InicioPortadaNacionalMÉXICO, DONDE LA VIOLENCIA SE APODERÓ DE LOS JÓVENES

MÉXICO, DONDE LA VIOLENCIA SE APODERÓ DE LOS JÓVENES

*Delitos de alto impacto en los que inciden: homicidio, violación, robo, narcomenudeo    

*Factores de riesgo: carencias, maltrato familiar e inseguridad, ausencia gubernamental

*De 100 mil desaparecidos, 43% corresponde a hombres y mujeres de entre 15 y 29 años

*Tres de cada 10 asesinatos son en contra de jóvenes de entre 15 y 30 años

José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México. – Cada año ocurren más de 350 mil delitos en los que está involucrados, como víctimas o victimarios, menores de edad; con un registro de más de 14 mil homicidios y más de un centenar de feminicidios; a escala nacional hay más de 3 mil 500 adolescentes en conflicto con la ley y alrededor de 250 mil se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales.

En México, una buena parte de la violencia criminal es ejecutada o recibida por jóvenes; bajo esa perspectiva, la principal causa de muerte de personas de 15 a 35 años, son las agresiones y homicidios y más de 66 mil, entre 18 y 29 años, se encuentran en prisión, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

En opinión de Emilio Daniel Cunjama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en nuestro país cada vez más los jóvenes tienen vinculada su vida a la violencia, ya sea como víctimas o como victimarios.

Conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sistematizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de 2021 a 2022 los delitos contra personas de 0 a 17 años pasaron de 27 mil 801 a 33 mil 221, es decir tuvieron un incremento de 19.50 por ciento.

En ese mismo periodo, el delito de lesiones contra ese grupo de edad aumentó 27.5%; la corrupción de menores 25.5%; trata de personas 14.7%, extorsión 14.5 y homicidio 4.1 por ciento.

Al analizarse las estadísticas de 2022, destacan los 2 mil 411 casos de corrupción de menores observados en el país, pues representan el máximo histórico en un año desde el 2025, es decir desde que se cuenta con un registro de esa índole.

Asimismo, sobresalen los 285 casos de extorsión a niñas, niños y adolescentes registrados en el país durante 2022, pues representan el máximo histórico observado en un año.

Eso mismo ocurre con las 17 mil 534 lesiones de niñas, niños y adolescentes que sufrieron a manos de personas mayores y en gran parte, de los mismos jóvenes que se convirtieron en agresores, así como los 429 casos de trata de niñas, niños y adolescentes que en mayoría son utilizados para el comercio carnal…

Las estadísticas revelan que en 2022 se reportaron 95 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años y en el mismo año, mil 111 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso en el país, de las cuales 814, de entre 0 y 17 años, murieron por homicidio con arma de fuego.

Las entidades donde se registró el mayor número de delitos contra personas de ese rango de edad, son el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México, de acuerdo al INEGI.

En el caso de feminicidios, fueron el Estado de México, Veracruz y Nuevo León fue donde ocurrieron más crímenes de esa naturaleza, mientras que en Guanajuato, Michoacán y Zacatecas fue donde hubo más homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes, lo que revela que tres de cada 10 asesinatos son contra jóvenes de entre 15 y 29 años.

En 2021, según el INEGI, la principal causa de muerte entre las personas de los grupos de 15 a 24 años y 25 a 35 años, fueron las agresiones y homicidios con 7 mil 237 y 10 mil 355 casos respectivamente.

Por otra parte, según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de los más de 100 mil registros de 1990 a 2021, en el 40% se trató de hombres y mujeres de entre 15 y 29 años.

Por lo que corresponde al perfil de las personas en esa situación, el 24.1% tiene hijos; el 58.2% no estaba estudiando antes de su detención y de ellos, 26% no lo hacía porque tenía que trabajar.

Las cifras precisan que de las mujeres adolescentes que se encontraban en el sistema penitenciario, el 43.2% estuvo embarazada alguna vez en su vida y 23.2% tuvo al menos un aborto, en tanto que el 23.6% tenía dependientes económicos cuando fue detenida.

Referente a la vulnerabilidad que enfrentan surgen indicadores como el que señala que el 83.5% dijo que alguno de sus padres o adultos con los que creció, consumía alcohol frecuentemente, mientras que 31.8% tuvo un padre o tutor en reclusión en un centro penitenciario y que 33.8% de esos adolescentes abandonó su hogar al menos una vez.

Si se miran los números por región, destaca que, mientras en la mayor parte del país la primera conducta delictiva es el robo, en las demás son los delitos sexuales, principalmente en entidades del sureste del país.

Sarahí García Martínez, directora para México de Justicia Juvenil Internacional (JJI) explica que la violencia ejercida por los jóvenes y que se traduce en la comisión de delitos, se debe a múltiples factores, por ejemplo, ambientes inseguros en su niñez, ausencia de los padres, el incremento de la inseguridad y carencias desde muy temprana edad que se exacerban en la adolescencia.

Precisa que se percibe un incremento en la violencia en los jóvenes, particularmente en las escuelas, que se materializan en acoso escolar, sexual, violencia entre pares y conductas ilícitas relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas.

Enfatizó que la atención a este fenómeno implica un proceso, entender el contexto en el que viven y diseñar estrategias de intervención alejadas de una visión de castigo y más cercanas a ver a esas personas como merecedoras de una segunda oportunidad y a quienes se pueden rescatar de una reincidencia, pues se trata de sujetos en desarrollo.

Hizo énfasis en que lo que falta es presupuesto, “esta administración es muy escasa, cuando hay jóvenes sujetos a procesos en libertad asistida y aunque tienen la obligación de presentarse regularmente, ante la autoridad, en muchos casos no van porque ni siquiea tienen para el transporte.

Un detalle que llama la atención, subraya, en que generalmente los jóvenes en conflicto con la ley no reúnen los requisitos para ser beneficiados con alguno de los programas de becas del gobierno federal.

 Además de que hay casos en que menores se metieron a grupos del crimen organizado por los ingresos que obtenían de ello, con lo cual pueden contribuir al ingreso familiar. Cuando son detenidos y procesados en el sistema y salen, sus necesidades de conseguir dinero se mantienen y el monto de una beca es menor a lo que lamentablemente el crimen organizado les ofrece.

Bajo esa perspectiva, se estima que cada año ingresan a las filas del crimen organizado entre 30 y 40 mil menores de edad al año.

Por otra parte, la información estadística penitenciaria nacional muestra que, a febrero de 2023, había 66 mil 155 jóvenes entre 18 y 29 años en las cárceles del país, que representan 28.67 por ciento. Si se consideran a las personas entre 18 y 34 años, la cifra se incrementa a 108 mil 483 y representa 47.01 por ciento.

Y a todo ello, persiste otra amenaza aún más grave denunciada por organizaciones sociales como la REDIM, en la que alertan sobre el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.

Un estudio realizado por esa organización y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) en 2021, refiere que existen entre 15o mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos criminales en México.

Ese fenómeno se da debido a los múltiples factores de riesgo y desigualdades que enfrentan, como la violencia y la falta de acceso a derechos, entre otros más, que los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las asociaciones delictivas.

La directora de REDIM, Tania Ramírez, señasla que han estado documentando y denunciando esas violaciones a los derechos humanos y sobre todo, cuáles son las condiciones socioeconómicas desfavorables, como la marginación, la desigualdad, así como la falta de acceso efectivo a derechos que orillan a niños, niñas y adolescentes a unirse a grupos delictivos que se aprovechan para reclutarles e integrarles en actividades delictivas.

Marina Flores Camargo, directora del área de Monitoreo y Evaluación de la organización Reinserta, plantea que para las instituciones del Estado es difícil reconocer que buena parte de la población de los jóvenes que se encuentran recluidos en los centros de internamiento, están vinculados con la delincuencia organizada.

Al respecto Sarahí García Martínez, llamó la atención en que como no hay una tipificación jurídica de esas conductas, no es posible construir indicadores confiables en la materia; sin embargo, calculó que alrededor de 10% de los jóvenes sujetos a proceso dentro del sistema, llegaron ahí por haber sido reclutados por organizaciones criminales y es una problemática en crecimiento.

Por su parte, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, la encuesta del INEGI revela un deterioro en la juventud que es preocupante, ya que, por ejemplo, el alza en los homicidios ratifica el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos del crimen organizado y hasta el 20% de los menores reincide en esas conductas delictivas.

“Hay una ausencia absoluta del Estado para prevenir y acompañar a quienes están encarcelados o en tratamiento en libertad y en cuanto a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, ese tipo de transferencias monetarias llevan más de 30 años en México, no son de este sexenio, y no han cambiado las condiciones de pobreza y marginación de quienes los reciben. Sólo sirven para generar bases electorales”, sostuvo.

En específico, el análisis, realizado por Gestión Social y Cooperación, una organización de la sociedad civil, alerta que Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene un nivel de desempeño escaso, con bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria y avances mediocres en el cumplimiento de sus metas.

Dicha organización recomienda al Poder Legislativo no aplicar un incremento presupuestal, “se debe hacer una revisión integral de los mismos para incrementar de forma significativa su desempeño antes de pensar en incrementar su cobertura”, advirtió.

-Es una estrategia electoral, sostuvo Pérez García, no es un programa que esté pensado y evaluado para acompañar a los jóvenes, ni a los que están en riesgo, ni a los que cometieron delito ni a los que están en internación cumple con la función mediática pero la realidad muestra que precisamente los adolescentes y jóvenes son los más afectados.

“Ese escenario no es nada positivo ya que el deterioro va avanzando y habrá un escenario más crítico con el tema electoral y los crímenes vinculados a estos procesos, como ya se vio en 2018 y 2021 que fueron muy marcados”, concluyó el experto.

Un ejemplo del deterioro en que se encuentra nuestro país para auxiliar a la nilñez y juventud, es el hecho de que e lugar de protegerlos el Estado, como es su obligación, la misma gente recurre a formar un ejército de niños y niñas de 12 a 17 años para combatir al crimen organizado en Guerrero.

La policía comunitaria suma a 20 menores de edad ante la ineficacia de las autoridades para contener la ola de violencia. 36 Niños y niñas son armados en la en la comunidad de Ayahualtempa, Guerrero.

Con el rifle en mano, un grupo de 20 menores de edad se ha sumado este miércoles a las filas de las autodefensas en Ayahualtempa, en el Estado de Guerrero. La policía comunitaria de la zona, un cuerpo armado conformado hace 28 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC), tomó protesta a los nuevos miembros a pocos días de que un grupo armado secuestrara a cuatro personas de la comunidad nahua. La impactante imagen de niños de entre 12 y 17 años cargando un arma pone el foco en las autoridades, que han dejado desamparadas a múltiples comunidades asediadas por el crimen organizado.

Para los expertos, la   violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos, en la que los jóvenes carecen de planes o proyectos de vida por lo que toman como la delincuencia como alternativa para sobrevivir.

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