InicioPortadaNacionalMÁS DE MIL 200 POLICÍAS EJECUTADOS EN ESTE SEXENIO

MÁS DE MIL 200 POLICÍAS EJECUTADOS EN ESTE SEXENIO

*Crimen organizado coludido con funcionarios corruptos, los victimarios

*Incongruencias en números de la Unidad de DH de SEGOB y de las ONG

José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/La Opinión de México

Ciudad de México. – En el pasado trienio, entre 2021 y 2023, México no solo se consolidó como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, con la muerte de 86 comunicadores, sino también en el rubro de activistas, con 98 asesinatos en el mismo periodo; pero, sin duda, el sector más afectado ha sido el policíaco, en el que mil 216 elementos de distintas corporaciones fueron ejecutados, de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto para la Economía y la Paz, así como datos hemerográficos.

El organismo indica que la tasa nacional de homicidios vinculados al crimen organizado ha aumentado en un 85.2 por ciento, acentuada por la violencia extrema con la que se perpetraron los casos, por lo que se infiere que la delincuencia ha colocado, además de policías y activistas, a los comunicadores y a periodistas como objetivos a eliminar; igual que con grupos criminales antagónicos, policías y defensores de derechos humanos.

Cabe hacer énfasis en que el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque, informó a la Cámara de Diputados, el 15 de agosto de 2022, que oficialmente se habían contabilizado 58 asesinatos de periodistas durante este gobierno federal y detalló que dos ocurrieron en diciembre de 2018; 14 en 2019; 17 en 2020; 9 en 2021; 23 en 2022; y 13 en 2023.

De acuerdo con esas cifras que proporcionó precisamente Irazoque, el número no cuadra, toda vez que el total de comunicadores victimados es de 86 y no de 58, por lo que la fuente reporteril tomó con reservas su informe, “pues si se equivoca en algo tan elemental, como es una simple suma, es posible que incurra en otras pifias”.

También reportó que hasta 2023 había más de 600 periodistas integrados al Mecanismo de Protección en las seis entidades del país que coinciden con los registros de alta violencia por la delincuencia organizada: Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Baja California, “y para paliar esa situación hemos aprobado 72 servicios de escolta y ya existen 82 refugios de seguridad”, dijo.

De los periodistas asesinados, el referido instituto indica que se ejerció una violencia extrema en la mayoría de los casos:

En el primer trimestre de 2022, fueron ultimados con saña José Luis Arenas Gamboa, en Veracruz; Lourdes Maldonado, en Tijuana; Roberto Toledo, en Zitácuaro; Heber López Vásquez, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas y Armando Linares, también en Zitácuaro, Michoacán.

Durante el resto del año, fueron asesinados con premeditación, alevosía y ventaja, Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa; Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, en Cosoleacaque, Veracruz; Antonio de la Cruz, Ciudad Victoria, Tamaulipas; Allan González, Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con tres empleados de la radio donde trabajaba; y Fredi Román, en Chilpancingo, Guerrero.

De los casos de 2023, también se registra violencia extrema en la mayoría: en Tula Hidalgo, el reportero independiente y ambientalista Abisaí Pérez Romero; José Ramiro Araujo, Ensenada, Baja California; Gerardo Torres Rentería, ultimado a balazos en su domicilio de Acapulco, Guerrero; igual que Marco Aurelio Ramírez, en Puebla; Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en Nayarit, lo embolsaron y le dejaron un mensaje; Nelson Matus Peña también fue baleado en Acapulco.

El Décimo Índice de paz México 2023, que realiza el grupo independiente del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), subraya que la violencia contra las fuerzas de seguridad, periodistas y activistas sociales en México ha ido en aumento en los últimos años.

Una de las principales causas, señala el estudio, es por la rivalidad entre los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que sostienen desde hace años y que se ha acentuado en este régimen por la equivocada estrategia en seguridad y la posible connivencia de criminales con servidores públicos de diferentes niveles.

El informe indica que, en 2021, fueron ejecutados 401 policías; en 2022 asesinaron a 403, siendo Zacatecas el estado más mortífero para la policía y en 2023, 412, con un total de mil 226.

Respecto a activistas, principalmente defensores de derechos humanos, en 2021 mataron a 54 luchadores sociales; en 2022, fueron 31; y en 2023, murieron 13; llegando el número de víctimas a 98; mientras que, en ese mismo lapso, entre 2021 y 2023, un total de 86 comunicadores fueron muertos:

Esos números son los más altos que se han registrado en el país y representa casi el 20 % del total mundial, además, un estudio de 2022 determinó que ha habido un número creciente de activistas ambientales asesinados en México durante la última década.

El informe indica que, en 2022, la tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado, con 167 delitos por cada 100 mil habitantes, causado por aumentos en la extorsión (pago de piso) y delitos de narcomenudeo, que aumentaron 14.9 y 14.1%, respectivamente.

La actividad de la delincuencia organizada sigue siendo el principal impulsor de los homicidios y la violencia con armas de fuego en México; estimaciones recientes respecto a la proporción de homicidios asociados con la delincuencia organizada han oscilado entre 68 y 80%, frente al 44 por ciento en 2015.

Ello significa que, en los últimos ocho años, el número anual de homicidios relacionados con la delincuencia organizada aumentó de 8 mil a más de 23 mil 500, mientras que el número no relacionado con la delincuencia organizada se mantuvo prácticamente igual, revela el informe.

En el año de 2023. la ola de violencia contra los periodistas empezó desde el primer mes del año, con el caso de la periodista independiente Yolanda Caballero, cuyo vehículo fue incendiado en Tijuana, Baja California.

Ya en este año, los periodistas que han sido amenazados desde enero son: Pedro Tonantzin de Taxco, Guerrero; Gabriel Sánchez, en Simojovel, Chiapas; José Cruz Pérez Rucobo, Ciudad Juárez, Chihuahua; Azucena Uresti, Ciudad de México; y María Luisa, en Jalisco.

El último caso que confirma el objetivo de acabar con periodistas que resultan incómodos es el de Andrés Salas, periodista y director del portal Noticias Cuautla, especializado en coberturas policiales y políticas en Cuautla, Morelos; durante el atentado, su chofer murió y su hermano está grave.

Andrés Salas se salvó milagrosamente, porque momentos antes del ataque, en la colonia Gabriel Tepepa, había bajado del vehículo, situación de la que no se percataron los asesinos, cuatro sujetos que tripulaban dos motocicletas, los cuales balearon la camioneta directamente contra el conductor y el copiloto.

La agresión se dio la noche del lunes 12 de este febrero, poco después de que Salas cubriera una misa organizada por Raúl Tadeo Nava, exalcalde y candidato a la Presidencia Municipal de Cuautla, quien convocó dicho evento con el fin de promover un mensaje de paz en medio de las campañas políticas.

Pero la violencia no se centra exclusivamente contra comunicadores, sino también contra activistas y policías.

El jueves 8 de este mes, Angelita Meraz León, presidenta de la Unión y Fuerza por “Nuestros Desaparecidos”, en Tecate, Baja California, fue asesinada en su salón de belleza hasta donde se introdujeron los asesinos y la mataron.

En Iguala, Guerrero, fue ejecutado a balazos el exfiscal de Asuntos Especiales en Recuperación de Vehículos y un abogado que lo acompañaba; el ataque ocurrió en la salida de la carretera que va a Taxco. El conductor del vehículo fue identificado como Julio César «N», originario de Zihuatanejo y quien había sido despedido de la Fiscalía.

José Agustín Maldonado, exsubsecretario de tránsito en el trienio 2018-2021, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron a 500 metros del cuartel de la Guardia Nacional. De acuerdo con el reporte de la policía, el ataque fue a la entrada del fraccionamiento Virreyes.

Esas y muchas otras ejecuciones que se han dado durante el presente régimen revelan esa línea de las organizaciones criminales de acabar tanto con sus perseguidores, como con quienes defienden los derechos humanos y también con los que se encargan de difundir sus atrocidades.

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