*Vales de gasolina y despensa, “jugoso” negocio de funcionarios y magistrados
Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México.- Los vales de gasolina y de despensa se convierten en un verdadero negocio para funcionarios y magistrados, tal el caso del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la cual erogará en este año hasta 139 millones de pesos, al beneficiar de manera descarada a la empresa Servicios Broxel, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.) de Capital Variable (C.V).
Los tentáculos de corrupción de esta iniciativa privada son extensos, pues también causó polémica cuando el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, les favoreció, ya que en un bienio entregó cerca de 160 millones de pesos para la adquisición de tarjetas electrónicas para regular las actividades decembrinas.
De acuerdo con la investigación efectuada por el Grupo Sol, en el expediente número CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2022 se establece que, el 2 de diciembre de 2021 hubo una licitación pública, en la cual resultó ganadora dicha compañía nacional, cuya dirección general se ubica en la Ciudad de México.
El objetivo es el servicio de vales de despensa a través de tarjetas electrónicas con chip, para los beneficiarios del plan de pensiones complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Jubilados, que otorga el Consejo de la Judicatura Federal.
Al resultar ganadora del amañado concurso, el CJF firmó el contrato con número CON/DGRM/DCS/050/2022, el pasado 19 de enero de 2022, aunque de acuerdo con el documento, el mismo está vigente desde el primer día de ese año.
El término de la vigencia fue el pasado 30 de abril, luego de efectuar transferencias electrónicas mensuales por un monto total de 138 millones de pesos, dinero correspondiente a los recursos fiscales, por concepto del “servicio de vales de gasolina, a través de tarjetas electrónicas con chip, destinadas al apoyo económico otorgado por el CJF”.
De acuerdo con los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución del contrato, “El CJF, a través del área requirente (la dirección general de Recursos Materiales), tendrá en todo momento el derecho y obligación de dar seguimiento y/o coordinar que los servicios se realicen de acuerdo a lo señalado en el presente instrumento jurídico, así como a las especificaciones contenidas en el anexo técnico del contrato”.
Posteriormente, el 11 de abril de este año, el Consejo efectuó otra licitación pública para la “Adquisición de Vales de Electrónicos de Despensa para las Personas Servidoras Públicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, y nuevamente volvió a ganar Servicios Broxel, SAPI de CV, de acuerdo con el expediente LA-32-412-032000001-N-24-2023.
Por ende, ese mismo día se firmó el contrato número TJF-SOA-DGRMSG-004/2023, el cual, irónicamente entró en vigor el primer día del cuarto mes, para lo cual se le adjudicó un monto tal de 10 millones 616 mil 895.75 pesos.
El pago por la adquisición de Vales de electrónicos de despensa para las personas Servidoras Públicas del CJF es mensual por medio de transferencias interbancarias.
El contrato concluirá el próximo 31 de diciembre, para beneficiar al personal de las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios Generales y la de Adquisiciones, así como las subdirecciones de Licitaciones y Contratos, además la de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Mientras que, en Yucatán, aunque en ambos casos se trató de convocatorias nacionales, en 2019 y en 2020 se benefició a la misma iniciativa privada, con un monto por 158 millones 179 mil 24 pesos.
De acuerdo con el acta de fallo de la licitación pública nacional presencial, LA -93100 7985-E10-2019, relativa a la Adquisición de Tarjetas Electrónicas para Medidas de Fin de Año y de Productividad a Trabajadores de los Servicios de Salud de Yucatán, el favoritismo fue más que evidente.
Tan sólo en 2019, el monto que la SSY destinó fue de 111 millones 903 mil 750 pesos, de acuerdo con el documento en poder de Sol Yucatán.
Según la cronología de eventos, el 14 de noviembre se publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema de Compras Gubernamentales (Compranet), posteriormente, el 21 del mismo mes se realizó el Acto de Junta de Aclaración de la licitación, y el 25 fue el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas.
A pesar del recorte presupuestal, Sauri Vivas dilapidó cerca de 46 millones de pesos para la adquisición de tarjetas electrónicas para medidas de fin de año, destinadas para los trabajadores del ramo.
Aunque la dependencia pretendió trasparentar esta anomalía, no se detalló sobre el número de personas beneficiadas, a las cuales se les entregó el respectivo monedero electrónico para administrar el gasto de combustible.
Simplemente, se especificó que el gobierno del Estado derrochó 46 millones 275 mil 274 pesos, dinero que se entregó a la empresa Servicios Broxel, SAPI de CV.
Con dolo, la dirección de transparencia de la dependencia no especificó el número de tarjetas emitidas y mucho menos la cifra de especialistas beneficiados, entre otros detalles.
