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CÁRTEL DE LA CHAROLA

*Comandantes y agentes federales ejecutores de sus mismos compañeros

*En la nómina de la PGR pero también del narco

*Exterminio de buenos y malos entre ellos mismos

*Más de 500 comandantes, agentes y MPF ejecutados en el sexenio de EZP

Redacción/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/Sol Chiapas/Sol Belice/La Opinión de Puebla/La Opinión de Tabasco

Ciudad de México.- Dentro de los cárteles de la droga que siguen operando impunemente en México, existía uno que guardaba especial importancia, pero que casi no fue mencionado. Se trata de “El Cártel de la Charola”, llamado así por los mismos policías.

Estuvo integrado por elementos federales que, teóricamente, deberían combatir al narcotráfico pero que en realidad figuraban en las nóminas de organizaciones de narcotraficantes. Su trabajo consistía en ejecutar a sus propios compañeros que, de alguna manera, afectaban alguno de los grupos criminales.

En un panorama general, se estima que el narcotráfico mandó ejecutar, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, a más de 500 servidores públicos en todo el país, pertenecientes a alguna corporación policiaca, principalmente a la Policía Judicial Federal, así como Delegados, Subdelegados y Ministerios Púbicos Federales.

La lista de Delegados, Subdelegados, Comandantes, Jefes y agentes antidrogas, así como de Ministerios Públicos Federales, eliminados por sus mismos compañeros, resultaría larga e insuficiente el espacio para darlos a conocer, por lo que nos limitaremos a aquellos que por su importancia, impactaron a la opinión pública.

La existencia del grupo de verdugos federales, no es nueva, no obstante en el pasado régimen, ante la abulia de las autoridades, expandió su campo de acción e incrementó el número de sus ejecuciones. Antonio Lozano Gracia y Jorge Madrazo Cuéllar, no pudieron o no quisieron actuar con energía para acabar con las decenas de traidores muchos de los cuales aún se enquistaron en la PGR, ahora Fiscalía General de la República.

Sin duda alguna que a los dos jefes policiacos que mayor número de elementos les asesinaron, fue a Enrique Gándara Chacón, designado director de la PJF tras el atentado del doctor Juan Pablo de Tavira, recientemente ejecutado y al general Guillermo Alvarez Nahara, quien pese a haber fungido anteriormente como director de la Policía Judicial Federal Militar, no pudo hacer nada para impedir que casi frente a su nariz, fueran acribillados cuando menos tres altos jefes de la corporación.

La danza macabra de ejecuciones y desapariciones de elementos antinarcóticos, dio principio el 18 de julio de 1995 al desaparecer Marco Antonio Ramírez, uno de los principales asistentes de Guillermo González Calderoni, entonces director de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR.

Un mes antes, aproximadamente, el brazo derecho del ahora prófugo de la justicia mexicana, asesinó a Jorge Alfredo Domínguez, informante de la PFJ, al que se le encontraron en las botas 250 mil dólares, presumiblemente pagos de ciertas revelaciones. Hasta la fecha no se ha vuelto a saber de Marco Antonio.

Pero si bien en 1995 se registraron diversas ejecuciones, éstas se incrementaron alarmantemente en 1996, con especial predilección hacia aquellos ex funcionarios o ex policías que de alguna manera se desenvolvieron en Tijuana, Baja California y combatieron o traicionaron al Cártel de los hermanos Benjamín, Francisco Javier y Ramón Arellano Félix, sobre quienes “está enfocado todo el poder para exterminarlos”, según el presidente Vicente Fox Quesada y el procurador Marcial Rafael Macedo de la Concha.

El 23 de febrero, a una calle de donde se localizaba la sede de la PFJ en la Ciudad de México, Jaime Nunó y Reforma en la colonia Guerrero, el comandante Sergio Armando Silva Moreno fue acribillado a las puertas de un estacionamiento. Cuatro días más tarde, su novia, la Ministerio Público Federal Rebeca Acuña Sosa fue también ametrallada cuando llegaba a su domicilio en Tijuana. Ambos lucharon durante un tiempo contra el Cártel de Tijuana.

José Arturo Ochoa Palacios, ex delegado en Tijuana, corría la mañana del 17 de abril en las instalaciones deportivas del CREA, en Baja California. Otro corredor se le emparejó y lo mató de un certero balazo en la cabeza.

El 18 de mayo, Sergio Manuel Moreno Pérez, ex delegado de Tijuana y su hijo Sergio Osmani Moreno, fueron secuestrados en Morelia, Michoacán y cuatro días después, en Huixquilucan, estado de México fueron encontrados sin vida en un solitario paraje. Habían sido torturados y ejecutados.

Isaac Sánchez Pérez, ex subdelegado en Tijuana y quien investigaba a funcionarios de la misma PGR por sus vínculos con el narcotráfico, fue acribillado el 19 de julio, al llegar a su domicilio en la colonia San Rafael del Distrito Federal y su secretario y asistente particular fue asesinado de igual manera, el 23 del mismo mes, cuando llegaba a su casa en Tlalnepantla, estado de México.

Dos días después, el agente federal Rafael López Cruz que se había distinguido por su desempeño durante los operativos en contra de los Arellano Félix, fue prácticamente “rafagueado” cuando salía de su domicilio en Tijuana, Baja California.

El 17 de agosto, Jesús Romero Magaña, coordinador de agentes del Ministerio Público de la Federación en Tijuana, fue acribillado dentro de su propia casa en Tijuana. Unos sujetos llamaron a su puerta a los que abrió e incluso saludó, para enseguida ser asesinado con más de 50 impactos de “Cuerno de Chivo”.

Bajo la misma tesitura, el 14 de septiembre Ernesto Ibarra Santés, subdelegado en Tijuana, llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México junto con los agentes Israel Moreno Flores y Aarón Rosas Gallegos. Al no contar con un vehículo, contrataron los servicios del taxista José Arturo Hernández Lizardi.

En la esquina de Insurgentes y Gómez Farías, también en la colonia San Rafael, dos vehículos “encajonaron” al auto de alquiler y ocho sujetos los “rafagueron”. Todos murieron en forma instantánea. En principio se quiso hacer un héroe de Ibarra Santés, pero al encontrarle en sus bolsillos 25 mil dólares y 50 mil más en una de sus maletas, (Lozano Gracia aseguró que se los habían “sembrado”), quedó al descubierto que en realidad estaba al servicio del Cártel de Juárez y que los Arellano, enemigos acérrimos de Amado Carrillo Fuentes, lo habían mandado ejecutar.

El 20 de septiembre, fueron encontrados en el interior de la camioneta Ram Charger placas HSP-5428 en la colonia El Huizachito de la delegación Cuajimalpa, los cuerpos sin vida de los agentes Gustavo Alberto Luz Tijerina, Reynaldo Pérez Aguirre y Rafael Esparza Villalobos, así como el del comandante Jorge García Vargas. Todos ellos habían llegado al Distrito Federal procedentes de Tijuana.

Una semana después, en Polanco, fue encontrado el Jetta placas 851-HUR y en el interior fueron descubiertos otros dos cuerpos sin vida que correspondieron al verdadero comandante Jorge García Vargas y al ex comandante Miguel Angel Silva Caballero, quienes formaban parte del mismo equipo.

En principio, el cadáver de otro agente que guardaba gran parecido físico con el comandante García Vargas, fue confundido hasta por sus mismos deudos, que incluso se llevaron el cuerpo para darle sepultura en el estado de Aguascalientes, de donde era originario. Más tarde quedaría al descubierto la confusión.

Según resultado de la autopsia, todos fueron asesinados el 21 de septiembre a golpes de bat, tubo o algún objeto metálico. Presentaban también huellas de ahorcamiento y, según deducciones de los investigadores, fueron colgados por el cuello y las muñecas con alambre, pero dándoles cierto apoyo en la punta de los pies, sin embargo al perder el conocimiento por la golpiza que los destrozó por dentro y por fuera, los cuerpos cayeron por su propio peso ahorcándose ellos mismos.

El citado día 20, los hermanos Juan y Héctor Granados Martínez, el primero director de Intercepción del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y el segundo, agente federal, además del agente Juan Carlos Castillo Nájera, acudieron al aeropuerto capitalino para recoger a su jefe, el comandante Jorge García Vargas. Los dos primeros se encuentran desaparecidos desde esa fecha, mientras que el segundo, fue encontrado el 23 de octubre sin vida, dentro de la cajuela de su automóvil a la altura del kilómetro 42 de la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.

En 1997, ya bajo la administración de Jorge Madrazo Cuéllar, disminuyeron las ejecuciones de este tipo, pero siguió preponderando el hecho de que la mayoría de las víctimas hubieran estado comisionadas algún tiempo en Baja California.

Roberto Espinoza Mendoza quien había sustituido como subdelegado a Ibarra Santés en Tijuana, desapareció el 4 de abril, junto con el comandante Marco Antonio Vázquez Armendáriz. Ambos habían viajado a la Ciudad de México, en visita de carácter oficial. El 25 de abril, fue encontrado el auto Tsuru de color negro placas 889-JHZ en el estacionamiento de un restaurante al sur de la capital. Dentro se hallaban los cuerpos sin vida de los dos jefes policiacos que fueron torturados hasta asesinarlos.

El 8 de mayo, el comandante de operaciones de la Policía Judicial Federal Pedro Pérez Vizzuet fue tiroteado desde un auto en marcha por cinco sujetos y una mujer cuando llegaba a su domicilio en la colonia El Rosario, perímetro de Azcapotzalco.

Fernando Pascual Vélez, ex delegado en Tijuana por parte del desaparecido INCD, fue encontrado muerto, el 29 de octubre, dentro de un tambo metálico a la altura del kilómetro 68.5 de la autopista México-Cuernavaca. Su cuerpo presentaba gran similitud en cuanto a las torturas inferidas a los médicos que intervinieron a Amado Carrillo Fuentes y que también fueron “entambados”.

El 11 de noviembre de 1997, se cerró la lista de ejecutados con la muerte del comandante Hugo Alfredo Roa. Fue descubierto dentro de su auto, en la colonia Juan Escutia, perímetro de Iztapalapa, con cinco impactos de bala en el cuerpo. Dos de ellos en la nuca.

Antes de continuar, debe destacarse que los impactos de bala que presentan los ejecutados, no son dados al azar, sino con excelente puntería y como un claro mensaje a quienes no respetaron las reglas del hampa no escritas:

Los balazos en la boca, significan que habló de más; en las orejas o las sienes, que era un espía o un infiltrado y en la nuca, que se trató de un traidor. Si se dan caso de torturas hasta causar la muerte, se trató de una traición de alto grado y la consigna es averiguar qué información pudo haber dado al bando contrario.

Otra de las reglas no escritas, pero sumamente respetadas por el narco, es que la venganza se enfoca directamente contra el responsable, pero jamás se toca a los demás miembros de la familia, excepto si antes se hubiera dado una agresión de dicha índole.

El 18 de mayo de 1998, el ex subdelegado Rodolfo García Gaxiola, alias “El Chipilón” cuya trayectoria dentro de la PFJ siempre fue polémica, fue acribillado cuando regresaba a su casa de una exposición ganadera en el estado de Sonora. Su ejecución fue al clásico estilo narco. Su camioneta presentaba no menos de 80 impactos de “cuerno de Chivo”.

Una verdadera masacre, en la que se asegura que además de narcos intervinieron elementos federales, fue la del 17 de septiembre, cuando en el rancho “El Rodeo” de Ensenada, Baja California, fueron ejecutadas 20 personas entre hombres, mujeres, ancianos y niños. La autoría intelectual se le atribuye a Arturo Martínez González, alias “Lino Quintana”, brazo ejecutor de los Arellano Félix y de quien incluso, hay un corrido.

En un abierto reto a la PFJ, el 3 de febrero de 1999, sobre Reforma Norte, casi frente a las oficinas del entonces director de la Judicial Federal, general Guillermo Alvarez Nahara, un grupo de sicarios ametralló al comandante José Francisco Sánchez Naves y al agente Gerardo Valderrama Aguilar. Pese a que en esos momentos se hallaban en la sede de la corporación no menos de 300 elementos, inexplicablemente nadie reaccionó y no hubo órdenes del titular de la PFJ para que los persiguieran de inmediato. Ambos crímenes permanecen impunes.

Rodolfo López Amavizca, ex comandante del INCD y su pareja, María Natividad Villegas, fueron acribillados en el interior de un cuarto de hotel, en el estado de Sonora, el 15 de febrero.

El 29 de junio, el coronel Carmen Oralio Castro Aparicio, delegado en Tamaulipas; el subdelegado y toda la plana mayor de la PFJ, fue cesada y consignada por el asesinato del comandante de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Salud, Jaime Rajid Arreola Gutiérrez, quien estuvo a punto de capturar a los jefes del Cártel del Golfo, Salvador “El Chava” Gómez Herrera y Osiel Cárdenas Guillén, cuando ambos se encontraban a bordo de una de las camionetas de la PGR de la misma plaza.

Los elementos al mando de Oralio Castro lo asesinaron a balazos y después simularon un enfrentamiento, aunque al final fueron descubiertos. Tres días después del encarcelamiento de los militares habilitados como elementos antidrogas, “El Chava” Gómez que estaba considerado como el número uno de dicho cártel, apareció muerto. Se dijo que su mismo subalterno, Cárdenas Guillén lo mandó ejecutar para asumir todo el poder de la organización.

Jorge Alí García, comandante de la PFJ y su hermano Alfonso que la hacía de “madrina”, fueron encontrados muertos, el 17 de diciembre, en un llano del municipio de San Ignacio, en Sinaloa. Fueron torturados y presentaban balazos en la nuca.

El agente del Ministerio Público Federal José Antonio Perea y su esposa, paseaban el 21 de diciembre en Santiago Papasquiaro, Durango, cuando fueron interceptados por varios sujetos que les dispararon desde otro vehículo en marcha.

Empero, la cauda de crímenes ejecutados por el casi desconocido “Cártel de la Charola” no concluyó con el siglo, el 4 de enero del 2000 el coordinador del Grupo Beta de la Secretaría de Gobernación con sede en Tijuana, Rafael Avila Valenzuela, fue acribillado en Baja California, junto con su asistente Fidel Guzmán González, frente a un hotel en el boulevard Agua Caliente.

En dicho crimen se mencionó como posible involucrado al entonces subdelegado de la PFJ Leopoldo Rodríguez Rementería, lo que ocasionó que se le destituyera del cargo y se le reconcentrara a la Dirección Operativa en la Ciudad de México.

Un supuesto perito de Unidad Especial Contra la Delincuencia Organizada (UEDO) Humberto Capelleti González, quien en realidad era un testigo protegido (¿?) de la institución, fue asesinado el 10 de enero, a bordo de un microbús por dos sujetos que subieron simultáneamente al transporte colectivo por las puertas delantera y trasera. Fueron dos disparos, uno en la nuca y el otro en la boca.

Dieciséis días después, Víctor Manuel Domínguez Gastelum y Juan Carlos Domínguez, hijo y sobrino, respectivamente, del Ministerio Público Federal Víctor Manuel Domínguez Rueda, fueron encontrados sin vida dentro de un automóvil último modelo, abandonado a las afueras de una plaza comercial en Tijuana. Ambos fueron brutalmente torturados y presentaban sendos balazos en la boca.

El 23 de febrero, el comandante Alfredo de la Torre, director de Seguridad Pública de Tijuana, fue acribillado. Su ejecución fue similar a la de su antecesor, Federico Benítez López.

Un mes después, el Ministerio Público Federal Alfredo Félix Sánchez, destacamentado en Sinaloa, fue emboscado y acribillado en la ciudad de Culiacán.

Tres días después de la detención de Jesús “El Chuy” Labra Avilés, considerado el verdadero fundador y jefe del Cártel de Tijuana, (12 de marzo), fue ejecutado su abogado defensor Gustavo Gálvez Reyes. Se dijo que lo mandaron eliminar los mismos Arellano Félix, como un mensaje de advertencia para que no se hablara de más.

Como una sangrienta respuesta del Cártel de los Arellano, tras la detención del capo Jesús “El Chuy” Labra Avilés, considerado el verdadero fundador y jefe de la organización, el 12 de abril fueron encontrados muertos el coordinador de Ministerios Públicos Federales en Tijuana, José Luis Patiño Moreno; el Ministerio Público Federal Oscar Pompa Plaza y el capitán Rafael Torres Bernal, principales perseguidores de los jefes del Cártel de Tijuana.

La autopsia reveló que habían sido muertos a golpes y después desbarrancaron el vehículo en que viajaban en una sima de La Rumorosa, en Tijuana.

El 18 de abril, el coordinador operativo de la PFJ en Oaxaca, Javier Orlando Guzmán Monforte, comisionado para investigar los vínculos del delegado, subdelegado y demás elementos de la plaza, con el cártel de los hermanos Pedro y Domingo Aniceto Díaz Parada, fue ametrallado cuando hacía una llamada telefónica desde una caseta pública. Su cuerpo presentaba no menos de 20 impactos de grueso calibre y su vehículo, más de 80.

Dos días después, el agente federal Salvador Camarena Monforte, primo de Javier Orlando, fue asesinado de igual manera en el estado de México.

Williams Alfredo Román García, coordinador de la Policía Ministerial de Sinaloa y ex funcionario de la PGR, fue acribillado el 27 de abril cuando regresaba su domicilio en Culiacán.

José Nájera González, agente del Ministerio Público Federal y quien había sido destacado para investigar la ejecución del comandante Javier Orlando Monforte, en Oaxaca, murió el 17 de mayo, en un aparente accidente automovilístico. Su hermano declararía posteriormente que realmente lo habían asesinado, quizá sus mismos compañeros, por órdenes de los hermanos Díaz Parada.

El 15 de junio, Oscar Guzmán Lara y su esposa Verónica Espinoza Luna, ambos agentes de la PFJ, regresaban de Acapulco, Guerrero a bordo de la camioneta Windstar placas 431-JPU. Llevaban a su pequeña hija Miriam Fernanda de año y medio de edad.

A las afueras de su domicilio, en la colonia Ampliación Vicente Villada, municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, fueron sorprendidos por varios sujetos que los acribillaron, sin embargo la menor que se encontraba en medio de sus padres, resultó ilesa, pese a los más de 8 impactos que presentaban cada uno de los cuerpos.

El 16 de agosto, el comandante Ernesto Allende Valencia, responsable de algunos de los últimos operativos en contra de los Arellano en Tijuana, fue acribillado con más de 70 impactos de «Cuerno de Chivo”, en la esquina de Plaza de Los Angeles y Luna, colonia Guerrero, a unas cuantas calles de la sede de la PGR en la capital.

Ya para concluir el año, el 21 de noviembre fue asesinado en Pachuca, Hidalgo el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, fundador y primer director del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México y 12 días después, el 3 de diciembre fue asesinado en Zapopan, Jalisco Juan Castillo Alonso, subdirector del penal de alta seguridad de Puente Grande.

En torno a los dos asesinatos, se ha especulado que fueron ordenados por narcotraficantes que se hallan confinados en ambos presidios y que fueron víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus carceleros y que para llevar a cabo los atentados, fue necesaria la intervención de elementos policiacos, ya que de otra manera hubiera resultado imposible llegar físicamente hasta los ejecutados, sin que éstos resultaran alertados o mostraran resistencia.

La inmensa mayoría de los asesinatos, resultaron impunes y fue innegable que la FGR no pudiera frenar a los malos policías, integrantes del “Cártel de la Charola”, cuya experiencia, conocimientos, armamento y cargos que la misma institución les proporciona, utilizan para ponerse al servicio del narcotráfico y convertirse así, en verdugos de sus mismos compañeros.

Ya en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes mantuvieron como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública Federal a Genaro García Luna, respectivamente, la ejecución de altos jefes continuó, pero esa será otra historia.

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