InicioPortadaNacional“LA NETA… USTEDES SON LOS ZETAS”

“LA NETA… USTEDES SON LOS ZETAS”

Noé Zavaleta/La Opinión de México

La Plaza Lerdo era un hervidero, desde las ventanas de Palacio, los “orejas gubernamentales” tomaban fotos y video de la multitud estudiantil “encabronada”. Alrededor de dos mil 500 jóvenes en Xalapa exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, en aquel entonces, al cumplirse un mes de su desaparición a manos de policías estatales.

Era el 26 de octubre del 2014, aunque el motivo de la concentración era pedir justicia para los estudiantes de la normal Isidro Burgos, la comunidad estudiantil también reprochó el infierno de represión que viven los activistas sociales, los universitarios y la gente pensante de Veracruz que, por lo regular, van en contra del mal gobierno.

Tres jóvenes en el presídium, uno de ellos, Julián Ramírez de la Alianza Nacional Contra el Fracking tomó la palabra al final, su discurso, sin quererlo, llevó dedicatoria al gobernador, Javier Duarte.

“En Veracruz, que no nos hagan pendejos que solo roban frutsis y pingüinos. Nos están matando por ser jóvenes, porque nos tienen miedo, porqué hay armas recorriendo nuestras calles. Son policías los que secuestran a los jóvenes”.

Y de ahí, la frase contundente, la cual fue prohibida replicarla en diversos medios de comunicación ahí presentes: “no nos hagamos pendejos, la neta… ustedes son Los Zetas”.

Ramírez dirigió su mano diestra hacía Palacio de Gobierno, abajo del templete improvisado la euforia era total. En octubre 2014, nació un grito de guerra que hoy sigue vigente en cada manifestación en donde los jóvenes reprochan los esquemas de seguridad del gobierno duartista: “la neta, la neta, ustedes son Los Zetas”.

El discurso siguió ya con pocos reporteros, Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso –asesinado el 31 de julio del 2015- ahí estaba presente. Él me lo contó. Ramírez siguió su discurso: “estamos más que encabronados, Ayotzinapa es la mayor masacre, aquí ya intentaron aprobar la ley bala, ni madres va pa´ atrás. Nos quieren reprimir, nos tienen miedo.

“Culpabilizamos a Javier Duarte de Ochoa, ese cabrón (sic), a Zurita (titular de la SSP), a Erick Lagos (hoy diputado federal priista, en aquel entonces Secretario de Gobierno) y al hijo de la chingada de (Julio) Cerecedo (director de política regional del gobierno de Duarte) de la represión que venga.

Los jóvenes universitarios se concentrarían en la Plaza Lerdo –que sería rebautizada un año después como Plaza Regina Martínez-, ahí recordarían que hace un año fueron “madreados” estudiantes, maestros, activistas, académicos y sociedad civil por un gobierno que no concibe la protesta social.

Y la plaza pública continuó incendiándose, con el grito popular: “Duarte marica, reprímenos ahorita. Aquí han matado activistas, estudiantes, maestros periodistas…que quede claro si nos siguen madreando…este pueblo explota”.

La administración estatal de Javier Duarte que está por expirar fue un sexenio sórdido y lúgubre para la protesta social y para los jóvenes universitarios: desaparecidos, represión, desprestigio mediático, hostigamiento, encarcelamientos y ataques sistemáticos para minar la protesta social.

Un año antes de que Duarte fuera gobernador se creó la Asamblea Estudiantil Xalapeña (AEX) y posteriormente nació la página de Facebook “Comité Universitario de Lucha” desde ahí, jóvenes de distintas facultades comenzaron a expresarse: no al alza al pasaje del transporte público, no a la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río los Pescados, no a la fracturación hidráulica, no al despilfarro de los recursos públicos de la UV, no al mal gobierno.

En el 2012 con la elección presidencial, nació de forma paralela el Movimiento 132, aunque la AEX se mantuvo al margen, varios universitarios repudiaron al gobierno de Peña. La comunidad estudiantil organizada y rebelde se volvió hostil al gobierno de Duarte.

Fue en el 2012 y 2013, cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el gobierno de Duarte mostraron el “musculo” de la fuerza pública y que no tolerarían una indisciplina más.

El desfile del 20 de noviembre, posterior a la elección presidencial transcurría con total normalidad, Duarte y su gabinete daban salutación a las fuerzas armadas, pocos asistentes al acto protocolario y la prensa comenzaba a retirarse desde lo alto de una habitación del Hotel México, los universitarios desplegaban una manta que deslegitimaba a Peña Nieto y ridiculizaba –de paso- el acto conmemorativo de la Revolución.

Una veintena de policías vestidos de civil corrieron al estacionamiento del hotel, arrinconaron a los estudiantes, con toletes, patadas y jalones comenzaron a replegar a los jóvenes. Aunque eran mayoría, los policías –vestidos de civil- más de la mitad hacían uso excesivo de la fuerza pública.

La activista Nadia Vera –asesinada en la colonia Narvarte junto con Rubén Espinosa- era arrastrada por mujeres policías en plena avenida Clavijero. Julián Ramírez era arrinconado por unos cinco policías estatales.

“Si no es por Rubén que llegó a documentar la brutal agresión. Yo no tuviera dientes, o tendría alguna cicatriz de no me olvides. Lo juro”, explica Julián.

No pasó ni un año, cuando los actos de represión se repitieron. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes y activistas que pernoctaban en la plaza Lerdo en protesta por la aprobación de la Reforma Educativa fueron desalojados del centro histórico con toletes eléctricos, escudos antimotines y patadas por un grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP).

Esa madrugada del 14 de septiembre –un día previo al grito de independencia- los policías de la SSP establecieron un cerco de seguridad en las primeras tres manzanas del zócalo “para proceder” –se escuchó esa mágica palabra en la frecuencia radial y disolver así la protesta magisterial y “dejar limpia” la plaza Lerdo para que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pueda dar el Grito de Independencia de ese domingo y se desarrolla un baile popular con cientos de acarreados de colonias populares.

Los gritos de miedo y de desconcierto fueron evidentes. Entre los maestros golpeados había varios que ya rondaban la tercera edad, otras mujeres se hicieron acompañar de sus hijos, corrieron despavoridas. El hecho causó conmoción en las redes sociales, pues las fotografías y videos eran por demás elocuentes.

En la refriega con los profesores, policías del grupo antimotines también agredieron a fotoperiodistas, al fotógrafo de Reuters, Óscar Martínez le arrebataron su equipo de trabajo, el cual fue devuelto media hora después que las fuerzas del orden borraran las imágenes del violento desalojo; a la reportera freelance Melina Zurita la golpearon y le robaron su cámara fotográfica. La comunicadora sufrió una crisis nerviosa.

La agrupación civil Zapateando, reportó la detención de los defensores ambientales, Juan Alberto Arellano Mariano y Paulino Hernández Espejo. Un video que circula en las redes sociales muestra la detención de los activistas por parte de personas vestidas de civil, quienes los suben a una patrulla de la policía estatal.

En contraste, el gobierno de Duarte celebró la limpia del Centro Histórico de Xalapa, pues en el comunicado 4635 consignó que las fuerzas del orden “procedieron a ocupar la plaza Lerdo” para garantizar la realización de las fiestas patrias.

El despacho informativo festino que se siguió el “protocolo apegado a la legalidad y a los derechos humanos” para ocupar y resguardar el recinto histórico: “De esta forma, se garantiza a la población de la capital del estado la celebración de las fiestas conmemorativas al 203 aniversario de la Independencia de México”.

En Twitter y en Facebook, estudiantes, maestros y comunicadores manifestaron su coraje y miedo, un cibernauta escribió algo muy elocuente: “Fue una noche de miedo y de coraje… Que nadie asista a ese circo para escuchar al cerdo gritar”.

Eso era el inicio. Lo peor estaba por venir.

Dos días antes de las elecciones federales del 2015, un grupo de jóvenes –varios de ellos universitarios- festejaban un cumpleaños en un modesto departamento de la calle Herón Pérez, en contraesquina de la sede del PRI estatal y a dos cuadras de la facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana.

Un ruido estruendoso y vidrios fragmentándose en el aire fue lo que interrumpió la tranquilidad del convivio. Una decena de encapuchados –algunos con máscaras de payasos o de lucha libre- rompieron el cerrojo de la puerta de ese departamento y arremetieron en contra de los ocho jóvenes.

Con machetes, palos con clavos y bates de beisbol, así como manoplas, el comando armado solo buscaba los bultos humanos para castigar y lastimar. En una manzana alrededor, otros hombres armados vigilaban que nadie se acercara.

“Ya se los va a cargar la verga, hasta aquí llegaron”. Un joven fue azotado con la quijada en el lavabo, uno más estrellado del cráneo en la pared, otro arrinconado en el suelo fue brutalmente pateado. Una joven –la que narra paso a paso la golpiza- fue sacada de debajo de la cama y la que menos golpes sufrió en esta barbarie que duró diez minutos.

“Los diez minutos más eternos para muchos de nosotros. No veíamos fin, cuando iban a saciar sus ganas de golpear”, expone.

La vivienda quedó con los vidrios rotos, el lavabo y las paredes salpicadas de sangre. Una bicicleta tirada en el piso y la puerta del baño rota, producto de la refriega.

Estudiantes y catedráticos de la UV responsabilizaron de la agresión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), Arturo Bermúdez Zurita y al gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa de querer intimidar a los jóvenes universitarios en vísperas de las elecciones del próximo domingo.

Dos de los jóvenes agredidos terminaron con el rostro desfigurado y con los dientes tumbados, productos de los golpes y de que ambos fueron azotados con el rostro de frente a un lavabo. Seis meses después de esa golpiza varios de ellos aun guardan cicatrices.

El más grave presentó traumatismo craneoencefálico, golpes contusos en diversas partes del cuerpo. Su madre informó que durante varias horas estuvo inconsciente.

Edith Escalón, estudiante universitaria e integrante de la Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide” reseñó que por acuerdo grupal de los estudiantes se decidió “reservar” la identidad de los 8 jóvenes agredidos, para salvaguardar su integridad y la de sus familias.

“Tenemos miedo, pero no nos vamos a dejar”, comentó Julián Ramírez, estudiante universitario e integrante de la Alianza Nacional contra el Fracking.

Una semana antes de la brutal agresión, el Partido del Trabajo (PT) denunció que tuvo acceso a un documento llamado “balance electoral 2015” donde la SSP y la Secretaría de Gobierno estatal (Segob) ponen en la mira a lo que ellos llaman “desestabilizadores de elecciones”.

El legislador petista Fidel Robles, reseñó que en dicho “diagnóstico gubernamental”, la SSP identifica a diversos activistas, políticos de oposición, ambientalistas, pero también a catedráticos y estudiantes universitarios identificados con grupos de izquierda.

El día de la agresión y desde el Centro de Especialidades Médicas (CEM), los docentes universitarios, Alejandro Saldaña y Mayra Ledesma acudieron a solidarizarse con los jóvenes agredidos y a “responsabilizar” a Bermúdez y al gobernador Duarte de “cualquier cosa” que les pueda pasar.

“El tema de las elecciones no nos representa nada, queremos desmentir que estamos haciendo actividades en favor o en contra, como lo señala el documento que filtró el PT y que es real… creemos que nos señalan porque su esquema de inteligencia (del gobierno priista) es bastante imbécil”, expusieron.

Saldaña señaló que en las investigaciones ministeriales no hay que buscarle mucho: “Los agresores despachan en palacio de gobierno. El ataque fue perfectamente organizado en aras de intimidar a los estudiantes”.

En la rueda de prensa, Julián Ramírez señaló que una vez perpetrado el ataque, solo se apersonaron dos patrullas (20-26 y 20-23) para tomar fotografías de los heridos y retirarse del lugar, las patrullas iban acompañadas de un vehículo blanco Toyota y cuyos tripulantes parecían darles órdenes.

Los jóvenes atacados pidieron auxilio policiaco: “Cúbrannos, nos van a matar si se van”, contó. Sin embargo, las patrullas se retiraron.

La madre de uno de ellos –quien pidió el anonimato- señaló que su hijo, estudiante de la licenciatura de Historia, sus compañeros lo recogieron “inconsciente”.

“Lo golpearon con saña, todos los dientes se los rompieron, tiene fractura de la muñeca. Mi hijo tiene un bebé, está estudiando y trabaja… no se vale esta represión, estoy segura es del gobierno, todos los golpes fueron a la cabeza, por eso se desmayó, le dejaron los ojos casi cerrados, casi no recuerda nada”.

Una estudiante que estuvo presente en el ataque aceptó hablar solo con Proceso y dos medios más, expuso: “Estábamos en un cumpleaños, ni alcohol teníamos, era la una y media de la mañana cuando vimos unas luces, al parecer de una camioneta, escuchamos ruidos, rompieron vidrios y entraron por la fuerza, diciendo groserías nos empezaron a golpear: “Ya se los va a cargar la verga”, alcance a esconderme, un poco, debajo de la cama”.

Con el rostro pálido, los pómulos inflamados por los golpes, la ceja abierta de un lado y morada del otro, con las manos temblando, la joven continua su narración en la parte trasera del hospital: “Unos llevaban gorras, otras máscaras, como cinco minutos duro el ataque, les fue peor a los que estaban más cerca de la puerta, eran como diez personas golpeando sin cesar. Nosotros gritábamos: Ya paren, ya paren”.

La joven asegura que, una vez concluido el ataque, a todos los universitarios les fue arrebatado su teléfono celular y además el grupo armado se llevó dos computadoras portátiles que llevaban dos de los estudiantes atacados.

Julián Ramírez agrega: “Las patrullas solo fotografiaron a los heridos, algunos de ellos de gravedad, pero eso no les importó, la policía obedeció ordenes de unos sujetos vestidos de civil, quienes desde un Pontiac blanco dieron la orden de irse del lugar, por lo que dejaron a los estudiantes heridos en las banquetas y a otros dentro del domicilio”.

Una vez que el hecho se hizo viral en las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado emitieron los comunicados 3557 y 3558 en donde niegan rotundamente “tener participación” en el ataque que sufrieron estudiantes: “Desde la dependencia condenamos categóricamente los hechos y llegaremos hasta las últimas consecuencias”. Seis meses después los avances han sido escasos.

Apenas, el fiscal, Luis Ángel Bravo dijo que los celulares robados en ese departamento fueron encontrados en manos de dos sicarios abatidos en la Plaza Nuevo Veracruz. Ni una pista sólida más.

Pasaron 35 días después de esa brutal agresión y Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro que ya se encontraba de “exilio temporal” en el Distrito Federal empezó a pedir el apoyo de sus colegas reporteros para difundir una información del ataque a los estudiantes de la calle Herón Pérez (10 de julio del 2015).

Vía mail y por teléfono celular, Espinosa –que sería asesinado 20 días después- mando un documento de Word, elaborado por los estudiantes agredidos en donde reprochaba que no se hubieran puesto en marcha las diligencias ministeriales que den con el paradero de los responsables del ataque del cinco de junio.

Que los agredidos tenían fundamentos para señalar que sus agresores habían sido policías estatales vestidos de civil, lamentaban que las amenazas, hostigamiento, represión y monitoreo de estudiantes, activistas y periodistas, por parte del aparato de gobierno se había recrudecido después de ese ataque.

“La Fiscalía al día de hoy, no tienen nada, ni siquiera el parte informativo policiaco de lo que ocurrió esa noche”, deploraron en agosto del 2015 los estudiantes, una vez que decidieron volver a alzar la voz posterior a los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera.

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