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CÁRTELES INTOCABLES

*Cuando faltan cinco meses para que concluya el sexenio, en el país no hay combate al crimen organizado y menos pacificación del territorio, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador

*Un total de catorce grupos criminales viven en el reino de la impunidad, pues no se les persigue y sus cabecillas se mueven por todas partes a sus anchas

*De esta forma, la herencia que dejará López Obrador en materia de combate al crimen es harto pesada, pues la próxima presidenta de México –ya sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez –tendrán que empezar de cero y construir una política antimafia a la medida de las urgencias que imperan en el país

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México. – Al acercarse el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador el crimen organizado sigue sin ser abatido; el mandatario se adentra al final de su gestión –le quedan cinco meses en la presidencia de la República — sin cumplir su promesa de pacificar el país, por el contrario, la violencia va en aumento a pesar de la multiplicada presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del territorio.

La falta de resultados en materia de seguridad ya encendió los focos rojos en Washington debido a la violencia y al imparable tráfico de fentanilo, la droga sintética de moda, la cual quitó la vida a más de cien mil estadunidenses en el año 2022.

De acuerdo con reportes de inteligencia consultados, el fentanilo ya se produce en México y es transportado hacia Estados Unidos a través de puertos y aeropuertos. Estos elementos precisamente derivaron en la militarización del país, pero ni aún con la presencia de las Fuerzas Armadas se ha podido detener el flujo de esa droga letal.

El episodio más grave –que puso tensa las relaciones entre México y Estados Unidos –fue el secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses en Tamaulipas, el año pasado, dos de los cuales perdieron la vida. Hasta ahora se desconoce el móvil del secuestro y de las dos muertes; sin embargo, las autoridades han concluido que se trató de una confusión. La DEA, por su parte, sigue investigando este caso.

Esta situación desató fuertes críticas al gobierno de López Obrador por la falta de resultados en materia de seguridad, tanto, que autoridades, congresistas republicanos gobernadores estadunidenses exigen que los cárteles mexicanos sean declarados como organizaciones terroristas.

De esta manera, las autoridades estadunidenses estarían en posibilidad de ingresar al territorio nacional a combatir a los cárteles. Durante el gobierno de Donald Trump esta propuesta se hizo e incluso de enlistó a varios grupos del crimen como terroristas. Se mencionó, por ejemplo, al cártel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación, Golfo, Tijuana y La Familia Michoacana. El gobierno de México, hasta ahora, ha desoído la propuesta y el presidente López Obrador ha dicho que ninguna autoridad extranjera puede meterse en los asuntos internos de México, pues se violaría la soberanía.

LA GUERRA SIGUE

La guerra entre cárteles se mantiene en entidades como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Baja California, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco se disputan a sangre y fuego el territorio.

Todos estos enfrentamientos han sembrado terror entre la población; cientos de familias han sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la violencia, mientras las autoridades actúan como meras espectadoras de las masacres.

El país está en llamas. Después de cuatro años, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce –quizá tardíamente –que su proyecto gubernamental está en riesgo si no se pacifica el país. Y hay razones.

De no consolidarse el proyecto de pacificar el territorio, lo más probable es que el llamado proyecto de la Cuarta Transformación termine en un rotundo fracaso.

La violencia está imparable: Michoacán, Tamaulipas y Chiapas están en llamas. En la primera entidad el diálogo oficial con los representantes sociales y algunos del crimen organizado ha fallado; el Ejército ha fracasado. La población está a merced del crimen y no hay entidad gubernamental capaz de poner orden. Ni la iglesia ha podido con el flagelo, pese a que varios de sus representantes han dialogado con los grupos criminales.

El otro punto crítico es Chiapas, hasta no hace mucho tiempo un territorio donde imperaba una suerte de pax mafiosa, pacto entre grupos criminales y el poder político.

Y hay razones que lo explican: Chiapas es otra puerta grande de entrada de droga y precursores químicos que provienen de Centro y Sudamérica. Es la frontera más porosa. Por Chiapas entra todo. Drogas, armas, químicos para los estupefacientes de diseño, armas, indocumentados. Y, todo se mueve por la República mexicana. Se mueve a través de Tabasco, el sur de Veracruz y luego sube a la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas. Por Chiapas entraron los llamados Kaibiles, desertores del Ejército Guatemalteco que reforzaron las fuerzas armadas del cártel de Los Zetas, el cártel militar.

En Chiapas hay crisis y por ello hay violencia. El territorio está bajo la disputa de tres cárteles: Sinaloa, Cártel de Jalisco y el cártel del Golfo. La violencia entre grupos criminales terminó con la vida del activista maya Simón Pedro Pérez López.

Surgió en este escenario de violencia el cártel de “Los Ciriles”, vinculado al cártel de Jalisco, con presencia en las comunidades de Pantehló, Chiapas.

La guerra subió de intensidad, pues fue asesinado, en Tuxtla Gutiérrez, un operador identificado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada –Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –quien es hijo de un personaje apodado “El Tío Gil”, quien responde al nombre de Gilberto Rivera Amarillas, padre de la víctima. Este personaje del hampa fue aprehendido en 2016 en el aeropuerto “La Aurora”, de Guatemala, en 2016, cuando pretendía volar hacia México para reunirse con sus socios.

La batalla en Chiapas está detonada por diversas causas, a saber: su ubicación geográfica estratégica. Es una ruta de entrada de drogas, armas y personas que, en su mayoría, son explotadas en el negocio de la trata.

Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el estado está bajo disputa.

La guerra por el territorio lo encabezan los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Golfo. El cártel que más extensión territorial domina es Sinaloa, le sigue el de Jalisco y Golfo tiene bajo su dominio una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la zona sur de Veracruz, una de las más violentas de esa región y cuya inestabilidad no ha podido ser detenida.

En Chiapas también operan Los Zetas. Dominan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo el escenario de violencia –no antes visto en la entidad, pues como se dijo había una pax mafiosa –se descompuso después de las elecciones del 6 de junio de 2021, cuando se detonó el reacomodo criminal en los territorios.

Esto abrió la puerta al cártel de Sinaloa, que ahora domina grandes extensiones del territorio: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca.    La violencia en Chiapas provocó que unas dos mil personas se hayan desplazado de Pantelhó, Chiapas.

Durante las últimas semanas, la región Tzotzil Pentalhó-Chenalhó ha sido abandonada por buena parte de su población por el terror que priva en esa región. Igual que lo que ocurre en Aguililla, Michoacán. Y el Estado permanece ausente. Las manos fuera de la seguridad.

El desplazamiento humano en Chiapas, sobre todo en la zona conflictiva, ha sido documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sus representantes aseguran que en la zona tomada por el crimen hay ancianos y adultos mayores atenazados por el miedo y la vida de quienes denuncian los hechos –aseguran –está en completo riesgo.

EL PODER DEL CRIMEN

Lejos de ser combatido, el crimen organizado en el país se posiciona con mayor fuerza, pues el régimen de Andrés Manuel López Obrador carece de una política antimafia, lo que ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

A punto de terminar su mandato –le quedan cinco meses en el poder — esta situación se recrudece tanto como la violencia. Y esto ha causado preocupación en Estados Unidos, tanto por la violencia recrudecida en Tamaulipas, sobre todo en el municipio de Reynosa, de donde es oriundo el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue investigado por sus presuntos nexos con el crimen organizado y ahora le fue cancelada la diputación plurinominal que su partido, el PAN, le había ofrecido.

El narco y su influencia en la política es una realidad, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo reconoce; es obvio que no hay combate de parte del Estado ni existe una estrategia criminal o antimafia.

La penetración del crimen organizado en el país es muy grave. Desde el año 2010, el área de estudios municipales del Senado de la República alertó sobre la fuerte presencia de presuntos delincuentes que, desde diversos partidos, eran lanzados como candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, entre otros cargos de elección popular.

Aquel estudio sostenía que más de 60 por ciento de los municipios del país eran gobernados desde entonces por personajes relacionados directa o indirectamente con alguna modalidad criminal: narcotráfico, secuestro, extorsiones, tráfico humano, cobro de piso, por citar sólo algunas.

En los últimos diez años, la radiografía del crimen es realmente perturbadora. A poco más de dos años de que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, no ha sido capturado ningún capo emblemático como Ismael “El Mayo” Zambada o Nemesio Oseguera, “El Mencho”, por ejemplo. Quien sí fue recapturado luego de que en 2013 lo liberaron fue Rafael Caro Quintero.

Ahí siguen, intocables, los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán –quienes ahora encabezan el cártel de Sinaloa, el más poderoso de los grupos criminales en América Latina.

Impune y sin mayores conflictos sigue operando Ismael “El Mayo” Zambada, a quien la DEA considera el mayor capo de México, quien ahora opera en sociedad con Rafael Caro Quintero en norte del país. Por su cabeza Estados Unidos ofrece una recompensa de quince millones de dólares.

Y de igual forma, Nemesio Oseguera Cervantes continúa expandiendo al cártel de Jalisco Nueva Generación, el más beligerante de los cárteles.

Actualmente la guerra entre los cárteles se centra en Tamaulipas, Baja California y la región de El Bajío. Ahí, los enfrentamientos se presentan entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En esta narcoguerra también se suma el cártel Santa Rosa de Lima, fundado por José Antonio Yépez, conocido como “El Marro”, quien construyó un verdadero imperio mediante el robo de combustibles –El Huachicol –, los secuestros y las extorsiones.

De acuerdo con autoridades estadunidenses, que le han seguido la pista desde hace varios años, “El Mayo” Zambada suele financiar a organizaciones criminales para enfrentarlas con sus enemigos. El dato que se ha confirmado, por ejemplo, es que Zambada financió con dinero y armamento a Los Matazetas, que originalmente pertenecían al cártel de Sinaloa, pero luego se enfrentaron al CJNG.

A pesar de las recompensas millonarias que ofrece Estados Unidos por los capos emblemáticos, en México nada se hace para detenerlos. Tanto “El Mencho” como “El Mayo” Zambada viven en completa impunidad.

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