Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, máximo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya fue neutralizado hace unas semanas en el llamado “Domingo negro”; sus principales secuaces ya están en la mira de la DEA, pero atrás de está cacería, está el complejo drama de los miles de desaparecidos a manos de estás organizaciones criminales. Cientos o miles de ellos víctima de reclutamiento al sicariato; otros tantos de víctimas de desaparición forzada y otros cientos o miles de casos —tal vez— quedaron atrapados en la encrucijada de un daño colateral, por estar en el lugar y horario equivocado. Cayó “El Mencho” sí, pero al menos en Jalisco y entidades aledañas hay más de 30 mil desapariciones atribuidas a está organización criminal.
Por. Noé Zavaleta/La Opinión de México
En México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya rebasó —con creces— a la organización delincuencial de Los Zetas, al Cártel de Sinaloa y a la Familia Michoacana en su responsabilidad tácita en miles de desapariciones del país. En la última década, tan sólo en las entidades de Jalisco, Nayarit y Colima —su zona más alta de influencia— hay más de 30 mil desaparecidos, la gran mayoría atribuidas a está organización. La Opinión de México y Grupo Sol Corporativo te presentan algunos casos emblemáticos en donde hubo participación de sicarios o trabajadores de esta organización criminal. Los dramáticos casos fueron compartidos por familiares directos de los desaparecidos.
María de Lourdes Maldonado Ruiz, de 33 años, desapareció el 13 de agosto del 2020 en Tlajomulco de Zúñiga. Se dedicaba a pintar y a hacer figuras de yeso para venderlas en los tianguis. En la red de amigos que tejió, estableció contacto con un contador, quien le pidió un favor que resultó fatal: que le prestara su domicilio para recibir correspondencia y paquetes.
Maldonado no lo vio mal, y conforme pasaron los meses se enteraría de que su amigo era uno de los “contadores del cártel”. Aun así, siguió prestando su casa y código postal.
“Y por eso a mi hija se la llevaron entre las patas”, narra María de Lourdes Ruiz Bravo, una de las fundadoras del Colectivo Luz de Esperanza. “Un comando armado de seis personas, encapuchados y con armas largas, se llevaron a mi hija y a mi nieta. Le voltearon la casa, le desbarataron muebles. Se llevaron a la niña, pero no las dejaron que tuvieran contacto. A las horas, regresó el comando armado y dejó a la niña Nayovi con la vecina”.
“La Fiscalía ya hizo el cateo a la casa de seguridad donde Lourdes y Nayovi fueron llevadas. Nayovi reconoció la vivienda a donde fue raptada junto con su madre, ahí hallaron drogas y armas largas. Pero ningún indicio de Lourdes Maldonado, y tampoco del ‘contador del cártel’, el cual también fue ‘levantado’ por el crimen organizado en otras circunstancias”.
Pero no paró ahí el drama para la señora Ruiz Bravo: sufre el doble viacrucis de tener a dos hijos desaparecidos.
La tragedia de María de Lourdes comenzó el 22 de julio del 2015, en una llantera ubicada sobre la carretera a Chapala, en el municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos. Desde ahí un comando armado se llevó a su primer hijo, José Marcos Alejandro Maldonado Ruiz, y a otros dos trabajadores. Estos aparecieron sin vida a los pocos días, pero de Marcos nada se sabe.
“Qué tristeza y qué pena que no esté trabajando la Fiscalía en ninguno de los casos. Esa es mi situación, con mis dos hijos desaparecidos. Hace 15 días acaban de levantar a una sobrina… ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vivimos en un narcogobierno, tristemente nos estamos dando cuenta que vamos a tener otro narcogobernador (sic), y nadie para esto. ¿Qué está pasando?, que quienes gobiernan van de la mano con el narco”, resume la señora.
María de Lourdes participa en búsqueda en campo, fosas clandestinas y revisión de casas de seguridad desmanteladas, pero también acude a protestas y marchas para exigir la búsqueda de desaparecidos y que cese el clima de inseguridad en Jalisco.
Y todo ello en medio de un entorno de terror que pone a prueba el temple de esta mujer decidida.
“He recibido amenazas a mi celular, me toman fotografías y me llegan mensajes de ‘te va a cargar la chingada si sigues buscando’, ‘también te vamos a desaparecer’ y así, pero yo sigo buscando, el miedo me lo quitaron cuando me quitaron a mi primer hijo. Ya no puedo perder nada. Trato de no involucrar en la búsqueda a otros hijos porque me los van a seguir desapareciendo, pero yo voy a seguir buscando a José Marcos, Alejandro y María de Lourdes hasta debajo de las piedras”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en Jalisco se reportan 14 mil 911 personas desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, diversos colectivos jaliscienses y todos hablan de cifras que fluctúan entre las 17 mil y 18 mil personas desaparecidas. Incluso, aseguran que hay entre 40 y 70 desapariciones por día en Jalisco —cifra constante en 2022 y 2023—. En muchos de estos eventos, los cuerpos sin vida van apareciendo a las pocas semanas o meses en fosas o en casas de seguridad de Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y en otros municipios serranos.
Organizaciones como Los Zetas, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel del Noreste encontraron a través de la desaparición de personas una forma de operar y reforzar su capital humano, para ‘levantar’ jóvenes y jovencitas con fines de esclavitud, para la venta de droga, o los entrenan con fines de sicariato y, probablemente en las zonas serranas, con fines de trata.
En su ficha virtual realizada con IA, Jonathan Alejandro Cosío Gutiérrez, conductor de mototaxi en los altos jaliscienses, narra que fue “golpeado” y “levantado” por un comando armado, cuyos miembros se identificaron como integrantes de la fiscalía. Eso sucedió en el fraccionamiento Ruiseñor, del municipio de Tala, Jalisco, cuando se encontraba con una amiga de nombre Refugio.
Los captores de Alejandro, de 31 años, a través de Refugio se comunicaron con su madre, Edna Gutiérrez, residente de El Paso, Texas, a quien le exigieron 45 mil pesos para soltar al joven.
Edna pidió tiempo. Apenas un día, para reunir el dinero y ver la forma de hacer la transferencia. Uno de los captores, de nombre Alexis Palmolive, hizo una rebaja de 35 mil pesos y cortó la comunicación. Refugio pidió a Edna no hacer la denuncia ni ir con la policía, pues “aquí (en Tala), las cosas no son así. No funcionan así”. La mamá de Alejandro Cosío tardó dos meses en animarse a poner la denuncia D-I/25459/2021, dilación alimentada con la esperanza de que su hijo fuese liberado.
Desde El Paso y con el apoyo de sus hermanos residentes en México, Edna viajó constantemente no solamente a Tala sino también a Tequila, donde al final radicó la denuncia de desaparición. También fueron a Guadalajara a buscar pistas sobre el paradero del joven.
Edna logró dar con un testigo —cuya identidad está resguardada— quien le entregó la cartera y lentes de su hijo, y que además acudió a declarar a la Fiscalía para involucrar e identificar a Alejandra Campos, “halcona” y narcomenudista del CJNG como autora intelectual del ‘levantón’ de Alejandro Cosío.
“Mi hijo tuvo una relación con una muchacha desaparecida, Ashley Campos, y la mamá, Alejandra Campos, siempre involucró a mi hijo, La joven de 17 años ya apareció hace unos meses y volvió a desaparecer, se va por su propia voluntad… cuando a mi hijo se lo llevan, ahí estaba la señora Alejandra, mientras lo golpeaban ella le decía: ‘Te dije que lo ibas a pagar’”.
La Fiscalía Regional de Tequila, se niega a requerir a la señora Alejandra Campos y únicamente optó por intentar localizarla “para hacerle unas preguntas”. Sin embargo, los investigadores no la localizaron y dejaron inconclusa la diligencia.
Mientras tanto, Edna y su esposo han vivido un completo viacrucis en las diligencias que tienen que hacer entre la Fiscalía y el Servicio Médico Forense. Desde septiembre de 2021 viajaron desde Texas a Jalisco para hacerse exámenes de ADN y ver si el cuerpo de su hijo se encontraba en alguna fosa común o en los recientes hallazgos de fosas clandestinas. Su esposo tuvo que hacerse dos veces tales exámenes.
“Me tomé las pruebas en septiembre, mis resultados estuvieron hasta abril del 2022; no me han mandado los resultados para así poder cotejarlos en otros estados. Y ahora me entero que estuvieron traspapelados los exámenes… Pero no es sólo se trata de traspapelar un documento, estamos hablando de una vida”, narra Edna Gutiérrez.
Al ser ‘levantado’ Alejandro Cosío dejó un hijo de 12 años, quien reside en el Área Metropolitana de Guadalajara. Edna quiere llevarse a su nieto a Estados Unidos. El gobierno de Jalisco tardó dos años en darles “la carta de ausencia” del padre —víctima de desaparición— y ahora les pide dejar pasar seis meses más, para poderla “notariar”.
“Tengo que esperar seis meses más para poder sacarle a mi nieto un pasaporte, una visa, hasta que esté notarizado. Es una burla, nos obstaculizan cualquier trámite… y claro, en la familia aún tenemos miedo”.
Joaquín Gómez Orozco de 17 años, estudiante de preparatoria y programación salió de su casa en Tepic, Nayarit el 30 de marzo del 2023, con una solicitud de empleo que le ayudó a llenar su madre, acudió a las tiendas Coppel y “Cuidado con el Perro” para buscar reforzar el ingreso familiar previó al periodo vacacional. No ha vuelto a casa.
Desde hace nueve meses, lo busca su madre, Alejandrina Orozco Romano, ella puso la denuncia NAY/TEP/CI/01774/2023 en Tepic, Nayarit, la querella fue turnada también a Zacatecas, pero estos se declararon “incompetentes”.
“Cuando puse la denuncia, me dijeron en la Fiscalía en Tepic: “A lo mejor su hijo se fue de vacaciones. ¡Mi hijo nunca faltaba a dormir!, junto con sus amigos distribuimos en Tepic mil fichas de búsquedas… un joven se me acercó en avenida México y Allende, para decirme: ¿Es su hijo Joaquín Gómez?, a él, se lo llevó la gente del Cártel… a Tala, a Jalisco”.
Días después, un desconocido dejó un mensaje de texto en el celular de la hermana de Joaquín, le reiteró que lo tendrían tres meses “incomunicado” y “adiestrando” en Tala, Jalisco, para trabajar para el Cártel de Jalisco: “Ustedes espérense, él se va a comunicar”.
Alejandrina no pudo obtener más información. Una semana de insomnio, zozobra e incertidumbre. El día siete de abril, su teléfono celular sonó, era Joaquín, con voz temerosa, fue directo al grano, que lo tenían “trabajando” vendiendo droga en el Obraje, Zacatecas y otras localidades de Los Pinos y Ojuelos; así como de las zonas serranas de Jalisco.
El Obraje, de apenas dos mil 500 habitantes, se localiza a 111 kilómetros del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Una demarcación conocida por las peregrinaciones a la Virgen de San Juan de Los Lagos, pero de alta operatividad criminal a manos del CJNG, está ruta es crucial para el trasiego de drogas en los poblados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.
“Me pidió ayuda… me dijo que tenía mucho miedo. Me pudo marcar porque quienes lo tienen retenido habían bajado a comprar a un OXXO; que estaba bajo el mando de un comandante (sic) de origen colombiano, quien lideraba varías estructuras. Hablamos como quince minutos. Me marco de un número desconocido, ese día estuvimos conversando en diversos momentos, pero desde ahí, ya no he vuelto a saber de él”.
Alejandrina Orozco señala que incluso acordó con su hijo que le pusiera una “manita arriba” en el inbox de Facebook, cuando le pudiera marcar o mensajear. Platicaron, sobre su estado de salud y amenazas de las que era objeto. Alcanzó a contarle a su madre, que a él y a otras decenas de jóvenes los tenían viviendo en un lugar abandonado cerca de Obrajes.
“Yo voy a la Fiscalía en Tepic. Me fui a Ciudad de México para pedirle ayuda al presidente y nada paso. Me manifesté afuera de la Suprema Corte; se comprometieron a hacer la sábana de llamadas. Pedí que intervinieran la sábana de llamadas del teléfono que “el Cártel” le dio a mi hijo para “trabajar”, y me respondieron que eso no lo podían hacer, que no podían, hágame el favor, vulnerar sus derechos (de los criminales), pero los derechos de mi hijo secuestrado si se pudieron vulnerar”.
Dos días después, presa de la desesperación, Alejandrina telefonea al número del cual le marcó su hijo, le contesta un hombre, con voz grave y escueta, con un marcado acento colombiano, tras pedirle saber de su hijo y portándose amable y hasta con ciertas reverencias, para evitar la furia del victimario de su hijo.
El tipo, al otro lado del celular, le contesta: “¿Dice que su hijo se llama Pablo Joaquín?. Yo ando en unas bodegas, nosotros contratamos albañiles, tenemos a muchos muchachos (sic)”.
En una segunda llamada, Alejandrina alcanzó a escuchar, cómo a un joven le tapaban la boca y alguien gritaba: “tápale la boca bien”. El colombiano volvió a tomar el teléfono y contesto: “No su hijo aquí no está, él se fue con otro arquitecto (sic), su hijo está en otro grupo (sic), de aquí no quiero que vuelva a marcar.
El celular fue desactivado días después. Alejandrina intentó rastrear el i-mei, apenas logró hacerlo hace 20 días, y descubrió que a ese teléfono han sido ingresados varías tarjetas sim. De mientras la Fiscalía de Nayarit no hace investigación alguna y la de Zacatecas de plano rechazó coadyuvar en las diligencias de búsqueda. La mamá de Joaquín Orozco asegura sentirse en un juego macabro de ping-pong, en donde ninguna autoridad quiere tomar la pelota.
“¿No están investigando quien tiene a mi hijo?, juegan con los desaparecidos como si jugaran ping-pong”.
