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Ricardo Ravelo/La Opinión de México
En el 2008, dos años después de que inició la guerra contra el narcotráfico, el discurso del presidente Felipe Calderón era triunfalista pese a la oleada de violencia que ya azotaba al país y frente al número de personas que caían abatidas a tiros por todas partes: en la calle, en restaurantes, en el fuego cruzado desatado por narcos y militares.
Los muertos iban engrosando las estadísticas en medio de un país ensombrecido por la tragedia. Este escenario de muertes y violencia alentaba a Felipe Calderón, quien aparecía arropado por el Ejército mexicano como ningún otro presidente de México se había mostrado y así recorrría el país pregonando irle ganando la batalla al crimen organizado. Su estrecho vínculo con el Ejército tenía una doble lectura: era visto como un signo de fortaleza y también de profunda debilidad.
El 20 de octubre de 2008, de gira por la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el norte de México, el presidente Calderón presumió que su gobierno aventajaba a la delincuencia organizada en bajas y efectividad y que, como ocurre en el fútbol, su administración le estaba metiendo muchos golpes al narcotráfico.
Sus palabras sonaban tan vacías como el ejemplo al que recurría, desconectado de la realidad: “Tenemos, como en el fútbol, delantera y defensa. Así como Carlos Hermosillo (se refiere a un futbolista mexicano ya retirado) era delantero y llegó a meter muchos goles, también así nosotros en el gobierno le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad, le hemos pegado fuerte y lo seguiremos haciendo.
“Sí estamos teniendo enfrentamientos con la delincuencia; sí estamos teniendo bajas. Así que si ustedes ven polvareda levantarse es porque estamos trabajando. No se preocupen: si hay polvo que se levanta es porque estamos limpiando la casa y la vamos a dejar muy limpiecita”.
Pero la realidad se tornaba diferente, muy distante de la percepción del presidente. Lo cierto era que el gobierno calderonista estaba infiltrado por el narcotráfico y a eso obedecía, en buena medida, la atrofia del gobierno para derrotar al crimen organizado. No se podía entender de otra manera. En el primer trimestre de 2008 un dato sacudió la estructura de la Procuraduría General de la República, la institución responsable de perseguir los delitos federales, entre ellos el narcotráfico y todo lo relacionado con la delincuencia organizada.
La agencia anti drogas de Estados Unidos, la DEA, que mantenía bajo observación al gobierno mexicano desde hacía varios años, se había puesto en contacto con el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora –actual embajador de México en el Reino Unido –para ponerlo al tanto respecto de cómo se había infiltrado el narcotráfico en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), el aparato investigador de la PGR.
Medina Mora levantó el teléfono, sentado cómodamente en su escritorio, y escuchó silente la voz de un alto funcionario de la DEA que desde Washington le dijo: “Hay gente tuya trabajando para el narcotráfico”. Al escuchar los pormenores, Medina Mora se sorprendió, pero ya era tarde. Nada pudo hacer para cortar los tentáculos criminales que atenazaron a la institución y a muchos de sus colaboradores cercanos.
TESTIGOS PROTEGIDOS
Toda la red de complicidades tejidas adentro de la Siedo y de la PGR fue puesta en conocimiento de la DEA por un ex agente federal llamado Alberto Pérez Guerrero, a quien se alude como “Felipe” en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, quien tan pronto como contó lo que sabía sobre las ligas de funcionarios con el narco se convirtió en testigo estelar de la DEA y de la PGR.
Pérez Guerrero, de acuerdo con su ficha laboral, había trabajado como policía federal y estuvo adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los puntos estratégicos de los hermanos Jesús e Ismael Zambada García, cabezas del cártel de Sinaloa, quienes habían tejido una amplia red de complicidades para facilitar el tráfico de drogas de la que formaban parte altos funcionarios de la PGR y policías.
Después, valiéndose de sus habilidades, Pérez Guerrero logró colarse como agente policiaco de la embajada de Washington en México y, desde ahí, operaba al servicio de la célula criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Su función era filtrar información y, a cambio, recibía pagos de entre 30 y 50 mil dólares mensuales. Un día se apagó su buena estrella y fue detenido en Estados Unidos. Decidió entonces acogerse al programa de testigos protegidos y, con esa protección, decidió contar lo que sabía sobre la infiltración del narcotráfico en la administración del presidente Felipe Calderón.
No por ello “Felipe” dejó de ser visto como una pieza del narco en la policía. Con base en su experiencia acusó a una decena de funcionarios con los que tuvo tratos para favorecer a los hermanos Beltrán Leyva y a los hermanos Zambada, amos y señores del narcotráfico en buena parte del Pacífico mexicano.
Fuerte fue el golpe que asestó, por ejemplo, a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, el hombre más cercano al presidente Felipe Calderón, quien fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox, una corporación policiaca cuyo proyecto él mismo impulsó para después precipitarla a la desaparición, pues terminó contaminada por el narcotráfico.
El rompecabezas armado con las declaraciones de “Felipe” no dejaba lugar a dudas, pues sirvió para investigar el entramado del narco en el poder y también para entender que el sentido de la guerra del gobierno contra el narcotráfico era de tal dimensión que no sólo debía combatirse a la delincuencia en las calles, sino dentro del mismo gabinete y entre sus propios colaboradores, ya que muchos de ellos, según las afirmaciones del testigo, habían sido como él cooptados por el dinero del narcotráfico.
El testimonio de “Felipe” llamó poderosamente la atención de los gobiernos de México y Estados Unidos no sólo por las revelaciones sobre la corrupción, que no eran ignoradas por el presidente Felipe Calderón, sino porque le ponía nombres y apellidos a los protagonistas. El impacto fue mayor cuando dijo que un sujeto llamado Mario Arturo Velarde Martínez era el principal enlace entre funcionarios de la Siedo con el cártel representado por los hermanos Beltrán Leyva.
Velarde no era un personaje menor en la red de vínculos tejida por funcionarios, policías y narcotraficantes. En el gobierno de Vicente Fox se había desempeñado como secretario particular de García Luna cuando éste era titular de la AFI.
Las complicidades no terminaban ahí. Eran aún mayor, de acuerdo con lo dicho por “Felipe”, pues también fueron vinculados al organigrama del narcotráfico dos ex directores de la Policía Internacional (INTERPOL): Ricardo Gutiérrez y quien más tarde lo sustituyó en el puesto, Rodolfo de la Guardia. Estos dos policías de las más altas confianzas de Washington se relacionaron con José Antonio Cueto, de quien pronto se supo a quiénes representaba y cual era su función.
Cueto era personero de los capos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leyva y se encargaba de realizar una de las tareas más finas dentro del narcotráfico: corromper y reclutar a funcionarios públicos para obtener, previo pago, información sensible sobre operaciones encubiertas, detenciones y extradiciones que pusieron en riesgo a la célula que él representaba y que, según informes oficiales, era una de las más poderosas de México.
Velarde tenía una forma muy particular de operar y sabía deslizarse sigilosamente en los entretelones del poder político y policiaco. Un pasaje que lo retrata fue relatado por “Felipe”, quien como agente federal trabajó en la INTERPOL y estuvo cargo de varias investigaciones sobre operaciones de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una de las terminales áreas más codiciadas por los cárteles del narcotráfico.
Dijo que a principios de 2007, “el licenciado Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y que Ricardo Gutiérrez, que era amigo cercano de Cueto…me pidió información sobre dos asuntos en la oficina de INTERPOL, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales Velarde Martínez me dio 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”.
A partir del testimonio de “Felipe” se fueron conociendo los nombres de más personajes ligados al narcotráfico y sorprendió que muchos de ellos también resultaran ser colaboradores cercanos al poderoso secretario García Luna. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2008, dos días después de la detención de Jesús Zambada García, El Rey, en la Ciudad de México, fue capturado Edgar Bayardo del Villar, agente de la División Antidrogas de la Policía Federal. Se le relacionó con la protección a Zambada y algunas versiones más establecieron que el cártel de Sinaloa entregaba “cantidades millonarias” a Bayardo como pago por la protección que brindaba a las operaciones ilegales de la organización criminal de Zambada García.
Otro funcionario identificado con García Luna que cayó en desgracia por sus presuntos nexos con el narco fue Víctor Gerardo Garay, comisionado interino de la Policía Federal, así como Francisco Navarro Espinoza, jefe de Operaciones Especiales de esa misma corporación. Junto con ellos fue arraigado, investigado y encarcelado Miguel Colorado González, coordinador General Técnico de la SIEDO y el Coordinador Adjunto de Servicios Técnicos de esa subprocuraduría, el capitán Fernando Guzmán.
Ligados por los mismos vínculos estaban Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez, exjefes de la INTERPOL. Directa o indirectamente, todos ellos tenían que ver con la protección tanto a la célula de los hermanos Beltrán Leyva como al que representaban Ismael y Jesús Zambada.
Pocos días después se destapó un escándalo en la Siedo. Resultaba implicado el titular de esa subprocuraduría, Noé Ramírez Mandujano, a quien se le acusó de recibir medio millón de dólares del cártel de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de filtrarles información de operativos y detenciones. Antes del señalamiento, Ramírez Mandujano se había separado de su cargo y se aprestaba para ser el representante de México en el área anti drogas de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Viena, Austria, pero fue detenido y junto con él otros colaboradores suyos terminaron arraigados.
Varios testigos protegidos implicaron a Ramírez Mandujano in la red de vínculos de los hermanos Beltrán Leyva. Por ejemplo, el testigo “Emiliano”, quien dijo que las relaciones entre los funcionarios de la PGR y el narcotráfico se habían establecido desde el sexenio de Vicente Fox, en el año 2006, y que entre los funcionarios “arreglados” estaba el ex fiscal anti drogas José Luis Santiago Vasconcelos, quien después falleció en un extraño accidente aéreo junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Dijo el testigo: “El arreglo se pudo llevar a cabo por medio del licenciado Vasconcelos, quien hasta hace poco tiempo había sido el jefe de la SIEDO, ya que con él se venía trabajando desde años pasados…Gracias a esa estrecha relación que mantenían, dicha persona (Vasconcelos) se encargó de contactar tanto a la nueva administración de la SIEDO con el personal de la organización Beltrán Leyva para seguir trabajando. Ese arreglo se había hecho a finales de 2006 y principios de 2007, a cambio de un pago de 35 millones de dólares, aclarando que esa cantidad le correspondió a la SIEDO, sin saber lo que haya pasado a otras dependencias, entre ellas la PFP (Policía Federal Preventiva) AFI (Agencia Federal de Investigaciones) y Aeropuertos”.
Las referencias de que las conexiones entre los hermanos Beltrán Leyva y la SIEDO se establecieron desde la administración de Vicente Fox también fueron confirmadas por “Jennifer”, otro testigo protegido, quien refirió que al darse el cambio de titularidad en la SIEDO, el capo Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, contactó con una persona supuestamente cercana al nuevo subprocurador Noé Ramírez Mandujano, a fin de que pudieran continuar con el pacto.
Dijo: “Cuando con el cambio de sexenio se nombra a Noé Ramírez Mandujano como nuevo subprocurador, Arturo Beltrán Leyva decide darle a Luis Alberto Sotelo Hernández, conocido como ´Victor´, tres días para arreglar una cita con la presencia de Noé Ramírez, exigiendo que para continuar el trato de pagar mensualmente la cantidad de 450 mil dólares en efectivo a este alto mando de la SIEDO, éste ratificara en persona su compromiso de seguir trabajando para la organización.
“Mi jefe ´La Barbie´ (Edgar Valdez Villarreal, capo detenido en 2010) me indicó que no pagara la mensualidad pactada hasta que el propio Noé Ramírez se presentara personalmente a cobrar el pago por lo menos una vez, pues así lo solicitaba la organización como una demostración de su compromiso de atacar los términos del pacto existente de recibir información y protección”.
Y así ocurrió. El testigo asegura que Ramírez Mandujano acudió a la cita y que la primera entrega del dinero se hizo en el interior de una bolsa de ropa de color negro con la leyenda “Hugo Boss”. El mismo declarante imputó a Ramírez Mandujano haber recibido 13 pagos mensuales que sumaron 5 millones 950 mil dólares, y que los presuntos sobornos fueron suspendidos en febrero de 2008, luego de la captura de Alfredo Beltrán Leyva en Culiacán, Sinaloa, su principal feudo, en el noroeste de México.
El testimonio de “Felipe” sobre la relación de los altos funcionarios de la SIEDO con el narcotráfico se confirmó precisamente el 20 de enero de 2008 cuando fue capturado Alfredo Beltrán Leyva, conocido como “El Mochomo”, con lo que iniciaba la desarticulación de esa organización criminal.
En medio del forcejeo para sujetar a este robusto capo, un grupo de militares encontró entre sus documentos un oficio de investigación dirigido a quien era uno de los principales mandos de la SIEDO, Miguel Colorado, donde se le pedía revisar ciertos domicilios en Sinaloa. Uno de esos puntos era precisamente el sitio donde fue detenido el hermano menor de los Beltrán Leyva.
Como agente federal, “Felipe” fue contactado por el cártel de Sinaloa y comenzó a operar para el narcotráfico. Los jefes de esa organización criminal le dijeron que recibiría un jugoso pago a cambio de que “entretuviera a su gente en su oficina cuando se lo indicaran los narcos”. Después de varios operativos recibió 15 mil dólares como pago, suma que compartió, dijo, con José Antonio Cueto, enlace de los hermanos Beltrán en el gobierno, y con otra pieza de esa organización a quien sólo llamaban “El 19”, pues le falta un dedo de la mano.
Poco a poco el agente federal Alberto Pérez Guerrero se fue adentrando en el oscuro mundo de la mafia. A finales de 2008 ya era una pieza fiel al servicio del narco, pues admitió haber recibido 30 mil dólares por informarle a los Beltrán Leyva de las investigaciones de Estados Unidos para detener a Craig Petties, uno de los 15 hombres más buscados por el gobierno de ese país por introducir cocaína y que fue arrestado por el Ejército el 11 de enero en Querétaro.
Luego de esa operación Pérez Guerrero y los Beltrán pactaron que recibiría cada mes una cantidad similar por informar de las investigaciones de la DEA sobre el cártel y que se le pidió obtener los teléfonos de los agentes estadunidenses “porque queremos escucharlos”.
Los hermanos Beltrán Leyva se interesaron en saber qué investigaciones había en contra de su organización y qué información sobre ellos se conocía en la embajada de Estados Unidos en México, a donde estaba adscrito Pérez Guerrero.
Tan pronto como pudieron, los Beltrán enviaron a su personero Cueto López para hablar con Pérez Guerrero y a través de él pudieron conocer los trabajos que realizaba la DEA in México, particularmente los que se enfocaban al cártel de Sinaloa y a sus principales cabecillas: Arturo Beltrán, Edgar Valdez Villarreal, Ismael Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros.
El testigo “Jennifer” dijo, además, cómo se mantuvo el contacto con Pérez Guerrero: “Le expuse lo que tenía que hacer, es decir, proporcionar información sobre operativos y en general cualquier información relacionada con los integrantes del cártel de Sinaloa. Aceptó trabajar para nosotros y solicitó un pago de 50 mil dólares mensuales. Se le consultó a los líderes del cártel la conveniencia del monto y a las 20:00 horas vino una contrapropuesta: 30 mil dólares por todo trabajo. Se aprobó el pago”.
Ese mismo día, “Jennifer” entregó los primeros 30 mil dólares en 15 paquetes, cada uno de 2 mil dólares, pagos que se mantuvieron hasta enero de 2007. Dice el testigo Jennifer: “Así cerramos el trato y le entregué un radio Nextel, aunque dijo que no lo iba a poder introducir a la embajada (de Estados Unidos) porque tenía miedo de que pudieran escuchar alguna conversación y que él me hablaría todos los días al salir de su trabajo”.
Así se construyó el tejido criminal por parte de los hermanos Beltrán Leyva y operó con eficacia durante varios meses, sin ser detectados en México a pesar de la guerra contra el narcotráfico. Según la investigación federal, el hombre de los Beltrán Leyva (Pérez Guerrero) en la embajada era un eslabón de la cadena que se entrelazaba con los de la SIEDO. Fernando Rivera (capitán del Ejército) le informaba al cártel de los operativos de la PGR y del Ejército en su contra; Miguel Colorado conducía las indagaciones sobre el cártel y evitaba que llegaran a buen puerto; ambos tenían el apoyo de José Antonio Cueto (personero de los Beltrán) que manejaba la labor de inteligencia entre policías, fiscales y narcotraficantes. Así se cerraba el círculo perfecto de la corrupción.
Pero las investigaciones que se efectuaron a raíz del testimonio rendido por “Felipe”, y que se llamó “Operación Limpieza”, conducirían al gobierno de Felipe Calderón a conocer más detalles sobre las operaciones de policías y militares al servicio del narcotráfico. Lo peor de todo era que, desde las mismas instancias militares y policiacas, se le vendían armas a los cárteles de la droga para que reforzaran su capacidad de fuego frente a los embates del gobierno.
En dichas investigaciones, mandos del Ejército Mexicano también resultaron implicados como presuntos cómplices del cártel de Sinaloa y tales vínculos, según se pudo comprobar, eran sólidos desde el año 2005. También estaban vinculados a la célula de los hermanos Beltrán Leyva y, desde la cúpula militar, espiaban al presidente Felipe Calderón: le proporcionaban información sobre sus actividades y viajes realizados dentro y fuera de México.
En el expediente citado se menciona que dos de los militares “enganchados” por el narcotráfico eran el Mayor Arturo González Rodríguez –quien fue miembro del grupo de seguridad del presidente Calderón –y el Capitán Mateo Juárez. Ambos son señalados por la venta de armamento al cártel de los Beltrán Leyva y a “Los Zetas”, el otrora brazo armado del cártel del Golfo y actualmente constituidos en una de las organizaciones más violentas y versátiles del narcotráfico mexicano.
Los testimonios, datos y evidencias recogidos durante la investigación revelan que a través de una empresa de seguridad privada estos militares entrenaban a los gatilleros que utilizaban los Beltrán Leyva para asesinar a sus rivales y les brindaban apoyo logístico para el transporte de cargamentos de droga.
En una ampliación de su declaración ministerial realizada por el testigo protegido “Jennifer” –colaborador del capo Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie” –el 12 de agosto de 2008, se asienta que los hermanos Beltrán no sólo penetraron la estructura de la PGR, la SIEDO y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sino también a la presidencia de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues el Mayor González Rodríguez, según “Jennifer”, recibía un pago de 100 mil dólares mensuales por mantener informados a los hermanos Beltrán sobre las tareas presidenciales y las actividades de las secciones Séptima y Segunda, respectivamente, de la Sedena.
“Jennifer” aporta mayores detalles de la complicidad de estos mandos militares con el narcotráfico: “Que también conoce a un Mayor del Ejército Mexicano adscrito a Guardias Presidenciales de nombre Rodolfo y a un Capitán Primero de Infantería retirado de nombre Mateo Juárez Espinoza, ostentándose el Mayor Arturo como sobrino del General Riviello ( se refiere a Arturo Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari)”.
El testigo dice que él y Arturo González fueron presentados en el estacionamiento de una tienda de la cadena “Gigante” ubicada en la avenida Ejército Nacional, en el Distrito Federal. Allí hablaron, llegaron a un acuerdo y comenzaron a trabajar en el año 2006…”cuando el Capitán Mateo Juárez y el Mayor Arturo (González) vendieron armas para la organización de Arturo Beltrán, llamado “El Barbas” y Edgar Valdez Villarreal…Que les vendieron cuatro armas poderosas, una PM5 y tres ametralladoras G3 del Ejército Mexicano. Que por dichas armas se les pagó 20 mil dólares; que el dinero se lo entregó directamente a Mateo Juárez en un McDonalds del centro comercial Plaza Satélite de la Ciudad de México. Que supo por los militares que las armas eran sacadas de la Sedena”.
De acuerdo con “Jennifer”, la operación de la venta de las armas le sorprendió, ya que, según dijo, tenía conocimiento de que los militares con quienes hizo el trato antes trabajaban para “Los Zetas” y afirma “que de esto se enteró por dicho de los propios militares Arturo González y Mateo Juárez”.
El propio testigo, que alcanzó niveles estelares en la PGR por sus revelaciones, también declaró que al arrancar la guerra contra el narcotráfico con los operativos efectuados en Michoacán, Tijuana, Nuevo León y Tamaulipas, entre otros, y que resultaron un fiasco, el Mayor González Rodríguez llegó a tener responsabilidades especiales en el equipo de seguridad presidencial. Y enseguida “Jennifer” refiere otros pormenores de sus nuevos encuentros con González Rodríguez:
“El declarante se reunió nuevamente con éste (el militar) en el estacionamiento de la tienda de autoservicio Gigante. (A la cita) el Mayor llegó a bordo de una camioneta modelo Nitro, versión no totalmente equipada, y que en esa ocasión le propuso al Mayor que trabajara para el cártel de Sinaloa proporcionando información de todo lo relacionado con el presidente de la República”.
Como enlace de esa organización criminal, “Jennifer” también dice que le encargó al Mayor González que lo mantuviera bien informado “de las actividades del Ejército Mexicano, especialmente lo que tuviera que ver con la Segunda y Séptima de Inteligencia de ese instituto armado, sobre todo de los operativos, a lo que el Mayor González Rodríguez aceptó, acordando que se le pagarían 100 mil dólares mensuales por sus servicios”.
Según consta en el organigrama de la Sedena, la Sección Segunda se encarga de las tareas de inteligencia, y la Séptima de planear, coordinar y supervisar las operaciones de erradicación e intercepción de las actividades de narcotráfico. Ambas dependen del Estado Mayor de la Sedena.
Cuenta “Jennifer” que luego de “amarrar” el trato con Arturo González “se le hicieron diversos pagos con el propósito de que proporcionara información constante sobre los movimientos del presidente de la República, con el fin de que los miembros de la organización de Arturo Beltrán Leyva y Edgar Valdez Villarreal pudieran evitar encontrarse con el personal de seguridad del presidente”.
De esta manera –prosigue el testigo protegido – se obtuvo información anticipada que permitió el desplazamiento de miembros de la organización de Arturo Beltrán y de Valdez Villarreal para alejarse de sitios visitados por el presidente, como sucedió en el año 2007 cuando el mandatario viajó a Guatemala, país considerado como bodega de almacenamiento de drogas de los cárteles mexicanos.
Los trabajos de los militares espías no terminaron ahí. Hubo otros encargos de los capos de la droga. Según “Jennifer”, el Mayor González Rodríguez aceptó reclutar a personal militar para la célula criminal de los Beltrán Leyva. Así quedó asentado en el testimonio: “Además, en dicha función el Mayor ayudaba a reclutar a personal militar para las filas de los Beltrán, que contaban con las mejores currículas para cubrir tareas de seguridad como sicarios, así como (para) transportar cargamentos de droga y como ´halcones´que alertaban al cártel sobre los movimientos de las autoridades”.
Con esta información, la PGR comenzó a dimensionar el nivel de infiltración y de espionaje que enfrentaba el presidente Felipe Calderón –la presidencia de la República, la Sedena, la SSPF y la propia PGR –, pero no actuó contra los militares incriminados por el testigo, a pesar de que aportó más detalles sobre las operaciones de los hermanos Beltrán Leyva in distintas áreas del Gabinete Federal.
Habla el testigo “Jennifer”:
“En cuanto al Mayor Arturo Rodríguez, recuerdo que pese a que se había acordado originalmente que se harían pagos de 100 mil dólares mensuales, se realizaron por medio de mi persona solamente cinco pagos, siendo el primero y el segundo en efectivo; el tercero y cuarto pago fueron de 50 mil dólares cada uno y el último de 20 mil dólares. En cuanto al Capitán Mateo Juárez, se le hicieron diversos pagos por cantidades menores, entre dos mil y tres mil dólares en efectivo, ya que auxiliaba al Mayor Arturo, además de que fue por su conducto que se estableció y se mantuvo el contacto con él”.
El testigo refiere que, a mediados de diciembre de 2007, el Mayor Arturo le marcó a su celular de la compañía telefónica Movistar (55 20 61 23 69) alrededor de las 23:00 horas. Y enseguida cuenta lo que pasó: “Quería que lo apoyara con la cantidad de 100 mil dólares, y al contestarle de manera negativa, en virtud de que no se encontraba en ese momento mi jefe Edgar Valdez Villarreal, por lo que el Mayor Arturo se molestó con el declarante, diciéndome que tanto a mi como a mi jefe se los cargaría la chingada, contestando el declarante que era muy peligroso que le dijera ese tipo de palabras, ya que tenía un trato con ellos que no era de amistad, sino de dinero”.
Ante esa respuesta –continúa “Jennifer” –el Mayor González Rodríguez le expresó que si tenía muchos huevos lo fuera a ver en ese momento en la parte trasera del Auditorio Nacional, en la glorieta (esto en la Ciudad de México), a lo que el operador de Valdez Villarreal repuso que sí acudiría a la cita con la finalidad de resolver el problema con él. Antes, el declarante le advirtió al militar que no llevaría el dinero.
En ese momento, el testigo le telefoneó a su jefe, Edgar Valdez, y le comentó lo ocurrido. “La Barbie”, dice “Jennifer” en su declaración, le contestó que acudiera a la cita inmediatamente y que le aclarara al Mayor Arturo González la magnitud del trato que él tenía con ellos, y que si no atendía, se le advirtiera que podía meterse en un problema demasiado grave para él y su familia.
El sicario de Valdez Villarreal acudió a la cita y se encontró con que el Mayor Arturo estaba totalmente alcoholizado. Vestía pantalones deportivos y una chaqueta azul. Junto a él estaba un joven delgado, vestido también de manera deportiva, al cual presentó ante el declarante como un subteniente que tenía como subordinado.
Según “Jennifer”, el Mayor Arturo González le preguntó si le llevaba el dinero solicitado. Le contestó que no, puesto que su jefe no se hallaba en la ciudad, pero le dijo que después se le haría llegar. El testigo dice haber aclarado al militar que ese no era el trato, ya que a él se le estaban pagando 100 mil dólares mensuales en efectivo, a lo que el interlocutor respondió que si él quería en ese momento podía deshacer el trato, ya que bastaba en ese momento la orden de él para que le dispararan al declarante.
Y le dijo al declarante en tono bravucón: “¿Quieres ver que cuando levante la mano toda la gente que está escondida a tu alrededor se levante?”, a lo que el declarante contestó que no quería problemas, y el Mayor respondió que no, que lo iba hacer para que el declarante viera con quién estaba tratando, así que el Mayor alzó la mano derecha y alrededor de las mallas ciclónicas que se encuentran en esa glorieta se levantaron alrededor de de 30 elementos del Ejército Mexicano a los cuales el declarante dice que identificó plenamente por su uniforme y porque en la cercanía de ese lugar se encuentran instalaciones militares.
Nervioso ante la presencia de tantos uniformados, el testigo “Jennifer” dice que le dijo al Mayor que no había problema, que su intención no era molestarlo, pero que transmitiría el mensaje a su jefe Edgar Valdez Villarreal, a fin de que cumpliera el compromiso con ellos, a lo que el militar respondió, según el testigo, que estuviera tranquilo, que no iba a pasar nada, que solo quería corroborar que el declarante tenía los huevos suficientes para tratar con él. Después el Mayor dejó ir al ahora testigo protegido y a algunos militares que trabajaban con el declarante.
Según se sabe, las tareas de los militares continuaron por largo tiempo, pese a la reiterada afirmación del presidente Felipe Calderón de que si hay polvo es que “se está limpiando la casa”.
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