LA HISTORIA DE UN CACIQUE

Ricardo Balderas/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

*A Félix Arturo González Canto se le cuestiona en todo el país su trayectoria como uno de los políticos que generaron más endeudamiento de la entidad que gobernó, así como el uso de las autoridades para la persecución a periodistas en una entidad rodeada de problemas de inseguridad como la trata de personas y el narcotráfico.

Denunciado, criticado y señalado por enriquecimiento ilícito. Esta es la trayectoria de un político peninsular que pasó de ser una joven promesa para el partido tricolor pero culminó señalado como un perfil dudoso y persecutor.

Félix Arturo González Canto estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), además contempla una carrera como político. El personaje nació en 1968 en el estado de Quintana Roo, fue gobernador de esa misma entidad, Presidente Municipal de Cozumel y su más reciente cargo lo ejecutó como Diputado Federal por el I Distrito Electoral.

Su carrera política, aunque no es muy prolifera, sí que rindió frutos. Los cargos públicos que ocupó González Canto fueron: en 1994 fue Tesorero Municipal de Cozumel; en 1998, Secretario General del mismo municipio; para 2002 logró ganar la alcaldía donde comenzó su carrera; y finalmente, para 2011, ocuparía el cargo como jefe del Ejecutivo en Quintana Roo. Todo con el Partido Revolución Institucional (PRI).

Respecto a su trayecto en la Cámara Baja, prácticamente lo pasó de noche. Según lo revelan los documentos del Poder Legislativo, en seis años en el cargo tan sólo participó en la elaboración de 11 leyes de las cuales solamente dos lograron su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ninguna de ellas producto de estudio o de análisis de las necesidad de su comunidad. Apenas un par de reformas y agregado a leyes que ya existían son el legado que dejó el priista.

LOS ESCÁNDALOS DEL PRIISTA

Al igual que su antecesor, González Canto también fue acusado de rematar predios que eran patrimonio del estado que dijo representar con honradez. En total fueron 165 terrenos, muchos de ellos a precios muy bajos y que llegaron a manos de empresarios y funcionarios cercanos a él, de acuerdo con una denuncia en su contra presentada en 2017 por la organización Somos Tus Ojos, quienes interpusieron la querella ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia de la organización fue acompañada con tres anexos, en manos de Grupo Sol, que suman 156 hojas con el detalle de los predios vendidos por González Canto, en los que se leen los datos de los inmuebles ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.

“No sobra aclarar que la prescripción de los delitos se interrumpe mientras la persona goza de fuero constitucional, por lo que la presente denuncia deberá ser investigada por la PGR en virtud de que González Canto concluyó su encargo en abril de 2011 y en septiembre de 2012 asumió el cargo de Senador, gozando de fuero hasta la fecha”, explican en el comunicado que aun puede leerse en el sitio oficial de la organización.

El “modus operandi”, según explica la ONG, de la venta de predios que el exgobernador Roberto Borge Angulo (2011-2016) llevó a cabo durante su sexenio representó la continuidad del ilegal proceso de desincorporación de terrenos de alta plusvalía que comenzó con Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005) y continuó con su sucesor, Félix González Canto (2005 a 2011). Se trata de tres sexenios en los que la valiosa tierra de Quintana Roo, donde se ubican los destinos turísticos del Caribe mexicano, fue vendida y rematada a través de un esquema totalmente discrecional y sin apegarse a lo que dispone la Ley del Patrimonio Inmobiliario del estado.

“Si el remate de predios efectuado por Roberto Borge ha resultado escandaloso, el realizado por Félix González Canto lo supera en el número de terrenos y la plusvalía de los terrenos, así como en el nombre de los personajes involucrados, varios de los cuales se repiten con Borge Angulo”, aseguran los activistas.

La denuncia fue presentada ante la extinta PGR, con copia de su acuse respectivo, fue entregada tambien en la Oficialía de Partes de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en un oficio dirigido al exdirigente del CEN, Enrique Ochoa Reza, para que procediera como considere pertinente, pero sobre todo, para poner a prueba el discurso de combate a la corrupción del líder priista. Sobra decir que nada de esto ocurrió.

CASO LYDIA CACHO

En diciembre del 2005, el juez quinto del ramo penal de Puebla giró una orden de aprensión por difamación y calumnia contra la periodista Lydia Cacho, por lo que pidió apoyo al poder judicial de Quintana Roo, que ejecutó la orden aprendiendo a la periodista en la ciudad de Cancún.

Lydia Cacho afirma que la detención fue ilegal y que no fueron agentes de estado de Quintana Roo, donde fue secuestrada por elementos policíacos de Puebla y trasladada de manera ilegal a ese estado, por orden del gobernador de Puebla Mario Marín Torres, evidenciando la colusión entre los mandatarios de Quintana Roo y Puebla.

“No va a poder operar en los próximos 6 años… no va a poder hacer absolutamente nada, porque en realidad va a seguir cogobernando Borge y Félix (González Canto), con la mano dura del poder judicial que es el más poderoso. Los exgobernadores tienen todavía las manos metidas, desde la procuraduría hasta las cortes más altas del estado (…).

Toda la documentación sobre los fraudes, el latrocinio, los pactos con la delincuencia organizada que cometió Roberto Borge Angulo a lo largo de 6 años, y antes que él Félix González Canto, también durante 6 años, están documentados adecuadamente pero este poder judicial lo que está haciendo es desarticular esta información y hacerla cada vez más opaca”, explicó la periodista en el programa de Carmen Aristegui.

Más leído
HOY ESCRIBE
Relacionados