InicioPortadaNacional¡Estado paralizado!

¡Estado paralizado!

*La parálisis del actual gobierno de Joaquín Díaz Mena en este pésimo inicio de su gestión estatal es evidente: no hay una estrategia clara, ni anuncios de obras relevantes, ni una visión definida sobre el rumbo que tomará su administración, solo copias de programas anteriores. Hasta ahora, todo parece limitarse a posar para la foto, vestirse de jaranero y tratar de ser simpático

*Con apenas dos meses en el Gobierno, endeudó a los yucatecos con un préstamo a escondidas de 713 millones de pesos. Mientras esto ocurría, el mandatario andaba en Italia. Ni el gobernador ni ningún funcionario informó sobre la adquisición de la deuda, donde se dejan como garantía las participaciones federales del ramo 28, con lo que se tiene un impacto directo a las finanzas

*La falta de liquidez de los municipios está ocasionando que operen con dificultades financieras como la falta de pago de la nómina, proveedores y prácticamente paralizando la obra pública

Redacción/La Opinión de México

Mérida, Yucatán.- El Gobierno morenista, encabezado por Joaquín Díaz Mena, no tardó ni dos meses al frente del Gobierno de Yucatán y ya endeudó a los yucatecos.

El mandatario, a partir del 28 de noviembre, adquirió un préstamo por la suma de poco más de 713 millones de pesos, pagaderos a un plazo de 24 meses, es decir, en dos años.

El préstamo aprobado por el Congreso del Estado se adquirirá mediante licitación pública o por lo menos es lo que aparentaron, aunque se dice que el actual Gobierno ya tiene un acuerdo con el grupo Banorte de Carlos Hank Ron, de igual manera como ocurrió con el Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello.

El gabinete de investigación de Sol Yucatán averiguó que el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial del Estado, número 35,553, la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Juan Sánchez Álvarez, y el tesorero general del Estado, Joel Ceferino Medina Alvarado, convocaron a una licitación a las instituciones financieras para adquirir un préstamo por la suma de 713 millones 933 mil 986 pesos, que serán pagaderos en un plazo de 24 meses.

Como garantía, el Gobierno del Estado, encabezado por Joaquín Díaz Mena, puso parte de las participaciones federales del ramo 28, como se asienta en la solicitud de préstamo.

Es decir, Díaz Mena comprometerá las participaciones que enviará el próximo año el Gobierno Federal, lo que significa que se sacrificarían obras de gran impacto social.

Lo que llama la atención es que los postulantes tendrán apenas 90 minutos para presentar sus ofertas.

El 27 de noviembre, la SAF recibió y otorgó el fallo de la institución ganadora de la licitación y con quien contratará el préstamo.

Al día siguiente, los funcionarios firmaron el contrato con el cual se concretó el endeudamiento del Estado; mientras eso ocurría, el gobernador, Joaquín Díaz Mena, seguía de viaje en Italia.

El primer pago del préstamo está estipulado que se realice el 28 de noviembre; a ciencia cierta no se sabe en qué se utilizará el millonario préstamo, aunque desde los primeros días de su Gobierno, el mandatario dijo que se podría adquirir deuda, aunque nunca informó de esta situación que es de gran relevancia para los yucatecos y para las finanzas del Estado.

Apenas transcurrieron 59 días del Gobierno y se endeudó o se hipotecó al Estado. Lo incongruente es que, durante la campaña, lo que los políticos morenistas y el mismo mandatario criticaron del Gobierno de Mauricio Vila Dosal fue precisamente la excesiva deuda contraída a lo largo de la administración.

El Gobierno de Vila Dosal dejó una deuda de casi 12 mil millones de pesos, que se invirtió en seguridad, la ampliación del puerto de Progreso y la modernización del transporte público a través del Va y Ven y el Ie-tram.

Asimismo, el Gobierno morenista está literalmente jineteando los recursos de los ayuntamientos, debido a que no les está entregando las partidas federales que por ley les corresponden.

La falta de liquidez de los municipios está ocasionando que operen con dificultades financieras como la falta de pago a sus empleados, proveedores y prácticamente paralizando la obra pública, como bacheo, reparación de calles, alumbrado público y deudas que dejaron, en muchos casos, heredadas de la administración pasada.

De acuerdo con los datos, el Gobierno morenista recortó el 50% en las participaciones presupuestales asignadas a los 106 municipios de Yucatán.

Este recorte, sin precedente y sin una justificación lógica, ha puesto en jaque a los ayuntamientos, que ya enfrentan dificultades para cubrir siquiera el pago de nóminas.

La justificación de Mario Can Marín, titular de la Agencia de Administración Fiscal, y de Juan Sánchez Álvarez, titular de la Secretaría de Administración Fiscal, es una supuesta reorganización financiera, sin embargo, no solo viola los principios de autonomía municipal, sino que también exhibe una preocupante falta de estrategia financiera.

El retraso en las entregas de los fondos pone en desventaja a los municipios, obligándolos a operar con recursos insuficientes.

Esta estrategia permite al Gobierno estatal “financiarse” temporalmente con recursos que no le pertenecen.

El impacto económico en los municipios es devastador e impactaría de manera directa a la población, servicios públicos como alumbrado, recolección de basura y seguridad han sido drásticamente afectados.

Esta situación genera un efecto dominó que golpea directamente a la economía local, afectando a pequeños comerciantes y proveedores que dependen de contratos municipales.

Municipios que recibieron un Ayuntamiento quebrado por los actos de corrupción de sus anteriores autoridades, como Motul, Celestún, Valladolid, Tizimín y Progreso, son de los más afectados.

En el caso de Motul, el actual director del Instituto de Desarrollo Municipal y Regional, Roger Aguilar Arroyo, heredó un municipio en ruinas, con déficit financiero y con serias carencias en los servicios públicos y múltiples calles rotas.

Hasta el momento, ningún alcalde ha levantado la voz de manera pública, debido a que la política de Morena y la 4T es castigar a quienes se rebelan contra sus decisiones.

Es decir, Díaz Mena ha tomado la bandera de “estás conmigo o contra mí”, sin espacio para cuestionar las decisiones.

La excusa que pone Díaz Mena es que recibió un Gobierno quebrado.

No hay que olvidar que, en el presupuesto del 2024, aprobado por el Congreso del Estado, se contemplan recursos federales por la suma de 45 mil millones de pesos, es decir, el Gobierno Federal envía los recursos, sin embargo, el actual Gobierno no los está entregando en tiempo y forma.

La federación ha enviado al actual Gobierno casi 12 mil millones de pesos, además de los recursos del préstamo contratado, a pesar de ello, el Gobierno morenista dice que no hay dinero y le “pellizca” parte del presupuesto a los Ayuntamientos, o más bien, el dinero no es suficiente para pagar sus compromisos de campaña, donde Díaz Mena, para ganar la gubernatura, prácticamente hipotecó al Estado.

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