*De nada sirven los más de 23 millones de pesos que destinó el gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada Molina para alimentar a los animales silvestres de los tres zoológicos capitalinos, pues el hambre y la inanición de la fauna es evidente
*De los cuatro contratos adjudicados, el proveedor Ramón Rodrigo García Chávez fue el más beneficiado pese no contar con una empresa formalmente creada y certificada
Por Grupo Sol/La Opinión de México
Ciudad de México.- Por más que el papel presume cuidado, los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes cuentan otra historia. Mientras los animales muestran señales de desgaste, el gobierno de la Ciudad de México aprobó en 2025 un paquete de contratos por 23 millones 834 mil 511 pesos para su alimentación. La mayor parte de ese dinero quedó en manos de un mismo proveedor: Ramón Rodrigo García Chávez, persona física con actividad empresarial. La aritmética no cuadra con la realidad de los recintos; la opacidad en los anexos y la fragmentación de compras terminan de cerrar el candado.
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México que encabeza Julia Álvarez Icaza Ramírez, formalizó cuatro instrumentos para “adquisición de productos alimenticios para los animales de los zoológicos de la Ciudad de México”. Tres de ellos —dos licitaciones públicas nacionales y una adjudicación directa— favorecen a Ramón Rodrigo García Chávez; el cuarto es un contrato-pedido de alcance menor adjudicado a D’ Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V.. Sumados, fijan un tope de 23 millones 834 mil 511 pesos.
SEDEMA/DGAF/JUDCCM/053/2025 (LPN-DGAF-006-2025). Tope $18,118,225.64. Misma liturgia de siempre: precios fijos, sin anticipo, entregas en Chapultepec, Aragón y Los Coyotes, posibilidad de modificar hasta 25 por ciento dentro del mismo ejercicio.
SEDEMA/DGAF/JUDCCM/016/2025 (Adjudicación Directa). Tope $4,907,156.10.
Mismo objeto, misma área usuaria, misma lógica operativa, pero sin el concurso de una licitación abierta.
SEDEMA/DGAF/JUDCCM/055/2025 (LPN). Tope $684,778.00, con tasa de IVA 0% en el propio contrato.
SEDEMA/DGAF/JUDCCM/054/2025 (Contrato-pedido). Proveedor: D’ Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V.; tope $124,352.10. Anexo visible: pera mantequilla a 69.90/kg, con cantidades mínimas y máximas bien delimitadas.
Los tres primeros están asociados al mismo proveedor persona física y concentran la “carne” del abasto: cárnicos, pescados, forrajes, concentrados y suplementos que sostienen la dieta de cientos de ejemplares. El pedido de D’ Sazón es una orden acotada de fruta; sirve como termómetro —y como contraste— porque muestra con claridad el precio por kilo y el rango de cantidades. En los contratos grandes, el corazón está oculto en el Anexo 4 de precios unitarios y en el Anexo Técnico (gramajes por especie): documentos que definen, peso por peso, si la
ciudad paga justo o paga de más.
SEDEMA presume una colección de mil 236 ejemplares bajo cuidado profesional. Quien conoce zoológicos sabe que un promedio engaña: alimentar a un gran felino no cuesta lo mismo que sostener a un ave insectívora o a un reptil; hay dietas con ayunos programados, raciones múltiples y requerimientos muy específicos. Pero el promedio sirve para una sola cosa: mostrar la brecha entre lo que se promete en papel y lo que se observa en los recintos.
Porque lo que se observa —jaulas con mantenimiento atrasado, animales desmejorados, cuidadores que estiran insumos— no corresponde a un gasto millonario.
Más allá de los montos, hay un diseño que llama la atención: tres instrumentos en un mismo año con idéntico objeto —“alimentos para animales de los zoológicos de la CDMX”— concentrados en el mismo proveedor. Dos son licitaciones públicas; uno es adjudicación directa.
La cláusula del 25 por ciento en los contratos grandes añade elasticidad para incrementar sin relanzar competencia: útil cuando sube la población de animales o se encarece un insumo, pero peligrosa en manos opacas. El pago a 20 días sin anticipo y la exigencia de precios fijos completan el cuadro: si el proveedor sabe que no habrá ajuste inflacionario y que financiará el flujo, puede inflar el precio de entrada. Todo esto se vuelve opinable —y discutible— en tanto no se conozca el
precio por kilo y por ración.
No es casual que Ramón Rodrigo García Chávez aparezca una y otra vez como persona física en los expedientes. En los papeles firmados por la propia administración capitalina se acredita su personalidad y su domicilio para efectos del contrato; algunos documentos consignan incluso datos civiles de registro. No estamos ante una razón social de paso, sino ante un proveedor con continuidad, capaz de absorber el abasto más delicado de los zoológicos de la ciudad.
Lo irregular aparece cuando la continuidad se convierte en ventaja estructural: reglas de juego que el proveedor domina y que otros postores no pueden cumplir por requisitos hechos a la medida, tiempos imposibles de abastecer o condiciones que —bajo el discurso de “calidad e inocuidad”— terminan cerrando la puerta a la competencia real. La única vacuna contra esa sospecha es publicar los cuadros comparativos de los fallos (quién ofertó, a qué precio, por qué perdió) y los dictámenes técnicos (criterios objetivos de evaluación). Hoy, ese antídoto no está
al alcance del ciudadano.
Los contratos citan —como debe ser— las obligaciones de inocuidad, trazabilidad y calidad. Hablan de dietas específicas por taxón, de cadenas de frío, de buenas prácticas sanitarias y, en los últimos años, hasta de “bienes producidos localmente de forma sustentable”. Todo eso es correcto.
El gobierno capitalino de Clara Brugada Molina decidió apostar 23.8 millones de pesos en 2025 para la alimentación de su fauna en resguardo. La mayor parte de esa apuesta descansa en un solo nombre: Ramón Rodrigo García Chávez. No es un dato menor; es la bisagra del sistema de abasto. Cuando la ejecución no brilla a la vista —cuando los recintos exhiben deterioro y los ejemplares no reflejan el “alto valor nutricional” prometido—, la narrativa oficial se rompe. No bastan los sellos ni las cláusulas; hace falta el kilo que entra a cocina y el gramo que cae en
cada plato.
Por ahora, la ecuación pública es brutal en su simpleza: tres contratos gemelos para el mismo proveedor, un pedido menor para una empresa aparte, anexos clave fuera del foco y una suma que alcanza los 23 millones 834 mil 511 pesos.
Hasta que SEDEMA abra los anexos, los cuadros comparativos y las actas de recepción, este reportaje sostiene una conclusión incómoda pero necesaria: los animales siguen mal, el dinero está bien, y la transparencia —la única dieta que le cae bien a todos— aún no llega a la mesa.
