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“HUACHICOLEO” INFAME

*Empresas, políticos, particulares, funcionarios y aduanas corruptas trabajan conjuntamente con el Crimen Organizado para permitir la entrada de combustible ilegal, que se comerció en el “Mercado Negro de la Gasolina”

*Las estrategias implementadas por el Gobierno de López Obrador son inútiles para frenar esta red de corrupción, que deja pérdidas billonarias a Pemex y el Erario Federal

*Las ineficiencias del Gobierno y la voracidad de funcionarios corruptos las paga el pueblo mexicano con los constantes aumentos a la gasolina

Redacción/La Opinión de México

Ciudad de México.- Empresas nacionales, particulares, políticos, funcionarios públicos y el Crimen Organizado suman fuerzas con las garras de la corrupción para permitir que en las 49 aduanas terrestres, marítimas y fronterizas del país, principalmente en la de Tamaulipas y puertos como Manzanillo, entren a diario miles de litros de gasolina y diésel ilegal, lo que genera millonarias pérdidas, pues estos combustibles importados obviamente no son declarados al fisco y se introducen bajo engaños, incluso se reportan como aceites para evadir el pago de impuestos.
Luego, esta gasolina es vendida en el mercado ilegal que opera en México, conformado por gasolineras corruptas que ofrecen combustible adulterado, lo que le genera a Pemex una pérdida de 40% del mercado legal de los combustibles, que traducido representa unos 500 mil millones de pesos al año para la paraestatal.

Un estudio interno de Pemex, elaborado por el consejero independiente Rafael Espino de la Peña, alerta a la Dirección General de la empresa, encabezada por Octavio Romero Oropeza, que a pesar del éxito en el combate al “huachicol” y la disminución en el robo de combustibles y terminales de almacenamiento de la empresa, que redujo las ventas de combustibles robados en las gasolineras, Pemex sigue perdiendo casi medio billón de pesos cada año por el mercado negro de gasolina y diésel que continúa y ha crecido, a través de las importaciones ilegales de esos combustibles que ingresan desde el sur de Estados Unidos y en otros como importaciones “legales”, pero que no son reportadas en las aduanas por la corrupción, el engaño y el negocio millonario que representan la venta de esos energéticos en el mercado ilegal, que generan flujos y ganancias cercanas a los 20 mil millones de dólares al año para el Crimen Organizado.

Derivado de ese contrabando ilegal de gasolina y diésel o de importaciones simuladas que ingresan al país por las aduanas fronterizas y por los puertos marítimos, el estudio estima que la Secretaría de Hacienda y el SAT pierden 310,662 millones de pesos diarios por concepto de IEPS que dejan de cobrar, además de que la evasión del IVA equivale a 192,390 millones de pesos, lo que significa para el fisco federal una pérdida anual de 189 mil 599 millones de pesos. En tanto Pemex, por esas cantidades de gasolina y diésel ilegales que se venden en el mercado ilícito, pierde un potencial de ventas diarias de 1,259 millones de pesos diarios o 459,637 millones de pesos cada año, al mismo tiempo que en el mercado negro esos combustibles generan ganancias, obviamente no gravadas, por 1,200 millones de pesos cada día y 408,566 anuales, y las estaciones de servicio o gasolinerías también aumentan sus ganancias con la compra de combustibles de contrabando, pues ganan hasta 5 veces más por cada litro ilegal que compran, mientras a los distribuidores el beneficio de la ilegalidad es de hasta 50 veces más de ganancia. “Por esta razón resulta fácil entender por qué el crecimiento del mercado ha sido captado por el Crimen Organizado”, dice el estudio elaborado por el consejero Rafael Espino.

Corrupción en las aduanas

El estudio, ordenado por Petróleos Mexicanos y que le fue presentado al Presidente López Obrador desde el año pasado, es, en buena parte, la razón por la que el mandatario decidió entregarle al Ejército Mexicano el control de las aduanas terrestres y a la Secretaría de Marina los puertos marítimos. La militarización de las Aduanas fue la salida del mandatario ante el fracaso evidente que ha tenido su Gobierno para tratar de controlar la enorme corrupción que aún prevalece y que ocasiona una fuga de recursos al erario federal, calculada en más de medio billón de pesos cada año. Tres directores civiles que ha nombrado este Gobierno, primero Ricardo Peralta, luego Ricardo Ahued y ahora Horacio Duarte, no han podido controlar y menos acabar con la corrupción que el mismo Presidente definió como “el monstruo de 100 cabezas”, mientras que expertos en el tema consideran que las aduanas son el “píloro” de la corrupción en el país, porque por ella pasa todo.

Tan sólo en la Aduana de Reynosa, una de las más importantes en la frontera con Estados Unidos y red de 17 aduanas terrestres y marítimas que tiene Tamaulipas, hay estimaciones no oficiales de que ingresan 2 mil pipas por semana, 700 en Matamoros y 400 en Nuevo Laredo, cargadas con diésel y gasolina, que en la mayoría de los casos no es reportada o entra de contrabando. Por cada pipa el cobro ilegal que se hace en esa aduana es de 4 mil dólares por pasada, de los cuales se reparten partes a los funcionarios de la aduana, a los inspectores fiscales para que se hagan de la vista gorda y al Crimen Organizado que controla y autoriza esos pases.

En muchos de los casos, el contrabando se realiza a través de la declaración falsa de los conductores o importadores que reportan llevar “aceites” u otro tipo de sustancias o químicos, cuando en realidad los camiones van cargados con diésel y gasolina, con lo que evitan pagar cantidades millonarias de IEPS.

Toda esa gasolina es distribuida y vendida en el mercado negro de combustibles en toda la República. Quien empezó el contrabando de gasolinas está señalado en documentos oficiales, es José Ramón Gómez Reséndez, actual suegro del Gobernador de Tamaulipas y padre del delegado especial de Programas Federales en ese estado, José Ramón Gómez Leal.

En el documento oficial denominado “Mercado Ilícito de Gasolina y Diésel”, se reconoce la existencia de ese mercado ilegal a partir del hecho de que el consumo nacional de gasolinas no ha crecido en los últimos años a la par del crecimiento del parque vehicular que circula en el país. “Históricamente ha existido una correlación directa entre el crecimiento del parque vehicular y el consumo nacional de gasolina. Siempre que creció el parque vehicular, creció el consumo nacional de gasolinas y los años donde el parque vehicular disminuyó o se mantuvo estable, el mercado de combustibles se comportó de la misma manera”, dice el estudio de Pemex.

Sin embargo, añade, entre los años 2008 y 2017 (en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) se rompió abruptamente esa correlación, mientras el parque vehicular creció sostenidamente, el consumo se mantuvo sin crecimiento. Para documentarlo señala que a partir de 2008 el parque vehicular continuó su incremento mientras el consumo oficial se mantuvo sin aumentar pasando de 2,297 peta Joules (equivalentes a 1,208 miles de barriles diarios) a 2,312 peta Joules (1,215 miles de barriles diarios). Pero, ese incremento no correspondió al aumento de parque vehicular que pasó de 30 millones de vehículos en 2008 a 45 millones en 2017, lo que en realidad hubiera demandado un aumento de 876 peta Joules (440 mil barriles diarios) para llegar a 3,153 peta Joules o 1,615 mil barriles diarios. Es decir que mientras el número de autos circulando en el país creció 37%, el consumo de gasolinas en esos 9 años creció 0.75%.

Lo que explica esa disparidad, dice el consejero independiente de Pemex en su análisis, es el crecimiento del mercado ilegal de combustibles que se dispara a partir de 2007, durante el sexenio calderonista. Conforme aumenta el robo de gasolina y diésel a ductos y plantas de Pemex, que era la única fuente de abastecimiento de la delincuencia organizada, también aumenta la caída de la participación de la empresa estatal en el mercado de combustibles. Eso ocurrió consistentemente y se fue incrementado por 6 años, de 2007 al 2013. Por eso se pensó que terminando con el “huachicol” o el robo de combustible, se acabaría el mercado negro de gasolinas, y por eso la orden presidencial al Ejército de tomar el control del manejo y la operación de los ductos de Pemex y de sus sistemas de distribución.

Pero ocurrió que con todo y la disminución del “huachicoleo” a Pemex y el haber sacado del mercado a las gasolinas y diésel robados, las ventas de la empresa de esos dos combustibles no aumentaron. “Ya se han registrado 8 meses consecutivos sin volúmenes faltantes y el aumento en las ventas legales registradas de privados o Pemex es insignificante o cercano a cero”, reconoce el estudio interno de la empresa productiva del Estado.

Estrategia inútil de López Obrador

Para explicar por qué ha sido inútil la estrategia de combate al robo de combustibles del presidente López Obrador, una de las primeras medidas adoptadas por su Gobierno en diciembre de 2018, al tomar posesión, que incluso ocasionó una crisis nacional de desabasto de gasolina y diésel durante enero y febrero del 2019, el análisis del consejero independiente de Pemex, Rafael Espino, explica que durante el sexenio de Peña Nieto el incremento gradual del IEPS y el IVA a las gasolinas, además de la “lógica anticonsumidor con que se llevó a cabo la Reforma Energética”, hicieron que con los llamados “gasolinazos” o aumentos en el precio de los dos combustibles se rompiera la paridad histórica de precios que había entre México y Estados Unidos. El precio en nuestro país se disparó mientras los precios estadounidenses se mantenían sin variación significativa, lo que llevó a un diferencial de precios. “Con este diferencial nace la oportunidad de un negocio altamente rentable que ha aprovechado el Crimen Organizado y que es el contrabando de gasolina y diésel del exterior hacia México”, dice el análisis.

La conclusión del estudio en Pemex es que entre 2008 y 2017, a diferencia de los registros oficiales, “el mercado de gasolina y diésel sí creció, sin embargo, el crecimiento fue captado casi en su totalidad por el mercado ilícito. El crecimiento de ese mercado negro sería de alrededor de 37%, que significa que se mueven todos los días en México 841 peta Joules o alrededor de 440 mil barriles diarios de combustibles ilegales que, a precio de bomba de las estaciones de servicio, tendrían un valor de 1,390 millones de pesos diarios. Con esas cifras reales, Petróleos Mexicanos habría perdido no el 2% del mercado que se reporta oficialmente, tomando en cuenta a los importadores registrados ante Hacienda, sino el 27% del total de las ventas de gasolina y diésel en el país. “En condiciones reales Pemex y los importadores registrados (que venden a un precio de 18 pesos en promedio el litro de gasolina o diésel) están compitiendo contra un mercado ilícito capaz de ofrecer precios de hasta 14 pesos por litro”, concluye el estudio que señala que en esas condiciones la recuperación de Pemex y los esfuerzos millonarios que hace el Gobierno para inyectarle recursos “pudiera no tener la efectividad que se espera”.

¿Podrá en algún momento el Gobierno de López Obrador detener la sangría de recursos y el robo a Pemex que se creyó que terminaba con detener el robo a ductos, pipas y terminales de almacenamiento y con el desmantelamiento de la mafia interna que alimentaba ese saque de los recursos energéticos del que participaba el crimen organizado? Por ahora no ha podido ni el Presidente ni su 4T detener ese desangramiento de la petrolera, cuyas ventas de gasolina enfrentan ahora otro tipo de “huachicoleo”, el fiscal, que significa un negocio multimillonario auspiciado por la corrupción oficial en las aduanas y puertos del país y controlado por el Crimen Organizado.

Cárteles le entran al “huachicoleo”

La sustracción, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles es uno de los negocios que mayores ingresos económicos dejan en la actualidad a los grupos del Crimen Organizado en México y también una de las actividades ilícitas que más arraigo ha encontrado en la sociedad, que, luego de padecer constantes alzas en los precios de los energéticos, ha optado por naturalizar este tipo de delitos al encontrar un beneficio particular. La presencia de los huachicoleros en el país es tan extensa, o incluso más, como los 17 mil kilómetros que comprende la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues, prácticamente, en todas las entidades por las que atraviesa este complejo sistema de tuberías, usado para el traslado de combustible, hay evidencia de esta problemática.

Durante el primer semestre de 2017, los operativos desplegados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para impedir esta actividad delictiva, provocaron diversas manifestaciones y bloqueos carreteros en diferentes puntos de la República. En poco tiempo, estas inconformidades fueron escalando hasta convertirse en hechos de violencia, ya que los enfrentamientos entre militares y civiles se hicieron constantes, así como los muertos de ambos lados y los detenidos por estos motivos.

Pemex documentó su primer robo de combustible en el año 2000, luego de detectar 15 tomas clandestinas en su red de ductos. Desde entonces el problema ha crecido, en tal magnitud, que tan solo en 2016 la paraestatal informó la identificación y clausura de 6,873 ordeñas clandestinas en diferentes puntos del país. El robo de combustible ha ido en ascenso por diversos factores, uno de ellos es la facilidad con la que se comete, pues sólo es necesario un equipo rudimentario de soldadura, un cople, un niple, bidones de plástico y unos cuantos metros de manguera de alta presión para extraer el combustible de las tuberías que atraviesan México. A esto habría que agregar la escasa atención que se destina a la red de ductos, pues conforme ha ido perdiendo ingresos, Pemex ha tenido que hacer modificaciones en el presupuesto destinado a la seguridad, ya que el personal de este rubro se encarga principalmente del resguardo de las instalaciones, mientras que, para los ductos, se apoyan con circuitos de vigilancia en coordinación con la Sedena u otras autoridades en las áreas consideradas como vulnerables.

Y como en todo negocio, donde la ilegalidad está presente y las ganancias son millonarias, el Crimen Organizado no podía faltar, pues de acuerdo a expertos los cárteles del narcotráfico han diversificado sus actividades, incursionando en la sustracción clandestina de combustibles. El documento indica que hasta hace dos años, los cárteles eran los responsables de 95% de las tomas clandestinas que se han detectado en el país, con el cártel de Sinaloa en primer lugar, seguido del Cartel Jalisco Nueva Generación: el restante 5%, según la misma investigación, está en manos de bandas de menor tamaño, como los huachicoleros, que suelen ser personas que viven en los poblados o comunidades cercanas a los ductos, que hacen perforaciones para el consumo y venta local del combustible. Sin embargo, con el paso del tiempo esta actividad se ha hecho más peligrosa, pues la inexperiencia y el desconocimiento del manejo de hidrocarburos han provocado fugas e incendios que han cobrado vidas y generado severos daños ambientales.

Se estima que “Los Zetas” obtienen alrededor de 7,000 millones de pesos al año por el robo de combustible, por lo que ésta se volvió su principal actividad económica, pues sus rutas para el tráfico de drogas se han ido acotando, a lo que se suma la desarticulación de varias de sus células dedicadas al secuestro y cobro de derecho de piso. Inicialmente, esta agrupación hurtaba el combustible para el autoconsumo, sin embargo, al poco tiempo, comenzaron a comercializarlo en los poblados de difícil acceso carretero. Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la segunda organización con alta presencia en el tema, obtiene ganancias que rondan los 4,000 millones de pesos. Según fuentes extraoficiales, el encargado de dicha diversificación de “negocio” es José Luis González Valencia, uno de los cuñados del líder de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En términos económicos, Pemex no sólo presenta pérdidas por la sustracción del combustible sino también por los daños que se generan en la infraestructura, pues las reparaciones de cada toma, que ha sido perforada, tienen un costo que va desde los 120 mil hasta los 250 mil pesos. Además, las reparaciones llevan por lo menos 24 horas, tiempo por el que debe ser suspendido el suministro de combustible en los diferentes centros de consumo que abastece el ducto en cuestión, lo que podría, incluso, provocar desabasto en los puntos más lejanos. Pero sin consumo no habría oferta y eso corresponde a la ciudadanía, quien acude a comprar combustible de dudosa procedencia, pero a un precio mucho más económico que el que se ofrece en las estaciones autorizadas por Pemex.

Si bien el problema ya tiene 17 años, desde que la Comisión Reguladora de Energía aprobó la liberación del precio en todo el país, la demanda de hidrocarburo barato ha crecido. Inicialmente, “Los Zetas” aprovecharon ese vacío generado por las autoridades, al distribuir combustible en los poblados más alejados, pero no sólo eso favoreció al crecimiento de este delito, sino que la venta por litro era mucho más barata, tomando en consideración los gasolinazos mensuales, establecidos durante la presidencia de Felipe Calderón (2006–2012), como parte de la política de ajustes al costo de combustibles para equilibrar el precio al del mercado internacional.

Durante junio de 2017, el precio promedio de la gasolina Magna fue de 16 pesos el litro, de 18 para la Premium y de 17 pesos el diésel. Los puntos de venta clandestinos ofertan el litro de gasolina roja, como es llamada la Premium, en 8 pesos, mientras para la verde o Magna y el diésel, el precio es de 6 pesos. Estas diferencias sustanciales de precio representan el área de oportunidad para los huachicoleros, quienes obtienen ganancias libres e inmediatas de su actividad delictiva y generan empatía con la ciudadanía, quienes ven sus recursos económicos cada vez más acotados por las alzas en los diferentes productos de la canasta básica, a lo que se suman los despilfarros económicos de las autoridades federales documentados en la prensa.

Según un estudio sobre la percepción de corrupción en Jalisco, la venta de gasolina robada es una de las prácticas consideradas más graves por los ciudadanos, sin embargo, tres de cada diez, de las personas que dicen que se les ha ofrecido el hidrocarburo hurtado, reconocen que lo han comprado. El problema parece aún mayor, pues no sólo son los ciudadanos los que adquieren la gasolina robada, sino también lo hacen los propietarios de las estaciones autorizadas por Pemex.
Esta no es la única estrategia de venta que se emplea con el hidrocarburo robado, pues en sitios en donde hay una alta presencia del Crimen Organizado, los miembros de los cárteles coaccionan a los ciudadanos para que consuman el combustible, bajo la amenaza de que, si no lo hacen o los denuncian ante las autoridades competentes, les puede costar la vida. La amenaza directa también la enfrentan los propietarios de las gasolineras, quienes han denunciado ante la prensa que son extorsionados por grupos armados para vender el combustible bajo el amago de que, de no hacerlo, les incendiarían los establecimientos. Un riesgo similar enfrentan los empresarios del ramo transportista, que señalan que la advertencia es sobre sus unidades.

El robo de combustible es un delito que se comete en todo el país; sin embargo, hay estados en donde la problemática es más fuerte. Información proporcionada por Pemex, a través de una solicitud de trasparencia, señala que en 2015, 2016 y hasta mayo de 2017 se localizaron 2,502 tomas clandestinas en el país, 1,629 de ellas en el estado de Guanajuato, principalmente en la ciudad de Irapuato y los municipios que circundan a la refinería de Salamanca, la cual abastece al occidente del país. Guanajuato es una plaza disputada desde 2015 por dos cárteles: “Los Zetas” y Jalisco Nueva Generación, según un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). La pelea no sólo es por el tráfico de drogas, sino por el control de los municipios aledaños a la refinería de Salamanca, un punto estratégico para Pemex. Los enfrentamientos más violentos entre militares y huachicoleros se han dado en Puebla, decenas de personas han muerto y civiles ajenos al conflicto han resultado víctimas de agresiones provocadas por supuestos “chupaductos”. Todo ello ha sido documentado en los medios de comunicación. La problemática se concentra en los municipios de Acajete, Acatzingo y Tepeaca, entre otros.

Si bien, la urbanización de la Ciudad de México podría hacer pensar que la problemática no se presenta en la megalópolis, lo cierto es que la venta de combustible robado se da, incluso se oferta a través de las redes sociales, a través de las cuales se pacta un encuentro en las vías carreteras que conectan a la capital del país con Puebla para llevar a cabo la transacción.

Lo que sucede en Jalisco, respecto al robo y consumo de combustible robado, merece mención aparte, ya que es uno de los estados donde más tomas clandestinas se han detectado, donde un cártel controla la mayor parte del mercado informal, hay estudios que evidencia el tamaño del problema, pues se estima en alrededor de 133,000 el número de personas que consumen el hidrocarburo que roba y vende el Cártel Jalisco Nueva Generación, y sin embargo se le ha dejado de lado en la estrategia oficial para combatir este delito. En una entrevista, Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), informó que la mitad de las 400 gasolineras que se ubican fuera del área conurbada de Guadalajara vendían combustible bajo el amago del Crimen Organizado.

En mayo de 2014, cuatro militares perdieron la vida calcinados en una emboscada que perpetró el Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Guachinango. De acuerdo a las investigaciones que emprendieron las autoridades locales y federales, el ataque se registró luego de que el personal castrense asegurara una bodega en donde se tenía almacenado combustible presuntamente robado. La agresión, según un trabajo de inteligencia emprendido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, fue una venganza de Gilberto Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, uno de los hombres más cercanos a “El Mencho”, y quien se encargaba del robo de hidrocarburo en la región.

De acuerdo con información proporcionada por Pemex, en Jalisco, entre 2015 y 2017, se han localizado 84 tomas clandestinas, de las cuales, la mayor parte están en Atotonilco y el resto, en otros 14 municipios del estado.

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