InicioPortadaNacionalLA DEA: UNA DE LAS POLICÍAS MÁS CORRUPTAS DEL MUNDO

LA DEA: UNA DE LAS POLICÍAS MÁS CORRUPTAS DEL MUNDO

*Corrupción y escándalos por vínculos con organizaciones criminales

*Sobornos, robos, filtración de información, operaciones irregulares  

*Sus agentes se mueven su antojo, pese a lo establecido por México  

José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Quintana Roo

Por primera vez, a 51 años de su creación y como resultado de escándalos y señalamientos de corrupción, la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fue objeto de una evaluación de su desempeño en más de los 100 países donde opera, la que reveló casos de sobornos, robo, filtración de información, vínculos con el crimen organizado e incluso homicidios.

La evaluación de las operaciones en el exterior de la DEA, creada en 1973, aún no toca fondo sobre las operaciones irregulares de sus agentes en el extranjero; tampoco plantea un plan de reforma interna de fondo, pero sí revela casos de corrupción y complicidades con grupos criminales.

El análisis refiere incidentes críticos relacionados con las operaciones de la agencia norteamericana en al menos cuatro países: México, Honduras, Colombia y Haití, en el que además de corrupción, señala casos de inteligencia comprometida y muertes de civiles. 

El Informe sobre revisión de operaciones extranjeras de la DEA se basa en una evaluación independiente de las operaciones de esa agencia en otros países, realizado por el exfiscal federal Boyd Johnson y por el exjefe de la DEA, Jack Lawn. 

La presión para que fuera posible que se hiciera una evaluación aumentó, luego de la investigación sobre los escándalos en el marco de la auditoría interna que llevó a cabo el Departamento de Estado en la que criticaron la “insuficiente supervisión en 2021”.

Entre los casos detectados, sobresalió el robo de 9 millones de dólares a la organización, además de la aceptación de sobornos por parte de criminales, de un agente establecido en Colombia y Miami. 

También salió a relucir la obstrucción de una investigación orquestada por Iván Reyes Arzate, un oficial de alto nivel de la policía mexicana y, al mismo tiempo, colaborador de la DEA.

En 2018, Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal, ligado a Genaro García Luna, y miembro de las Unidades de Investigación Confidenciales (SIU) de la DEA en México, se declaró culpable de los cargos presentados por el fiscal federal para el Distrito Norte de Illinois, por obstrucción de la justicia y conspiración para obstaculizar una investigación de la misma DEA y dos años después fue acusado por el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, por tráfico de cocaína y conspiración.

Según las investigaciones, Arzate recibió sobornos y pasó información confidencial de la DEA a los cárteles mexicanos de la droga. El mismo expolicía confesó haber colaborado con la organización de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, mientras simulaba combatir al crimen organizado; por esa supuesta colaboración, Arzate fue condecorado internacionalmente. 

En el informe de la evaluación de Carlos Pérez-Ricard, doctor en ciencias políticas por la Universidad Libre de Berlín, quedó de relieve que la DEA no toma en serio las acusaciones que tiene sobre corrupción y violaciones a derechos humanos, que encubre a sus agentes y no está dispuesta a castigarlos.

En Honduras, donde realizó una “operación encubierta”, personal de la DEA asesinó a varias personas civiles; en otro caso en Haití, se comprobó que sus agentes eran cómplices de gente vinculada al crimen organizado y en Colombia se obtuvieron las pruebas suficientes para probar que miembros de la DEA operaban como proxenetas de prostitutas. También se menciona el caso de José Irisarri, un agente de la DEA acusado de haber lavado más de 9 millones de dólares. Sin embargo, pese a las pruebas y elementos aportados por las autoridades, en todos los casos, ninguno de ellos prosperaron porque solamente los tomaron como “casos aislados, pero no estructurales incidentes que no se vinculan entre sí”. 

En uno de sus últimos escándalos, la DEA removió de su cargo al director de la agencia estadounidense antidrogas en México, Nick Palmeri, en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con autoridades mexicanas. 

Cuando fue nombrado en 2019 jefe de la oficina regional, los narcoagentes Manuel Recio y Juan Constanzo de la DEA se enviaron mensajes de texto en los que aseguraban “estamos a punto de ser los dueños de México”. 

Recio y Constanzo fundaron una empresa de consultoría llamada Global Legal Consulting, la cual brindaba servicios de investigación VIP a clientes muy particulares.  La operación consistía en sacar información secreta de la agencia antidrogas, principalmente del Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas, cuya información es sobre personas que están o han estado bajo investigación. 

Además de que lograron extraer acusaciones selladas con las que avisaban a sus clientes, entre los que se encontraban narcotraficantes mexicanos, de investigaciones abiertas en su contra, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados. 

Pero la situación no es nueva, desde la década de los años 90 se hablaba ya de supuestas operaciones en contra de los Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, y antes contra cártel de Guadalajara, cuando en realidad, lejos de combatirlos, trabajaban de la mano, lo único que cambiaba era el nombre de la organización.

En nada ha cambiado la forma que operan los agentes de la DEA en el extranjero para, supuestamente, intentar evitar que la droga llegue a Estados Unidos, porque en los hechos la droga sigue llegando al vecino país y cada vez el precio de cocaína y otras drogas es más barato.

De acuerdo con las leyes mexicanas, los agentes de la agencia tienen la responsabilidad de avisar al gobierno cada vez que realicen acciones y enviar sus reportes a través de la embajada; sin embargo, la mayor parte de sus operaciones, sobre todo en México, son ejecutadas desde Estados Unidos y de las cuales –en México– el gobierno no tiene ni la menor idea.

En teoría, es una ley que establece que los agentes extranjeros no pueden manejarse como les dé la gana, pero en realidad siguen operando, han operado y seguirán operando de manera arbitraria en el país, independientemente de lo que diga el gobierno mexicano.

Pese a que los agentes de la DEA en México son parte del problema del tráfico de drogas, Estados Unidos sigue enviando constantemente personal a nuestro país, denominados “agentes temporales” de hasta cuatro años, los cuales operan con libertad y con visas de turista, por lo que el gobierno de México no sabe qué hacen ni en dónde están y, desde luego, sus operaciones son secretas.

El especialista Pérez-Ricard señala que es la manera como operan ellos, necesitan generar evidencia que de pronto les pueda servir en juicios en Estados Unidos y esa evidencia solamente la pueden conseguir a través de operaciones ilegales, subrepticias. Hace 50 años que trabaja en México, nunca con el permiso del gobierno mexicano, pero continúa actuando subrepticiamente.

De tal manera que siempre se mueve en la clandestinidad, en un contexto de asimetría entre México y Estados Unidos, de una operación o supuesta cooperación que funciona de manera simétrica, cuando es todo lo contrario, lo que es válido para los agentes de la DEA no va a ser nunca válido para los agentes del gobierno mexicano que pretendan hacer investigaciones similares en Estados Unidos.

El sistema de operar de la DEA, principalmente, es a base de informantes y hay acusaciones brutales de falta de acompañamiento para ellos, a los que se les deja completamente en el desamparo una vez que los utilizan.

Los informantes son asesinados y pueden ser desaparecidos, y nunca dan cuenta de ello los reportes de la DEA, eso pasa en todo el mundo, la DEA opera en más de 100 países, pero no tiene protocolos de salvaguarda a esos informantes, por lo que es imposible saber cuáles, cuándo y de qué manera actúan y, a pesar de que hay muchas acusaciones en ese sentido, no son tomadas en serio, subrayó Pérez-Ricard.

Acerca de la posibilidad de que haya infiltrados de la DEA en el gobierno mexican es difícil saberlo, pero es obvio que la DEA mantiene contactos, información e informantes dentro de la estructura del Estado Mexicano; la pregunta es a qué escala, lo extraño sería que no tuvieran cierto tipo de acceso privilegiado e información de parte de algunos funcionarios públicos mexicanos, indica el experto.

Sobre el futuro de la relación con la DEA, expone que es una agencia que está en riesgo de desaparecer, porque se encuentra en serios problemas, no supo estar a la altura de la crisis del fentanilo, llegó muy tarde e intenta reivindicar algo que no es bien visto en Washington, en la Casa Blanca, ni en el Departamento de Estado.

En la actualidad, es una agencia con muchas dificultades para sobrevivir, incluso en Estados Unidos, que no hace frente a las reformas políticas de droga que hay en ese país, toda vez que muchos estados ya han ido liberalizando sus mercados de droga. 

Pero eso es en Estados Unidos, aquí en México sigue imponiendo su singular manera de operar y se maneja a su libre albedrío, sin rendir ni dar cuentas a nadie, aunque el gobierno mexicano haga alarde de que no pueden investigar por su cuenta, no pueden andar armados y no pueden detener a nadie.

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