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MÁS DE MIL 150 RENUNCIARON

*Durante los comicios electorales del pasado 2 de junio, más de mil aspirantes abandonaron a candidaturas por amenazas en estados morenistas

Corresponsalías Nacionales/La Opinión de México

Ciudad de México. – Durante los comicios electorales más de mil 150 aspirantes renunciaron a sus candidaturas ante la violencia política acrecentada en el país, la mayoría concentrada en Michoacán, Chiapas y Guerrero, donde se tienen más reportes de amenazas por parte de adversarios y cárteles del crimen organizado.

Tras indagatoria en sitios oficiales de los institutos electorales, se corroboró que la mayoría de quienes han abandonado sus candidaturas pertenecían a los más grandes partidos de oposición, tanto del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quienes también son los que más presentaron solicitudes al Gobierno Federal para protección.

En el Michoacán gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, los cárteles de la droga han impuesto su ley y nadie se salva. Durante la pasada contienda electoral se tuvo reportes de al menos 420 candidatos que presentaron su baja de acuerdo a reportes del Instituto Electoral de Michoacán, ante los hostigamientos y amenazas por parte de individuos del crimen organizado, quienes incluso llegaron a secuestrarlos para obligarlos a solicitar permiso para poder tener sus candidaturas.

Tal como le ocurrió a quien fungía como alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, acribillada apenas el 3 de junio junto con su escolta cuando salía de un gimnasio, donde recibió al menos 19 impactos de bala y murió mientras era trasladada al nosocomio. Sánchez Figueroa había sido secuestrada hace unos meses ante lo que calificó como un hecho político, ya que que no le pidieron dinero, sino solicitudes y le dieron indicaciones sobre lo que podía hacer o no en esa zona de Michoacán.

Las bajas por amenazas directas a candidatos de parte de individuos ligados al crimen organizado, mostraron los siguientes números al menos unas semanas antes de llevarse a cabo la contienda electoral:
Michoacán Primero con siete; Movimiento Ciudadano con siete; Encuentro Solidario con seis; Partido Revolucionarios Institucional con cuatro, Acción Nacional con tres; Partido de la Revolución Democrática con tres, Tiempo por México con dos bajas; y dos más de candidaturas independientes, de acuerdo a datos emitidos por el Instituto Electoral de Michoacán.

El estado gobernado por Ramírez Bedolla se encuentra hundido en el narcotráfico, donde conviven varias células de la delincuencia organizada como La Nueva Familia Michoacana, Caballeros Templarios, el Cartel de Tepalcatepec, Los Viagras, el Cártel de Santa Rosa de Lima e incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero el único que parece estar blindado contra la inseguridad es el mandatario estatal.

Sobre lo anterior, en Michoacán se dio un caso sin precedentes, de afrenta directa contra la democracia y la libertad, tras el reporte de planillas desiertas en distintos municipios, donde incluso aspirantes a síndicos o regidores optaron por no registrarse y guardar el anonimato para proteger su vida.

Operadores políticos encargados de armar las planillas señalaron que recibieron la visita de criminales en sus hogares, por lo que decidieron no salir a la contienda, pues les indicaron que podrían secuestrar a sus esposas o hijos. Ante lo anterior, algunos buscaron la manera de armar planillas en secreto, ante la absoluta falta de Estado de derecho de los dirigentes morenistas.

Algo similar ocurre en Chiapas, otro de los estados gobernado por Morena, asolado por la delincuencia organizada que se disputa el control de la plaza y donde se han reportado múltiples atentados contra ciudadanos, que han acabado en muerte de funcionarios de casillas y quema de viviendas donde se resguardaban boletas electorales.

En Chiapas, el índice de deserción de candidaturas incrementó hasta 515 abandonos de acuerdo a datos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), con una mayoría de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Fuerza y Corazón por Chiapas y Movimiento Ciudadano, siendo gran parte contendientes por ayuntamientos. Cabe señalar, que dentro de los contabilizados se encuentra la renuncia masiva de 213 candidatos en la zona de El Porvenir, ubicado en la sierra fronteriza, según ciudadanos, ante la llegada de “nuevos grupos delincuenciales”.

En el mismo sentido, en Zacatecas, otro de los estados gobernados por Morena, se dieron al menos 217 dimisiones masivas, la mayoría por parte de candidatas, que, según la consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, lo hicieron en su mayoría por motivos personales, aunque en el estado se han reportado múltiples narcobloqueos, quema de vehículos, asesinatos a plena calle y detenciones de líderes de grupos delincuenciales, problemática sobre la que el gobierno de Monreal sigue sin atender.

En Morelos, fueron reportadas 12 bajas de candidatos por parte del Partido de la Revolución Democrática por la violencia e inseguridad; en Jalisco, tierra gobernada por Enrique Alfaro, se retiraron de la contienda dos candidatos a alcaldes; mientras que en Guerrero se dieron de baja cuatro candidatos, una de ellas identificada como Candy Espinoza Ríos, quien contendía por la presidencia municipal de Copala, en la región de la Costa Chica. Tomó la decisión de desaparecer de Copala junto con su familia, esposo, hijos y su madre:

“Fue la única salida que tuve para salvar mi vida y la de mis familiares cercanos”, afirmó Espinoza Ríos en un mensaje a través de sus redes sociales.

Cabe precisar, que la deserción electoral puede entenderse como una medida para salvaguardar la propia vida en un país que no garantiza la protección de los candidatos ni de la de sus familiares, tal como ocurrió con el candidato del PRI, PAN y PRD, a la alcaldía de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera, asesinado de un balazo en la nuca en presencia de decenas de simpatizantes durante su cierre de campaña, quien contaba con dos cinturones de seguridad de elementos de la Guardia Nacional, uno con ropa militar y otro con vestimenta civil, que fue traspasado por un sicario que arribó en silla de ruedas fingiendo estar enfermo. Al estar lo suficientemente cerca, se levantó y activó el arma contra el candidato. El homicida fue abatido poco después, pero tras haber cumplido su misión: demostrar quién manda en tiempos electorales en el gobierno de López Obrador.

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