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PROCESO, CAMPAÑAS Y JORNADAS ELECTORALES SANGRIENTAS

 

Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México

*Nada detiene la violencia electoral nunca antes vista en nuestro país

Ciudad de México.- Con la ejecución de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, asesinada en pleno día el miércoles 26 durante un acto de su campaña, suman ya 88 políticos asesinados desde que inició el proceso electoral, en septiembre de 2020.

El artero crimen de la candidata de MC, en el estado donde mayor número de homicidios dolosos se han registrado durante el presente régimen, ocurrió al filo de las 14 horas en un mitin de campaña en la calle Pedro Guzmán y Circuito Moroleón, colonia La Manguita, donde también resultaron heridos un hombre adulto y una niña que tuvieron que ser hospitalizados por heridas de bala.

El asesinato de Barragán Santiago ocurre días después de que MC acusara agresiones contra sus candidatos en el occidente del país y a sólo dos semanas del crimen de Abel Murrieta Gutiérrez, también candidato de MC a la alcaldía de Cajeme, Sonora.

Anteriormente, en reiteradas ocasiones, MC denunció agresiones y actos de intimidación en contra de sus candidatos, incluso el pasado fin de semana alertó acerca de que en los estados del occidente se vivía un clima de mayor violencia.

Ese mismo día, fue secuestrado el candidato del Partido Verde Ecologista a la Presidencia Municipal de Uruapan, Michoacán, Omar Plancarte Hernández, Fue subido por la fuerza a un vehículo Jetta color gris cuando salía de una de sus propiedades en el municipio de Villa Jiménez. Se desconoce su paradero.

De acuerdo con Etellekt Consultores, de los 88 políticos asesinados en el proceso electoral de 2021, 34 correspondieron a aspirantes y candidatos a puestos de elección popular.

De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal (alcaldías, regidurías y sindicaturas) y de ellos el 89% eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban gobernar o representar.

Otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban por diputaciones estatales, todos opositores a los gobiernos estatales, en tanto que una víctima restante era un aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal.

Los tres candidatos asesinados en mayo, pertenecían a Movimiento Ciudadano. El 14 de mayo fue asesinado Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme y ex procurador de Justicia del Estado de Sonora y el 22 de mayo se localizó el cuerpo de Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en el municipio de Landa de Matamoros, Querétaro.

En materia de género, Etellekt Consultores menciona que de las 88 personas políticas asesinadas, 14 eran mujeres y de los 34 aspirantes y candidatos asesinados, siete también eran mujeres.

Los 34 asesinatos de aspirantes se registraron en 16 de las 32 entidades, y en 32 municipios del país. Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal, concentran 39 de las 88 personas políticas asesinadas en todo el país (44% del total).

De los 88 políticos asesinados, 90% eran personajes del ámbito municipal de gobierno: alcaldes, regidores, síndicos, militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales y aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas; el 8% eran políticos del ámbito estatal y sólo el 2%, personas políticas del ámbito federal.

La consultora resalta que la violencia política no sólo es un atentado a la democracia, sino que “compromete la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios.

Ello significa que a mediano plazo podrían traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes, como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos.

El domingo 6 de junio se elegirán 21 mil 368 funcionarios públicos. Se disputan 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 926 Alcaldías y mil 063 diputados de 30 congresos estatales.

Etellekt considera que tras la jornada electoral, la autoridad estará obligada a investigar a quiénes se beneficiaron electoralmente de esta violencia, así como esclarecer los móviles y la autoría material e intelectual de estos atentados.

Conforme a estadísticas de Etellekt, entre el 20 de septiembre de 2020 (inicio del proceso electoral) hasta el 30 de abril, se reportaban 476 agresiones en contra de políticos y candidatos con 433 víctimas, 79 de ellas mortales y los eatados mayormente afectados resultaron Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.

En contraposición, cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señalan que en el mismo lapso recibieron 398 denuncias por algún tipo de agresión contra candidatos y sólo 148 de esos casos derivaron en carpetas de investigación.

De los 398 casos, 13 corresponden a homicidios, 11 a privación temporal de la libertad, 101 a algún tipo de agresión, 187 a amenazas, 44 a hechos sin confirmación de riesgo y 42 a otros no precisados. El 53.7% de los casos se concentra en siete estados: Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Sin embargo, para la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Guanajuato no figura en esas estadísticas oficiales

Antes, el viernes 14, el Partido Encuentro Solidario (PES), denunció en Veracruz que Joel Méndez López, candidato a la Alcaldía de Tezonapa, fue víctima de un intento de privación de la libertad mientras realizaba un recorrido.

Dentro de ese clima de violencia, también en Veracruz, fue arrestado Jaime Rosales Vázquez, aspirante del PRI, por portar sin autorización armas y equipo de radiocomunicación.

En el municipio de Cuitláhuac, varios sujetos irrumpieron en la casa de campaña de José Said Castillo Blanco, candidato del partido Podemos y dispararon a discreción. En el ataque resultó herido Hugo Gutiérrez Porras, encargado de prensa del candidato, quien se halla grave.

Viridiana Suárez, esposa de Óscar Rosas González, candidato a la Alcaldía de Carmen, Campeche, fue atacada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en el fraccionamiento Santa Rita, mientras realizaba un recorrido por la localidad. La mujer resultó ilesa.

En el estado de Guerrero, alumnos de la Escuela Normal de Ayoztinapa vandalizaron la casa de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, donde realizaron pintas, destrozaron ventanales y prendieron fuego afuera del inmueble.

Durante el actual proceso electoral para renovar la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso local de Zacatecas, han renunciado 660 aspirantes a puestos de elección popular a sus candidaturas y los partidos políticos que los postularon tuvieron que sustituirlos.

Según información del Instituto Electoral de Zacatecas, el número de dimisiones, prácticamente de todos los partidos, cuyas causas no han sido especificadas, es de 47 abanderados a diputaciones, 59 a alcaldes, 69 a síndicos y 485 a regidores.

Sin embargo se presume que un número importante, lo hizo por las condiciones de violencia e inseguridad que prevalecen en algunas regiones del estado, donde no pueden hacer campaña libremente o bien fueron amenazados.

En el municipio de Chicomuselo, Chiapas, los pobladores retuvieron a Límbano Miguel López, candidato del Partido Encuentro Social a la Presidencia Municipal. Junto con él fueron también retenidos integrantes de su equipo de campaña, quienes enviaron un video a los medios de comunicación para informar que no podían salir de la comunidad, “porque las dos trancas están cerradas con candados y cadenas”.
Carlos Ramírez Aguilar, candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, fue abucheado por futbolistas, acusándolo de exigir firmas para que sufraguen por él y a cambio les construiría un estadio.

En un basurero del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, fue encontrado muerto José Alfredo Gaspar Gutiérrez, ex precandidato a la alcaldía de Misantla, Veracruz. Desapareció el 13 de mayo en Arroyo Hondo, Misantla, por lo cual Ia Comisión Estatal de Búsqueda abrió el expediente 21/ SB0820U-21ZN.

El martes 18, la dirigencia nacional de MC denunció que un grupo armado privó de su libertad a Milton Martínez, coordinador de campaña en Bahía de Banderas, Nayarit, de Ignacio Flores Medina, candidato a gobernador.

Horas antes, un grupo armado atacó la camioneta en la que viajaba el candidato del PES a regidor en San Martín Chalchicuautla, en San Luis Potosí, Amadeo Ramírez, quien recibió 4 impactos de bala.

El miércoles 19, fue víctima de un atentado a balazos Hugo Jairo Hernández, candidato del PRI a presidente municipal de Mariscala de Juárez, Oaxaca. El político resultó ileaso pero su hija recibió un disparo en el abdomen.

En una ranchería del Municipio de Pahuatlán, Puebla, tres integrantes de distintas campañas independientes y de MC fueron asesinados por diferencias electorales, por lo que habitantes de la región acordaron que el 6 de junio no permitirán las votaciones.

En Jalisco, luego de ser amenazado con una cabeza de cerdo, Pedro Kumamoto, candidato de Futuro a la alcaldía de Zapopan, rechazó contar con escoltas. En Veracruz, la casa de campaña del candidato de «Podemos» a la alcaldía de Colipa, Francisco González Villa, fue atacada a balazos, de acuerdo con reportes policiacos.

Ante esa ola de violencia, el viernes 21 la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió a decir que algunos de los candidatos que fueron asesinados durante este proceso electoral no se acercaron a pedir protección, por lo que la dependencia ni siquiera tuvo conocimiento de que estuvieran en riesgo.

Aunque eso sí, la funcionaria instó a los aspirantes a cargos públicos a que le hagan llegar sus peticiones “para conocer qué es lo que enfrentan”.

El lunes 17, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Valle de Bravo, en el Estado de México, Zudikey Rodríguez, fue privada de la libertad tras un mitin en la cascada Velo de Novia y amenazada por presuntos integrantes de La Familia Michoacana para abandonar su campaña.

Fue hasta el jueves 20 cuando reapareció en un video, mientras que el PRI mexiquense daba a conocer que había presentado ya su denuncia ante la Fiscalía estatal y el miércoles 26, Zudikey reinició públicamente su campaña:

“Desde el primer día aquí estamos, de pie, luchando, nada nos va a detener, ninguna intimidación, absolutamente nada. Nosotros sí tenemos cara para mirar a la gente a los ojos y decirle: estamos jugando limpio”, expresó mediante un comunicado de campaña.

Por otra parte, la candidata a diputada local por el PES, por el Distrito 04 con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, Julieta Castillo, denunció que fue amenazada para obligarla a abandonar su candidatura a través de un bulto —que resultó ser un maniquí —y una cartulina en la que le exigían desistir de su candidatura o de lo contrario habría consecuencias.

Habitantes de la comunidad de Canaán en el municipio de Cintalapa, Chiapas, retuvieron a la candidata del partido Chiapas Unido, Alejandra Aranda Nieto, esposa del actual alcalde de Cintalapa, Francisco Nava, y 15 personas más, entre ellas a un menor por quienes exigieron 2 millones de pesos.

Uno de los últimos casos fue el de José Alberto Alonso, candidato a la alcaldía de Acapulco, Guerrero, agredido cerca del Centro de Convenciones de Acapulco cuando se trasladaba en su vehículo. Fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica.

Ese es el sombrío panorama que deja al descubierto el poder que ejerce el crimen organizado o grupos de poder en todo el país, para suspender actos públicos, renunciar a candidaturas, atacar vehículos o casas de campaña, asesinar, agredir, balear, impedir mítines y prohibir o destruir propaganda.

Y mientras, la violencia no cesa.

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