*Mantenimiento de penales federales a cargo de empresa con negro historial
Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México.- El Órgano Administrativo Desconcentrado Social de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, realizó un contrato por más de 330 millones de pesos, envuelto en una serie de dudas, toda vez que fue asignado en el 2022 durante la caída del Sistema Compranet, a una empresa inhabilitada hace cinco años en el estado de Puebla, además de ser investigada de manera constante por los sobrecostos en adjudicaciones realizadas en años anteriores.
De acuerdo con una investigación realizada por Grupo Sol Corporativo, dicho órgano administrativo que tiene bajo su cargo los penales federales del país, le adjudicó a la empresa Irkon Holding S.A. de C.V. los servicios integrales para el mantenimiento y conservación de las instalaciones de esa dependencia del Gobierno de la República, primero por un monto de 268 millones 289 mil 526.8 pesos, el cual fue modificado en el presente año.
El contrato con folio PRS/DGA/S034/2022, fue entregado a dicha empresa el 31 de julio del 2022, para concluir el 31 de diciembre de ese mismo año por un monto inicial de 268 millones 289 mil 526.83 pesos, y se registró en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como parte de la prestación de servicios integrales para el mantenimiento y conservación de las instalaciones.
La adjudicación fue una licitación simulada, pues de acuerdo con los escasos documentos en versión pública del proceso de asignación, no hubo otras empresas que participaran con ofertas, además de que no existen documentos en la Plataforma de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Compranet de la propuesta económica de Irkon Holding.
Asimismo, se pudo corroborar que el link donde supuestamente debe estar el documento original del millonario contrato, presenta errores al momento de consultarse, por lo que se desconoce a ciencia cierta, las condiciones originales con las que prestó sus servicios la mencionada empresa hasta el 2023.
Y es que, en enero del presente año, se realizó un nuevo convenio comercial con Irkon Holding S.A. de C.V. por parte de la dependencia federal, con el objetivo de ampliar sus servicios por dos meses más.
Dicho acuerdo de ampliación fue registrado con en el expediente PRS/DGA/S/189/2023, donde se establece el aumento de hasta 53 millones, 657 mil 905.37 pesos que representa un sobreprecio del 20 por ciento más de lo pactado durante el 2022, por lo que la suma se elevó a 337 millones 287mll 361.1 pesos
Otra de las irregularidades que se logró averiguar es que, el millonario contrato, fue sospechosamente celebrado durante la caída de la plataforma Compranet el año pasado, por lo que su proceso de licitación quedó en el ostracismo.
La caída de la plataforma de la SHCP sucedió a partir del 15 de julio del año pasado y logró restablecerse 15 días más tarde. Tras superar el percance, se informó que se realizaron 214 licitaciones en ese periodo, una de ellas fue el contrato adjudicado mediante una licitación. Evidentemente simulada a Irkon Holding
Empresa con pasado dudoso
Además de las irregularidades presentadas en el proceso de adjudicación del contrato que meses más tarde fue ampliado por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Social de Prevención y Readaptación Social, se pudo averiguar que, la firma comercial en cuestión, cuenta con turbios antecedentes.
Uno de ellos fue la inhabilitación que la Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla en el año del 2017 por irregularidades realizadas en una obra en esa entidad federativa.
Ese mismo año dicha compañía tuvo una auditoria derivada de los trabajos que realizó dentro de la obra “mejoramiento urbano del corredor insurgentes”, de la cual existieron señalamientos de sobre costos en los contratos por más del 25 por ciento.
Asimismo, los trabajos se extendieron en su tiempo de entrega, hasta por el doble del plazo contemplado en el periodo de ampliación previsto.
También se pudo averiguar que los nombres de dos de los socios de Irkon Holding, aparecen en la lista de mexicanos envueltos en el escándalo de “Panama Papers”, en la que fueron señalados por crear empresas en paraísos fiscales, con la intención de blanquear dinero y no pagar impuestos.
Si bien dicha práctica no representa una ilegalidad, al tratarse de una firma a la que le fueron adjudicados recursos de erario, tal información bien podría ser utilizada por autoridades fiscalizadoras, como la Auditoría Superior de la Federación o la Unidad de Inteligencia Financiera del ejecutivo federal, para averiguar si existe alguna ilegalidad en torno al pago de impuestos en el país por parte de Irkon Holding.
Cabe señalar, que la empresa con domicilio en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, cuenta también contratos en diferentes dependencias federales como el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Issste). En esta última dependencia, el año pasado se adjudicó un contrato por más de 500 millones de pesos sin licitación de por medio.
