*Tras una revisión realizada Auditoría Superior de la Federación al Gobierno de Nuevo León
Redacción/La Opinión de México
Nuevo León. – En la revisión de la Cuenta Pública 2021 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al gobierno de Samuel García en Nuevo León, se determinaron pendientes por aclarar 20, 744,816.51 millones de pesos, señalan las auditorías 2021-A-19000-19-1279-2022 y 2021-A-19000-19-1270-2022 aplicadas a los ramos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y Distribución de las Participaciones Federales.
Respecto de los 10,276,495.2 millones de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2021 para el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, que ascendieron a 109,003.8 millones de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión el 100.0% de los recursos asignados a dicha entidad.
Durante la auditoría la ASF determinó observaciones al Gobierno del estado de Nuevo León, en el manejo de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio fiscal 2021, que generaron una cuantificación monetaria por un monto por aclarar de 11,231.1 millones de pesos, que corresponde a los pagos por conceptos no ejecutados en dos obras públicas que fueron financiadas con recursos del fondo; asimismo, se identificaron irregularidades administrativas consistentes en una factura que fue cancelada por el emisor y que posteriormente reexpedida; asimismo no cumplió con el 30.0% mínimo de inversión de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y rurales, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
La Auditoría Superior de la Federación revisó 109,003.8 millones de pesos, que representaron el 100.0% de recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2022, el Gobierno del estado de Nuevo León comprometió el 99.6% y pagó el 95.8% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2022 pagó el 98.6% de los recursos disponibles a esa fecha.
En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, el Gobierno del estado de Nuevo León infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Nuevo León y la Ley de Coordinación Fiscal, ya que se observaron pagos realizados por conceptos no ejecutados en dos obras públicas que fueron financiadas con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2021.
Asimismo, se observó un Comprobante Fiscal Digital por Internet por un monto total de 5,544.5 millones de pesos que se encontraba cancelado a la fecha de la auditoría, por no invertir recursos del fondo para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias urbanas y rurales en cuando menos el 30.0% establecido como mínimo para invertirse en dichas zonas; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 11,231.1 millones de pesos, que representó el 10.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron promovidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe.
Respecto de la evaluación de su sistema de control interno, ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control que proporcionan una seguridad razonable en el logro de sus objetivos institucionales, en la calidad de la información que generan sus operaciones y en la salvaguarda de los recursos públicos; no obstante, en el transcurso de la auditoría se detectaron algunos incumplimientos, por lo que se hace necesario que se implementen acciones correctivas encaminadas a la eliminación de las deficiencias detectadas.
De igual forma, se registraron cumplimientos de las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que el Gobierno del estado de Nuevo León entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le fueron transferidos y los difundió entre sus habitantes, la información reportada es congruente con lo reportado a la Secretaría de Bienestar.
Respecto a los objetivos del fondo, se cumplieron de forma razonable, ya que el Gobierno del estado de Nuevo León destinó el 68.6% de los recursos pagados a Infraestructura Básica del Sector Salud, el 29.3% a Urbanización, y el 0.7% a gastos indirectos, con lo que se atendieron los conceptos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. No obstante, destinó el 29.3% de los recursos del fondo en las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y Rurales, por lo que no se cumplió el 30.0% determinado como mínimo para invertirse en dichas zonas, mediante la fórmula contemplada en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
En cuanto a la auditoría 2021-A-19000-19-1270-2022 aplicada a la Distribución de las Participaciones Federales, respecto de los 9,389,642.9 millones de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al estado de Nuevo León durante el ejercicio 2021, para su distribución entre los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 9,389,642.9 millones de pesos, que significaron el 100.0% de esos recursos. Adicionalmente, se revisó la distribución y pago a los municipios de 124,080.9 millones de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), por lo que el monto total auditado fue de 9,513,723.8 millones de pesos.
El Gobierno del Estado de Nuevo León distribuyó entre los municipios de la entidad los recursos de las participaciones federales por 9,513,723.8 millones de pesos (incluidos 124,080.9 millones de pesos del FEIEF), de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. No obstante, no se dispone de normativa que regule la entrega de los anticipos del Fondo General a los municipios.
Tampoco se identificaron mecanismos de control suficientes para resguardar la documentación, soporte de los pagos realizados a los municipios, de los recursos de las participaciones federales, y los oficios en los que se reportaron a los municipios los montos que les fueron pagados presentaron insuficiencias.
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios del estado de Nuevo León por el Gobierno del Estado, el importe auditado fue de 9,389,642.9 millones de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; adicionalmente, se fiscalizaron 124,080.9 millones de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2021. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió, en general, con sus obligaciones para la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, ya que dispone de la normativa que establece los criterios para la distribución de los recursos entre los municipios.
Los pagos se efectuaron en los plazos establecidos en la normativa, así como en los montos determinados con la aplicación de las fórmulas correspondientes. La entidad fiscalizada cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia, ya que realizó todas las publicaciones correspondientes con las características y en los plazos que establece la normativa.
No obstante, se identificaron algunas insuficiencias debido a que no se dispone de normativa que regule la entrega de los anticipos del Fondo General que transfiere el Gobierno del Estado a los municipios en la primera quincena de cada mes.
Tampoco se identificaron mecanismos de control que garanticen el adecuado resguardo de la documentación soporte de los pagos realizados a los municipios de las participaciones federales, así como para que los oficios mediante los cuales, el Gobierno del Estado notifica a sus municipios el pago mensual de las participaciones federales se realicen de manera correcta.
