*El gobierno de López Obrador inició con la promesa de acabar con la estrategia de guerra contra el crimen debido a los nulos resultados; Sin embargo, el no uso de la fuerza del Estado y la multiplicación de militares en todo el país tampoco ha frenado la violencia
*Durante el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, el número de niños y adolescentes desaparecidos se triplicó con relación a la administración de Felipe Calderón Hinojosa, ya que pasó de 1,584 casos reportados entre 2006 a 2012 a 4,394 entre 2013 y julio de 2017
Redacción | Ricardo Ravelo | La Opinión de México | Sol Quintana Roo | Sol Yucatán | Sol Campeche
(Segunda de tres partes)
Ciudad de México.- En el año 2006, el entonces presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Al siguiente sexenio, el que encabezó Enrique Peña Nieto, la política de guerra contra el crimen continuó y actualmente con Andrés Manuel López Obrador la política se militarización es histórica. Más de cien mil efectivos de las Fuerzas Armadas –muchos de ellos agrupados en la Guardia Nacional– están desplazados por todo el país, aunque la política anticrimen no tenga como principal arma el uso de la fuerza.
Durante el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, el número de niños y adolescentes desaparecidos se triplicó con relación a la administración de Felipe Calderón Hinojosa, ya que pasó de 1,584 casos reportados entre 2006 a 2012 a 4,394 entre 2013 y julio de 2017.
El gobierno de López Obrador inició con la promesa de campaña de acabar con la estrategia de guerra contra el crimen debido a los nulos resultados. Sin embargo, el no uso de la fuerza del Estado y la multiplicación de militares en todo el país tampoco ha frenado el flagelo de la violencia ni la actividad de los cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con cifras de Redim, desde el año 2000 y hasta el cierre de 2019 se han registrado 21 mil niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos de desaparición infantil que, según las consideraciones de esta OGN, podrían estar muertos o bien operando para los grupos criminales que están activos en toda la República.
Esto significa que diariamente desaparecen cuatro niños y asesinan a 3.6 infantes –niños, niñas y adolescentes– cuyas edades oscilan entre los 5 y los 17 años.
Un caso que causó escándalo, por ejemplo, fue el de Fátima, una niña de 7 años que fue asesinada en el sur de la Ciudad de México. El cadáver de la menor fue hallado en bolsas de plástico y, según las autoridades capitalinas, tenía señales de haber sido violada y torturada.
El pasado 22 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, como presuntos responsables y fueron procesados por los delitos de feminicidio y secuestro agravado.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 3 mil 297 feminicidios en México, de los cuales 317 han ocurrido entre la población de 0 a 17 años, lo que significa que uno de cada diez crímenes afecta a niños y adolescentes. La organización Redim reporta en sus informes un aumento del 13.5 por ciento en el delito de feminicidio en contra de niños y adolescentes en los primeros siete meses de 2019, cuando ocurrieron 59 casos respecto del año anterior que registró 49 asesinatos.
De acuerdo con una entrevista que apareció en varios medios nacionales, José Manuel Valenzuela, miembro del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), es tan grave el problema de los crímenes de niños y adolescentes que él mismo acuñó el término “juvenicidio” que refiere el asesinato sistemático de la población joven.
El investigador dijo, además, que la precarización del sector juvenil es multifactorial y en su opinión la cooptación de esta población por parte del crimen organizado es consecuencia de la obstrucción de los canales de movilidad a los que se enfrentan los niños y jóvenes en el país.
Según el experto, la mezcla de estos factores hace que la población desconfíe de las instituciones gubernamentales. Entre 2011 y 2015, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado mexicano hacer una revisión de la política de seguridad por el impacto negativo que se estaba registrando en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También planteó, a manera de sugerencia, reconocer el reclutamiento que realizan los grupos criminales y que afecta a ese sector de la población.
