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LA COLUMNA DEL SOL

La consulta del inculto. El circo romano y el César pidiéndole al pueblo que ¡viva o muera¡
Con su “gran idea” de realizar una consulta popular y decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de la época neoliberal por presuntos actos de corrupción, el presidente López mandó al diablo a las instituciones encargadas de procurar justicia, al estado de Derecho y al imperio de la ley.
El artículo 102 de la Constitución establece que la entidad competente de investigar los delitos es la Fiscalía General de la República, que es un órgano público autónomo, por lo que es inconstitucional e improcedente someter a consulta sus obligaciones constitucionales y legales, como lo pretende el inquilino de Palacio Nacional.
Por otro lado, el artículo 94 constitucional refiere que el Poder Judicial es la autoridad indicada para emitir sanciones y penas, por lo que sus atribuciones NO dependen de los resultados de una consulta al “pueblo sabio”, ya que también sería cuestionar sus obligaciones legales y constitucionales.
La actitud asumida por el Presidente se asemeja a la del César que en el circo romano dejaba en manos del pueblo si un gladiador debía vivir o morir.
Detrás de su planteamiento se esconde el solo interés de orquestar una nueva campaña contra los políticos del pasado en la que el bando de los buenos e incorruptibles está de su lado. Hay un claro tinte político-electoral con miras a los comicios de junio del año entrante. Dirían en una mañanera: politiquería pura hecha en Tepetitán.
Cualquier pasante de Derecho aconsejaría al presidente López que si tiene elementos de prueba de que los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña hayan cometido un delito, nada le impide que presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en claro cumplimiento al tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que señala que para fincar una responsabilidad penal a cualquier persona es necesario que preceda una denuncia o querella, y NO una consulta popular.
El Presidente se burla de las leyes y las instituciones de justicia al anteponer una consulta al pueblo para enjuiciar a sus antecesores como si no existieran los conductos legales y procesos judiciales para llevar a la cárcel a presuntos delincuentes acusados de corrupción.
Según el artículo 114 constitucional los servidores públicos durante el desempeño de su encargo, o hasta un año después podrán ser sometidos a juicio político. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa esta disposición NO aplica. El segundo párrafo de este artículo señala que cualquier servidor público que durante su encargo haya cometido algún delito, éstos serán investigados y sancionados según los plazos de prescripción de los ilícitos imputados.
En términos del artículo 4 constitucional todas las personas somos iguales ante la ley, por lo tanto una consulta para investigar y sancionar delitos cometidos antes y después de los respectivos gobiernos de los expresidentes del llamado período neoliberal, es contraria al principio de igualdad ante la ley.
Por lo pronto, la papa caliente está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá resolver la constitucionalidad de la consulta y tendrá un plazo de hasta 20 días naturales para responder.
Veremos si la ley del César se impone a las instituciones y la legalidad que tantos años nos ha costado construir.

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