglas había empezado su campaña para la gubernatura tres años antes. Y luego se metió fuerte en el ánimo del entonces presidente Felipe Calderón, tras haber operado como enlace entre 430 alcaldes durante la campaña presidencial de 2006.

Los antecedentes de Cabeza de Vaca dan cuenta de una larga estela de escándalos desde 1986. Según informes obtenidos en los archivos de la policía del condado de McAllen, Texas, el entonces alcalde de Reynosa estuvo detenido bajo la acusación de robo de armamento.

Los hechos están asentados en el expediente criminal 03645237 de ese Estado. El caso fue registrado en la oficina del sheriff de McAllen con el número 86/4632 y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tomó nota del mismo y lo registró con el número 76915EA9.

El expediente citado señala que a las 19:10 horas del 9 de febrero de 1986 “el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca –número de detenido 33696– y otros tres sujetos despojaron a dos personas –Emilio Rodríguez y Diana Ramírez– de diversas armas que transportaban en un vehículo. El atraco ocurrió en un estacionamiento de los cinemas gemelos Plitt, en la calle 10 norte de la ciudad de McAllen, Texas”.

Como consecuencia del robo, Cabeza de Vaca fue detenido el 2 de septiembre de ese mismo año y procesado penalmente junto con sus cómplices: Alfredo Cerda Ramos, El Paya, ejecutado presuntamente por el crimen organizado el 9 de octubre de 1998; Antonio Barba Villanueva, El Toño Barba, asesinado el 20 de agosto de 1999; y Alberto Gómez, La Chona, quien fue acribillado en el año 2000.

Desde entonces, Francisco Javier García Cabeza de Vaca estaba relacionado con los hermanos Manuel, Fernando y Jorge Bribiesca Sahagún, con quienes se asoció e hizo multimillonarios operaciones. El exalcalde de Reynosa negó haber hecho negocios con ellos, pero aceptó que tenía una excelente relación con los hijos de la exprimera dama Martha Sahagún:

“Si, son mis amigos y me llevo muy bien con ellos, no lo voy a negar, pero con ellos sólo me une una amistad”.

Sin embargo, los hermanos Bribiesca lo acompañaron en su toma de posesión como alcalde de Reynosa, el 1º de enero de 2005. Además, Ismael García, hermano del actual gobernador, ya estaba asociado con Sergio Amaury Flores Pérez, uno de los amigos más entrañables de Manuel Bribiesca.

Muchos hechos en torno a Cabeza de Vaca alcanzaron niveles de escándalo, sobre todo porque en ese tiempo Felipe Calderón –quien le había declarado la guerra al narcotráfico–había hecho un fuerte llamado a su partido, el PAN, para que no permitieran la infiltración del crimen organizado entre sus candidatos a puestos de elección popular. Pero Cabeza de Vaca ya estaba adentro y nadie frenó sus ambiciones políticas.

Las palabras de Calderón, pronunciadas el 17 de septiembre de 2008, se perdieron en el vacío: “Esas plagas sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales”. Y agregó: “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político nacional”.

Pero el señor de la “guerra fallida” contra el narcotráfico no se dio cuenta –al igual que tampoco “se enteró” de los vínculos de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa– que Cabeza de Vaca ya estaba relacionado con el crimen organizado.

En su etapa como alcalde de Reynosa, Cabeza de Vaca ya era señalado de tener vínculos con el narcotráfico. El 3 de enero de 2005, por ejemplo, el cadáver de su jefe de escoltas –René Izaguirre– apareció en la autopista que va a la ciudad de Monterrey. Había desaparecido desde el 31 de diciembre de 2004.

Izaguirre tenía historia: había trabajado varios años a las órdenes de su cuñado Guillermo González Calderoni, el célebre policía del sexenio de Carlos Salinas ligado con los capos de la droga y que fue asesinado en McAllen, Texas, el 5 de febrero de 2003.

Días antes de que lo asesinaran, Izaguirre había anunciado que sería Coordinador de Seguridad Pública municipal. Todo indica que su posible arribo a ese cargo no cayó nada bien en el Cártel del Golfo, a cuyos miembros le atribuyeron el asesinato de este personaje.

Durante el tiempo que estuvo ligado a García Cabeza de Vaca, Izaguirre ya había recibido varias amenazas y mensajes del narcotráfico que subestimó. Por ejemplo, Raúl Guerra –su cuñado– había sido ejecutado. Otro cuñado, Jorge Guerra, huyó luego de que su casa fuera cateada por militares que lo investigaban por traficar con drogas en vehículos a los que les colocaba logotipos de la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Una ficha elaborada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) consignó un dato relevante:

“Se informa que a René Izaguirre lo levantaron tres o cuatro días después de que Cabeza de Vaca se reunió en el Embassy Suite de McAllen, Texas, con dos sujetos que manejaban las finanzas de narcos en Reynosa”.

“El hecho parece ser producto de una promesa incumplida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de que sería determinada banda delictiva (presuntamente el Cártel del Golfo) la que nombraría al subdirector de la Policía Municipal de Reynosa y no la administración municipal, compromiso que supuestamente fue adquirido en reciprocidad a las grandes cantidades de dinero del narcotráfico que financiaron la campaña del actual edil”.

Y es que las presuntas relaciones de García Cabeza de Vaca con el narcotráfico eran evidentes. En 2005, el ayuntamiento que él encabezaba otorgó un permiso para que el capo Osiel Cárdenas Guillén –preso en ese momento en el penal de La Palma, después de haber sido detenido en 2003– pudiera festejar el Día del Niño a unos 20 mil infantes en el parque de Béisbol “Adolfo López Mateos”. En esa celebración se repartieron 20 mil juguetes, 150 bicicletas y cientos de tarjetas firmadas por Cárdenas Guillén en las que resaltaba la frase: “El estudio es la clave del éxito”.

El hecho trascendió y alcanzó niveles de escándalo, tanto, que la entonces Procuraduría General de la República citó a declarar a varios funcionarios del ayuntamiento de Reynosa. Cabeza de Vaca dio la cara e hizo frente al desgarriate. El cinismo en sus palabras: “Nosotros otorgamos un permiso, pero no sabíamos quién o quiénes eran los organizadores”.

Sin embargo, una semana antes del evento organizado por Osiel Cárdenas, el ayuntamiento presidido por Cabeza de Vaca había negado un permiso a Radio GAPE para festejar el Día de las Madres, evento que organizaba regularmente desde hacía tres lustros.

La PGR inició las investigaciones contra personal del ayuntamiento de Reynosa y se incluyó a María del Carmen Rojas Bernal, quien días previos al festejo del Día del Niño había sido nombrada directora de Seguridad Pública municipal.

Otro de los hombres de mayor confianza de Cabeza de Vaca –Alfredo Leal Guerra, exsubdirector Operativo de Seguridad Pública– fue detenido el 12 de agosto de 2006 en San Antonio, Texas, con 25 kilos de cocaína. En el momento de su arresto, Leal García formaba parte del equipo de seguridad privada del ya diputado local García Cabeza de Vaca.

La detención de Leal ocurrió aparentemente de manera fortuita: agentes Especiales Antidrogas revisaron el vehículo del funcionario. Según el reporte, en el interior del Ford Expedition negro del escolta, los policías hallaron “un saco grande de plástico” en el que estaba oculta la droga, valuada en unos 400 mil dólares.

Tras la captura de Leal, García Cabeza de Vaca se volvió a deslindar: negó tener vínculos con el traficante de cocaína: “No forma parte de mi escolta”, dijo reiteradamente el entonces precandidato panista al gobierno de Tamaulipas. Sin embargo, el 5 de julio de 2009 varios medios de comunicación tamaulipecos publicaron fotografías en las que ambos aparecían en abierta plática.

Además del narcotráfico, otro de los antecedentes perturbadores que marcaron la historia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca nos conduce más atrás: hacia el 2000, presuntamente en complicidad con los hermanos Bribiesca Sahagún, ligado al contrabando y a la extorsión de importadores textiles. Cabeza de Vaca fungía como diputado federal, según denunció María Leticia Ramos Esparza, militante del Partido Verde Ecologista de México y exrepresentante de una agencia aduanal, quien fue encarcelada por presuntos actos de extorsión.

Fechada en 2002, una carta de Ramos Esparza da cuenta de cómo Cabeza de Vaca se enredó en la extorsión de empresarios importadores:

“En 2002, fui notificada por la Secretaría de Hacienda de que unas chamarras de mujer que importó una agencia aduanal de la localidad habían sido clasificadas incorrectamente. En mi calidad de representante de dicha agencia aduanal traté de encontrar una solución justa, a través del diputado federal Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, quien entonces era integrante de la Comisión de Hacienda y Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.

Sigue la carta: “Me fui a México y durante la plática que sostuve con él me preguntó, entre otras cosas, quiénes eran los importadores de productos imperecederos que utilizaban la aduana de Reynosa. Le comenté quiénes eran los principales importadores y luego me preguntó cuántas operaciones se hacían semanalmente, a lo que le contesté que 500”.

A partir de entonces, dijo Ramos Esparza, el entonces diputado García Cabeza de Vaca cobró cuotas a todos los importadores. Quienes no accedieron a la extorsión fueron bloqueados.

Víctima de su miedo a ser descubierta, en la soledad de una celda del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Reynosa, María Leticia Ramos Esparza reflexiona y se arrepiente de haberle dado a Cabeza de Vaca información de buena fe.

En otro tramo de su carta, María Leticia escribió: “Y desde aquí te hablo a ti, Francisco Javier, para que desde donde andes gozando de una inmerecida libertad, me desmientas. Pero además te pregunto de qué vas a vivir, si de lo que vives es de las cuotas que impusiste a todos los importadores de perecederos, textiles y licores…”.

Entre 2002 y 2005, en su relación con los hermanos Bribiesca Sahagún, se conoció entre negocios de la obtención de concesiones de radio. El enlace, según los datos de esa historia, fue Amaury Flores Pérez, quien fue subdirector de tránsito municipal en el ayuntamiento de Reynosa.

Flores Pérez estudió con Manuel Bribiesca en Celaya, Guanajuato, donde entablaron una estrecha amistad. Flores Pérez entonces vivía una temporada en Guanajuato y otra en Río Bravo, Tamaulipas. Pronto, el trío conformado por García Cabeza de Vaca, Flores Pérez y Manuel Bribiesca enfocaron sus esfuerzos y aprovecharon sus influencias políticas para concretar diversos negocios.

Con el respaldo de los Bribiesca, Cabeza de Vaca creó las empresas Compañía Difusora del Noroeste de México y Corporativo Radio del Norte –donde aparece como socio Ismael, hermano de Francisco Javier–, cuyo objeto social era, desde entonces, obtener concesiones de radio y televisión, estaciones terrenas de satélites nacionales e internacionales, así como la realización de investigaciones publicitarias, socioeconómicas y de mercadotecnia, entre otros fines.

A ellos se les unieron dos de los más cercanos colaboradores de García Cabeza de Vaca cuando fue alcalde de Reynosa: Miguel Ángel Villarreal Ongay (secretario técnico) y Horacio Ortiz Renán (secretario del ayuntamiento).

Villarreal Ongay se convirtió en socio del corporativo Radio del Norte, según el acta constitutiva formulada por la notaria pública 147 de Reynosa, Emma Alicia Treviño Serna, el 24 de octubre de 2005 (acta 3393, volumen CXXll). En tanto, Ortiz Renán apareció como socio de la Compañía Difusora del Noroeste, según el acta constitutiva 274 de Reynosa, Tamaulipas.

Por si fuera poco, Manuel Gómez Reséndez y Manuel Gómez García, suegro y cuñado de García Cabeza de Vaca, respectivamente, fueron investigados por la PGR desde aquella época, por el presunto robo de combustibles en perjuicio de PEMEX, según consta en la averiguación PGR/TAMPS/rey-1/519/05.

En dicha investigación se asienta que la empresa Intertransport Inc., S.A. de C.V. “almacenaba un combustible que emana de los pozos de gas natural que perfora PEMEX y es traficado en el mercado negro por su bajo costo”.

Y es que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sabido combinar bien los negocios con la política: desde 2002 se le atribuyen diversas empresas que utiliza para obtener contratos de obra pública, en presunta sociedad con los hermanos Bribiesca y familiares suyos.

Desde hace casi veinte años se le relaciona con las empresas Grupo Inmobiliario Cava, S.A. de C.V., cuya representante es la señora María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, su madre, y con Sierra Gorda Construcciones, S.A de C.V., cuyo operador es Salvador González, quien fue proveedor del ayuntamiento de Reynosa cuando Cabeza de Vaca fungió como alcalde de esa ciudad fronteriza.

POLÍTICA, NEGOCIOS Y NARCO

De acuerdo con las investigaciones, el mandatario tamaulipeco ha adquirido unas cien propiedades dentro y fuera de México: departamentos de lujo, residencias, ranchos, entre otras, que por mucho rebasan el monto de sus ingresos como servidor público.

Además, formó parte de los senadores panistas que recibieron sobornos por parte de Emilio Lozoya, director de PEMEX durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para aprobar la Reforma Energética que permitió a su gobierno entregar los intereses petroleros a las empresas internacionales.

Las investigaciones contra Cabeza de Vaca se comenzaron a realizar, tanto en Estados Unidos como en México, con datos y evidencias hasta conformar dos voluminosos expedientes sobre las aportaciones de dinero que –se asegura–hizo el Cártel de Los Zetas para financiar su campaña y la de su hermano Ismael García.

Su caso rememora las acciones criminales de los dos exgobernadores tamaulipecos antes mencionados: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores.

Impulsado por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca construyó en pocos años una carrera política meteórica: alcalde de Reynosa, diputado federal y local, senador de la República y gobernador de Estado. Hizo negocios con los hijos de Martha Sahagún –señalados por utilizar el tráfico de influencias para beneficiarse económicamente– a pesar de que aquellos fueron conocidos por actos de corrupción y de usar el poder político para enriquecerse.

Los reflectores se encendieron en contra de Cabeza de Vaca cuando Raúl Eduardo Monge Castillo –titular de la Comisión del Agua en Tampico y funcionario de finanzas del gobierno tamaulipeco– fue secuestrado presuntamente por Los Zetas durante 41 días.

En su cautiverio fue obligado a declarar la relación de García Cabeza de Vaca con el narcotráfico. Sus secuestradores encendieron una cámara y le exigieron a golpes que dijera la verdad. Ahí no tuvo más opción que contar la historia que sabía. Fue grabada y después difundida en medios de comunicación y redes sociales.

Dijo que el actual gobernador de Tamaulipas se relacionó con el narcotráfico desde hace varios años y relató que cuando fue lanzado por el PAN como candidato recibió de Los Zetas dos millones de dólares. No fue todo: su hermano Ismael García –dijo– también recibió dinero del crimen. Según expuso, le dieron un millón de dólares. Los recursos fueron utilizados para sus respectivas promociones políticas.

A raíz de estos hechos ocurridos en 2018, en Estados Unidos, donde Cabeza de Vaca tiene una historia plagada de claroscuros, el FBI y la DEA abrieron amplios expedientes para investigar los vínculos del mandatario tamaulipeco con el narcotráfico.

Cuarenta y un días después de su secuestro Monge Castillo apareció en el municipio de Ozuluama, en Veracruz. Dijo que fue obligado a declarar porque estaba siendo golpeado por el grupo criminal que lo plagió. El contenido del video, sin embargo, nunca fue desmentido y sirvió como prueba para que las autoridades de Estados Unidos fincaran cargos por delincuencia organizada.

En México también se integró una investigación y está a cargo de la FGR. La acusación la presentó el 29 de junio de 2020 Alejandro Rojas Díaz Durán. El ex candidato a la dirigencia nacional de MORENA acusa a Francisco García Cabeza de Vaca de encabezar en Tamaulipas lo que él llama un narco-Estado.

En su relatoría, señala que Cabeza de Vaca está vinculado con el lavado de dinero y el negocio del “huachicoleo”. Agrega que a través de familiares consanguíneos y políticos ha construido una amplia red de negocios: compra de inmuebles, ranchos y empresas fachada. Expone también que, según sus cálculos, el gobernador ha amasado una fortuna de más de 3 mil millones de pesos que están siendo lavados a través de esos negocios familiares.

Detalla el denunciante: “El gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narco-Estado”, y explicó que él investigó al actual mandatario durante año y medio; asegura que recopiló pruebas, evidencias y testimonios que confirman la presunción de que el gobernador está vinculado con el crimen organizado.

Señaló que desde que fue alcalde de la ciudad de Reynosa, entre 2005 y 2007, Cabeza de Vaca construyó un Cártel que tuvo la protección de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Abundante en detalles, su amplia explicación aporta otra prueba de que Cabeza de Vaca está vinculado al crimen: la operación del grupo de élite policial denominado CAIET –Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas–; pues en realidad, dice, este grupo está integrado por exsicarios del Cártel del Golfo.

En su denuncia, que integra una carpeta de investigación formal en la Fiscalía General de la República (FGR), Díaz Durán apuntó más allá del propio Cabeza de Vaca: enfocó los reflectores hacia el expresidente Felipe Calderón –bajo sospecha tras la captura de Genero García Luna en Estados Unidos– porque Roberto Gil Zuarth, entonces secretario particular del expresidente, operó como vínculo y contacto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para enlazarlo con Genaro García Luna, acusado de ser el protector del Cártel de Sinaloa.

El FBI y la DEA dieron cuenta de una reunión entre Cabeza de Vaca y García Luna en la que, de acuerdo con esos informes, aparece El Chapo cuando era el jefe de esa organización criminal. Según el documento, el encuentro se efectuó en 2015, aunque se infiere que los vínculos se establecieron desde 2012.

Díaz Durán también expuso en su denuncia ante la FGR que tanto el suegro como el cuñado de Gil Zuarth –ambos de nombre William Knigth– habrían encubierto desde el poder político las actividades criminales de Cabeza de Vaca. Entre otras, la protección al narcotráfico, el Huachicol y el tráfico de armas.

Toda esta madeja de vínculos y conexiones parece la misma película –o un capítulo más que ahora implica al gobernador panista de Tamaulipas– rodada en esa entidad durante los gobiernos de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández.

En el gobierno del primero, según las investigaciones, se dio protección al Cártel del Golfo y al capo Juan García Ábrego, a quien también vincularon con Raúl Salinas de Gortari.

En el gobierno de Yarrington se construyó una empresa criminal. El entonces gobernador recibió millones de dólares de Los Zetas y del Cártel del Golfo y, a cambio, les concedió el territorio y la protección policíaca. Yarrington amasó una fortuna descomunal que ocultó a través de testaferros hasta la fecha impunes.

Y durante el mandato de Eugenio Hernández se dispuso que el narcotráfico tuviera representación en el gobierno del Estado. Para ello, crearon un cargo en la Secretaría de Gobierno, cuya finalidad era estar en comunicación con los cárteles para las operaciones de narcotráfico, secuestros, asesinatos, levantones y otras actividades. Cuando no convenía que un comandante se quedara en la plaza simplemente lo removían o, en el peor de los casos, lo asesinaban.

La situación de inseguridad en Tamaulipas da cuenta que no se atiende el problema desde el gobierno del Estado. La policía, una de las más corruptas, sirve al crimen. Y todo parece estar descompuesto cuando la cabeza de gobierno tiene relaciones con los grupos del crimen, como parece ser el caso de Cabeza de Vaca.

Incluso la policía estatal ha incurrido en ejecuciones extrajudiciales hasta la fecha impunes. El Cártel del Noreste se mueve en el Estado con absoluta impunidad, lo mismo que el Cártel del Golfo.

Cabe recordar que cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba negociando con el crimen –lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó tajantemente– el primero que salió a proponer la negociación con el narco como instrumento frente al problema de la violencia fue, precisamente, el gobernador de Tamaulipas que hoy está en la antesala del desafuero y el enjuiciamiento.

De acuerdo con las investigaciones de la UIF, Cabeza de Vaca benefició en cuatro años a varias empresas señaladas como “fantasmas”, cuyos propietarios son personas que han sido identificadas como sus testaferros.

Las compañías comenzaron a obtener utilidades millonarias desde 2017 a través de múltiples contratos de obra que no se realizaron y adjudicaciones directas que no se construyeron. Además, en la amplia lista de propiedades que adquirió el mandatario está una casa en la zona residencial Santa Fe de la Ciudad de México.

Según la UIF, en la solicitud de desafuero que interpuso la FGR contra el mandatario, las empresas Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A. de C.V. y Barca de Reynosa S.A. de C.V., propiedades de Baltazar Higinio Reséndez Cantú y T Seis Doce S.A. de C.V., cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, sirvieron “para la organización criminal liderada por el gobernador Cabeza de Vaca para echar a andar un esquema de lavado de dinero”.

De acuerdo con las declaraciones anuales de la firma de Baltazar Reséndez Cantú, en 2014 tuvo ingresos por 28 millones 616 mil pesos; en 2015 por cero pesos y en 2016, por 25 millones 869 mil pesos.

En el primer año de gobierno de García Cabeza de Vaca, 2017, llegó a 95 millones 950 mil pesos; en 2018 continuó ascendiendo hasta 136 millones 660 mil pesos y en 2019 se embolsó 309 millones 570 mil pesos. Esto implicó que durante el mandato del político panista dicha empresa vio crecer sus ganancias hasta en un 128 por ciento.

La otra empresa de Reséndez Cantú –Barca de Reynosa, donde presuntamente tiene intereses del mandatario tamaulipeco– ganó una licitación por 5 millones 948 mil pesos para la pavimentación de dos calles. Y en el caso de T Seis Doce, la policía ministerial realizó una investigación de campo para confirmar la dirección fiscal de la empresa. El resultado fue sorprendente: la dirección que dio la empresa –Camino a Huixquilucan 16, C.P. 05100– en realidad es un taller mecánico, por lo que se informó a la autoridad hacendaria que la firma es fantasma. La empresa de Juan Francisco Tamez Arellano declaró entre los años 2014 a 2019 “en ceros” sus ejercicios fiscales ante el SAT.

Las investigaciones de la UIF y de la FGR indican que, en diciembre de 2013, cuando Cabeza de Vaca era senador de la República, compró junto con su esposa –Mariana Gómez Leal– el antes mencionado departamento en el complejo ubicado en Camino Alto Lerma en Santa Fe, cuyo costo fue de 14 millones de pesos.

Seis años después, el 17 de diciembre de 2019, lo vendió a T Seis Doce por un precio de 42 millones 113 mil pesos, que fue pagado en seis pagos entre junio y diciembre de ese año.

Lo que las autoridades detectaron es que la empresa depositó a García Cabeza de Vaca otros 33 millones 400 mil pesos que, según la UIF, pueden ser considerados como un conflicto de intereses no reportado porque su apoderado –Tamez Arellano– recibió 33 millones de pesos de Reséndez Cantú, quien a su vez funge como contratista del gobierno de Tamaulipas y declaró cero ingresos ante el SAT en los ejercicios 2014 y 2019.

En su acusación contra el mandatario tamaulipeco –cuyo proceso de desafuero empezó en la Cámara de Diputados en el mes de marzo de 2021– se registra que Cabeza de Vaca lideró una organización criminal junto con su familia y prestanombres, por lo que les fincó responsabilidades por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Pero aún con tanto, rechaza las acusaciones de la FGR y asegura que es víctima de una persecución política por parte del gobierno de López Obrador.

Sin embargo, la UIF ha hecho público algunos elementos incriminatorios. Por ejemplo, en el informe que presentó ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, donde se lleva el proceso de desafuero, declaró a Baltazar Higinio Reséndez Cantú como uno de los testaferros del gobernador de Tamaulipas.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR y de la UIF, Reséndez Cantú es la misma persona a través de la cual García Cabeza de Vaca adquirió el departamento de lujo en Santa Fe, en la Ciudad de México. El empresario también es investigado en Estados Unidos por la sospechosa actividad de lavado de dinero.

Según las acusaciones, es socio de la firma española “Acciona” que instaló y opera el parque eólico “El Cortijo” en Tamaulipas. Además, está relacionado con la empresa Odebrecht en escándalos de corrupción.

Las mismas investigaciones señalan que la empresa de Reséndiz Cantú recibió contratos del gobierno de Tamaulipas y realizó transferencias de fondos a uno de los prestanombres, que a su vez pagó el departamento de Santa Fe. No es todo: también le transfirió al gobernador panista de Tamaulipas 36.8 millones de pesos a su cuenta personal.

Por la factibilidad del parque eólico, la empresa española tramitó la instalación de una torre junto a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde el administrador es Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador. Gracias al estudio de la universidad, se abrió la licitación del parque y se sabe de la información obtenida que García Cabeza de Vaca –citado en el expediente como Francisco N.– adquirió la totalidad del ejido de La Reforma, según el señalamiento de la UIF.

El expediente integrado por la FGR contra García Cabeza de Vaca abarca asuntos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, negocios al amparo del poder y relaciones con el crimen organizado, particularmente con personajes ligados a los cárteles del Golfo y Los Zetas, dos de las organizaciones más poderosas que operan en Tamaulipas desde hace varias décadas.

Tras la solicitud de la FGR a la Cámara de Diputados para iniciar el juicio de procedencia para desaforar a Cabeza de Vaca, aparecieron nuevas revelaciones que relacionan al mandatario tamaulipeco con el narcotráfico desde 2004, cuando fungió como presidente municipal de la ciudad de Reynosa.

Uno de los testimonios que lo incriminan proviene de José Antonio Peña Argüelles –clave Ángeles– un importante testigo de cargo que, según se sabe, sirvió a las autoridades norteamericanas para hundir en la prisión a Tomás Yarrington Ruvalcaba.

De la misma forma en que declaró en contra de este y Eugenio Hernández, Peña Argüelles –empresario que se dedicaba a lavar dinero para el Cártel del Golfo y Los Zetas– dijo que desde 2004, cuando el PAN lanzó a Cabeza de Vaca como candidato a la alcaldía de Reynosa, recibió financiamiento de la organización criminal.

Peña Argüelles conoció como nadie los entretelones de los políticos tamaulipecos y el narcotráfico; declaró lo que sabía sobre los nexos de Yarrington pero también incriminó al sucesor de este, de quien dijo que cuando el PRI lo destapó como su candidato a la gubernatura fue presentado con los capos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, quienes le financiaron la campaña a cambio de que les entregaran el Estado para operar el tráfico de drogas a gran escala y así introducir drogas en Estados Unidos.

Según sus antecedentes, Peña Argüelles es un empresario ligado al lavado de dinero. Cuando fue amenazado de muerte se marchó a Estados Unidos y se entregó a las autoridades que lo perseguían. Luego se acogió al programa de testigos protegidos y tras colaborar con la justicia fue sentenciado a dos años y medio de prisión. No obstante, le acreditaron estar involucrado en el lavado de dinero y en el tráfico de drogas, por lo que pudo ser sentenciado, incluso, a veinte años. Pero gracias a sus delaciones le fue reducida la pena.

En enero de 2012, funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República acudieron a la Corte Federal del Distrito Oeste para que Peña Argüelles rindiera testimonio en contra del exgobernador Tomás Yarrington, investigado entonces por sus ligas con el crimen organizado.

Cuando lo empezaron a interrogar, el testigo Ángeles aceptó que él operaba como un enlace entre el entonces gobernador y el Cártel del Golfo. En esa declaración contó que en 2004 Yarrington lo citó en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La razón: le expuso que necesitaba dinero para apoyar a algunos candidatos de la oposición, entre ellos, a Francisco García Cabeza de Vaca.

El testigo narró que se trasladó a la ciudad de Reynosa, donde contactó a Héctor Sauceda, El Caris, jefe del Cártel del Golfo en esa plaza, para solicitarle una reunión y pedirle el dinero que necesitaba.

La reunión se celebró en un estacionamiento, según dijo el testigo; ahí le comentó lo que el gobernador Tomás Yarrington necesitaba, y que una vez que resultara ganador, el nuevo alcalde estaría a las órdenes de Yarrington para lo que se ofreciera en un futuro con los miembros del Cártel del Golfo.

Los pormenores de esta historia indican que El Caris trató el tema con su hermano, Gregorio Sauceda Gamboa, alto mando del Cártel del Golfo. Hacia la noche de ese mismo día, Peña Argüelles recibió una llamada en la que se confirmó que el Cártel del Golfo entregaría el dinero necesario para las campañas.

Según el relato del testigo, al día siguiente le entregaron una bolsa con 500 mil dólares. Peña Argüelles dijo, además, que Héctor Sauceda Gamboa le comentó que ese era el apoyo para el candidato Cabeza de Vaca por parte del Cártel del Golfo.

Y tan pronto tuvo el dinero en sus manos, Peña Argüelles hizo contacto con Cabeza de Vaca. Se reunieron, dijo, en el restaurante del hotel “Holliday Inn”, en Reynosa, donde asegura que le entregó la bolsa con los 500 mil dólares.

Aportó algunos detalles de esa reunión: expuso que Cabeza de Vaca arribó al lugar acompañado de su hermano José Manuel Cabeza de Vaca. Después que le entregó el dinero, Cabeza de Vaca le comentó que estaría a sus órdenes para lo que se le ofreciera.

Después de las elecciones y tras el triunfo electoral del PAN en Reynosa, Peña Argüelles y Cabeza de Vaca se hicieron amigos, según contó el testigo. El entonces alcalde panista lo visitaba en un rancho donde se encontraban para cazar venados cola blanca.

No sólo eso: después, Cabeza de Vaca devolvió el favor al Cártel del Golfo cuando le pasaron una lista de los policías y altos mandos que debía incorporar en el municipio, todos ellos afines a la organización criminal. Según Ángeles, cuando Cabeza de Vaca analizó la lista respondió que no había problemas, que ordenaría los cambios.

Y así lo hizo.

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