InicioPortadaQuintana RooQUINTANA ROO: FALLA "LEGALIZACIÓN" DE ESTAFA

QUINTANA ROO: FALLA «LEGALIZACIÓN» DE ESTAFA

*Con un argumento ridículo Erik Borges intentó, de manera “fast track” la forma de como desviar el dinero de la obra pública

*No pasó ni un mes para ponerle la primera rayita al tigre evidenciando su “cambio verdadero” y propuesta ilegal de cobro del 1% a constructoras que liciten sus obras

*Aconsejado por su director de Obras Públicas y esbirro de Sofía Alcocer Alcocer, expresidenta municipal, Jesús Huchim Ucan, intentó marear a los regidores

Redacción/Sol Quintana Roo

José María Morelos.- Fallido intento por sorprender a los regidores con su primer “fast track” de su administración (2021-2024) intentó el títere de Pedro Pérez Díaz, el tristemente célebre Erik Borges Yam.

El presidente municipal de José María Morelos protagonizó, aconsejado por su director de Obras Públicas y esbirro de Sofía Alcocer Alcocer, expresidenta municipal, Jesús Huchim Ucan, marear a los regidores.

No pasó ni un mes para ponerle la primera rayita al tigre quedando evidenciado su “cambio verdadero” y su propuesta ilegal de cobro del 1% a constructoras que liciten sus obras del cuatro trimestre por un orden de inversión encima de los 15 millones de pesos.

Sol Quintana Roo reveló el historial de su constructor “preferido” de Sofía Alcocer y que ahora, exitosamente se logró incrustar y ocupa uno de los cargos privilegiados de la administración de Erik Borges Yam, el arquitecto Jesús Huchim Ucan, nombrado como director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente favorecido del 2019 al 2021 con más de 10 obras y la equivalencia de 9.5 millones de pesos.

Erik Borges Yam, alcalde de extracción morenista dejó a un lado los principios básicos del partido guinda de no robar, no mentir y no traicionar, al someter inesperadamente a votación de sus regidores afines y opositores, una propuesta ilegal para cobrarle a los constructores el 1% del equivalente por cada obra que se ejecute, pero su Cabildo, al analizar la incongruencia y la violación flagrante de leyes, no lo respaldó.

En lo sucesivo el alcalde guinda viola flagrantemente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en el estado de Quintana Roo que establece en sus disposiciones generales del Procedimiento, Contratación y Ejecución de la Obra, dispuesto en el artículo 22, que establece tres procedimientos de adjudicación, Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación directa.

Teniendo en claro que en los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal, sobre metodología y normalización, forma y tiempo de pago, penas, convencionales, anticipos y garantías, debiendo las instancias convocantes proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

La ley clara y precisa no permite en su procedimiento de licitación y contrato, el condicionar por algún interés particular o del Cabildo, aplicar un “impuesto” como obligatoriedad a las constructoras participantes.

Esto desenmascara la grave manera de actuar intentando vender una idea a la gente de que su pueblo es primero, viéndoles la cara a merced de una migaja mientras que la negociación más fuerte se mueve debajo de la mesa con contratistas a su antojo y bajo su criterio.

En la misma sesión del 5 de octubre, el primer regidor Santiago Martín Angulo, opinó que el 1% de devolución al Ayuntamiento para “asistencia social” era poco, y que era preferible analizarlo de nuevo y negociar un porcentaje mayor de hasta el 25%, sin necesidad de que existan pactos en lo obscuro a favor de una sola persona, en sentido liberal de Erik Borges Yam.

En el cuarto trimestre del 2021, Erik Borges Yam y su Cabildo han dispuesto utilizar una bolsa de 15 millones 986 mil 221 pesos del Fondo Para la Infraestructura Social Municipal (FISM) tejiendo el posible cobro equivalente al 25 por ciento por debajo de la mesa al no resultar su propuesta ilegal de otorgarle al pueblo una migaja.

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