Del libro El infierno de Javier Duarte por Noé Zavaleta
“Mis viudas… ¿cómo están, mis viuditas?”, extiende los brazos el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita a Yuridia Anabel Rodríguez Rodríguez y a Griselda Barradas Huesca, entre otras mujeres que se encuentran en el último piso del inmueble policiaco para saber y suplicar cualquier indicio que pueda dar con el paradero del Agente del Ministerio Público, Pedro Huesca Barradas desaparecido el 15 de abril del 2013, junto con su secretario.
En la oficina, también estaban otros cuerpos policiacos y familiares de policías desaparecidos en distintas circunstancias. En un dejo de prepotencia y fastidio, Bermúdez pidió que “ya no preguntaran” por sus seres queridos y mejor aceptaran una pensión de la SSP, así como otras prebendas en bienes inmuebles y sobre todo no hacer escándalo en “los medios”.
La desaparición de Pedro Huesca se dio después de la publicación en el semanario Proceso 1881 del reportaje “Los Zetas hacen de Córdoba su feudo y refugio” rubricado por Jorge Carrasco y en donde se devela un entramado de funcionarios estatales, municipales y subprocuradores de justicia, así como empresarios al servicio del crimen organizado.
Pedro Huesca fue “levantado” días después en la cabecera municipal de Cardel, testigos de los hechos aseguran que sus captores pudieron haber sido Policías Estatales de la SSP. Al día de hoy se desconoce su paradero.
En la búsqueda de Huesca Barradas, su madre, Griselda Barradas dio una entrevista al periódico Excelsior, con la reportera, Lourdes López a quien le confiesa que en la Fiscalía General del Estado (FGE) le dijeron que su hijo ya estaba muerto.
“Al año (de su desaparición) me armé de valor y fui a la Procuraduría a preguntarle a un funcionario que se llama Enoc Maldonado (asesor del Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras), pero me dejó bien mal, porque me dijo que ya habían agarrado a uno que había confesado que los habían asesinado y le dije ¿cómo?, si se los habían llevado y me contestó pues no se los llevaron para dar un paseo… así me dijo. Me bajé gritando, llore y llore”.
“Ahí está el paquete, ahí está el paquete”, un policía de la SSP le decía al oído a Arturo Bermúdez Zúrita para ilustrarle que acababa de llegar una oficial de carreteras que días antes había sido “levantada” y torturada por elementos de la misma corporación, en la Academia de Policía de “El Lencero”.
“Ahí está el paquete, ¿Qué hacemos con él?”, escuchaba en el inmueble policiaco, Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz quien fue “levantada” por elementos de la SSP, junto con el taxista, Andrés Aguilar Marín el pasado jueves 3 de octubre del 2013. Espejo Moctezuma regresó con vida, sin embargo de su taxista de cabecera, Aguilar Marín nunca se supo nada.
A la oficial del agrupamiento carretero la interceptaron en la patrulla número 1397, de la unidad bajaron cuatro policías encapuchados que la obligaron a descender del taxi 6859 y posteriormente, la esposaron de pies y manos, le pusieron vendas en los ojos, la golpearon y la torturaron.
“Durante cuatro días estuve retenida en la Academia (de El Lencero), me querían obligar a que aceptara la posesión de varios tabiques de mariguana. Me tenían a punta de patadas y cachetadas. Me dijeron que confesara la posesión de esos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que no me quisiera pasar de pendeja, porque me iba a cargar la madre. Un policía me puso una pistola en la sien y cortó cartucho, me dijo: si no confiesas, aquí te carga la chingada”.
El conductor del taxi, Andrés Aguilar Marín, de 37 años, también fue detenido por los cuerpos de elite y de reacción inmediata de la SSP, al día de hoy se ignora su paradero.
La oficial recordó que le insistían sobre su parentesco con el comandante Omar Espejo, y la presionaban para que aceptara vínculos con la delincuencia organizada.
“Llevo 10 años como policía en el sector carretero, vivo en Jardines de Xalapa, en un modesto departamento, soy madre soltera, ¿cómo voy a tener vínculos con el narco?”.
Al cuarto día, después de ser liberada, Espejo se presentó en sus oficinas para dar parte de lo sucedido. Como respuesta le entregaron el oficio SSP-A/DA/SRH/MOV/./1671ª/2013, donde la corporación le notificaba su traslado a la comandancia municipal de Panuco, en la línea fronteriza con Tamaulipas, asignada como elemento de patrullaje.
La instrucción –señala el documento– fue dada por “acuerdo administrativo” de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la corporación.
“El mensaje para mí fue muy claro: me mandan de operativo a Panuco, en la comandancia, donde más caliente (sic) está la zona por el narcotráfico. En mis 10 años como oficial yo ya era del sector carretero, pero administrativo. Cumplo casi siete años sin usar pistola, me envían allá para que no vuelva, no con vida”, se quejó.
En los cuatro días en que fue torturada y golpeada dentro de la corporación policiaca, Jacqueline Espejo resultó con las tráqueas “desviadas” a causa de los golpes y sus radiografías mostraron algunos órganos inflamados.
“En cuanto hablé con mis jefes les expuse muy claro lo siguiente: si a mí me detuvieron por presunta portación de mariguana, ¿por qué no me pusieron a disposición de las autoridades correspondientes del Ministerio Público Federal o ingresada en una celda bajo cargos o presunto delito? No, no fue así, me tuvieron retenida de forma ilegal”.
Las acusaciones de Jacqueline Espejo y María del Rosario Aguilar en contra de la SSP de Veracruz coinciden con la detención arbitraria del reportero del Diario AZ, Carlos Hernández, quien en octubre de 2012 fue detenido por integrantes de la Policía Estatal Acreditable. El periodista fue encerrado en El Lencero, donde lo golpearon y torturaron.
Dos días después de su detención, los policías lo entregaron al Ministerio Público Federal bajo cargos de posesión de enervantes. El periodista quedó libre 12 horas después, debido a que no se encontraron pruebas en su contra.
En la detención del activista y fotógrafo Juan Alberto Arellano Mariano, el pasado 14 de septiembre del 2014, durante el desalojo de maestros en la Plaza Lerdo, las fuerzas especiales de Seguridad Pública actuaron de la misma manera: lo acusaron de portación de armas de grueso calibre y posesión de enervantes. Alberto Arellano obtuvo su libertad 12 horas después.
En la desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, reportada el 11 de enero pasado, familiares y amigos de los oficiales también responsabilizan a los cuerpos de elite.
Estas vejaciones de policíacas han ocurrido durante el desarrollo del gobierno de Duarte y mientras “Capitán Tormenta” despacha en la SSP.
“Capitán Tormenta” es la clave de Arturo Bermúdez Zurita al interior de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y quien lo mismo ha participado en actos de represión en contra de maestros de la CNTE y profesores disidentes contra la evaluación magisterial en Veracruz, que ha sido incriminado directamente en omisión de desapariciones forzadas.
Por ejemplo, durante el desalojo de maestros de la CNTE en Veracruz durante los actos protocolarios para dar cumplimiento a la reforma educativa, el propio Bermúdez empezó el aparatoso operativo para golpear a docentes y a periodistas.
Bermúdez fue custodiado por trece elementos de la SSP -9 Policías Acreditables y 3 de la Fuerza Civil- formaron un cinturón de seguridad alrededor de “Capitán Tormenta” para que este pudiera repartir “bastonazos eléctricos” a los docentes que intentaron impedir la primera etapa de la evaluación educativa, prueba de fuego del titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.
“Iba disfrazado, traía una capucha y venía vestido como policía participó en la batalla campal, con los grupos de choque… los compañeros de la prensa me lo confirmaron”, señala el diputado federal de Morena, Cuitláhuac García quien también participó en la protesta contra la Reforma Educativa y resultó golpeado por policías de la Fuerza Civil y por grupos de choque.
Arturo Bermúdez fue visto por fotoperiodistas y reporteros replegando a maestros a punta de toletazos y con los escudos antimotines, el pasado sábado en los alrededores del gimnasio Omega.
En la reyerta del 22 de noviembre del 2015, tres maestros fueron detenidos, cuatro fueron hospitalizados y tres fotoperiodistas de Xalapa fueran golpeados y destruidos sus lentes fotográficos.
En el link https://www.youtube.com/watch?v=wpWRhRmtU-c#t=548, el periódico digital, Al Calor Político, subió el video donde a partir del minuto 8 con 45 segundos, se observa como el titular de la SSP, Arturo Bermúdez porta un chaleco antibalas, va encapuchado y viene custodiado por 13 elementos, la mitad de ellos, portando armas de grueso calibre y formando un rombo en movimiento para ser resguardado en su integridad física.
Una vez que “Capitán Tormenta” es descubierto por varios elementos de la prensa, los cuerpos policíacos empiezan a tirar bastonazos y a jalonear a reporteros para impedir que tomen imágenes del funcionario del gobierno de Javier Duarte encabezando los operativos.
Ante el cúmulo de cámaras y de reporteros, Bermúdez opta por guarecerse en el interior del Gimnasio Omega, ex recinto deportivo utilizado para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 y recientemente ocupado como recinto para la Feria del Libro de la UV y ahora para la evaluación magisterial.
Los “golpeadores” salieron de adentro…
Cuitláhuac García, legislador federal de Morena asegura que las agresiones del pasado sábado y domingo, durante la primera etapa de la evaluación magisterial, solo evidenció como el gobierno de Javier Duarte utilizó a un grupo de “porros” para golpear a maestros disidentes, con la venía y contubernio del director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.
García expone que el “grupo de choque” para golpear a profesores y a periodistas que documentaban la agresión al magisterio disidente, arribó en cuatro camiones urbanos al gimnasio Omega, desde muy temprano, los autobuses –añade- fueron escondidos en el viejo campo de fútbol del complejo deportivo Antonio M. Quirazco.
“Algunos integrantes del grupo de choque, llevaban manoplas, con esos artefactos y con palos golpearon a maestros. Estos porros salieron del mismo complejo Omega, fueron custodiados por policías estatales”, expone el legislador de Morena para después enviar las fotografías vía correo electrónico.
Cuitláhuac García fustiga que la Policía Estatal Acreditable (PEA) se llevó detenidos al Cuartel de San José a dos maestros y a un menor de edad, en el caso de los profesores estos fueron “golpeados en el camino a los separos”, y una vez llegando a la cárcel preventiva, a estos les fueron sembrados machetes y objetos punzocortantes.
“Los hicieron tomar, contra su voluntad, machetes y palos con puntas, querían que esas armas tuvieran sus huellas, para evitar que los maestros acudieran a Derechos Humanos o a poner alguna queja por las represalias”, deduce.
Denuncia tras denuncia…
En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, su fiscal, Rene Álvarez recibió denuncias por golpes y heridas profusas en el rostro, amenazas, destrucción de cámaras fotográficas y avería de lentes y destrucción de teléfonos celulares, donde reporteros almacenaban audios de entrevistas e imagines fotográficas.
Horas después de las agresiones dominicales durante la evaluación magisterial, el gobierno de Duarte emitió el comunicado 7051 en el cual, Arturo Bermúdez pide una “sentida disculpa” por las distintas agresiones a periodistas de Veracruz, quienes –justifica- se “vieron envueltos” en el operativo de seguridad para garantizar la evaluación de docentes.
“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) expresa de manera categórica que en ningún momento fue voluntad de esta institución afectar el desempeño profesional de los comunicadores que cubrían la nota y ofrece una sentida disculpa a quienes se hayan visto afectados durante el desarrollo del operativo de seguridad. El Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, se ha comunicado con los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) a efecto de ponerse a sus órdenes y ofrecer todas las garantías y pruebas que estos organismos requieran, con la finalidad de resarcir los daños ocasionados”.
Al día siguiente, personal jurídico y de la dirección administrativa de la SSP se abocaron a hacer la reparación de daños. Bajo premisa de que los reporteros retiraran cargos y no continuaran con su denuncia penal, los enviados de Bermúdez Zurita compraron cámaras Canon, Nikon cuyos costos oscilaron entre los 20 mil y 30 mil pesos por equipo; además compraron teléfonos móvil I-Phone de última generación, ello para “compensar” los agraviados cometidos en contra de los reporteros.
Días antes, ante diputados locales, en plena comparecencia por el quinto informe de gobierno de Duarte, el propio Bermúdez se habría quejado que los periódicos y medios de comunicación son quienes ocasionan el sensacionalismo, pues –dijo– tienden al amarillismo y “les gusta vender sangre”.
El general policiaco dijo ante legisladores –en su mayoría del PRI, pues los del PAN se ausentaron por temor al titular de la SSP o por cooptación, según las versiones-, “no lo digo yo, lo dicen los directores de los medios de comunicación que son mis amigos”.
Días después de la comparecencia y de la agresión a maestros y periodistas, el viernes 27, un grupo de reporteros de AVC Noticias, La Jornada Veracruz, E-Consulta y Crónica de Xalapa se reunieron con el Secretario de Gobierno, Flavino Ríos para presentar un pliego petitorio en donde reprobaron que elementos de la Fuerza Civil y policías vestidos de civil arremetieron a macanazos, patadas y toques eléctricos contra maestros de la CNTE y SNTE que protestaban en los municipios de Xalapa, Veracruz y Boca del Río en repudio a la evaluación educativa y que de paso arremetieran contra reporteros.
Exigieron que la llamada “policía de élite” del gobierno de Javier Duarte “respete” los protocolos de atención y protección a periodistas que firmaron autoridades estatales y federales en la llamada “alerta temprana” donde el gobierno de Veracruz está obligado a cesar el hostigamiento, la represión y la intimidación en contra de los periodistas y fotoperiodistas, así como garantizar la libertad de expresión.
