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PODER JUDICIAL, NEGLIGENTE

*Violeta: El feminicidio de una niña que los Juzgados de lo Familiar en Yucatán pudieron evitar

Claudia V. Arriaga Durán/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Yucatán. – Violeta fue víctima de feminicidio a los seis años de edad. El crimen en razón de género ocurrió el 30 de mayo, en el baño de la casa en la que vivía en Gran Santa Fe en Mérida. Ese espacio era también la habitación en la que fue obligada a dormir, su cama era una toalla extendida en el piso. Además, ahí pasaba todas las horas del día. No iba a la escuela. Los autores fueron su padre biológico Luis Alberto N. y su pareja, Estefanía N.

Era poco común que la dejarán salir al exterior. No veía la luz del sol. Mucho menos le permitían convivir con los otros tres menores que vivían en la casa, hijos de Estefanía.

Aunque tenía seis años, la apariencia de la pequeña parecía de alguien mucho menor. Tenía la estatura de una niña de tres años y presentaba un cuadro de desnutrición severa. La representación legal de la madre de la menor calificó estos actos a los que la sometieron como tortura.

De la causa de la muerte, el Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que fue traumatismo craneoencefálico.

AL PODER JUDICIAL EN YUCATÁN NO LE IMPORTAN LAS INFANCIAS

Violeta vivía con su papá Luis Alberto “N” porque su madre fue obligada a ceder la custodia con engaños de él y su exsuegra. Le prometieron que la segunda cuidaría de la menor y que podría convivir con su hija siempre. Y sí, al inicio la pequeña vivía con su abuela paterna.

Se había acordado que podría ver a su hija los lunes y martes, pero no cumplieron con esto. Motivo por el que durante dos años luchó por volver a su hija. Presentó una serie de escritos en los que informó a la jueza del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar, Rita Elvira Ortiz Noh que no le permitían ver a su hija y que podría estar en riesgo. Incluso, Luis Alberto “N” se cambió de domicilio para no ser localizado.

La mamá de Violeta junto con el licenciado en derecho Daniel Jiménez informaron a la jueza Rita Ortiz que no se cumplía el régimen de convivencia.

“Como abogados especialistas en la materia familiar cuando ya hay una negativa de una convivencia tienes la obligación de pedir un cambio de custodia porque así lo establece el Código de Familia del Estado de Yucatán”, explicó la abogada de la mamá de Violeta, Emma Robles.

En otras palabras, cuando la convivencia es impedida por parte del progenitor custodio, el juez o jueza de lo familiar tiene la obligación de cambiar esa custodia porque se están violentando los derechos de las niñas y los niños.

“El abogado Daniel y la señora presentan escritos donde dicen que tenemos sospechas de que la niña es víctima de violencia. Tenemos conocimiento porque primero no se da la convivencia. En segundo lugar, porque la niña no está yendo escuela y no la localizamos. Además, ni la abuela paterna la veía y aun así la jueza les pide acreditar fehacientemente que la niña era víctima de violencia”, comentó Emma Robles.

La abogada Emma reiteró que sí no existe convivencia y la menor es privada de derechos como la educación, es violencia. “¿Cómo vas a acreditar la violencia sí no te permiten ver a tu hija? Cuando tú (la jueza) eres la titular de impartir de prevenir y de proteger a una niña contra la violencia”, dijo con seriedad.

La madre de Violeta pasó todo el 2023 intentando volver a ver a su hija.

La respuesta de la jueza del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar, Rita Elvira Ortiz Noh fue invitar al abogado Daniel Jiménez y a la mamá de Violeta a iniciar un nuevo juicio. “Les dijo que inicien un nuevo juicio porque ella ya no tiene nada que hacer y se lavó las manos”, declaró Emma Robles.

Iniciaron un nuevo juicio en el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino a cargo de la jueza, Ana Elena Alpízar Achurra. Otra vez el asunto se queda en pausa. No avanzó.

El salario bruto mensual de las juezas y jueces encargados de impartir justicia -en el caso de Violeta responsables de salvaguardar su integridad e interés superior de la menor- es de 90 mil 419 pesos con 52 centavos, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con descuentos reciben 63 mil 974 pesos con 32 centavos.

EL FEMINICIDIO DE VIOLETA ¿QUÉ PASÓ EL 30 DE MAYO?

El 30 de mayo, día del feminicidio de Violeta, la abuela paterna contactó a la mamá de la pequeña. Le pidió que vaya a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán. No le refirió el motivo. Acudió y avisó al abogado Daniel Jiménez, quien contactó a la abogada, Emma Robles.

En un primer momento pensaron que se debía por algún trámite o que era una “trampa” para arrestarla, ya que la mamá de Violeta debía pagar pensión alimenticia.

La abogada Emma Robles y el abogado Daniel Jiménez se presentaron con la mamá de Luis Alberto “N” y el personal de la FGE. Preguntaron el motivo por el que citaron a su clienta. Desencajada la abuela paterna le gritó a la mamá de Violeta. “¡¿Quieres saber qué pasó?! ¡¿Quieres saber qué pasó?! La niña se murió por tu culpa”, recordó la abogada.

En ese momento, la madre de la pequeña entró en shock. Había pasado dos años sin ver a su hija y la primera noticia que tuvo de tras ese lapso de tiempo es que estaba muerta. Minutos después le informaron a la abogada que se trató de un feminicidio: Violeta fue asesinada.

“En la Fiscalía pensaban que la mamá (de Violeta) tenía conocimiento de lo que había pasado porque nos empiezan a hablar del trámite para entregar el cuerpo”, manifestó Emma.

La abuela paterna sólo contactó a la mamá de la menor porque pretendía que le entreguen el cuerpo de su nieta. Ya había pagado los servicios funerarios. Sin embargo, en la Fiscalía se lo negaron. Le advirtieron que únicamente a la madre de Violeta le entregarían a la pequeña y ese el motivo porque la localizó.

Tras el arresto de los autores del feminicidio de Violenta, en un acto de desesperación los abogados de Luis Alberto “N” y su pareja, Estefanía “N” promovieron amparos. Alegaban que la pareja fue incomunicada y torturada.

La primera audiencia del domingo 2 de junio se suspendió porque Estefanía se empezó a sentir mal, presentaba un embarazo de pocas semanas. Tras una revisión médica en el Hospital Agustín O’ Horan se determinó que podría seguir con la audiencia presencial.

En esa primera ocasión, ella responsabilizó a Luis Alberto “N” de la muerte de Violeta. Declaró que la golpeó un día antes.

Aunque la testigo clave del caso, una joven de 25 años, recién egresada de enfermería, que se encontraba en su casa, cuidando a Estefanía “N” de la recuperación de una cirugía estética y al hijo de 10 meses de la pareja; escuchó los golpes y los gritos de Violeta.

Ella sí intentó ayudar a la menor. La revisó y la canalizó y le pidió a la mujer que llame a una ambulancia. No accedió y en cambio, la privó de su libertad para que no pida ayuda.

Para la defensa de la mamá de Violeta, la falta de sensibilidad de las juezas y cumplimiento de sus deberes, resultó en el feminicidio de la pequeña.

“Tienen la obligación de procurar y de prevenir que le pase algo a las niñas y niños. A eso se llama interés superior de las infancias y el interés superior de la infancia está contenido en el artículo cuarto constitucional y en el tercero de la Convención de los Derechos del Niño y además en la Ley General de niñas, niños y adolescentes. Quiere decir que están obligados a tomar todas las medidas para proteger el interés superior del niño y el interés superior del niño se traduce en proteger su integridad física psicológica el proteger que tengan alimentación, que acudan a una escuela”, puntualizó la abogada.

Violeta pasó por todas las violencias: económica, física, emocional, psicológica, familiar.

El licenciado en derecho Daniel Jiménez reiteró que es importante cambiar la mentalidad de las juezas y jueces. “No son casos. No son números, son personas, seres humanos y sobretodo, pues estamos peleando por el interés superior de las infancias”, sentenció.

Por Violeta se organizó una protesta. Las omisiones desde el Poder Judicial: las y los jueces alertaron a personas que como la mamá de la pequeña son víctimas de un sistema burocrático, que puede dejar pasar meses antes de garantizar el interés superior de las niñas y los niños.

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