ESPECIAL: LOZOYA AUSTIN

José Sánchez López / La Opinión de México

A Emilio Lozoya

SE LE ACABÓ EL TIEMPO Y RECURSOS PARA PARTIRLES LA MADRE

***Hoy, acorralado, dispuesto a delatar a jefes, amigos y cómplices

***Personaje emblemático de la corrupción del gobierno de Peña Nieto

“Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, dijo  Emilio Ricardo Lozoya Austin, en octubre de 2017, en respuesta a las acusaciones en su contra por el soborno que, presuntamente, recibió de la constructora brasileña Odebrecht y que destinó para la campaña presidencial del PRI, en 2012.

Dos años y nueve meses después, tendría que tragarse sus palabras y olvida sus balandronadas, luego de acogerse a la extradición, bajo el condicionamioento de proporcionar información a cambio de beneficios.

Su errada confianza de entonces, se debía a que una semana antes, el cancerbero que le perseguía, Santiago Nieto Castillo, había sido destituido como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales FEPADE), por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, en suplencia de Raúl Cervantes Andrade, quien buscaba entonces llegar a Fiscal General de la Nación.

Actualmente, Elías Beltrán y su esposa Marcela Kurlec López, son investigados por lavado de dinero, por un monto de 98 millones de pesos, tras una denuncia presenetada por su ex subalterno, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de y corresponde a la Unidad Especializada de Análisis Financiero, adscrita directamente a la Oficina del fiscal, Alejandro Gertz Manero, llevar a cabo las indagatorias.

Dentro de ese panorama de revanchas, el 3 de septiembre de 2018, tres meses antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República, anunció que Santiago Nieto ocuparía la titularidad de la UIF y el 1º de diciembre, al tomar posesión como respomsable de le UIF, dijo: “no habrá cacería de brujas, pero no seremos tapaderas de nadie”.

Bajo ese contexto, comenzaron las investigaciones en torno a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, hasta que el 12 de febrero de este año, fue detenido cuando viajaba en un taxi, en Málaga, España, una urbanización de lujo de la capital de la Costa del Sol, donde residía en una finca de la que sólo salía esporádicamente.

De manera paradógica, el día en que fue aprehendido coincidió dos veces con su ex jefe, Enrique Peña Nieto, quien recorría divertido los 18 hoyos de La Moraleja, uno de los clubes de golf más exclusivos del mundo, situado en Madrid, España.

Ese mismo día, la Policía Nacional lo capturó al salir de La Zagaleta, un exclusivo fraccionamiento en la Costa del Sol, en cumplimiento de una solicitud de detención provisional con fines de extradición, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.

Emilio Lozoya se había refugiado en la misma ciudad, un paraíso en el Mediterráneo, en donde en mayo de 2019 fue detenido su presunto socio, el empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

La caída del empresario Alonso Ancira en Palma de Mallorca, había sido el preámbulo que anunciaba que el cerco se estrechaba sobre Lozoya Austin, pero èste no lo consideró así.

Por espacio de poco más de cuatro meses, mediante su abogado defensor, Javier Coello Trejo, polémico ex subprocurador general de la República, retrasó su extradicón a nuestro país hasta que el martes 30 de junio de este año, admitió ser repatriado a nuestro país.

Coello Trejo, quien antes se había jactado de que su cliente podía ser arrestado, “pero no lo van a detener porque no lo van a encontrar”, dijo que desde un mes antes de que aceptara ser extraditado, ya había acordado con Lozoya Austin que ya no llevaría su defensa, aunque ello no lo dio a conocer el abogado en su momento, sino hasa el día que Lozoya aceptò ser extraditado.

El ex director de Pemex es acusado de lavado de dinero, cohecho y delincuencia organizada, por la compra fraudulenta de unas plantas de fertilizantes y por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por 12.5 millones de dólares.

Lozoya huyó de México el 30 de abril y, según sus allegados, se dirigiría a Alemania, un país donde quedaría fuera del alcance de las autoridades mexicanas por su doble nacionalidad, conseguida en 2016 gracias a su esposa Marielle Eckes.

La extradición desde Alemania sería poco menos que probable, porque obligaba a las autoridades alemanas a entregar a uno de sus connacionales para su procesamiento judicial en el extranjero, lo que sería muy difícil.

Pero inexplicablemente cambió de rumbo y decidió refugiarse en España, donde hay una mayor relación con México en lo referente al tratado de extradición y donde finalmente sería capturado.

Lozoya es economista del ITAM, un centro de estudios conocido por su formación de cuadros gubernamentales y abogado por la Universidad Nacional, con un posgrado en Harvard.

Durante su trayectoria, estuvo en el Banco de México, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y se especializó en fondos de inversión y en la reestructuración de créditos de empresas públicas y privadas.

Las cartas que le abrieron las puertas en el área gubernamental, fueron sus amplias conexiones políticas y empresariales en Latinoamérica, lo que originó que en 2012 fuera nombrado como encargado de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Cuando Lozoya Austin era director de PEMEX, comrpó las empresas Agronitrogenados y Fertinal. Esa transacción costaría a la paraestatal 442 millones de dólares, por compañías que tenían 14 años sin operar sus instalaciones y con el 60% de su maquinaria en estado inservible.

La decisión se convirtió en un hoyo negro para PEMEX que generó gastos y pérdidas por mil 400 millones de dólares en un fingido intento por reactivar la industria de los fertilizantes en una planta considerada como chatarra.

Investigaciones periodísticas, revelaron el vínculo de Lozoya con el dueño de la empresa, Alonso Ancira. Un mes después de que PEMEX cerrara el trato de la compra de Agronitrogenados, Altos Hornos de México transfirió 3.7 millones de dólares a una cuenta en un paraíso fiscal que Odebrecht utilizaba para pagar sobornos. Ese dinero fue transferido a la cuenta de una empresa vinculada a Lozoya Austin.

Las indagatorias en torno a los casos, no solo provocaron el congelamiento de las cuentas de Lozoya, sino afectaron financieramente a toda su familia.

A su hermana, Gilda Susana le fue impedido el acceso a sus cuentas bancarias y su madre, la señora Gilda Austin, de 71 años, fue detenida en Alemania en julio del año pasado y desde noviembre se encuentra en arresto domiciliario en México, por haber recibido en sus cuentas parte del dinero que Lozoya obtuvo de manera ilícita.

Sobre su detención y regreso a México, su ex abogado Coello dio paso a declaraciones sensacionalistas, ya que antes de abandonar su defensa, declaró en rueda de prensa que su cliente “no se mandaba solo” y que no cargaría con culpas ajenas, pero no dio nombres,“lo dejo a la imaginación”, soltó.

Cabe recordar que en octubre de 2017, Emilio Lozoya fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra por parte de la fiscalía electoral, cuando estaba a cargo de Santiagio Nieto Castillo y respondó:

“No, pues yo estoy muy tranquilo, aquí estoy. No tengo nada, la verdad en lo jurídico, por qué preocuparme. Pero pues sí, es lamentable lo que ha sucedido los últimos meses, cómo la gente puede tirar piedras impunemente, ¿no? Pero mire, lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”.

Lozoya estaba confiado, porque seis días antes, el 20 de octubre de 2017, Nieto Castillo había sido destituido del cargo de fiscal electoral, “por faltar al código de conducta de la dependencia”, de acuerdo a un boletín de Comunicación Social de la PGR, a cargo entonces de Alberto Elías Beltrán, hoy investigado por la FGR tras una denuncia interpuesta por la IOF.

La FEPADE, bajo el mandato entonces de Nieto Casrtillo, había iniciado una carpeta de investigación, en agosto de 2017, para indagar si una parte de los 12.5 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, había sido destinada para financiar al PRI.

También quedó al descubierto un desvío de recursos durante la administración de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos, por 83 millones de pesos, a través de una universidad que contrató a empresas fachada.

Pese a que las pesquisas arrojaron que había cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht en paraísos fiscales de las Islas Caimán, Suiza y Brasil, éste libró la justicia la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo llegó el cambio de régimen y con ello la situación cambió radicalmente para Lozoya Austin, hasta que fue capturado en Málaga, España; ahora la opinión pública se mantiene expectante por los datos y la información que prometió dar a cambio de beneficios en su proceso.

Quizá los señalamientos de Lozoya pongan en jaque a ex funcionarios de primer nivel de Peña Nieto, a personajes en el Congreso de la Unión e incluso hasta de la oposición, que habrían sido grabados por el mismo Lozoya cuando eran sobornados con maletas repletas de dinero.

Habría que ver hasta dónde procederían legalmente los cargos, si están dispuiestos a llegar hasta el mismo ex presidente Enrique Peña Nieto, sin acuerdos ni pactos, o si se trata solamente de otro show mediático para desviar temas tan importantes como el manejo de la pandemia del Covid 19, la inseguridad y la economía.

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