InicioNacionalDE ECUADOR, NARCOAVIONETA ASEGURADA EN DURANGO

DE ECUADOR, NARCOAVIONETA ASEGURADA EN DURANGO

*La aeronave incautada con más de 300 kilos de cocaína despegó de la costa ecuatoriana y era rastreada por la DEA

*Según la Unidad Antidrogas de la Policía Nacional ecuatoriana, el cargamento tenía un valor de 570 mil dólares, que se incrementarían a 10.9 millones al llegar a México

*Cárteles mexicanos trabajan con “bandas locales” de Ecuador para sembrar el “narcoterrorismo” y extender sus dominios en Sudamérica; más de 18 atentados en Ecuador

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Tamazula, Durango.- La avioneta asegurada con más de 300 kilogramos de cocaína en esta entidad provenía de Ecuador y era rastreada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información de la Policía Nacional ecuatoriana, la aeronave tipo Cessna, nombrada Centurión II, despegó de la costa ecuatoriana, piloteada por un mexicano.

Al ingresar al espacio aéreo mexicano, fue detectada por el Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo con tres helicópteros.

La avioneta con la carga ilícita aterrizó a 14 kilómetros de Tamazula, por lo que al sitio arribaron elementos de la Fuerza de Reacción helitransportada, quienes fueron recibidos con disparos de armas de fuego, por lo que se procedió a repeler la agresión, resultando un agresor herido, quien fue trasladado en calidad de detenido al hospital civil de Culiacán, Sinaloa.

Según la Unidad Antidrogas de la Policía Nacional ecuatoriana, el cargamento tenía un valor de 570 mil dólares, que se incrementarían a 10.9 millones al llegar a México.

¡NARCOTERRORISMO EN SUDAMÉRICA!

En Ecuador, la palabra “narcoterrorismo” es bastante nueva. El país sudamericano vivió la jornada más violenta de su historia reciente el pasado martes, 1 de noviembre. En menos de 24 horas, cuatro ciudades costeras sufrieron 18 atentados.
 
Y, según las fuerzas del orden ecuatorianas, gran parte de la delincuencia está atada a los cárteles internacionales, especialmente los mexicanos: el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
 
Entre artefactos explosivos, coches bomba y ataques a mano armada, el principal blanco ese día fueron unidades policiales, los mismos uniformados y gasolineras.
 
También hubo disturbios en varias cárceles, con enfrentamientos armados, explosiones y secuestro de agentes penitenciarios. Y es que, precisamente, las prisiones se han convertido en el epicentro de la ola de violencia que crece en Ecuador desde hace dos años.
 
La teoría del presidente Guillermo Lasso es que esa violencia es una reacción frente a las acciones de su gobierno contra el crimen organizado. En 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC), Ecuador fue el tercer país del mundo con más cocaína incautada, con 210 toneladas.
 
Debido a su ubicación geográfica, el país de 18 millones de habitantes, está situado entre los países que concentran la mayor parte de la producción global de cultivos ilícitos de hoja de coca (Colombia y Perú).
 
Además, su perfil costero en el océano Pacífico lo convierte también en un puerto estratégico de la salida de droga hacia Estados Unidos y Europa. Es así que, en los últimos años, Ecuador dejó de ser sólo un país de tránsito para el narcotráfico y se convirtió en un centro de distribución y exportación.
 
Aunque el gobierno sostiene que mantener la seguridad y recuperar la paz en el territorio nacional es su prioridad, no ha tenido suerte en la administración del sector. Las instituciones públicas que se encargan del área son las más inestables del Ejecutivo.
 
Los cambios de ministros y secretarios han sido varios, especialmente en el Servicio Nacional de Atención Integral, encargado de la gestión de las cárceles.
 
La misma Policía Nacional atraviesa por una grave crisis institucional. El año pasado, el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, habló de la existencia de supuestos narcogenerales en las fuerzas públicas.

En su intento por demostrar el énfasis en el manejo de la seguridad, el presidente Lasso creó una entidad nueva: la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Y la puso a cargo de uno de sus colaboradores cercanos, que previamente ocupaba un puesto en la Asamblea Nacional, Diego Ordóñez.
 
La falta de experiencia de Ordóñez en materia de seguridad generó críticas. Y los anuncios de la creación y ejecución de un plan o estrategia nacional en el área no han logrado convencer a la opinión pública ni a los actores políticos.
 
El gobierno incluso planteó un referendo y una consulta popular, que está en revisión de la más alta magistratura del país: la Corte Constitucional. Ahí el presidente Lasso busca que la ciudadanía apruebe, en las urnas, temas como la extradición de narcodelincuentes, la creación de un delito penal para sancionar la extorsión y que los recursos que se generen con los comisos de bienes relacionados al crimen organizado sean destinados exclusivamente a la educación de niños y adolescentes.
Estas intenciones también tienen sus detractores, quienes señalan que son reformas superficiales y que no tendrán un impacto directo en la ola de violencia e inseguridad que vive el país. De todas formas, si estas preguntas son admitidas, llegarían a las urnas posiblemente en febrero.
 
EL EPICENTRO ESTÁ EN LAS CÁRCELES
 
Desde el 23 de febrero de 2021, ha habido nueve masacres carcelarias, en cinco prisiones de cuatro ciudades, que suman 398 víctimas mortales.
 
Pese a los constantes estados de excepción, que implican la participación de las Fuerzas Armadas, y las declaraciones de emergencia, para agilitar el uso de recursos públicos, el sistema penitenciario sigue en crisis.
 
Sin importar las medidas tomadas por el gobierno, el suministro, principalmente, de armas, explosivos y teléfonos celulares a las prisiones no se ha detenido. Por lo que las fuerzas del orden pierden regularmente el control de los centros penitenciarios.
 
Y, así, las cabecillas de las bandas siguen operando desde el interior de lo que el mismo gobierno ha denominado como “cuarteles generales del crimen”.
 
La Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, es la prisión más peligrosa del país. Desde febrero de 2021, cuando se profundizó la crisis carcelaria, 214 internos han sido asesinados dentro de su perímetro.
 
Según las autoridades, las masacres y amotinamientos, así como las muertes violentas en las calles tienen relación directa con la incautación de droga y con la lucha por territorios entre las bandas rivales.
 
Entre el 1 de enero y el 2 de noviembre, las muertes violentas en Ecuador superaron las 3 mil 705, siendo octubre el mes más violento, con casi 500 casos. La tasa de homicidios en el país sigue creciendo, ahora es de 20.6 por cada 100 mil habitantes.
 
Y, justamente, la reciente jornada de violencia del 1 de noviembre coincidió con la decisión del gobierno de trasladar a 200 presos a otras cárceles. La noche previa a los atentados circularon volantes con amenazas, atribuidas a dos bandas locales que operan en las cárceles, Los Lobos y Los Tiguerones. No querían que movieran a su gente.

El traslado se realizó. El presidente Lasso, el último ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, afirmaron que no cambiarían las medidas ni los planes de seguridad pese a los ataques, que continuaron hasta el lunes 7 de noviembre, pero con menor intensidad y frecuencia.
 
La decisión implicó, además, la reubicación de unos 2 mil 400 presos, entre ellos, varios cabecillas de otra banda local, Los Choneros. Esto también creó resistencia de las bandas del crimen organizado, lo que culminó en varios enfrentamientos con policías, agentes penitenciarios y militares.
 
El argumento oficial para esos movimientos es la lucha contra el hacinamiento en los centros penitenciarios y la mejora de los pabellones donde habitan. Pero después de los ataques, el presidente Lasso tuvo que declarar nuevamente un estado de excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo.
 
Y la maquinaria de comunicación gubernamental se puso en marcha. El presidente ecuatoriano se trasladó a las ciudades más afectadas por la violencia para dirigir las operaciones desde la semana pasada.
 
Las cadenas de radio y televisión nocturnas llamaron al patriotismo y a la unidad. Y las cifras del trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas se replican por todas las plataformas oficiales. Hasta el domingo 6 de noviembre se reportaron: 19 mil 685 operativos, mil 042 detenidos, 146 mil 896 personas registradas.
 
En los cinco primeros días de ataques se reportaron seis policías asesinados y otros 29 heridos.
 
El presidente Lasso aseguró que no le temblará la mano para responder y advirtió: “cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia”.
 
Pero, según análisis de la misma Policía, medidas como los traslados y reubicaciones no producen el efecto deseado. Pasó ya con la crisis penitenciaria de 2019, cuando se trasladó a varios mandos de las pandillas a diferentes centros carcelarios, para desarticular las estructuras criminales.
 
Esto lo único que consiguió fue cambiar las dinámicas de las bandas y propició la creación de subgrupos en todo el sistema penitenciario. Lo que, a su vez, ocasionó que se multipliquen las guerras entre pandillas.
 
LA EVOLUCIÓN DELINCUENCIAL
 
Una muestra de narcoterrorismo se sintió por primera vez en Ecuador el 27 de enero de 2018, cuando hubo un atentado con explosivos que hirió a 14 uniformados en un centro policial de San Lorenzo, ciudad ubicada en la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte.
 
Ese atentado fue adjudicado al Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho fue seguido del secuestro y asesinato de un equipo periodístico, el asesinato de dos civiles y otro ataque con explosivos que mató a tres marinos.
 
Pero después no hubo eventos de la misma magnitud, hasta marzo de 2021. En ese entonces, hubo dos atentados con explosivos a las oficinas de la Fiscalía y Policía en la ciudad del Triunfo, en la provincia de Guayas.
 
A partir de entonces, los ecuatorianos han sido testigos del incremento en las muertes violentas y en las sangrientas formas de ejecución. Por ejemplo, en febrero pasado, el país se conmocionó con la aparición de dos cuerpos colgados en un puente en Durán, ciudad también de Guayas.
 
El caso más reciente de estos sucedió al norte, en Esmeraldas, el 31 de octubre. Ha habido también casos de cadáveres descuartizados o sin cabeza. Y las autoridades señalan las similitudes con las tácticas implementadas, particularmente, por los cárteles mexicanos.
 
Entre las bandas locales más peligrosas están Los Choneros, los Chone Killers, Los Tiguerones, Los Lagartos, Los Lobos y los Latin King.
 
Y, según inteligencia policial, los cárteles mexicanos trabajan con las disidencias colombianas para ampliar su alcance y dominio en Ecuador.
 
Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa trabaja junto al Frente Oliver Sinisterra con bandas locales, como Los Choneros, Los Águilas y Los Gánsters.
 
Otro actor relevante, que es parte del bando liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, es la Columna Móvil Urías Rondón, otra disidencia de las FARC, que opera con bandas locales como Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers.

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