*Aspirantes de la 4T cargan expedientes de polémicas rumbo a la sucesión en Campeche
*La disputa interna por la candidatura de la alianza Morena-PT-PVEM para la gubernatura de Campeche en 2027 comenzó mucho antes de los tiempos constitucionales. Cuatro perfiles ligados al grupo político que actualmente controla el poder estatal levantaron la mano para encabezar la llamada Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una posición que en los hechos funciona como antesala de la candidatura al Poder Ejecutivo.
Redacción / Sol Campeche
Campeche.- Lejos de representar una renovación política, los nombres que aparecen en la contienda arrastran señalamientos, investigaciones, denuncias, controversias públicas y cuestionamientos sobre su desempeño. Los registros de Pablo Gutiérrez Lazarus, Gerardo Sánchez Sansores, Carlos Enrique Ucán Yam y Andrés Fernández del Valle colocaron nuevamente bajo la lupa el perfil de quienes pretenden convertirse en la próxima cara del oficialismo campechano.
El caso de Pablo Gutiérrez Lazarus destaca por las observaciones financieras acumuladas durante su administración al frente del Ayuntamiento de Carmen. Informes de fiscalización federales y estatales documentaron irregularidades millonarias relacionadas con el manejo de recursos públicos correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
La Auditoría Superior de la Federación identificó observaciones superiores a los 53 millones de pesos en recursos federalizados. Entre los hallazgos aparecen contratos sin evidencia documental suficiente, pagos sin soporte comprobatorio y obras públicas ejecutadas sin la documentación técnica requerida por la normatividad.
Dentro de esas observaciones figura un monto de 13.3 millones de pesos relacionado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Los señalamientos se sumaron a otras inconsistencias detectadas en la revisión de las finanzas municipales.
A nivel estatal, la Auditoría Superior del Estado reportó observaciones adicionales por 38 millones 178 mil pesos. La suma de ambos procedimientos colocó al Ayuntamiento de Carmen entre los municipios con mayores cuestionamientos financieros durante el periodo evaluado.
Las observaciones surgieron mientras el alcalde promovía una imagen de estabilidad administrativa. Sin embargo, los informes oficiales reflejaron una realidad distinta en torno a la aplicación y comprobación de recursos públicos.
A los cuestionamientos financieros se agregan denuncias relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos. Registros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche muestran la emisión de diversas recomendaciones vinculadas con actuaciones de autoridades municipales durante la administración encabezada por Gutiérrez Lazarus.
Las quejas abarcan señalamientos por detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y otros actos atribuidos a personal relacionado con la administración municipal
Las cifras también reflejan un volumen importante de inconformidades ciudadanas. Entre 2021 y 2026 se promovieron 158 quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos fundamentales cometidas por personal vinculado al Ayuntamiento de Carmen.
La administración municipal enfrentó además críticas por asuntos relacionados con bienestar animal. Una fotografía difundida por el propio alcalde provocó reacciones negativas al mostrarlo sentado sobre una tortuga silvestre de gran tamaño.
La polémica no terminó ahí. Meses después surgió una denuncia penal por presunto maltrato animal relacionada con las condiciones del Eco Parque Carmen. El señalamiento incluyó acusaciones sobre la suspensión de recursos destinados a la alimentación y atención veterinaria de especies resguardadas en el sitio.
Otro de los nombres que apareció en la contienda es Gerardo Sánchez Sansores. Su incorporación al Partido del Trabajo provocó inconformidad entre sectores de la militancia que señalaron una presunta imposición impulsada desde las dirigencias partidistas.
La figura del sobrino de la gobernadora Layda Sansores volvió a colocar sobre la mesa la influencia de los grupos familiares dentro de la política campechana. Su ascenso dentro de la estructura petista ocurrió en medio de reclamos internos y desacuerdos públicos.
Recientemente, Sánchez Sansores enfrentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado. El señalamiento surgió después de declaraciones donde reconoció haber participado en gestiones relacionadas con inversiones y acercamientos empresariales vinculados al gobierno estatal.
La acusación plantea posibles actos de tráfico de influencias debido a que dichas actividades habrían ocurrido sin ocupar formalmente un cargo dentro de la administración pública. El caso abrió una nueva controversia alrededor del operador político petista.
La denuncia alimentó cuestionamientos sobre los límites entre la actividad política, la representación institucional y la intervención de particulares en asuntos vinculados con el gobierno estatal.
Carlos Ucán Yam también forma parte de la lista de aspirantes. Su trayectoria política quedó marcada desde 2019 por declaraciones que provocaron una fuerte reacción social y política dentro y fuera de Campeche.
Durante un evento relacionado con programas federales dirigidos a jóvenes, el entonces dirigente municipal de Morena hizo referencias al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera como ejemplo de superación.
Ese mismo año enfrentó sanciones internas por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. La medida derivó en la suspensión temporal de sus derechos políticos dentro del partido.
La controversia continuó en 2020 cuando fue denunciado por violencia política en razón de género. La acusación fue presentada por la entonces secretaria general de Morena en Campeche, Patricia León López.
Aunque el exdiputado rechazó los señalamientos, instancias jurisdiccionales terminaron por confirmar la existencia de la conducta denunciada. El caso llegó hasta tribunales federales y derivó en su incorporación al padrón de personas sancionadas por violencia política en razón de género.
Posteriormente la sanción fue retirada tras el desistimiento de la denunciante. Sin embargo, el expediente permaneció como uno de los episodios más controvertidos dentro de la carrera política del hoy aspirante.
El cuarto contendiente es Andrés Fernández del Valle Laisequilla, actual diputado local del Partido Verde Ecologista de México. Su trayectoria política se desarrolló principalmente fuera de Campeche antes de convertirse en uno de los principales operadores del PVEM en la entidad.
Su llegada al Congreso local ocurrió mediante la lista de representación proporcional de su partido. Desde entonces, su desempeño legislativo ha sido objeto de observaciones debido al bajo número de iniciativas presentadas durante su periodo como diputado.
En octubre de 2025 protagonizó uno de los episodios más difundidos en redes sociales dentro de la política regional. Un video mostró al legislador junto al entonces dirigente del PVEM en Yucatán durante una reunión donde ambos aparecieron en aparente estado inconveniente.
