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DEA: LAS POLÉMICAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

Ricardo Ravelo/La Opinión de México

Ciudad de México.- Durante varias décadas las operaciones excesivas de la DEA en México fueron permitidas por los gobiernos priistas y panistas. Los agentes de esa corporación estadunidense realizaban investigaciones, detenciones, cateos, participaban en interrogatorios e imponían su agente de asuntos al gobierno mexicano. Tras el escándalo derivado de la captura del general Salvador Cienfuegos –quien fue liberado y devuelto a México –el gobierno mexicano reformó la Ley de Seguridad Nacional que pone fin al libertinaje de que gozó la DEA durante varios sexenios. Ahora tendrá que informar sobre sus investigaciones y si sus agentes quieren portar armas deberán pedir el permiso correspondiente ante la Secretaría de la Defensa Nacional. El caso ha causado polémica debido a la corrupción que permea a las instituciones mexicanas las operaciones de la DEA servían como contrapeso. Es claro que el presidente López Obrador no quiere más casos Cienfuegos ni golpes sorpresivos derivados de los presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado. El caso Cienfuegos desató un conflicto con Estados Unidos, pues López Obrador acusó a la DEA de haber fabricado el expediente del exsecretario de la Defensa Nacional. La DEA, por su parte, señala que su investigación es sólida y asegura que se reserva el derecho de reabrir el caso Cienfuegos y llevar al militar ante los tribunales.

Durante los gobiernos priistas que encabezaron José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Zedillo el número de agentes de la DEA acreditados en México se guardó celosamente como un gran secreto de Estado.

Durante los gobiernos priistas que encabezaron José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el número de agentes de la DEA acreditados en México se guardó celosamente como un gran secreto de Estado.

La secrecía continúo durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el sexenio de éste último, por ejemplo, la DEA participó sin limitaciones en la lucha contra el crimen organizado, pues desde el primer día de su gobierno Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, aunque sus resultados resultaron fallidos: el saldo fue de más de cien mil muertos –no todos ligados al negocio de las drogas –mientras que los cárteles no sólo se mantuvieron intocados sino que aprovecharon la coyuntura de la guerra para asociarse, fortalecer sus estructuras e internacionalizarse, pues pasaron a establecer dominios tanto en Centroamérica como en América del Sur.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la DEA mantuvo sus privilegios en México, pues nunca se exigió que cumplieron con el acuerdo firmado en julio de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que los obligaba a rendir cuentas al gobierno mexicano sobre sus actividades.

Con base en el acuerdo citado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1992, señala en su inciso 7.1:

“Cualquier información de que tengan conocimiento los agentes en territorio nacional será transmitida inmediatamente a las autoridades competentes”.

Señala, además, que están prohibidos para los agentes extranjeros, entre las que destacan las de realizar tareas reservadas a las autoridades mexicanas, así como inducir a terceros nacionales o extranjeros, o a realizar por sí mismo actividades relativas a detenciones, secuestros, cateos, toma de declaraciones, privación ilegal de la libertad, invasión de propiedad privada o cualquier otro acto violatorio de las leyes nacionales”.

El documento precisa que todos los agentes deben ser acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República).

​El acuerdo agrega: “Las actividades de los agentes se limitará a servir de enlace para intercambio de información con las autoridades mexicanas y  no indica nada sobre la posibilidad de que dicho personal porte armas.

​Sin embargo, desde el año 2015, después de una modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego, se permitió que los agentes extranjeros pudieran portar armas dentro del territorio nacional.​

​​Operaciones al margen de la ley

A pesar de estas restricciones, la DEA ha operado en territorio mexicano con absoluta libertad, con ventajas e incluso ha llegado a imponer investigaciones para que la extinta PGR abriera expedientes sobre indagaciones que eran prioridad de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. También se ha extralimitado en su actuación en decenas de casos.

​En diversos expedientes judiciales relacionados con investigaciones de capos y cárteles diversos testigos –algunos acogidos al programa de protección de la PGR –han declarado que fueron detenidos por elementos de la DEA; afirman que agentes de esa agencia norteamericana participa en operativos, cateos y los agentes estadunidenses suelen estar presentes hasta en los interrogatorios.

Después del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, a manos de los capos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, la DEA presionó al gobierno de México para detener a los responsables del crimen. Así se hizo.

​En 1990, como parte de las investigaciones, en Estados Unidos fue detenido y juzgado Rubén Zuno Arce, hermano de María Esther Zuno, esposa de Luis Echeverría Álvarez, por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

​En el sexenio de Luis Echeverría, Rubén Zuno se convirtió en el cuñado consentido del presidente: Se vio favorecido en múltiples negocios y durante todo el sexenio echeverrista –1970-1976 –Zuno ocupó el cargo de vocal ejecutivo de la Comisión Promotora Conasupo.

​Sin embargo, también se le relacionó con el narcotráfico, en particular, con el poderoso cártel de Guadalajara, entonces encabezado por Rafael Caro Quintero.

​Tras el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, un personaje resultó clave –según las investigaciones de entonces – y era nada menos que el doctor jalisciense Humberto Álvarez Macháin, acusado de estar ligado al crimen organizado y de haber participado en la tortura de Camarena suministrándole medicamentos para que soportara las vejaciones que le propinaron los narcotraficantes referidos.

​Ante la impunidad que lo encubría en México, la DEA realizó un operativo en Guadalajara y Álvarez Macháin fue secuestrado y llevado a Estados Unidos; la operación, según se dijo entonces, habría sido ordenada en 1990 por el entonces presidente George W. Bush (Padre).

​Esta acción derivó en un conflicto bilateral, pues el gobierno de México alegó que con la intervención de la DEA en el secuestro del médico se había violado la soberanía nacional.

​Meses después, y ante la falta de pruebas fehacientes, Álvarez Macháin fue puesto en libertad y devuelto a México.

​Otro caso escandaloso ocurrió en 1996, cuando el capo Juan García Ábrego –sobrino de Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel del Golfo –fue detenido en Nuevo León luego de una intensa búsqueda en territorio nacional.

​Tras la captura, y bajo el argumento de que García Ábrego había nacido en Estados Unidos, el gobierno de Ernesto Zedillo no lo quiso juzgar en territorio nacional y lo entregó a la DEA para que fuera procesado en Estados Unidos.

​Después de su captura, un avión de la DEA aterrizó en la ciudad de Monterrey y ahí fue entregado el capo, quien tuvo su etapa de esplendor como jefe del cártel del Golfo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

​Los golpes de la DEA en territorio mexicano son múltiples, lo mismo que sus investigaciones encubiertas, las cuales no suelen compartir con sus contrapartes mexicanos –pese a estar obligados por un acuerdo bilateral –debido a la desconfianza que priva sobre las autoridades de México.

​Otro de los casos relevantes que cimbraron el escenario criminal fue la captura por parte de agentes de la DEA de Javier Arellano Félix, conocido e el mundo del hampa como “El Tigrillo”, hermano menos de Benjamín y Ramón Arellano, jefes del cártel de Tijuana.

​Aunque se realizaron operaciones por parte de elementos del Ejército Mexicano en el hotel Bahía de Ensenada, Baja California, lo cierto es que “El Tigrillo” fue detenido en altamar justo cuando navegaba en su yate, supuestamente, en aguas internacionales. La DEA lo ubicó algunas millas afuera del radio mexicano y procedió a detenerlo mediante un operativo tanto marítimo como aéreo.

​El capo fue llevado a la Ciudad de México, permaneció unas horas en la PGR, donde fue interrogado, y posteriormente fue llevado al Aeropuerto Benito Juárez para embarcarlo en un avión que lo trasladó a Estados Unidos, donde fue procesado y sentenciado por delitos contra la salud, lavado de dinero y varios crímenes.

​En el año 2001, meses después de que Vicente Fox Quezada tomó posesión como presidente de la República, la DEA detectó que el jefe de giras del mandatario, Nahúm Acosta, estaba relacionado con el narcotráfico.

A través de algunas intervenciones telefónicas, Acosta fue intervenido cuando sostenía una conversación con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, conocido como “El jefe de jefes”, cabeza de la organización Beltrán Leyva, entonces brazo poderoso del cártel de Sinaloa.

​En aquella llamada, la cual fue difundida a través de varios medios de comunicación, Acosta y Beltrán se ponían de acuerdo para la entrega de un paquete, presuntamente dinero o drogas, que el funcionario de la presidencia recibiría en su domicilio.

​Con base en la intercepción telefónica, la DEA le ordenó al entonces procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al titular de la Subprocuraduría General de Investigación en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, abrir un expediente, investigar el caso e intervenir todos los teléfonos de la presidencia de la República.

​En aquella ocasión, Vasconcelos comentó a este reportero que se analizó a fondo la posibilidad de intervenir los teléfonos incluso del propio presidente para conocer hasta dónde se había infiltrado el narcotráfico.

​–¿Lo hicieron? –se le preguntó.

​–Esa era la orden de la DEA, ellos estaban investigando el caso, pero decidimos investigar sin infiltrarnos en las comunicaciones privadas.

​Nahúm Acosta fue separado del cargo, pero nunca lo procesaron por sus vínculos con el narcotráfico. Libre de cargos y de investigaciones, apareció posteriormente en el escenario público: despachaba como jefe de prensa del Ayuntamiento de Agua Prieta.

​​​El caso Cienfuegos​

​En octubre de 2020, después de ocho años de investigaciones, la DEA asestó un duro golpe con la captura del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

​Con base en la investigación, la DEA lo acusó de brindar protección al cártel H-2 –ramaje de la organización Beltrán Leyva –, de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando se disponía a vacacionar con su familia.

​Sin embargo, poco más de un mes y medio después, sorpresivamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos le retiró los cargos al militar, lo puso en libertad y lo devolvió a territorio mexicano bajo el supuesto acuerdo de que el gobierno de México lo investigara y lo procesara.

​El jueves 14, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que decidió no ejercer acción penal en contra de Cienfuegos Zepeda por falta de pruebas; el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, dijo en la conferencia mañanera que el expediente contra Cienfuegos fue fabricado por la DEA.

​Al explicar las razones por la que exoneraron a Cienfuegos, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que no hay elementos en el expediente de la DEA y que el asunto se irá a un juicio “a fondo” para que se castigue a los responsables de la fabricación. La DEA, sin embargo, aduce que su investigación es sólida y señala que lo que busca el gobierno es mantener en la impunidad este caso.

​Después del golpe contra Cienfuegos Zepeda, el presidente López Obrador envió una iniciativa de ley al Congreso para reformar la Ley de Seguridad Nacional y de esa forma limitar tanto el número de agentes de la DEA en México como sus operaciones.

​Ahora tendrán que informar al gobierno mexicano sobre sus actuaciones en territorio nacional; si quieren portar armas deberán solicitar el permiso correspondiente ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

La DEA recriminó al gobierno de México que haya hecho público algunas piezas del expediente integrado desde el año 2013. Y Lo que el gobierno de México cuestiona a la DEA en el caso del general Salvador Cienfuegos es que hayan investigado al militar sin informarle al gobierno mexicano, como establecen los acuerdos bilaterales.

​Según informes actuales, en México operan 54 agentes de la DEA debidamente acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están ubicados en 10 oficinas. De hecho, la propia DEA reporta en su sitio de Internet que cuenta con sedes en las ciudades de Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, Mazatlán, Monterrey, Matamoros, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México.

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