*A dos semanas de haber tomado posesión como gobernador, Joaquín Díaz Mena inició con los negocios turbios para beneficiar a Mario Millet Encalada. Obras Públicas y la Japay ya le otorgaron contratos directos a la constructora Luboro, que en los últimos dos años recibió múltiples contratos de la administración de Mauricio Vila
*Según estadísticas, estas inversiones a las campañas reditúan por cada 50,000 pesos alrededor de un millón de pesos en obras. Cuánto sería lo que le debe el actual gobernador al empresario Mario Millet por cerca de 400 millones de pesos que aportó a la campaña, serían cerca de 4 mil millones de pesos
*De esta manera, existe una directriz de cómo será la administración de Morena, que vendió la idea de un cambio, sin embargo, será el Gobierno de los moches y de pagos por favores políticos
Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Mérida, Yucatán.- A dos semanas de haber tomado posesión como gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena inició con los negocios turbios.
Por medio de la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por Alaine López Briceño, le otorgó contratos a la constructora Luboro, que en los últimos dos años recibió múltiples contratos de la administración de Mauricio Vila Dosal.
El Gobierno «Huachista», que según lo que dijo el lunes 30 de septiembre durante su toma de protesta, iba a ser honesto y justo, contrató a la empresa Luboro que de manera legal pertenece a Luis Orlando Bobadilla Cervantes, integrante del Colegio de Ingenieros de Yucatán, sin embargo, de acuerdo con la investigación de Sol Yucatán, quien estaría detrás es Mario Millet Encalada.
La empresa fue contratada para realizar un diagnóstico de las obras públicas de la administración pasada.
El jueves y viernes pasado, empleados de la empresa constructora realizaron un diagnóstico en la Plaza Grande, que fue concluida a finales de septiembre de este año.
Encontraron graves deficiencias en el sistema eléctrico e hidráulico, que podría poner en riesgo a los paseantes.
De acuerdo con el primer diagnóstico, la obra fue de mala calidad y presenta muchas anomalías, que no corresponden a los 137.5 millones de pesos que el anterior Gobierno dijo que gastó en los trabajos de remoción.
De esta manera, la empresa Luboro se perfila para ser una de las constructoras consentidas de la nueva administración, al igual como lo hizo en la administración de Mauricio Vila, donde en dos años Virgilio Crespo Méndez y Sergio Chan Lugo, directores de Obras Públicas e Incay, le dieron contratos por más de 70 millones de pesos, todos por adjudicación directa o a modo.
A cambio de los contratos, otorgaba el 20 por ciento en moche, lo mismo ocurriría en el presente Gobierno, donde obtuvo el contrato de manera directa.
Millet Encalada fue uno de los inversionistas en la campaña de Vila Dosal e hizo lo mismo en la campaña de Díaz Mena.
El mismo Millet Encalada, en varias ocasiones, dijo que él realizaría la Obra Pública en la administración morenista.
Luis Hevia Jiménez y Dafne López Martínez fueron quienes dieron luz verde para trabajar con esta empresa que fue ampliamente beneficiada durante el Gobierno panista.
El primero, al ser el director de proyectos estratégicos y el segundo como jefe de asesores, Encalada Millet durante la campaña, trabajó de manera directa con Hevia Jiménez, quien fue el coordinador general de la campaña de Huacho, además ya habían trabajado juntos en la campaña de Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello, sin embargo, en el 2018, tuvieron un alejamiento y confrontación, debido a que el empresario e inversor político se negó a apoyar a Mauricio Sahuí y, en cambio, apoyó a Mauricio Villa.
Otra de las dependencias donde también ha sido favorecida en la naciente administración es en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), encabezada por Francisco Torres Rivas, ex secretario de Obras Públicas en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, quien durante su gestión les otorgó múltiples contratos a empresas de Millet Encalada a cambio de moches.
Torres Rivas encomendó a la empresa un diagnóstico sobre el sistema operativo e infraestructura de la dependencia.
De esta manera, existe una directriz de cómo será la administración de Morena, que vendió la idea de un cambio, sin embargo, será el Gobierno de los moches y de pagos por favores políticos.
No hay que olvidar que, en dos años, la constructora “Luboro S.A de C.V” se convirtió en una de las predilectas del actual Gobierno alternado por Mauricio Vila Dosal y María Fritz Sierra.
La administración estatal, a través del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, INCCOPY, Secretaría General de Gobierno, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, IDEFEEY, le otorgaron 26 contratos por un monto superior a los 70 millones de pesos.
El Inccopy, encabezado por Virgilio Méndez Crespo, fue la dependencia que le otorgó la mayor cifra de contratos, de acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En total le otorgó 14 convenios de trabajo, por un monto superior a los 40 millones de pesos.
No hay que olvidar que Crespo Méndez, junto con Sergio Chan Lugo, estuvieron vinculados a la red de funcionarios estatales que cobraban un moche para la adjudicación de obra pública, en este caso se desconoce si recibió un beneficio.
Tan solo el año pasado, Crespo Méndez le adjudicó la obra para la construcción del sistema de video vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, por un monto de 15 millones 794 mil 369 pesos, de acuerdo con el contrato OBP23-AD-INCCOPY-2CRE-107.
De acuerdo con el portal Compranet, por ley los gobiernos municipales, estatales o federales, deben de convocar a licitación pública cuando el monto a contratar por obras, servicios o artículos superen los 2 millones de pesos.
Es decir, en este caso, el Gobierno del Estado asignó de manera ilegal la obra, debido a que el monto era de poco más de 15 millones de pesos y no hubo concurso de licitación para tratar de conseguir un precio más barato.
Lo que llama la atención es que todos los contratos otorgados a la empresa “Luboro” fueron por adjudicación directa, independientemente del monto a contratar, por lo cual existe una clara muestra para favorecerlo en los contratos de obra pública en el Gobierno Estatal.
De acuerdo con los contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia, la empresa fundada por el ingeniero Bobadilla Cervantes, del 2019, a la fecha, es decir, en la administración de Vila Dosal, ha obtenido un total de 33 contratos por un monto global por 95 millones 611 mil 812 pesos.
Hasta antes de la administración de Vila Dosal, la empresa “Luboro” no había obtenido contratos con los Gobiernos de Rolando Zapata Bello o de Ivonne Ortega Pacheco, ambos emanados del PRI.
Por lo cual Mauricio Vila Dosal lo hizo millonario a través de la adjudicación de contratos por trabajos a todas luces con sobre costos en los precios, por ello no se abrieron concursos de licitación, misma situación que se repetirá en la administración morenista encabezada por Joaquín Díaz Mena, pero cuyas decisiones serán tomadas por ex priístas que han ocupado las principales dependencias.
¿CUÁNTO LE DEBE HUACHO A MARIO MILLET?
Nombres como Alaine López Briceño, Francisco Torres, Luis Hevia Felipe y Víctor Cervera, entre tantos, le hace parecer al lector que está leyendo la prensa de 2 sexenios anteriores y no de quienes prometen llegar por primera vez y con el ánimo de traer justicia social a Yucatán. Se atreven inclusive a publicar fotos de Joaquín Díaz Mena y de Felipe Carrillo Puerto insinuando similitudes, aunque más bien se traza una línea divergente que nunca se cruzará por el mismo camino.
Pero no se trata solamente de nombres que hacen cuestionar, dudar, criticar e inclusive renunciar a gente que ha sido fiel a la cuarta transformación e inclusive dirigentes de dicho partido que ven que la máxima de “no robar, no mentir y no traicionar” se queda sujeta a la voracidad de estos insaciables funcionarios saqueadores del erario público.
Lo peor es cuando se revisa y se cuestiona quién manda realmente en Yucatán. No es la primera vez que un candidato a gobernador llega con compromisos económicos de donantes afines a su proyecto y que esperan sea redituable la inversión realizada, pero es la primera vez hasta donde se recuerda en la que un solo empresario concentra todo el poder económico derivado de la inversión para la campaña.
Se dice que estas inversiones a las campañas reditúan por cada 50,000 pesos alrededor de un millón de pesos en obras, cuánto sería lo que le debe el actual gobernador al empresario Mario Millet por cerca de 400 millones de pesos que según se dice aportó a la campaña del actual gobernador, estamos hablando de cerca de 4 mil millones de pesos que en todo caso le adeuda Joaquín Díaz Mena y no el pueblo de Yucatán. Si el gobernador Huacho quiere ser realmente justo con el pueblo que transparente cuál es el adeudo que tiene con este empresario y cómo se utilizan los recursos públicos para ir cubriendo estos altos intereses, Y cómo se dibuja la delgada línea divisoria entre el presupuesto público y el pago de deudas adquiridas en forma personal, pero bajo la promesa de cubrir con el esfuerzo del pueblo bueno.
También es importante clarificar como el acreedor financiero del hoy político gobernador ha impuesto adicionalmente en los principales cargos de gobierno que realizan las principales obras públicas y servicios a sus incondicionales reciclados. Además de imponer en cada una de las dependencias al servidor público que será el encargado de administrar los presupuestos de cada una de las dependencias y quien estará directamente coordinado y subordinado ante Dafne López, operador financiero de Mario Millet.
Después del gobierno empresarial del despojo panista el pueblo yucateco apostó a contar con un gobierno eficiente, austero, responsable con la justicia social y que realmente le apueste a un renacimiento maya. Pero con tristeza vemos que en este gobierno son muy pocos los auténticos representantes de las comunidades mayas como son muy pocos también los auténticos morenistas que ejercen los valores de la cuarta transformación y son más pocos aún quienes creen que con estos funcionarios públicos se va a lograr una auténtica transformación en Yucatán.
