*El entramado de corrupción y protección entre el exsecretario de Seguridad Pública y el Cártel de Sinaloa fue uno de los eslabones para establecer al grupo delictivo como uno de los más fuertes del mundo
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/La Opinión de México
Ciudad de México. – La captura en Estados Unidos de Genaro García Luna, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa y de recibir sobornos multimillonarios del capo sinaloense, abrió viejos capítulos del crimen organizado. Sobre todo, los de la etapa del panismo en el gobierno de México, representado por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes podrían –o deberían– ser procesados por omisiones graves y presuntos vínculos criminales.
Hasta 2021 todo parece depender de la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mantenido paralizado en la ofensiva contra la mafia: ni usa la fuerza del Estado para el combate criminal –“abrazos y no balazos”, dice– ni se inclina por las venganzas políticas. Pero ante la presión de Estados Unidos, pues no le quedará de otra más que actuar.
Como ya lo hemos dicho, Estados Unidos manda en la política criminal del continente latinoamericano y México está sujeto a esas directrices, aunque el presidente lo niegue. Es claro que los millones de pobres e iletrados que lo siguen nada entienden de esto porque están sumidos en la ignorancia. Pero otra parte significativa del país sí lo entiende muy bien y le va a exigir actuar.
GARCÍA LUNA: LA CAÍDA
Jefe policíaco de los gobiernos de Fox y Calderón, dos sexenios experimentando con ensayos policíacos dizque para combatir a la delincuencia, Genaro García Luna cayó en manos de la justicia estadunidense y ahora vive horas aciagas en una cárcel del valle de Texas.
A lo largo de doce años, desde 2000 hasta 2012, importantes medios de México como el semanario “Proceso” documentaron a través de mis trabajos periodísticos de investigación cómo el narcotráfico penetró a la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por García Luna.
Con datos y evidencias, por ejemplo, se publicó la historia de cómo García Luna fue interceptado en una carretera de Tepoztlán, Morelos, por parte de un grupo de hombres armados de Arturo Beltrán Leyva que le cerraron el paso al vehículo en el que viajaba. La escolta del funcionario intentó actuar, pero el funcionario federal les pidió calma.
Los gatilleros de Beltrán maniataron a los agentes escoltas del funcionario federal. Estos narraron en su denuncia, mediante una carta entregada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para exigir la destitución de García Luna por sus presuntos vínculos con el narco, que aquellos hombres le dijeron a García Luna que “el patrón” estaba enojado con él y que lo invitaba a dialogar.
Tras lo que fue llevado hasta el escondite del capo sinaloense, uno de los más sanguinarios, quien entonces estaba afincado en Cuernavaca, Morelos.
Acto seguido, lo presentaron ante Arturo Beltrán Leyva:
–“Te mandé traer solo para saber si vas a cumplir o no con los acuerdos”, dijo Beltrán Leyva. “Aquí no se juega y tú te has hecho pendejo con lo pactado. Yo te cumplí, pero tú a mí no.”
Lo que se sabe respecto al diálogo puede ser exagerado, pero se afirma que esa fue la reclamación a García Luna para que cumpliera lo acordado. El entonces secretario de Seguridad Pública convino en que lo haría y Beltrán lo dejó ir.
García Luna se habría comprometido a cumplir el pacto: no meterse con el Cártel de Sinaloa, en particular, con la célula encabezada por los hermanos Beltrán Leyva, entonces una de las más poderosas de México.
La detención de García Luna revivirá en el juicio casos como la primera fuga espectacular de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, apenas 20 días después de que Vicente Fox tomara posesión como presidente de México.
Se dijo entonces que el capo preparó su fuga mediante un plan largamente maquinado a través de la corrupción, pero después se dijo que en realidad el jefe del Cártel de Sinaloa salió por la puerta grande mediante un soborno millonario que llegó a Los Pinos.
Después de su fuga, Guzmán Loera comenzó la construcción del Cártel de Sinaloa hasta convertirlo en el más poderoso del mundo, para lo cual le bastaron doce años, los dos sexenios del panismo.
En los dos gobiernos panistas –Fox y Calderón– Guzmán Loera no fue molestado para nada, a pesar de que siempre se dijo que era buscado por todo el país. Luego se supo que no había ningún plan de acción para capturarlo y que todo era una simulación. En realidad, los gobiernos de Fox y Calderón tenían pacto con el Cártel de Sinaloa.
García Luna fue la pieza clave para mantener a salvo los intereses de Sinaloa en México. El llamado narcopolicía se encargaba de impedir que los Operativos Conjuntos contra el crimen organizado, implementados por Felipe Calderón, tocaran a la organización criminal. Todo era una simulación. La guerra de Calderón no fue fallida: fue una farsa.
Cuando los Operativos Conjuntos que se aplicaron en todo el país comenzaron a ser criticados, no había logística ni recursos y mucho menos información de inteligencia para golpear al crimen organizado. Un helicóptero de apoyo, por ejemplo, tardaba horas en llegar al lugar donde era solicitado y los operativos fracasaban. Todo estaba hecho para no actuar contra el crimen. Era obvio. Pero García Luna se encargó de encarcelar a sus críticos.
La Policía Federal, a su cargo, solo implementaba retenes para realizar revisiones, pero eso estaba muy lejos de destruir a los cárteles de la droga y a los capos poderosos, intocados hasta la fecha.
Altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP), como Luis Cárdenas Palomino, tenían amplio control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde ahí controlaban el tráfico de drogas que provenía de Centro y Sudamérica. Un caso ejemplificativo fue la balacera que se desató entre policías en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con saldo de varios muertos.
Los agentes se pelearon por un botín luego de que un avión de Aeroméxico arribó procedente de Lima, Perú, con una tonelada de cocaína. Al no ponerse de acuerdo en el reparto de dinero, se desató una balacera. Quien estaba a cargo de la terminal era Cárdenas Palomino, según denunciaron los policías que sobrevivieron, brazo derecho de García Luna y cobijado posteriormente por Salinas Pliego como Jefe de Seguridad en TV Azteca.
La guerra contra el narcotráfico de Calderón en realidad no desactivó la actividad de tráfico de drogas, por el contrario, la intensificó: los cárteles se internacionalizaron y se asociaron unos con otros convirtiéndose así en más sólidos y poderosos.
Ampliaron sus tentáculos hacia Sudamérica, desplazando a los colombianos, por ejemplo, en el uso del transporte de drogas. Los cárteles mexicanos tomaron ese control y comenzaron a mover droga hacia México para luego introducirla a Estados Unidos.
Los cárteles que mejor se posicionaron fueron Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, entre otros, que se posicionaron en el mundo criminal. Así, la guerra de Calderón fue selectiva, pues gran parte de las acciones se enfocaron hacia el Cártel del Golfo y Los Zetas, rivales de Sinaloa.
García Luna se formó al lado de Jorge Tello Peón, quien fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Ernesto Zedillo. En el gobierno de Vicente Fox también fue subsecretario y fue quien visitó el penal de Puente Grande la víspera de la fuga de El Chapo. Lo acompañó Nicolás Suárez Valenzuela, comandante de la desaparecida Policía Federal Preventiva.
Después de aquella visita –documentada en las investigaciones realizadas por la PGR– Guzmán Loera se fugó de una de las cárceles que entonces eran consideradas como de las más seguras de México.
Y así, tras su fuga y con el apoyo del panismo, se comenzó a edificar el Cártel de Sinaloa.
CALDERÓN-GARCÍA LUNA: EL ENTRAMADO MAFIOSO
A principios de 2012, luego de la balacera que se suscitó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los agentes que sobrevivieron concedieron una entrevista exclusiva en la que acusaron a Luis Cárdenas Palomino –mano derecha de Genaro García Luna– de ser el principal operador del narcotráfico en la terminal aérea. Además del entonces secretario de Seguridad Pública, esta información la conocía Felipe Calderón, pero nunca se actuó en consecuencia.
Hechos y datos como este se multiplicaron durante el sexenio de Calderón Hinojosa, quien ahora se refugia en el desconocimiento de acciones que todos sabían –menos él– para no verse implicado en una complicidad de dimensiones mayores, ahora que su policía consentido está preso en Estados Unidos bajo la acusación de haber brindado protección al Cártel de Sinaloa.
Por su puesto que Calderón sabía. García Luna no se mandaba sólo, formaba parte de un Gabinete de Seguridad y las instrucciones respecto a qué hacer y qué no hacer las giraba el presidente de la República.
Si Calderón no se enteró de las andanzas de García Luna fue porque no quiso, como no quiso escuchar tampoco las múltiples acusaciones que se presentaron en su contra por los presuntos nexos con el narcotráfico. Si no “se enteró” fue porque los entonces titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación y los procuradores que desfilaron por la PGR omitieron la información por complicidad o irresponsabilidad, más por lo primero que por lo segundo, sin duda. El Gabinete de Seguridad de Calderón sí conoció estos nexos y guardó silencio, fue cómplice de García Luna por omisión o comisión.
CORRUPCIÓN Y OMISIONES
En el sexenio 2006-2012, la corrupción en la SSP fue un tema central que fue denunciado, entre otros, por Javier Herrera Valles, entonces mando importante de la Policía Federal Preventiva y castigado a la postre con un injusto encarcelamiento como se registra en la entrevista que se le realizara. Donde manifiesta cómo con testigos protegidos condicionados –algo muy socorrido en el sexenio de Calderón– se le acusó falsamente de estar implicado en el narcotráfico.
Esta sucia maniobra, que también caracterizó al periodo calderonista, fue consecuencia de las diversas denuncias que Herrera Valles presentó ante Calderón, a través de sendas cartas, y ante las autoridades correspondientes, pero nunca fue escuchado. En sus denuncias Herrera insistía en que la lucha contra el crimen era un fracaso y dejo en claro cómo García Luna simulaba el combate al narco, “pero en el fondo protegía los intereses de los cárteles, en especial el de Sinaloa”, expuso el exagente federal.
Otras acusaciones vinieron por parte de agentes inconformes con la conducción de la SSP, protestaban por despidos injustificados, la incorporación de gente inexperta y el derroche de recursos públicos. Estos agentes dirigieron una carta a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Justicia.
A través de la misiva solicitaron la destitución de García Luna “por corrupto e incapaz” y por estar implicado con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entonces aliados de Sinaloa.
Es en esa misma carta donde dieron cuenta del hecho ocurrido en una de las carreteras cercanas a Tepoztlán, entre hombres armados de los Beltrán Leyva y García Luna con su escolta. El capo tenía tanto control en esa entidad que vivía en un departamento ubicado frente a la zona militar; muy bien cuidado por estos.
La guerra orquestada por el gobierno de Felipe Calderón resultó un verdadero fiasco: nadie sabe hasta ahora qué fue lo que combatió porque, como es evidente, los cárteles se internacionalizaron, pudieron asociarse y fortalecerse; y en esta infructuosa batalla lo sobresaliente es que el Cártel de Sinaloa se consolidó como la organización más poderosa del planeta. Este Cártel fue producto de un gran acuerdo trasnacional.
¿Cuál fue el objetivo de la llamada guerra contra el crimen organizado? Hay demasiadas preguntas al respecto. Pero una respuesta central es que el punto esencial no fue abatir la criminalidad. Esa fue la gran cortina de humo.
Ante las miradas crédulas, Calderón falló casi en todo. Encarceló a los alcaldes de Michoacán que, según se dijo entonces, estaban coludidos con el narcotráfico, pero los tuvieron que liberar porque no probaron las acusaciones.
Fueron encarcelados otros políticos con acusaciones falsas. Un caso doloroso fue el de Greg Sánchez, político de izquierda de Quintana Roo, acusado de lavar dinero sucio y de estar ligado al crimen organizado. Fue encarcelado injustamente. Después fue liberado por falta de pruebas. Este caso probó que la supuesta guerra contra el crimen se utilizó con fines políticos. En ese tiempo Greg Sánchez era un fuerte candidato a la gubernatura de Quintana Roo y su encarcelamiento descarriló su proyecto político. También le causaron mucho dolor en lo personal y en lo familiar.
Lo que sí fue más que evidente es que el Cártel de Sinaloa operó a sus anchas durante el periodo de Calderón: Rey Zambada, hermano de Ismael Zambada –hoy el capo consentido de la Cuarta Transformación– controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México.
Tenían comprados a todos los funcionarios de las aduanas, quienes operaban a favor del Cártel. Los Beltrán Leyva, por su parte, infiltraron a la PGR. Compraron a los responsables de la SIEDO –hoy SEIDO– para disponer de información sobre operativos, órdenes de aprehensión y extradiciones en las que estuvieran implicados miembros del Cártel de Sinaloa.
En tiempos de Calderón, la PGR terminó prostituida. Un caso escandaloso fue el paso de Eduardo Medina Mora por esa dependencia y los negocios que realizó con García Luna, según acreditó la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto. El caso está aún bajo investigación y se espera que explote como una bomba.
En una amplia entrevista que le concedió al diario “El País”, Santiago Nieto dice que el área a su cargo recibió información de una agencia norteamericana sobre los nexos de Medina Mora con García Luna. “Revisen esa conexión”, le sugirieron. Y lo que hallaron fue que entre Medina Mora y García Luna acordaron comprar un software –presuntamente el “Pegasus”– que fue utilizado entonces para el espionaje político. Nieto dijo que, entre otros usos perversos, este sistema terminó siendo operado por la empresa de seguridad de García Luna.
En este entramado de corrupción –imposible que Calderón no se haya dado cuenta– se han detectado empresas de García Luna creadas fuera de México y que han tenido triangulaciones financieras en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes, Panamá, entre otros.
Desde este último país, dijo Nieto, se operaban los fondos financieros que le permitían a García Luna mantener su elevado nivel de vida en Miami.
Llama la atención la conexión Medina Mora-García Luna, sobre todo porque al exministro también le hallaron cuentas millonarias imposibles de amasar con el salario que recibía como funcionario. Es posible que Medina Mora no sea una pieza ajena al entramado de protección de Sinaloa. De ahí que los norteamericanos lo mantengan en la mira.
Ahora, para llevar a juicio a Felipe Calderón, lo que sería algo inédito en la historia política de este país, se necesita, además de pruebas fehacientes, una voluntad política inquebrantable. No se requiere la vacilada de la llamada consulta ciudadana. Se necesita que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, asuma su papel de fiscal autónomo –si lo es en realidad– y empiece a trabajar en ese caso.
Llama mucho la atención, entre otras cosas, que a pesar de que los nombres de políticos, empresarios y policías han resultado salpicados por presuntos actos de corrupción y colusión con el crimen, desde el juicio que enfrentó Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, hasta el momento, no se haya dado a conocer la integración de una sola carpeta de investigación por parte de la FGR.
Estos casos se siguen de oficio, no hace falta una denuncia, sobre todo si provienen de un juicio. Sin duda lo que está haciendo falta es voluntad. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le falta valor para meter a la cárcel a los expresidentes, a pesar de que él mismo los ha señalado como cabezas de la llamada “mafia del poder”.
En el sexenio de Calderón también ocurrió algo inédito: un grupo de agentes federales detuvo en Sinaloa a Ismael El Mayo Zambada. La información para localizarlo la había dado el sobrino del capo –Jesús Zambada, hijo de Rey Zambada, hermano de El Mayo– quien estaba sujeto a un arraigo domiciliario.
Cuando los agentes aprehendieron al longevo narcotraficante este les ofreció un soborno descomunal, dos veces mayor a la recompensa de 5 millones de dólares que ofrecía entonces el gobierno de Estados Unidos por su cabeza. Los policías consultaron el hecho con la procuradora Marisela Morales y esta dio la orden de dejarlo libre.
El Mayo, según se supo, entregó el dinero en efectivo. Al transcurrir los días, el sobrino de Zambada apareció ahorcado en la casa de arraigo. Oficialmente el hecho fue calificado como un suicidio.
Además, un testigo protegido que en 2009 fue comisionado de la Policía Federal y ligado a los Zambada, Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP, fue ejecutado cuando tomaba café en un Starbucks ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, en la avenida Pilares y Universidad.
CASO GARCÍA LUNA: ASÍ OPERABAN SUS REDES CRIMINALES
Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del Cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo –quien compurga una cadena perpetua por delincuencia organizada–, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico.
Desde la cárcel donde está recluido, ofrece una fianza de dos millones de dólares para que el fiscal de su causa lo deje en libertad, ya que argumenta que puede contagiarse del coronavirus.
Sin embargo, las solicitudes de fianza –en la primera ofreció un pago de un millón de dólares– le fueron rechazadas debido a que es considerado un personaje peligroso que puede fugarse, ya que tiene amplios contactos políticos y criminales que lo pueden ayudar a evadir la acción de la justicia, de acuerdo con los criterios de las autoridades estadunidenses.
A continuación, se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas tanto a él mismo como a sus colaboradores más cercanos. Tales acusaciones empezaron en el sexenio de Vicente Fox, donde García Luna fue un estratega policíaco. Nadie imaginaba en aquel tiempo que ya tenía nexos criminales.
Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde 2008. Sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos; por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.
Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fuera su secretario particular en la Agencia Federal de Investigación (AFI), tuvo tratos con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.
En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano a quien en ese momento fungía como secretario de Seguridad Pública y era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado– Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de Felipe, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policíacos con el narco.
Según Felipe, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco– tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.
Narra el testigo Felipe: “A principios de 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto.”
El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la DEA entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.
La imagen fue presentada al testigo protegido Felipe, de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos.
El testigo Felipe identificó el rostro de Velarde Martínez. El testigo protegido tenía información sensible: había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por ello, conocía a los colaboradores cercanos a García Luna ligados al narcotráfico, entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO– y al capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de esta dependencia.
Otros fueron arraigados, pues ya se tenían datos y evidencias de sus ligas con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Édgar Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP y ejecutado durante su etapa como testigo colaborador; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal Preventiva; y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.
LA RED CRIMINAL
Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico, pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que Velarde Martínez servía a los intereses del Cártel de Sinaloa y era estrecho colaborador de García Luna.
El testigo lo describió tal cual es físicamente: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.
Y añadió: “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y (…) casi siempre tiene curitas en los dedos por ello”. Agregó que cuando lo conoció, era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y tras ese cargo está bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes en la Policía Federal.
Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez– fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de El Rey Zambada –hermano de Ismael El MayoZambada García– en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.
De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO– fue comprado por el Cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió convertirse en testigo protegido y fue identificado con el nombre de David.
En aquella ocasión, el testigo relató que once años atrás El Rey Zambada era conocido como El licenciado Óscar para tratar con comandantes y funcionarios federales. Que conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS) y que: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado ‘Óscar’”. O sea: Jesús Reynaldo Zambada García, alias El Rey.
Y añadió el testigo David: “Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México, para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ Guzmán.”
Por otra parte, Alberto Pérez Guerrero –el testigo Felipe– relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado e incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.
Según Felipe, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.
Dijo: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.
(…)
Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.
Felipe también expuso en aquel testimonio que, entre abril y mayo de 2007, Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.
Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con El ReyZambada, quien es uno de los testigos claves en el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública.
