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EL BRONCO, BLANCO DE ATENTADOS 

*El 4 de noviembre de 2009, cuatro días después de asumir el cargo de presidente municipal de García, fue asesinado su secretario de seguridad pública, Juan Arturo Esparza García junto con sus escoltas

Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México 

SEGUNDA DE 3 PARTES

Monterrey.- El 4 de noviembre de 2009, cuatro días después de asumir el cargo de presidente municipal de García, fue asesinado su secretario de seguridad pública, Juan Arturo Esparza García junto con sus escoltas, por un comando armado, hecho que a la fecha no ha sido debidamente aclarado.

El Bronco ha dicho que ha sido blanco de dos atentados, ha hablado del secuestro de su hija y ha responsabilizado al crimen organizado del asesinato de su hijo, aunque ésta última versión la cambió una vez que hizo pública su candidatura ya que anteriormente había declarado que su hijo había muerto en un accidente automovilístico en Galeana.

El 25 de febrero de 2011 al mediodía, Rodríguez Calderón salió ileso de un intento de asesinato por parte de un comando de sicarios que dispararon en contra de su vehículo. Murieron tres de los agresores y capturaron a otros dos. Tres de los agresores resultaron ex policías municipales.

Un mes después, el 29 de marzo, ocurrió un segundo ataque en contra de Rodríguez Calderón, perpetrado por cerca de cuarenta sicarios en varios vehículos en contra del auto en que se transportaba el presidente municipal. El incidente concluyó con la muerte de uno de sus escoltas y cuatro más heridos, mientras que Rodríguez Calderón salió ileso.

El Bronco acusó que ambos atentados habían sido planeados por el Cártel de Los Zetas, mientras que en corrillos se hablaba de un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado.

Cuando llegó al gobierno de Nuevo León, en octubre de 2015, la entidad tenía pendiente de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un total de mil 900 millones de pesos, de ellos 210 millones fueron herencia de José Natividad González Parás (2003-2009) y otros mil 690 millones de Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), el mandatario priista que supuestamente El Bronco metería a la cárcel por actos de corrupción.

Antes de que extirpara la corrupción y retomara el control de las prisiones en Nuevo León, como lo había prometido, El Bronco enfrentó su primer escándalo por una licitación cuestionada y la muerte de al menos 49 reos en una de las peores masacres en la historia de Nuevo León.

Rodríguez Calderón había dicho en su discurso de toma de posesión: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos! Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea”.

Prometió además que el 7 de diciembre daría a conocer 100 casos de corrupción, que se abrirían al menos un número igual de averiguaciones previas por daños al erario y que se castigaría a los culpables.

Empero, nunca hubo una sola denuncia contra ningún ex funcionario público de alto nivel del anterior gobierno y contrariamente, un día después de que había dicho que daría a conocer los casos de corrupción, el diario local El Norte denunció que el gobierno de Rodríguez Calderón había comprado 200 mil cobijas por un monto total de 28.9 millones de pesos, a un sobreprecio del 167%.

Las cobijas se empezaron a repartir un día antes de que se adjudicara el contrato al único concursante y cinco días previos a la firma de éste y las prendas que entregó el proveedor, no cumplieron con las especificaciones de pesar dos kilogramos y medir de 1.65 a 1.70 metros de ancho y de 2 a 2.10 metros de largo.

El único participante para la licitación, fue una empresa que, de acuerdo con el padrón de proveedores del estado, prestaba lo mismo servicios de cómputo y capacitación, que asesorías y de construcción, mantenimiento a edificios e instalaciones, realiza labores de jardinería y limpieza.

Ni los dueños de la empresa ni el inmueble físico pudieron ser localizados, pues la compañía no se encuentra ubicada en la dirección señalada como domicilio, donde sólo hay una vivienda en la que el morador asegura vivir desde hace 40 años.

De tal manera que, de presentarse la primera denuncia por la Subprocuraduría Anticorrupción y la primera sanción administrativa impuesta por la Contraloría del Estado, hubiera sido contra funcionarios del gobierno de Rodríguez Calderón, situación que simplemente no se dio.

Los traspiés del Bronco resultaban más que evidentes y cuando dejó el cargo de gobernador para ser candidato a la presidencia, en diciembre de 2017, los gastos sin comprobar de Nuevo León se habían multiplicado en un 500 por ciento.

El primer gobernador independiente de la historia había resultado un fiasco en el manejo de los recursos públicos, con peores anomalías incluso que sus rivales del PRI, a los que acusó de uso indebido de cargo y desvío de fondos.

Según datos históricos de la auditoría, Nuevo León tiene pendiente de justificar un acumulado de 9 mil 626.7 millones de pesos, de los cuales 7 mil 726 millones corresponden a 2016, primer año completo que El Bronco gobernó.

Las irregularidades en un solo año de la administración de Rodríguez Calderón, resultaron equiparables a las cometidas en todo el mandato del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el penal de Neza Bordo por delitos de lavado de dinero y peculado, y quien dejó seis mil 732 millones de pesos sin comprobar.

Al gobierno de Rodríguez Calderón le fueron practicadas 23 auditorías federales, que arrojaron 42 casos documentados de daño patrimonial y 50 amonestaciones por mal desempeño de sus funcionarios, principalmente en la inconsistencia del manejo de nómina.

El expediente más cuantioso tiene que ver con falta de comprobación de pagos de plazas, categorías y percepciones a personal de gobierno, por un monto de 4 mil 607 millones de pesos. El daño fue identificado en las Participaciones Federales a las Entidades Federativas; es decir, los impuestos que el gobierno central recauda y después distribuye entre los estados.

 

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