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DIVIDE OBRADOR A GOBERNADORES

*Ofrece trato igualitario a gobernadores

*El presidente López Obrador no solo ha dividido a los mexicanos de a pie, sino también a los gobernadores de los estados. Sus preferencias hacia los mandatarios emanados de Morena a la hora de distribuir los recursos federales dieron origen a la Alianza Federalista, que demanda un trato igualitario en la asignación de los dineros públicos.

*En plena crisis económica por el Covid-19 y a unas semanas del inicio del proceso electoral de 2021, bajo la presión de algunos gobernadores fue reabierto el debate para revisar el Pacto Fiscal, mediante el cual las entidades reciben recursos de la Federación que equivalen a casi el 90 por ciento de sus ingresos.

*Establecido a principios de 1980, el Pacto Fiscal implica que todos los impuestos federales que se cobren en los estados se vayan a una bolsa común para ser repartidos; sin embargo este procedimiento ha sido sujeto de críticas al señalar que se beneficia de forma clientelar a los estados gobernados por Morena.

LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- Desde mediados de agosto, los mandatarios que conforman la Alianza Federalista fijaron su postura ante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente López Obrador, quien ha dado muestras de tener preferencias hacia los estados donde gobierna Morena a la hora de otorgar los recursos federales.

Los 10 gobernadores aliancistas señalan que luego de cinco meses de pandemia, México vive el momento más crítico, y que ya es insostenible la situación de los gobiernos estatales que con sus propios recursos han hecho frente a la emergencia sanitaria.

En estos momentos resulta indispensable actuar de manera extraordinaria, privilegiando el diálogo y la coordinación para poder enfrentar la doble crisis que está golpeando a la población: la sanitaria y la económica.

En la reciente reunión entre el presidente López Obrador y la Conago, se acordó trazar la ruta hacia la Convención Nacional Hacendaria para modificar el Pacto Fiscal, tema principal que venía impulsado la Alianza Federalista, integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Chihuahua, Javier Corral; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Colima, José Ignacio Peralta; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Jalisco, Enrique Alfaro; Michoacán, Silvano Aureoles; Nuevo León, Jaime Rodríguez y Tamaulipas, Francisco García.

Otros de los acuerdos logrados por la Conago fue revisar la reestructuración de las deudas de los estados y entregar los recursos completos y sin retrasos a las entidades.

A través de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (presente en la reunión), AMLO se comprometió a dar trato igualitario a todos los gobernadores a pesar de las diferencias que puedan existir.

El encuentro se dio en el contexto de la conformación de frentes por parte de los gobernadores (Alianza Federalista y Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional) que han exigido al presidente López Obrador abrir el debate para reformar el Pacto Fiscal y las fórmulas con las que se distribuyen los recursos, esto en reacción a la política clientelar que ha aplicado AMLO a la hora de reasignar los dineros federales.

Establecido a principios de 1980, el Pacto Fiscal implica que todos los impuestos federales que se cobren se vayan a una bolsa común para ser repartidos; sin embargo este procedimiento ha sido sujeto de críticas al señalar que se beneficia de forma clientelar a las entidades.

Los integrantes de la Alianza Federalista han advertido que no se trata de una amenaza de salirse del pacto, sino que sea considerado con justicia, con apego a derecho y sobre todo a las necesidades de cada entidad.

Durante más de 40 años el Pacto Fiscal ha solucionado muchos de los problemas que aquejan a México, sobre todo la disminución de la pobreza, pero actualmente no hay reciprocidad, el pacto está obsoleto, considera la Alianza Federalista.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), este año se estiman más de dos billones de pesos en ingresos totales de las entidades, de los cuales 1.7 billones son transferidos por el gobierno federal a través de “aportaciones” (759 mil 760 millones de pesos) destinadas a fortalecer a los estados en temas como salud, educación, seguridad, entre otros, que son recursos etiquetados, y “participaciones” (948 mil 747 millones de pesos), las cuales buscan incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de cada entidad.

Estas últimas se distribuyen a través de una fórmula contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal que contempla la recaudación de las entidades, el PIB, la población, entre otros elementos. Eso es lo que ha inconformado a algunos mandatarios, quienes argumentan que los recursos que reciben son pocos en comparación a lo que la Federación recauda en sus territorios.

Pondera Lab, Vanguardia en análisis de datos, explicó que el Pacto Fiscal ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad en los estados, ya que los más ricos, como Jalisco o Nuevo León, contribuyen en alto grado a que se transfieran recursos a los más pobres, como Oaxaca y Chiapas; sin embargo, esto también ha permitido que haya diferencias sustanciales en la recaudación de cada entidad.

Por su parte, el académico de la Universidad Panamericana, Antonio Andreu, señaló la diferencia entre lo que reciben y recaudan los estados.

Y puso algunos ejemplos: la Ciudad de México recibe transferencias por 20 mil 778 millones de pesos, mientras que su recaudación es de 164 mil 608 millones, por lo que “sale perdiendo” más de 143 mil 830 millones.

Otros casos como a Tamaulipas que en 2019 recaudó 63 mil 356 millones de pesos y recibió 15 mil 204 millones o Nuevo León que aportó a la Federación 40 mil 514 millones y recibió 14 mil 197 millones de pesos.

Asimismo, en el caso de Oaxaca, que recibe 18 mil 312 millones de pesos del gobierno federal, pero de ingresos propios, solo un mil 268 millones de pesos o Guerrero que recibió 17 mil 703 millones, mientras que recaudó un mil 181 millones de pesos.

“Una balanza fiscal en la que cada entidad federativa recibiera lo que se recauda en su territorio ocasionaría que la solidaridad de los estados prósperos con los estados menos favorecidos fuera nula y, en ese caso pierde todo sentido ser una Federación.

Por otro lado, si las pérdidas de los más prósperos son crecientes y permanentes, unos estados vivirán a costa de otros, haciendo de igual modo inviable la Federación, señala el también secretario académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

Andreu dijo que se debe procurar que las economías de estados menos prósperos crezcan más rápido que las de los estados prósperos, para que, en algún momento, acabe la dependencia de las transferencias federales, lo que se conoce como convergencia económica.

En este escenario, algunos expertos coinciden en que los estados más ricos son los que saldrían ganando con un nuevo acuerdo sobre el Pacto Fiscal que les dé más a quienes más contribuyen, mientras que para otros no está claro este panorama y todo dependerá del resultado de las negociaciones.

Posible mejorar Paco Fiscal

Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) no está claro que haya ganadores y perdedores, pues todavía no hay propuestas concretas de cambios, lo que vislumbra varios escenarios. En el primero, se “premia” a los estados más ricos, pero también puede ser que se busque “privilegiar” a los más rezagados.

Sobre una repartición más redistributiva, sostiene que el actual Pacto Fiscal ya contempla que las participaciones dependen del gasto local, mientras que las aportaciones toman en cuenta la población y el rezago de cada localidad. Aunque no duda que se pueda mejorar el pacto.

“El Pacto Fiscal ya contempla eso, premiar a los más fuertes y no dejar atrás a los más rezagados”, afirmó el CIEP.

Viridiana Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, señaló que los “estados ricos” también omiten mencionar que dentro de sus propios territorios tienen a muchas personas muy pobres que se benefician del Pacto Fiscal.

Mencionó que en Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el nueve por ciento de la población es vulnerable por tener ingresos demasiados bajos, cuando a nivel nacional es de siete por ciento.

“Si se va a repensar el Pacto Fiscal que sea con el objetivo de hacerlo más redistributivo y motivar a las entidades a que recauden más impuestos locales, no solo para crear un México más desigual”, señaló.

María Cristina Sánchez Ramírez, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, explicó por su cuenta que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido un instrumento que México ha utilizado para armonizar las facultades de la Federación y de las haciendas locales.

Por medio de este sistema se busca establecer funciones concurrentes con el objetivo de evitar la doble tributación, así como para aumentar la recaudación y lograr una mejor distribución de los ingresos obtenidos a través de los impuestos coordinados.

La investigadora señaló que de cara a la posibilidad de que el Pacto Fiscal sea sometido a revisión, se requiere continuar con los trabajos en el marco del federalismo fiscal para fortalecer las haciendas locales e incluir a los municipios con la finalidad de disminuir la dependencia a las participaciones federales.

Sánchez Ramírez sostuvo que las bases establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y en los instrumentos de adhesión y de colaboración, han permitido construir un sistema de distribución de ingresos federales.

Sistema que permite compensar los ingresos por los gravámenes suspendidos por las entidades federativas y la eliminación de concurrencia impositiva para eliminar la doble tributación que perjudicaba a los contribuyentes; la creación de fondos de estabilización y de compensación; la transparencia gubernamental y avances en la armonización contable.

Por otro lado, destacó que los cambios administrativos y las modificaciones legislativas, se han logrado por el acuerdo de voluntades entre los tres órdenes de gobierno, tal y como lo muestran las conclusiones y compromisos suscritos en las tres Convenciones Nacionales Fiscales y en la Convención Nacional Hacendaria.

La investigadora del IBD destacó que es fundamental lograr acuerdos para que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establezcan las bases de la planeación hacendaria, no solo para una mayor distribución de los recursos tributarios en beneficio de la población, sino también para atender las necesidades de los habitantes y de los lugares en los que viven.

Desde el principio de su creación, la Alianza Federalista se pronunció porque en el encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el presidente López Obrador, fueran abordados cuatro temas que son de gran importancia para enfrentar esta coyuntura y las dificultades estructurales que vive el país.

El primero es el fortalecimiento de los 32 sistemas de salud, a través de diversas medidas de inversión pública, que se traduzcan en un acceso efectivo del derecho a la salud de toda la población del país.

Igualmente es de gran relevancia acordar la estrategia y la forma en que se instrumentará la reactivación económica del país, a través de sus estados y municipios, que permitan recuperar los más de ocho millones de empleos perdidos en estos cinco meses de epidemia de Covid-19.

También plantean la necesidad de apuntalar una política pública de desarrollo y utilización de energía verdes, que le permita a México garantizar una mejor relación con nuestro patrimonio natural y comenzar a transformar el uso de energías no renovables.

Como cuarto punto, los estados representados por la alianza insistieron en la necesidad de analizar el Pacto Fiscal, es decir, que la redistribución de la hacienda pública obedezca a criterios de justicia y logre reducir problemas de desigualdad.

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