InicioNacionalLOS CASOS YARRINGTON Y VILLANUEVA 

LOS CASOS YARRINGTON Y VILLANUEVA 

*Corría el mes de abril de 2004 y el gobierno de Tomás Yarrington enfrentaba un escándalo más que colocaba a la entidad bajo los reflectores de la PGR, el Ejército y la DEA

*El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, resultó ser el principal protector del cártel de Juárez

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Quinta de seis partes)

Ciudad de México.- Corría el mes de abril de 2004 y el gobierno de Tomás Yarrington –cuya gestión ya era investigada por la PGR por probables ligas con la protección al tráfico de drogas– enfrentaba un escándalo más que colocaba a la entidad bajo los reflectores de la PGR, el Ejército y la DEA.

Por primera vez, el titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó públicamente que la dependencia investigaba al mandatario y a su gabinete ante indicios de su cercanía con el narcotráfico. En las postrimerías de su gestión eran cada vez más claras las señales de que la red policíaca estatal estaba al servicio del narco; en la práctica, se afirmaba, se beneficia a las diferentes organizaciones que intentaban penetrar la frontera.

Desde hacía varios meses, Santiago Vasconcelos tenía en la mira tanto al mandatario tamaulipeco como a su vecino de Chihuahua, Patricio Martínez, ante la sospecha de que el procurador de esta entidad, José Chito Solís, era uno de protectores del cártel de Juárez.

La investigación contra Yarrington se desarrollaba en completo sigilo y en colaboración con la Sedena, cuyo titular, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, tenía informes de que una red de 300 hombres, entre policías, empresarios, funcionarios y políticos, encubría al cártel del Golfo.

En una entrevista publicada por Proceso en su edición 1433, el titular de la SIEDO expuso que la investigación estaba “a la mitad”, concretamente en la fase que abarcaba a toda la red policiaca estatal y ministerial, así como a los mandos altos y medios que protegen o protegieron a Osiel Cárdenas, quien para esas fechas ya estaba preso en el penal de La Palma.

Y añadió: “La ruta que seguimos en esta investigación es ascendente: empieza por la policía y los altos jefes. Esto nos llevaría a los directores, al procurador, como ocurrió en Chihuahua, hasta llegar a la cabeza (el gobernador). En el caso de Tamaulipas, el gobernador no tiene aún carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en Quintana Roo en el caso de Mario Villanueva, quien resultó ser el principal protector del cártel de Juárez. Las investigaciones de este tipo siempre se realizan de abajo hacia arriba: se empieza por la red de protección que integran los organismos responsables de la procuración de justicia y se va escalando, porque si empezamos de arriba hacia abajo, ¿Sabes que agarras? Nada”.

La investigación de la PGR estaba justificada. Desde hacía tiempo el gobierno de Yarrington era motivo de escándalos, en parte detonados por sus propios colaboradores. Uno de los protagonistas era Max Castillo, primer procurador en la administración tamaulipeca.

Antes de asumir el cargo, Castillo fue secretario del ayuntamiento de Matamoros, cuando Yarrington fungió como presidente municipal de esa jurisdicción. Famoso en la entidad por su defensa legal de personajes relacionados con el narcotráfico, en su lista de clientes figuró nada menos que Raúl Valladares del Ángel, conocido lugarteniente del viejo capo Juan García Abrego.

Acosado por la presión, su paso por la procuraduría fue efímero: tuvo que renunciar a sólo seis meses de asumir el cargo, pero se refugió en el despacho de Humberto Solezzi, quien fungía como secretario general de Gobierno. Desde ahí continuó operando como asesor jurídico de Yarrington, sin dejar de atender su cartera de clientes especiales.

Zolezzi no era un funcionario menor. Era el responsable de la política interna del estado, el más informado, después del gobernador. Su nimbo fue manchado cuando en su edición del 9 de julio de 1999, el periódico El Norte de Monterrey lo exhibió al publicar una fotografía en la que aparecía acompañado de tres reconocidos miembros del cártel del Golfo: Óscar Malherbe de León, Sergio Checo Gómez y El Gordo Lizardi. En la foto se apreciaba a un grupo de cazadores reunidos en un rancho cinegético de China, Nuevo León.

A pesar de la contundencia de la foto no se arredró. Reconoció que la toma era real, pero arguyó que databa de hacía 14 años, por lo que no tenía nada que esconder. Pero recibió otro golpe cuando el alcalde de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, reveló que El Checo Gómez, preso por narcotráfico en el penal de Puente Grande, Jalisco, es primo político del gobernador Yarrington, ya que –sostuvo– está casado con su prima Olga Guillén Ruvalcaba. Y el propio mandatario se apresuró a negar esa línea de parentesco.

 

Era proverbial la forma en que Yarrington intentaba deslindarse del negocio de las drogas, a pesar de los indicios que lo inculpaban. En Estados Unidos su nombre figuraba en el reporte del FBI con la clave 92C-HO-26953 (0-21), autoría de los agentes Michael A. Sutton y Kimberly S. Wilkins, en el que se menciona que el jefe del cártel del Golfo (Osiel Cárdenas) mantenía vínculos con Yarrington, quien le habría pedido dinero en varias ocasiones.

Basado en las delaciones de un informante, cuya identidad no revela, el informe del FBI detalla las facilidades que el gobierno del estado le había otorgado a Osiel, quien tenía un pasaporte mediante el cual se desplazaba sin problemas a territorio estadunidense, además del apoyo logístico que recibía para el trasiego de droga. El nombre de Tomás Yarrington no aparece solo.

En otro apartado del documento se incluye una lista de gobernadores que en sus respectivas administraciones protegieron al capo Amado Carrillo Fuentes. Y en ese entramado figuran otros exmandatarios como Francisco Barrio Terrazas, Víctor Cervera Pacheco, Mario Villanueva Madrid, Manio Fabio Beltrones y Jorge Salomón Azar, quienes en 1997 gobernaban los estados de Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Campeche, respectivamente.

Pero sobre todo los reflectores enfocaban una zona crítica y ponían al descubierto la estrecha relación del mandatario con el comandante Arturo Pedroza Aguirre, quien se manejó con total impunidad durante la administración de Yarrington. En términos de transparencia, nadie se explicaba porqué dicho personaje gozaba de tanta protección.

En realidad Pedroza Aguirre era un elemento clave en esa coyuntura: conocedor profundo de todas las técnicas del espionaje, era un policía formado en las artes de la vieja guardia. Provenía del Estado de México donde dejó un relumbrante historial: se le acusó de proteger bandas de robacoches. Al ser trasladado a Tamaulipas, donde se hizo cargo de las plazas de Reynosa y Nuevo Laredo después de abandonar la cárcel, en 1998, al inicio del gobierno de Tomás Yarrington. Prmaneció un año acusado de abuso de autoridad y lesiones.

A él se le atribuye gran parte de la violencia –ejecuciones, “levantones”, secuestros y  desapariciones– en esos municipios, donde se desató una guerra entre grupos policiacos por el control del trasiego de droga y la protección a los diversos grupos de narcotraficantes que pretendían penetrar esas plazas.

El 6 de julio de 1997 la DEA y la PGR lo señalaron como una pieza protectora de Osiel Cárdenas. Y es que ese día, según la PGR, Pedroza Aguirre tuvo en sus manos a Osiel Cárdenas y a Hugo Baldomero Medina, El señor de los trailers, y los dejó ir. Desde entonces los protegía.

Álgido el ambiente por la ola de ejecuciones y “levantones” orquestados por el cártel del Golfo y policías estatales, una mañana de abril de 2004 el procurador tamaulipeco Francisco Tomás Cayuela Villarreal soltó una carcajada nerviosa y, dejando caer la taza de café, tronó:

“Esas son chingaderas. Ese hombre nunca ha sido mi chofer. Está loco, es un psicópata…”

–¿Entonces son falsas las acusaciones de que el gobierno de Tomás Yarrington protege al narcotráfico?

–Es falso. Que nos investiguen. No tenemos nada que temer porque estamos limpios. Yo le he pedido al procurador Rafael Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos que nos investiguen. Han venido sus gentes y hemos trabajado juntos. Aquí en Tamaulipas lo que hay es una guerra entre narcos. Los de fuera se quieren chingar a los de aquí, y eso es todo.

El escándalo había surgido a raíz del secuestro del empresario regiomontano José Antonio Cervantes Espeleta, presunto “lavador” de dinero del cártel del Golfo, plagiado el 12 de diciembre del 2003 por agentes ministeriales de Tamaulipas con el fin de extorsionarlo y cuyo cuerpo apareció dos semanas después.

Dueño de prósperos negocios en Monterrey, su fortuna siempre estuvo bajo sospecha. Era del conocimiento público que los altos mandos policíacos estatales lo tenían en la mira. De hecho fue a ellos a quienes se atribuyó haber urdido el plan para secuestrar al empresario, quien desapareció repentinamente; sin embargo, poco antes de ejecutarlo, sus plagiarios lo obligaron a llamar por teléfono a su casa. Sólo les dijo a sus familiares que no se preocuparan, que andaba con un amigo festejando un cumpleaños.

Este homicidio no sólo puso al descubierto las acciones de una bien organizada red policíaca implicada en actividades de secuestro, sino que evidenció, esta vez con mayor claridad, la vinculación de algunos funcionarios del gobierno tamaulipeco con el narcotráfico.

Cuando su cadáver fue localizado, el 27 de diciembre del 2003, en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero, las investigaciones revelaron que, después de haber sido ejecutado, el cuerpo del empresario fue colocado en medio de llantas a las que se prendió fuego con el fin de borrar las evidencias.

Las sospechas por el crimen de Cervantes Espeleta apuntaron hacia la policía ministerial, y las renuncias de Óscar Mario Hinojosa, hombre de confianza del procurador Cayuela Villarreal, quien se desempeñaba como director de la Policía Ministerial; Juan Manuel Ayala, El Metro, policía de Reynosa; Vicente Guillén Espinosa, El Cholula, y Rubén Hernández López, agente del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), robustecieron esa hipótesis.

Este último incluso fue remitido al penal de Reynosa, acusado por su presunta participación en el secuestro y homicidio del empresario regiomontano –a quien se vinculó con la banda de Joaquín El Chapo Guzmán–, pero negó los hechos y terminó por revelar que su encarcelamiento era una venganza del procurador Cayuela Villarreal, a quien había conocido en 2001, cuando fue recomendado para trabajar en un operativo cuyo objetivo era detener a varias personas relacionadas con el narcotráfico.

En el interrogatorio Hernández López narró que su primer contacto con Cayuela Villarreal fue cuando participó en la investigación de un casacambista de Matamoros que había sido ejecutado por un exGAFE de apellido López, quien posteriormente fue detenido junto con otros delincuentes por la policía y elementos del ejército. En esa ocasión el encargado de la plaza de Matamoros, el comandante Felipe Ramírez López, pretendía sacarles la confesión mediante la tortura para liberarlos posteriormente. Ahí fue donde apareció Cayuela Villarreal, recordó.

En una entrevista realizada por el reportero en abril de 2004 en el interior del penal de Reynosa, Hernández López dijo: “Cayuela Villarreal supo que yo realicé esas detenciones y me felicitó por mi trabajo… Luego me tomó confianza. En una ocasión me llamó y me dijo: A ti te tengo reservado un lugar especial, porque gracias al trabajo que hiciste yo voy a ser procurador”.

De extracción militar, Hernández López conoció a Cayuela Villarreal cuando éste era director de la PME y desde aquel operativo de 2001 comenzó a trabajar a su lado. Luego, cuando Tomás Yarrington lo nombró procurador del estado, el integrante del GERI se convirtió incluso en su hombre de confianza, aunque seguía trabajando en su antigua corporación, donde entrenaba perros rottwailer y pastor belga en guardia, protección y detección de drogas.

Meses después, según recuerda el propio Hernández López, comenzó a desconfiar de su jefe. Tuvo miedo de ser asesinado cuando se enteró de que con frecuencia el procurador Francisco Cayuela recolectaba dinero del narcotráfico en las principales plazas donde operaban algunos mandos del cártel del Golfo que estaban bajo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén.

–¿A qué plazas se refiere usted?

–Íbamos a las comandancias de la frontera.

Los pormenores de los viajes y de las entrevistas que sostenía Cayuela Villarreal con personajes del narcotráfico constan en una carta fechada el 4 de marzo del 2004 que el propio Hernández López envió a Karen Tandy, administradora de la DEA. En la misiva le  dice:

“… Durante mi estancia en el GERI acompañé en múltiples ocasiones al procurador de Justicia del estado, Lic. Fco. Tomás Cayuela Villarreal cuando iba a la frontera, con la finalidad de recoger un millón de dólares por semana de las comandancias, según el propio Lic. Tomás Cayuela me hacía saber y mi objetivo era garantizar la seguridad del H. procurador bajo cualquier circunstancia que pudiera surgir.

“El Lic. Tomás Cayuela me informó que el dinero provenía de las cuotas que se cobran a los narcos para que puedan trabajar en Tamaulipas. Esa cantidad de dinero supuestamente va a ser utilizada por el gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba en su campaña política para la Presidencia de la República”.

En la entrevista Hernández López también relató que los recorridos de Cayuela Villarreal  empezaban a las cinco de la mañana y se realizaban hasta tres veces por semana; que la cobranza de dinero se hacía en las comandancias de lugares donde el narcotráfico tiene más poder, como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo y Matamoros.

En estos municipios –según lo dicho por Hernández López– el procurador se reunía con alcaldes, directores de Seguridad Pública y políticos. Entre los personajes sospechosos con los que solía entrevistarse también se menciona a Jaime Yáñez, hombre cercano a Cayuela Villarreal, que fuera asesinado en un restaurante. El entrevistado señaló que otro conducto por el que se le hacía llegar dinero al procurador era a través de su ahijado Óscar Mario Hinojosa, cuando éste fungía como director de la PME. Él y otro comandante, Hernán Gómez Sedy, compadre de Hinojosa, brindaba protección a Osiel Cárdenas.

Más leído
HOY ESCRIBE
Relacionados