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Pablo Cabañas Díaz / La Opinión de México

Ayotzinapa: Impunidad y desprecio

Se empieza a quebrar el pacto de impunidad y silencio en que se encontraba el caso Ayotzinapa. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó el derecho a la verdad y la justicia. A más de seis años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa, reveló que uno de los restos óseos enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, corresponden al estudiante normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Gómez Trejo señaló que antes de dar a conocer a los medios el hallazgo, se habló con la familia para que se enteraran por las autoridades y no a través de las redes sociales. La identificación de los restos fue avalada también por el equipo de forenses argentinos que ha participado en el caso.

Fue el 26 de septiembre de 2014 cuando los 43 normalistas desaparecieron luego de haber secuestrado cinco autobuses en la Central Camionera de Iguala en los que asistirían a una manifestación a la Ciudad de México, pero a la salida del municipio hubo un enfrentamiento con distintas corporaciones y posteriormente ya no se supo más de los estudiantes.

La insensibilidad del gobierno de Peña Nieto con este caso se dio desde el inicio. El primer encuentro entre el expresidente y los deudos de los normalistas tuvo lugar el 30 de octubre de 2014. El encuentro fue a puerta cerrada en el Salón Ávila Camacho de Los Pinos. Ese día le preguntaron a Peña Nieto, por qué habían tardado tanto en llegar las autoridades a Iguala, Guerrero —en donde se perpetró el ataque en contra de los normalistas.

La reunión duró más de cinco horas no hubo respuestas. Había un ambiente de prepotencia de Peña Nieto hacia los asistentes. No hubo alimentos, agua, ninguna atención para los asistentes, salvo para Peña Nieto, Migue Ángel Osorio Chong Jesús Murillo Karam, Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia.

En los hechos eran dos reuniones la del expresidente y la de los padres de familia. Mario Patrón, quien en ese entonces era el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, mencionó que se les ofreció “todo el compromiso del Estado” para resolver el caso. Pero, Peña Nieto se quedó sin palabras cuando uno de los padres le dijo “solamente dígame, ¿en dónde está mi hijo?”.

Hubo desde esa reunión diferencias por parte del gobierno federal con los padres de familia. Peña Nieto estaba ansioso de salir en cadena nacional a informar que se había llegado a un acuerdo con los padres de los 43 desaparecidos. Mario Patrón señala que no hubo acuerdo.

Peña Nieto, Osorio Chong, y Murillo Karam firmaron junto con siete representantes de las 43 familias y tres integrantes del Comité Estudiantil de Ayotzinapa 10 acuerdos que Felipe de la Cruz Sandoval, familiar de los desaparecidos, describió como “compromisos del presidente, no un pliego petitorio de familiares”.

El expresidente buscó llegar a un acuerdo con los padres de familia, dar la idea de que había un acercamiento, y sumar personalidades políticas a un evento mediático que pusiera punto final a esa contrariedad que parecía terminaría en el olvido. Ignoraban que apenas iniciaba el problema. Peña Nieto sin sensibilidad política y sin el[PC1]  menor escrúpulo trató de comprar el sufrimiento de las víctimas. Los padres de familia le explicaron que el dolor no se negociaba, que las vidas humanas no tenían precio. Quedaba claro que lo primero era que aparecieran[PC2]  con vida sus hijos, no iban por dádivas a cambio de la vida de sus hijos.

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