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DUARTE: LAS DENUNCIAS DEL SAQUEO

*A dos meses de haber asumido la gubernatura de Chihuahua se le empezaron a documentar actos de corrupción y un amplio tráfico de influencias para enriquecerse a costa del erario público

*Incrementó un 32 por ciento desde la llegada de Duarte a la gubernatura. Pese a ello, era notorio el desabasto de medicamentos y todo tipo de materiales

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Los Incomodos ll, tercera de cuatro partes)

Ciudad de México.- Desde el año 2011, a escasos dos meses de haber asumido la gubernatura de Chihuahua, a César Duarte Jáquez se le empezaron a documentar actos de corrupción y un amplio tráfico de influencias para enriquecerse a costa del erario público.

​Muy pronto salieron a relucir los nombres de varias empresas utilizadas por el exmandatario, para obtener contratos mediante la compra de medicamentos a precios elevados. El gobierno de Chihuahua pagó por ello miles de millones de pesos, a través de esas empresas, las que a su vez le pagaban al gobernador cuantiosas sumas de dinero.

​Por ejemplo, algunas de las empresas relacionadas con Duarte Jáquez son Pharmacéutica, S.A de C.V. y Servicios y Atenciones Médicas, las cuales convirtió, según las denuncias, en las principales proveedoras del sector salud del estado: las benefició con licitaciones a modo para adjudicarles contratos. Estas empresas fueron denunciadas en su tiempo por vender medicamentos con sobreprecios, pero Duarte las protegió. Y era obvio. Las empresas eran suyas.

Cuando salió a flote el negocio con estas empresas farmacéuticas Duarte Jáquez ya enfrentaba varias denuncias ante la PGR por peculado, corrupción y malversación de fondos, así como uso indebido de atribuciones, las cuales presentaron el abogado y activista Jaime García Chávez y la diputada Rocio Reza Gallegos. Las denuncias fueron respaldadas por cuarenta senadores y ciudadanos de Chihuahua que, incluso, crearon un movimiento social en contra de Duarte.

​Y es que los casos de corrupción alcanzaron niveles de escándalo nacional. El caso de las farmacéuticas puso al descubierto el favoritismo del gobernador cuando se dieron a conocer los pagos multimillonarios que recibieron.

Según los datos oficiales y con base en las denuncias, entre 2011 y 2013 el sector salud de Chihuahua gastó poco más de 2 mil 600 millones en compra de medicamentos.

Las empresas Ymmarsa, Farmacias Economik y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional S.A de RL de C.V. –cuya propiedad se le atribuye a Eduardo Almeida Navarro, uno de los impulsores de la campaña de Duarte Jáquez –recibieron de 2011 a 2013 más de la mitad del presupuesto estatal destinado a la adquisición de medicamentos y materiales de curación.

En las denuncias también se documentó que el gasto en materia de salud se incrementó un 32 por ciento desde la llegada de Duarte a la gubernatura. Pese a ello, era notorio el desabasto de medicamentos y todo tipo de materiales. Incluso la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), al realizar algunas auditorías, reveló que no había controles sobre los almacenes.

No fue todo. La ASF señaló a las empresas relacionadas con César Duarte de incumplir con algunos requisitos tanto en las licitaciones como en el cumplimiento de los contratos.

Otros proveedores del sector salud, en su mayoría desplazados por el gobernador, denunciaron que dichas empresas cotizaban los medicamentos y productos médicos y clínicos a precios mucha más caros que sus competidores del ramo y pese a ello ganaban los contratos millonarios con el gobierno.

Las anomalías –entre las que sobresalían violaciones a la Ley de Adquisiciones, tráfico de influencias y corrupción — se pusieron en poder de la Secretaría de la Función Pública, pero ésta dependencia resolvió que el caso debía investigarlo la contraloría del Estado. Esto benefició al gobernador César Duarte y a sus aliados.

La Contraloría la menajaba Liz Aguilera, aliada de Duarte, quien era impulsada por el propio gobernador para que fuera diputada federal. En realidad este mujer se convirtió en una verdadera tapadera de Duarte.

Sin embargo, el saqueo continuó, impune. De 2011 a 2013, el presupuesto en materia de salud aumentó –pasó de 784 millones a 974 millones en total — y las mismas empresas relacionadas con César Duarte se siguieron beneficiando de los contratos a modo. De igual forma se probó en esos dos años el sector salud gastó más de 2 mil 600 millones de pesos sólo en la adquisición de medicamentos y material de curación.

El modus operandis para acomodar las licitaciones y beneficiar a las empresas aliadas del gobernador se conoció tiempo después. Un empleado que conocía muy bien esas maniobras reveló que, en efecto, las licitaciones se acomodan según la conveniencia y las instrucciones que reciban de arriba, es decir, del gobernador.

Dijo también que una semana antes empiezan a preparar todo para concursar. El gobierno manda las licitaciones y los operadores del gobernador las acomodan para favorecer a los amigos y socios del gobernador. Todo se hace así.

La ASF puso el dedo en la yaga cuando dio a conocer que, pese al gasto millonario en salud el desabasto de medicamentos privaba en todo el sector. E hizo observaciones puntuales del ejercicio 2012 y 2013. Expuso que hubo mala distribución de medicamentos y que ello derivó en desabasto. De igual forma hubo malos manejos en los almacenes y manejo de medicamentos caducos y resaltó que el estado de Chihuahua le había pagado a la empresa Medicas K más de 500 millones de pesos.

​Otra de las empresas que salieron a relucir en el trafico de influencias operado por César Jáquez es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, la cual también es propiedad de Eduardo Almeida.

Según el semanario Proceso, “el empresario posee una avioneta Cessna 402 matricula N3403” y en junio de 2014 fue nombrado presidente seccional del PRI municipal en Chihuahua. Grupo Alsa está compuesto por siete compañías. Tres fueron proveedoras del gobierno de César Duarte y de la presidencia municipal de Chihuahua: Construcciones Corporativas Inmobiliarias, S.A de C.V., Comercializadora Corporativa Internacional, S.A de C.V., y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S.A de C.V.

Estas empresas, según los antecedentes públicos que se conocen de ellas, se encargan de instalar alumbrado público, remodelar inmuebles, vender maquinaria, construir y remodelar escuelas y de la venta de medicamentos.

Cuando transcurría el cuarto año el gobierno de César Duarte ya enfrentaba un grave problema de corrupción, falta de credibilidad, todo ello debido a los malos manejos de las finanzas del estado. Era evidente que César Duarte y sus principales socios y colaboradores efectuaban un verdadero atraco al erario de la entidad. Y así lo confirmaba el hecho de que Chihuahua ya era, en el 2014, la tercera entidad más endeudada del país. Su deuda pública alcanzaba los 19 mil millones de pesos.

Y la corrupción salía a flote como la espuma. Fue en ese año cuando César Duarte fue denunciado ante las autoridades federales porque con dinero público constituyó una sociedad mercantil –El Banco Progreso de Chihuahua –donde él mismo aparecía entre los principales accionistas.

Quien desmenuzó los pormenores de lo que fue llamado como un acto de “atraco y descaro” fue el abogado y activista Jaime García Chávez, quien no dudó en denunciar penalmente al entonces gobernador César Duarte. Y fue así como la PGR comenzó a investigar al ahora prófugo exmandatario por los delitos de peculado y malversación de fondos.

De igual forma la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió la denuncia, por conducto de García Chávez, así como la Fiscalía del estado. En dicha denuncia se afirma que César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong crearon en Banorte el Fideicomiso 744743 con un monto de 68 millones de pesos y le dieron la instrucción a esa institución bancaria para invertir y comprar acciones en el Banco Unión Progreso, el cual tiempo atrás había recibido autorización de la banca múltiple para operar. Más tarde, según el Diario Oficial de la Federación, dicha institución se convirtió en Banco Progreso de Chihuahua.

La denuncia de García Chávez –PGR/CHIH/Jua/2143/2014-Vl.A –fue atraída en 2014 por la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo.

Cuando el asunto tronó públicamente César Duarte fue cuestionado por los medios de comunicación. El escándalo era lógico. El gobernador de Chihuahua utilizaba dinero público para edificar una empresa privada donde él y su esposa eran los beneficiarios principales.

Duarte evadió los cuestionamientos una y otra vez. Sin embargo, en una ocasión se pasó de cínico: Reconoció que, en efecto, había firmado el Fidecomiso pero que no supo lo que firmaba. Y comenzó el malabarismo de palabras: “Saben cuántos papeles firmo al día? ¿Se imaginan?. Lo firmé, sí, pero no lo leí, a lo macho que no lo leí”.

Luego siguieron otras explicaciones, a manera de enredo. Duarte Jáquez dijo su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral –preso actualmente por los desvíos de dinero público para el financiamiento de las campañas del PRI –le pidió salvar el antiguo Banco Unión Progreso de una crisis financiara cuando fungió como presidente de esa institución crediticia.

​García Chávez dio una amplia explicación de cómo surgió el proyecto del banco. “Jaime Herrera era el presidente de la Unión Progreso y fue él quien impulsó la creación del banco con la fusión de otras instituciones, como la Unión de Crédito, Akala y Banca Única. Constituyó el banco adelantándose a la creación de la ley contra el lavado de dinero, en octubre de 2012, la cual entró en vigor nueve meses después. Se adelanta y se convierte en accionista de Unión Progreso”.

Mediante las áreas de transparencia y la Secretaría de Hacienda, el denunciante García Chávez logró saber que el gobierno de Chihuahua, en 2014, ya había depositado más de 80 mil millones de pesos en el Banco Unión Progreso y otros 106 millones 741 mil pesos por medio de 353 operaciones en Akala, socia del banco.

De esas operaciones unas 340 se realizaron cuando Herrera Corral ya era secretario de Hacienda del estado. El importe más fuerte, dijo García Chávez, se efectuó el 2 de diciembre de 2013. En esa ocasión el gobierno del estado depositó mil 208 millones de pesos.

En medio del escándalo y las denuncias en contra del gobernador César Duarte, los directivos de esa institución ofrecieron una conferencia de prensa el 12 de noviembre de 2014 y ahí Luis Ramón DawDaher, director jurídico de la institución, dijo que tanto el gobernador como su esposa tenían invertido en el Fideicomiso un total de 65 millones de pesos, pero que se habían reservado el dato debido al secreto bancario.

​Cuando se descubrieron sus artimañas y maniobras para hacerse del banco, César Duarte no tuvo más que reconocer que, en efecto, él y su esposa eran socios del banco y que tiene la suficiente solvencia económica porque desde 1983 ha sido comerciante.

En parte César Duarte tenía razón. Desde principios de los años ochenta ya tenía fama por dedicarse a vender carros usados en la frontera, pero no contaba con la solvencia económica como para hacerse de un banco.

​Herrera Corral justificó las acciones de César Duarte con Banco Unión Progreso: dijo que era una entidad financiera autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que contaba con autorización para recibir depósitos de los gobiernos y estos pueden invertir donde les den mejores condiciones.

Y añadió: “Si se ve el comportamiento de las tasas de interés, Unión Progreso tiene el mejor interés de depósitos, pero Hacienda no dio información, cuando los denunciantes la pidieron, sobre los montos que se transfirieron de Santander, Bancomer y Banorte.

De acuerdo con los pormenores del caso, la polémica arreció cuando el Congreso de Chihuahua le autorizó a César Duarte pedir un préstamo de 44 mil 575 millones de pesos, de los cuales 3 mil millones fueron bursatilizados en bonos carreteros.

Desde entonces abundaban las sospechas sobre los malos manejos de dinero en Chihuahua, lo cual aumentó la deuda estatal. Se dijo entonces que en endeudamiento había aumentado porque se tuvo que apoyar al estado en su crisis de seguridad, así como para promover la educación, impulsar la infraestructura.

Herrera Corral –quien se convirtió en un estratega y operador financiero de Duarte en los dineros que se transfirieron al PRI –sostuvo en su momento que los recursos obtenidos a través del Fideicomiso carretero no impicaban ningún riesgo para el estado “porque se pagan solos”.

Pero nadie entendía porqué la deuda del estado había subido a más de 40 mil millones de pesos. La que había dejado José Reyes Baeza al término de su gestión como gobernador era de 12 mil millones de pesos, más los cumulados, era claro que Duarte Jáquez había recibido el estado con 13 mil millones de endeudamiento y él la había subido al doble.

Por esa razón, la sociedad chihuahuense comenzó a protestar. El severo endeudamiento y el enriquecimiento del gobernador César Duarte unió a militares de diversos partidos, también se sumaron campesinos, barzonistas y los del movimiento de Madera 65 y del estudiantil de 1972. Para entonces ya avanzaban las denuncias, mediante las presiones políticas en el Senado de la República, en contra del mandatario chihuahuense.

Con una actitud cínica que rayaba en el descaro, César Duarte se reía de las denuncias en su contra. En diversas ocasiones dijo a boca llena: “Si no les he tenido miedo a los sicarios, menos a los chismosos, enemigos del progreso y zánganos”.

Dueño del dinero y del poder –el cual usó con fines aviesos –Duarte Jáquez compró la complicidad de rectores y académicos de las universidades de Chihuahua, quienes enderezaron una guerra sucia en contra de Jaime García Chávez, quien denunció el negocio del banco. A través de desplegados periodísticos y columnas políticas pagadas el exdiputado local y activista social fue señalado de corrupto.

Decían las denuncias pagadas en los medios de comunicación: “Con afanes electoreros, dicho personaje ha tratado de confundir y distraer con infundios y mentiras las condiciones de avance en materia educativa, seguridad, desarrollo económico, empleo y salud que los chihuahuenses hemos alcanzado en los últimos cuatro años”.

Agraviada, la sociedad comenzó a organizarse. Las protestas arreciaban, en gran parte, debido a su indolencia de Duarte y después los ánimos se crisparon tras el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fue acribillada el 16 de diciembre de 2010 frente a las puertas del Palacio de Gobierno.

​Como muestra de repudio al crimen cientos de personas colocaban veladoras alrededor del inmueble oficial, pero los responsables de la seguridad las quitaban. Aquello empeoró el malestar de la gente. Las veladoras se siguen encendiendo por todas partes.

​De paso por Chihuahua como parte de su periplo, Javier Sicilia, quien encabezaba el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, fustigó el artero crimen de la activista social y puso una placa en recuerdo de Marisela Escobedo.

César Duarte no tardó en reaccionar y lo mismo hizo el entonces fiscal Carlos Manuel Salas. Ambos acusaron al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dirigido por Luz Estela Castro, de defender a delincuentes y de lucrar con esa causa.

Otros dos asesinatos –el de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís –el 22 de octubre de 2012, incendiaron más las protestas. Ambos eran integrantes de El Barzón y encabezaron varias protestas. Ahí donde había un acto de injusticia y agravio ellos llegaban para arropar la causa. Por eso se les quería. Cuando fueron asesinados la gente se enardeció y arremetió en contra del gobierno de César Duarte.

Mediante el despilfarro de recursos públicos César Duarte quiso acallar las protestas y construirse una imagen pública distinta. Por eso no escatimó recurso alguno en imagen y publicidad. Tan sólo en 2012 gastó 500 millones de pesos en medios y, según las denuncias que entonces hizo Javier Corral –el actual gobernador de Chihuahua –al año siguiente Duarte se gastó más del doble: mil 48 millones en su imagen.

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