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DESDE LA BARRERA

Aletia Molina/ LA OPINIÓN DE MÉXICO

Violencia electoral

De septiembre de 2020, cuando dio inicio el actual proceso electoral, hasta el 30 de abril de este año, varias empresas consultoras registran 476 agresiones a 443 personas relacionadas con las campañas electorales y el servicio público.

De estas 443 víctimas de agresiones diversas, tales como homicidios, amenazas, atentados contra familiares o colaboradores, secuestros, extorsiones, 282 son o eran aspirantes a una candidatura o ya candidatos, sin discriminar, de todos los partidos políticos.

En un proceso que implica la disputa por más de 20 mil cargos de elección popular cabe preguntarse qué puestos buscan o buscaban estos 282 aspirantes o candidatos agredidos, a fin de ubicar en dónde se concentra la mayor parte de la violencia vinculada directamente con las elecciones.

Y la respuesta es que 195 (70 por ciento) de los agredidos buscaban un cargo en un gobierno municipal, 47 (16 por ciento) aspiraban a una gubernatura o una diputación local, y 40 (14 por ciento) a una diputación federal.

Lo anterior significa que 86 por ciento de las agresiones se dirigió a políticos del ámbito local, en mayor medida municipal y en menor estatal, lo que también se confirma con otro dato revelador: de los 31 aspirantes o candidatos asesinados hasta el 30 de abril: 26 buscaban un cargo en un gobierno municipal (20 a alcaldías y 6 a regidurías), 3 a una diputación local y 2 a una diputación federal. De ellos, 85 por ciento representaba una opción opositora en la localidad.

Por otra parte, de las 443 personas agredidas, el más alto porcentaje, 45 por ciento, fueron víctimas de homicidio. Esta cifra es de 198 y corresponde a 79 políticos (31 de los cuales eran candidatos, como ya se apuntó), 28 familiares de políticos y 91 servidores públicos sin militancia o aspiraciones.

La segunda agresión más recurrente es la de amenazas, de las que se han registrado 174 en al periodo y que llevaron a la renuncia de 17 candidatos.

Un dato de la mayor relevancia, es que de los 31 casos de homicidio de aspirantes o candidatos, a los que habría que agregar 14 casos de homicidio en grado de tentativa, sólo en 3 hay registro de la detención de sospechosos.

Si la impunidad prevalece no solamente será eficaz aliciente del crimen, y además, un velo que ocultará la identidad, la motivación y el beneficio de quienes ordenaron desde la sombra el homicidio de una candidata o un candidato, y menos aún tendremos conciencia de cómo cambió el destino de una localidad como consecuencia de tal crimen.

A pesar de ello, sería de esperarse que los cientos de agresiones contra actores políticos en tiempo de elecciones no inhibirán o debilitarán la fuerza y la civilidad de 94 millones de electores.

 

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