*La administración de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, no sólo ha sido cuestionada en relación con sus resultados en materia de combate a la delincuencia, sino en el manejo de los recursos, ya que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en la Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública: 07-0-36D00-07-0227, se detectó que no se ejercieron 2 mil 863,245.0 millones de pesos, es decir, el 43.0% del presupuesto asignado para 2007.
Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México.- Con el propósito de evaluar la eficiencia en el uso de los recursos autorizados en los Convenios de Coordinación para la realización de acciones en materia de Seguridad Pública, celebrado en el año 2007 entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, se analizaron los anexos técnicos de dichos Convenios, las actas de reunión de los Comités Técnicos del Fondo de Seguridad Pública en las Entidades Federativas y diversa información financiera proporcionada por las entidades fiscalizadas. De la revisión se constató que de un monto modificado por 6,652,980.8 millones de pesos, a diciembre de 2007.
Los principales subejercicios de la SSP fueron en:
Formación y Profesionalización: 188,804.3 MDP
Equipamiento para la Seguridad Pública: 346,973.2 MDP
Red Nacional de Telecomunicaciones: 523,167.5 MDP
Sistema Nacional de Información: 126,117.1 MDP
Registro Público Vehicular: 53,206.1 MDP
Infraestructura para la Seguridad Pública: 404,255.9 MDP
Instancias de Coordinación: 582,408.5 MDP
Combate al Narcomenudeo: 544,375.4 MDP
Operativos Conjuntos: 4 8,866.1 MDP
Participación de la Comunidad: 42,738.4 MDP
Seguimiento y Evaluación: 42,332.5 MDP
Además, en el transcurso del año se reasignaron recursos por 156,771.2 millones de pesos entre los diferentes ejes estratégicos, como se muestra en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO MODIFICADO POR EJE ESTRATÉGICO, 2007
Formación y Profesionalización: 56,065.9 MDP
Equipamiento para la Seguridad Pública: 83,326.6 MDP
Red Nacional de Telecomunicaciones: 51,797.1 MDP
Sistema Nacional de Información: 2,724.4 MDP
Registro Público Vehicular: 9,183.5 MDP
Infraestructura para la Seguridad Pública: 23,042.0 MDP
Instancias de Coordinación: 21,923.2 MDP
Combate al Narcomenudeo: 63,950.6 MDP
Operativos Conjuntos: 214.6 MDP
Participación de la Comunidad: 446.6 MDP
Seguimiento y Evaluación: 557.4 MDP
Es de destacarse que en el eje Equipamiento para la Seguridad Pública, el cual registró un importante subejercicio, también obtuvo una ampliación presupuestaria por 83,326.6 millones de pesos; igual circunstancia ocurrió en los ejes Combate al Narcomenudeo y Registro Público Vehicular, en donde su ampliación presupuestaria fue de 63,950.6 y 9,183.5 millones de pesos, respectivamente. La mayoría de los ejes que experimentaron reducciones presupuestarias también observaron importantes niveles de subejercicio, lo que señala la deficiente programación y presupuestación que se tuvo en todas las entidades federativas del país, ya que, sin excepción, todas registraron subejercicio.
En el periodo considerado, los recursos federales asignados a la función Seguridad Pública pasaron de 12,239.5 millones de pesos a 22,964.9 millones de pesos, con lo que su participación en el gasto neto total del sector público presupuestario se elevó de 0.6% a 0.9%.
Por otra parte, a nivel de las entidades federativas la gran mayoría del financiamiento de esta función proviene fundamentalmente de sus recursos propios y es posible afirmar que el monto de éstos, como proporción de sus presupuestos totales, sí guarda en general una cierta relación con la evolución de la incidencia delictiva, ya que, a mayor proporción en los presupuestos estatales del gasto en esta función, es menor el ritmo de crecimiento de la delincuencia y viceversa.
Con información de 30 entidades federativas, Baja California Sur no la proporcionó, se da cuenta de que en 2007 tales entidades destinaron un presupuesto de 42,616,382.7 millones de pesos a la función de seguridad pública y procuración de justicia, lo que representó en promedio el 5.2% de sus presupuestos totales, en tanto que el Distrito Federal (D.F.), por su parte erogó en esta función 19,404,568.9 miles de pesos que significaron 18.4% de su presupuesto total.
Entre las principales causas que expresaron las entidades federativas sobre la no utilización total de los recursos FOSEG 2007, se encuentran las siguientes:
La autorización tardía de los anexos técnicos de los Convenios de Coordinación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los procedimientos de compra o adjudicación por parte de las unidades administrativas responsables de algunas entidades federativas, son lentos ya que en ocasiones implican hasta cuatro meses.
El retraso en la revisión y validación de los expedientes para trámite de pago por parte de la Contraloría del Ejecutivo Estatal y posteriormente de la Secretaría de Finanzas.
Los recursos se reciben de manera calendarizada en un lapso de 10 meses, por lo que la adquisición de bienes y servicios se realiza con los recursos disponibles, y en algunos casos al vencimiento de los servicios preventivos que se contratan.
Si bien lo anterior es correcto, es de hacerse notar que desde el año 2005 cuando se empiezan a otorgar los recursos FASP por 5,000.0 millones de pesos, casi todas las entidades federativas registraron subejercicio, dada esta última situación, independientemente de la validez de sus argumentos, éstas tuvieron a su disponibilidad los recursos financieros suficientes para enfrentar una programación-presupuestación más eficiente, y que les permitiera registrar un avance más significativo en el cumplimiento de sus metas, al menos a partir de 2006.
En el total de recursos presupuestarios destinados a la Seguridad Pública por las entidades federativas, los provenientes del FOSEG representaron en promedio el 6.0%; los recursos FOSEG complementan los recursos que las entidades federativas destinan al combate de la delincuencia, siendo los estados de Morelos, Campeche, Nayarit, Tlaxcala e Hidalgo los que presentan una mayor dependencia de esos recursos (en promedio 20.5% del total), en tanto que Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua y Oaxaca, los recursos FOSEG apenas representaron en promedio el 4.3%. De los cuatro ejes estratégicos seleccionados en esta auditoría, las entidades federativas que mayores montos destinaron a ellos fueron Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, siendo estas mismas las que mostraron los mayores montos de subejercicio en esos ejes. En clasificación económica, el gasto total ejercido de los ejes revisados se distribuyó de la manera siguiente:
Formación y Profesionalización: 3.6
Equipamiento para la Seguridad Pública: 85.2 MDP
Sistema Nacional de Información: 35.7 MDP
Infraestructura para la Seguridad Pública: 93.3 MDP
Las reasignaciones y los subejercicios revelan que los recursos del FOSEG no se sujetan a una estrategia de gestión que programe de manera eficiente su aplicación, ya que, no obstante las necesidades insatisfechas en los diferentes ejes del sistema, no se utilizan plenamente las asignaciones autorizadas, lo que se confirma por el hecho de que a junio de 2008, todas las entidades federativas aún contaban con disponibilidades que para el caso de 19 que proporcionaron información, ascendían a 622,080.5 millones de pesos, donde destacan nuevamente los ejes de Infraestructura para la Seguridad Pública y Equipamiento para Seguridad Pública.
El recurrente subejercicio que han presentado las entidades en los últimos tres años respecto de los recursos autorizados a través del Programa de Seguridad Pública se debe a que la fórmula de determinación del monto y distribución de los recursos que se define en el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en el apartado denominado “Criterios de Asignación para la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)”, no se está aplicando, ya que a partir de 2005 se otorga el mismo monto y estructura (5,000.0 millones de pesos con igual participación por entidad federativa); por lo tanto, la asignación federal mediante este Programa no ha tomado en cuenta para su distribución el comportamiento de los índices delictivos; el avance en la aplicación del Programa de Seguridad Pública; el índice de ocupación penitenciaria; el crecimiento de la población; y el avance en los montos de inversión para los proyectos convenidos.
Esto refleja la falta de planeación y programación a nivel del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al comparar los porcentajes de subejercicio registrados por las entidades federativas y sus respectivos índices delictivos correspondientes a 2007, se tiene que de los Estados cuyo nivel de subejercicio se situó por arriba del 40.0%, con excepción de Colima, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit, Morelos y Jalisco, también registraron importantes niveles delictivos, donde destaca Tabasco, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Baja California Sur
En la “Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera–”, el monto total que en 2007 se destinó a este eje en 32 entidades federativas ascendió a 623,256.5 millones de pesos, de los cuales al cierre del año se habían ejercido 434,452.2 millones de pesos y, por tanto, quedaban pendientes de aplicar 188,804.3 millones de pesos, es decir, se registró un subejercicio de 30.3% del total.
Respecto de sus índices delincuenciales, al clasificar a las entidades federativas en forma descendente, de acuerdo con su tasa de crecimiento promedio del índice delictivo 2005-2007 (TCPID), se tiene que en términos de monto total del eje, las entidades con menor TCPID destinaron los mayores recursos, 319,097.3 millones de pesos, 51.2% de ese total.
Si se relaciona la TCPID con el porcentaje de subejercicio que registró cada una de las entidades resulta que de los 9 estados con los niveles más altos en esa tasa, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes y Michoacán, mostraron subejercicios de entre casi 62.0% y cerca de 84.0%; en tanto que de las 8 entidades con niveles intermedios de TCPID, cercanos a la media nacional de 5.8%, Zacatecas, Nuevo León y Durango registraron subejercicios que fueron desde un poco menos de 87.0% hasta 100.0%; y las 15 entidades con menores niveles delictivos, Querétaro, Tamaulipas y Chiapas, consignaron subejercicios de entre 72.6% y 99.0%,
Con fines comparativos, se cruzó la información de recursos ejercidos en este eje con la suma de elementos evaluados y/o capacitados, para estimar el costo promedio por persona, y se encontró una fuerte disparidad, ya que en las entidades con mayor tasa delictiva, los 114,202.8 millones de pesos ejercidos divididos entre los 35,926 elementos evaluados o capacitados, dieron un costo promedio de 3.2 millones de pesos por elemento; en tanto que, en las entidades intermedias, dicho costo fue de 5.7 millones de pesos (75,110.3 millones de pesos ejercidos entre 13,137 policías evaluados o capacitados); y en las entidades con menor TCPID, el costo fue de 3.3 millones de pesos (245,139.1 millones de pesos entre 73,930 elementos). Para el caso del Distrito Federal en donde sólo se aplicó la evaluación toxicológica el costo promedio ascendió a 1,303.6 millones de pesos por policía.
Equipamiento para la Seguridad Pública En este resultado se revisan las adquisiciones en materia de armamento, vehículos y equipos que forman parte del eje estratégico “Equipamiento para la Seguridad Pública”.
El monto total que en 2007 se destinó a este eje en 32 entidades federativas ascendió a 808,619.8 millones de pesos, de los cuales al cierre del año se habían ejercido 479,870.3 millones de pesos y, por tanto, quedaban pendientes de aplicarse 328,749.5 millones de pesos; es decir, se registró un subejercicio de 40.7% del total.
El Distrito Federal no programó la adquisición de armas, vehículos y equipamiento para la policía preventiva en 2007; por tanto, no se incluye en ninguno de los cuadros que permiten la evaluación del tema.
Al clasificar a las entidades federativas en forma descendente, de acuerdo con su TCPID 2005-2007, se tiene que, en términos de monto, a las entidades con menor TCPID se les destinaron los mayores recursos para equipamiento, 441,554.1 millones de pesos, 54.6% del total; por ello, fueron las que ejercieron las cifras más altas: 294,613.6 millones de pesos, 61.4% de la suma respectiva; a las entidades con las TCPID más elevadas se les asignaron 232,296.6 millones de pesos (28.7% del total) y ejercieron sólo 127,851.0 millones de pesos (26.6%).
