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DEL ABSURDO: CREA LA SFP CUERPO DE ALERTADORES SOCIALES…MÁS VALE ESTAR CALLADO QUE SER BALCONEADO

Francisco Medina/ La Opinión de México

La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez advirtió el riesgo de que el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción que implementará el Gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se convierta en un instrumento de terror y de presión en contra de los adversarios políticos del régimen.

El pasado 11 de junio el Diario Oficial de la Federación publicó los lineamientos para la operación de este sistema, en el cual mediante una plataforma digital la ciudadanía estará en posibilidad de emitir denuncias de hechos de corrupción que “se hubieran ya cometido, que se estén cometiendo o que pudieran cometerse”, destacó.

El llamado alertador, denunciante o delatador, como quiera que se le llame, dijo, tendrá la protección de que su testimonio será anónimo y que los hechos que denuncia en la plataforma se guardarán con reserva, además de que podrá ser retribuido económicamente, “cuando sea necesario”, para lo cual se le enviará a la instancia que en su caso corresponda.

En este sentido, agregó, cualquier persona puede acceder a la plataforma y formular denuncias, lo que pudiera utilizarse como un instrumento de terror, de presión política en contra de los adversarios a los que se puede acusar sin que necesariamente los hechos sean ciertos, porque simple y sencillamente el alertador no tiene que asegurar la veracidad de sus imputaciones.

Esta situación es muy grave, consideró, porque en última instancia al ciudadano “le late que se están cometiendo tales o cuales actos de corrupción y después puede suceder que no, que esto no se justifica, no se acredita y, sin embargo, pues ya se afectó la honra, la familia, el buen nombre de un servidor público”.

“Esto es muy delicado porque tal pareciera que estamos a semejanza del sistema cubano de delatores, o del sistema soviético, en donde la ciudadanía delata a otra parte de la ciudadanía respecto de hechos que puedan ser contrarios o inconvenientes al régimen”, apuntó la senadora por Querétaro, al participar hoy en la conferencia virtual que senadoras del PAN ofrecieron a los medios de comunicación. Este sistema de alertadores operará en casos de delitos como cohecho, peculado y desvío de recursos que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, pueden dar lugar, si se presentara la denuncia, a delitos graves, prisión preventiva oficiosa y hasta extinción de dominio, resaltó.

Y puede resultar después que las acusaciones ni son verdaderas o que de alguna manera fueron infladas artificialmente por motivos políticos, de persecución a adversarios, y pues, simple y sencillamente ya se llevó a cabo el procedimiento de extinción de dominio, que es muy grave, continuó.

Adelantó que el grupo parlamentario está revisando jurídicamente esta figura de los alertadores de la corrupción y los lineamientos emitidos, porque son contrarios a varios preceptos constitucionales como los artículos 14, 16, 19 y 21 de nuestra Carta Magna.

“Es un esquema muy grave que tal parece que estamos en las épocas del soviet supremo y su dictadura y su autoritarismo, o en la dictadura cubana, en donde también hay este esquema en donde el ciudadano delata a otros ciudadanos.

“Y bueno, ya después tendrá que acreditar si los hechos que se le señalan son falsos, pero parece muy delicado este esquema que quiere implementar la Secretaría de la Función Pública así en un acuerdo que salió publicado el 11 de junio”, finalizó.

Pues bien ahora a los alerrtadores de la SFP, se suma la propuesta de los militantes de Morena en el estado de Chihuahua, de poner en marcha los “Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, que buscan generar una defensa de las políticas aplicadas y el proyecto del gobierno.

En una sesión que tuvieron, donde estuvieron diputados federales y locales morenistas de esa entidad, así como funcionarios federales, se señaló que estos comités surgen “ante el arribo de un ‘gobierno de izquierda’, y los poderes fácticos y políticos que se oponen a los cambios”. Además del llamado del presidente López Obrador para denunciar a los ciudadanos que presumiblemente estén cometiendo actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y por qué no, criticar al gobierno.

Estos comites, que quieren extender por todo el país, es un símil de lo que son los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en Cuba.

En esa reunión, Andrea Chávez y Abraham Mendieta, asesores de Morena en el Congreso de la Unión, hablaron sobre la “guerra mediática” y la necesidad de que funcionarios y militantes de ese partido tomen “el toro por los cuernos” ante la arremetida de la oposición y los ataques de la mayoría de los medios de comunicación”.

Pero bien, recordemos que el 28 de septiembre de 1960, tras un discurso de Fidel Castro, nacieron los primeros Comités de Defensa de la Revolución, con el papel de desempeñar tareas de vigilancia colectiva frente a la injerencia externa y los actos de desestabilización del sistema político cubano.

Su organización está estructurada en todo el país, en zonas rurales y urbanas.

Opositores al régimen en Cuba aseguran que los CDR “son un sistema de vigilancia que insta a agredir verbal y físicamente a disidentes y averigua procedencia de los bienes de las familias”.

Se trata de grupos adictos que se encargan de husmearlo todo, de inventariarlo todo, de saber vida y milagro (con perdón) de cuanto bípedo respira en el país. Son los que instrumentan las orientaciones que «bajan» de lo alto. Nada humano les es ajeno: con quién se acuesta la señora del quinto, cuándo se baña el calvo del primero, por qué Zutano no fue a cortar caña. La represión y la vigilancia existen -obviamente- en razón directa a la posible desobediencia (…) Es obvio que los Comités de Defensa no están defendiendo a la revolución de los marines yanquis, sino de los propios cubanos; es elocuente que si existen doscientos mil minicuarteles es porque existen millones de posibles transgresores de la ley.

Los CDR también han sido criticados por algunos grupos de derechos humanos por involucrarse en los llamados «actos de repudio», los cuales incluyen abuso, intimidación y en ocasiones, agresiones físicas en contra de aquellos que son considerados contrarrevolucionarios, es decir, enemigos de la Revolución.

Algunos analistas internacionales consideran que los comités actúan como una policía secreta o espías del gobierno, buscando garantizar la continuidad del sistema político vigente.

Bien ahora, tendremos que tener cuidado con lo que se diga y se haga, no vaya a ser que seamos víctimas de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Y como dice el dicho que en boca cerrada no entran moscas,

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