InicioNacionalEl CLAROSCURO DE CAPELLA IBARRA 

El CLAROSCURO DE CAPELLA IBARRA 

*Primero defensor de derechos humanos y luego torturador

*“El Rambo tijuanense” vinculado a “Los Rojos”, desde 2014

*Su líder, “El Carrete”, lo acusó de no respetar acuerdos

*En Quintana Roo, negó la presencia de dicho Cártel

Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Primera de dos partes)

Ciudad de México.- Jesús Alberto Capella Ibarra, ex jefe de la policía en Quintana Roo, continúa bajo la lupa de las autoridades federales, tras el “levantamiento” y ejecución de José Antonio Archie Yamá, un comandante operativo del Mando Único en Solidaridad (Playa del Carmen), quien, amenazado y obligado por sicarios, declaró en un video que estaba ahí por seguir órdenes de sus superiores.

“Estoy aquí por detener a integrantes del CJNG para dar paso al grupo delictivo Los Rojos por órdenes del comandante Capella y del comandante Aquiles”, dijo.

De acuerdo a la carpeta de investigación 11414/2019, el comandante, cuyo indicativo policial era “Cedro”, fue “levantado” el martes 17 y el vienes 20 apareció muerto de septiembre de 2019. Había sido decapitado, embolsado y su cabeza la colocaron a sus pies.

Tras ser hallado del cuerpo del jefe policíaco, en Cancún, Capella Ibarra salió a desmentir los dichos en su contra, además de que señaló como responsable del crimen al Cártel de Cancún y/o de Los Bonfiles, que lideraba la ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal, “Doña Lety”, presa actualmente y denostó al ahora extinto, al enfatizar que había sido chofer de Roberto Borge Angulo y que era uno de sus prestanombres, ya que tenía media docena de propiedades que en realidad eran propiedad del ex gobernador.

Al ser cuestionado sobre la ubicación de las propiedades, Ibarra no respondió y se limitó a decir que las investigaciones irían hasta las últimas consecuencias y que los responsables pagarían por ello, “pues quien se mete con uno de nuestros policías, se mete con todos”, advirtió.

Esa misma versión fue propalada por el coordinador del Mando Único en el estado de Quintana Roo, a través de diversos medios de circulación nacional, a cuyas instalaciones acudió en la Ciudad de México para dar su versión.

Conforme a registros policiales, no hay un sólo hecho del que se le pueda acusar al extinto comandante de estar relacionado con el crimen organizado, ni siquiera de participar en algún hecho ilegal, incluso sus mismos compañeros aseguran que era un hombre completamente limpio, al que de nada se le podría acusar.

Pero los hechos violentos no cesaron con la muerte del comandante y la noche del jueves 26 se produjo otro ataque en la Súpermanzana 50, en Cancún, dirigido, presuntamente, contra el director del Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo.

Capella Ibarra declaró: “En un acto por demás cobarde fueron atacados cuatro compañeros de mi círculo cercano de colaboradores, dos mujeres una de ellas embarazada y dos hombres, entre ellos la licenciada Citlali Cabañas, quien se desempeñara como subdirectora de Organización Administrativa de la Policía Estatal Acreditable en Morelos”.

El viernes por la mañana, en un noticiario televisivo en la Ciudad de México, Capella dijo que habían detenido a varias personas por la agresión a su personal,  que presumiblemente guardaban relación con el caso del comandante ejecutado y que ofrecería una conferencia de prensa que a la fecha no se ha realizado.

No obstante y en virtud de que en los hechos fue victimado un servidor público, por presuntos integrantes de una organización delictiva, la Fiscalía General de la República realiza una investigación paralela, dados los indicios de la participación del crimen organizado en el secuestro y la muerte del comandante “Cedro”.

Capella Ibarra, abogado, oriundo de Tijuana, primero fue coordinador del Consejo Ciudadano por la Transparencia y el Combate a la Corrupción, en Baja California; luego consejero del Comité de Participación Ciudadana de la PGR y después presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de dicha entidad.

Encabezó múltiples marchas de protesta, al frente de gente de elevado nivel económico, en las que exigía seguridad ante la ola de homicidios, secuestros, asaltos, extorsiones y, sobre todo, respeto a los derechos humanos.

Tras una de sus marchas que duró dos semanas a través de todo el estado, dijo haber sido amenazado de muerte por los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana, por lo que el gobierno le proporcionó una escolta personal.

Esas amenazas se tradujeron en hechos, dijo él, cuando el 27 de noviembre de 2007 un comando armado atacó a balazos su casa. El todavía abogado-activista, sin tener conocimiento de cómo manejar un arma, repelió el ataque con un arma larga que uno de sus escoltas había olvidado en su casa. Aseguró no haber recibido apoyo alguno de agentes municipales o ministeriales, pese a que sus cuarteles estaban a menos de 100 metros de su domicilio.

Ello le valió el mote de “El Rambo tijuanense” y repentinamente dejó de ser un inconforme activista, para convertirse en un jefe policíaco y fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tijuana ese mismo año, aunque solamente duraría hasta 2008.

Al finalizar su primera gestión, dejó un alarmante repunte de homicidios. En un fin de semana se registraron más de 40 homicidios en Tijuana por lo que fue destituido, situación que atribuyó a la transición de gobierno.

Pese a ello, volvió a ocupar el mismo cargo de 2010 a 2013, al ser nombrado por el entonces presidente municipal, el priista Carlos Bustamante Anchondo.

Los resultados fueron iguales en cuanto a la reducción de crímenes y violencia, con el agravante de que ya entonces Capella acumulaba no menos de medio centenar de denuncias por violaciones a los derechos humanos, señalado incluso como torturador.

Al dejar el puesto de jefe de la policía en Tijuana, tardó unos meses en acomodarse  hasta que el 7 de abril de 2014, luego de la salida de la abogada Alicia Vázquez Luna, quien se incorporó a trabajar a las oficinas centrales de la desaparecida Procuraduría General de la República, asumió el cargo de comandante del Mando Único Policiaco en Morelos.

Fue entonces cuando el Mando Único se convirtió en la institución estatal más repudiada por la sociedad morelense, pues no sólo su actuación no se vio reflejada en la reducción de los índices
delictivos, sino que además se convirtió en la que ocupó el primer lugar en violación a derechos humano, rompiendo récord con más de 60 quejas por abuso de autoridad, vejaciones, fabricación de delitos, siembra de armas o droga.

En noviembre de 2017, un grupo de policías a su cargo participaron en la masacre de cuatro mujeres y dos menores de edad, en una vivienda del municipio de Temixco. Según la versión oficial, las víctimas perdieron la vida en un fuego cruzado, sin embargo reportes policiacos aseguran que los cuerpos presentaban el tiro de gracia.

Esas quejas fueron avaladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, de acuerdo a la secretaria ejecutiva del organismo, Fabiola Colín.

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