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COLUMNA LA OPINIÓN DE MÉXICO

El presidente López ha dado pasos significativos en el combate al crimen organizado, para atrás por supuesto. Ha pasado de la tolerancia a la criminalidad a la complicidad, y de ésta a la subordinación.

El “culiacanazo” es un claro ejemplo de lo anterior.
De ser temas meramente locales en un principio, la criminalidad y la violencia se han tornado en asuntos de seguridad nacional, aunque en Palacio Nacional se empeñan en hacernos creer que están combatiendo al crimen organizado, cuando en los hechos vemos que se carece de una estrategia.

La capacidad del gobierno de la 4T para garantizar el orden jurídico, defender a la ciudadanía y combatir la impunidad, está severamente fracturada en la mayor parte del país.

Ejecuciones masivas, sangrientos enfrentamientos, secuestros, “levantones” individuales y colectivos, asesinatos, extorsiones, son prácticas generalizadas y comunes en México.

Las víctimas de esta embestida de violencia y criminalidad abarcan por igual a empresarios, profesionistas, oficinistas, comerciantes, obreros, estudiantes y por supuesto, a la ciudadanía en general.

El relajamiento en el combate al crimen organizado declarado por el presidente López propició la apertura de mayores espacios a los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, el huachicoleo, con su consecuente secuela de impunidad y corrupción.

El incumplimiento de la ley que ha caracterizado al régimen lopezobradorista se ha traducido en el fortalecimiento de las bandas criminales, cuyo correlato inevitable e inmediato es el deterioro generalizado de la legalidad y el Estado de derecho.

La “estrategia” de “abrazos no balazos” para combatir al crimen ha sido –como era de esperarse- un rotundo fracaso, y hoy se están replicando actos de violencia y terror en todos los rincones del país.

El crimen organizado ya le tomó la medida al gobierno de López; el “culiacanazo” mandó el mensaje de que con violencia se doblega y se somete al Estado.

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