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EL CONTRADISCURSO OFICIAL: FUERZAS ARMADAS, OTRA VEZ A LAS CALLES PARA ABATIR EL CRIMEN

Ricardo Ravelo / La Opinión de México

Incapaz de abatir los índices de criminalidad en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que echar nuevamente a las calles a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, lo que demuestra que, hasta ahora, la Guardia Nacional ha resultado un fracaso. Aunque dijo que en su gobierno no se militarizaría el país ahora tuvo que meter reversa y, como lo hizo Felipe Calderón en su sexenio, López Obrador gobernará con el país saturado de militares.

Mediante un decreto, el presidente Andrés López Obrador determinó que las Fuerzas Armadas –Ejército, Marina y Fuerza Aérea –retomen las tareas de seguridad en el país para enfrentar al crimen organizado. Esta fuerza especial se sumará a la Guardia Nacional, cuyas operaciones iniciaron a principios del año pasado.

El periodo que se mantendrán las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad será hasta el 2024, es decir, por un lapso de casi cinco años. El decreto firmado por el presidente fue publicado el lunes 11 en el Diario Oficial de la Federación. En el documento, el Ejecutivo dispone que estas fuerzas de élite puedan realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, hasta el 2024, según establece el decreto.

En el decreto se afirma que el apoyo de las Fuerzas Armadas será otorgado mientras la Guardia Nacional desarrolla estructura, capacidades e implementación en el territorio nacional. Hasta el |5 de abril último, en el país había un despliegue de 79 mil elementos de la Guardia Nacional en el territorio. Con las Fuerzas Armadas, el país prácticamente estará totalmente militarizado: habrá poco más de 100 mil elementos en todo el país.

El gobierno de López Obrador es de contradicciones, contradiscursos, cambios repentinos, por decir lo menos.

Como candidato presidencial, se opuso a la militarización del país y criticó que, en 2006, el entonces presidente electo Felipe Calderón le declarara la guerra al crimen organizado y utilizara al Ejército Mexicano y a la Marina para ese combate, el cual dejó un saldo de más de 100 mil muertes en seis años.

En esta etapa de violencia se perdieron vidas inocentes, pues no todos los que murieron tenían lazos con el narcotráfico ni con ninguna otra modalidad criminal.

Fue un severo crítico de ese modelo que, a la postre, resultó fallido, como lo demuestran los resultados, pues parece que Calderón Hinojosa no combatió al crimen, ya que estos grupos criminales terminaron asociados, internacionalizados y fortalecidos. Algunos críticos aseguran que la guerra fue un pretexto para desplazar a los habitantes de poblaciones enteras donde están los principales yacimientos de hidrocarburos.

En su tercera campaña presidencial, la que se efectuó en el 2018, López Obrador dijo en diversas ocasiones que no militarizaría el país; que habría una ley de amnistía que beneficiara a muchos criminales que fueron víctimas de los cárteles y que, paulatinamente, retiraría a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Después de tomar posesión como presidente de la República, en diciembre de 2018, se sometió a discusión del Congreso retirar a las Fuerzas Armadas de las calles. Con ello se dio paso a la creación de una estructura policiaca y militar –la Guardia Nacional –que sustituiría a las Fuerzas castrenses de las tareas de seguridad.

Para ello, se fusionaron varias corporaciones policiacas –la Policía Federal, la Policía Naval, entre otras –para dar pie a la Guardia Nacional, la que fue puesta en marcha a principios de 2019, después de que el país enfrentó una sacudida y una oleada de matanzas en diversos puntos del país.

La Guardia Nacional se puso en marcha en el sur de Veracruz después de que fue quemado un bar donde murieron 30 personas quemadas y tras el escándalo que se suscitó por una matanza perpetrada en una fiesta en el municipio de Minatitlán, Veracruz, en el corazón de la zona petrolera.

Sin embargo, en poco más de un año de haber iniciado sus tareas la Guardia Nacional no ha podido frenar la violencia, por el contrario, las ejecuciones continúan en todo el país. Tan sólo los meses de marzo y abril últimos han sido los más violentos de la historia. Los saldos –superiores a 2 mil 500 personas asesinadas –superó por mucho lo ocurrido en otros sexenios.

Esto resultó muy preocupante porque quedó exhibida la ineficacia oficial frente al crimen organizado, la ausencia de una política criminal definida que no sólo contemple “atacar las causas” sino evitar, con la fuerza del Estado, que siga la oleada de crímenes.

Esta falta de estrategia, no sin razón, preocupó al gobierno de Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, expuso en varias ocasiones que México debía dar mucho más en materia de combate al crimen organizado.

Propuso, incluso, declarar como organizaciones terroristas a los principales cárteles de la droga, a fin de que organismos internacionales pudieran ingresar a México a combatir el crimen que el gobierno mexicano no ha podido derrotar. El presidente López Obrador se opuso y apeló al argumento de que ninguna fuerza extranjera podía violentar la soberanía de México.

Pero las presiones continuaron conforme la violencia y las masacres siguieron aumentando en el país. Es claro que la política de “abrazos y no balazos” no ha dado resultados; tampoco la atención de lo que López Obrador llama “las causas” y mucho menos los intentos de negociación con los grupos criminales que reveló el año pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue desmentida por el presidente pero dejó en claro que el gobierno buscaba negociar con algunos cárteles.

Ahora que el proyecto de la Cuarta Transformación se encamina a consumar su segundo año de gobierno –plazo que pidió el presidente el año pasado para sentar las bases de su proyecto de gobierno –los resultados no se están dando como se había planeado.

La crisis económica está en crisis y se avizora una caída estrepitosa en los empleos debido a la pandemia del Coronavirus; la violencia no ceja, por el contrario, se agudiza y, por si fuera poco, el gobierno es blanco de una fuerte campaña de cuestionamiento en las redes sociales, la que el presidente atribuye a los “conservadores”.

Esto lo obligó a pisar el acelerador: a un año de las elecciones intermedias del 2021 empezó a celebrar cinco conferencias de prensa desde Palacio Nacional para informar a la gente sobre ciertos avances; vino ahora el decreto para echar a las Fuerzas Armadas a enfrentar la inseguridad Pública –lo que contradice su discurso inicial –y arreció la campaña de los programas sociales, apoyos a las Pymes, entre otros proyectos, cuyo objetivo es mantener su clientela política electoral que le permita el año entrante mantener una mayoría en el Congreso.

Por ello, en días pasados, quiso modificar la Ley de Presupuesto para manejar los recursos a su antojo, sin autorización del Congreso, aduciendo que el país atraviesa un estado de emergencia, el cual en semanas anteriores negó, pues dijo que había suficientes recursos –cerca de 400 mil millones de pesos –para enfrentar la crisis.

El cambio de rumbo resulta muy polémico, pues los proyectos no le están saliendo bien a López Obrador y ahora, como Calderón lo hizo en su sexenio, López Obrador tendrá que gobernar con las Fuerzas Armadas otra vez en las calles.

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