REGISTRA ASF SUBEJERCICIO POR 2,863,245.0 MDP

*Durante su gestión como secretario de Seguridad, registró un Subejercicio de 2,863,245.0 millones de pesos

Redacción/La Opinión de México

Ciudad de México. – Durante su gestión como secretario de Seguridad, Genaro García Luna registró un Subejercicio de 2,863,245.0 millones de pesos, señala la Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 07-0-36D00-07-0227 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2007.

En el periodo considerado, los recursos federales asignados a la función Seguridad Pública pasaron de 12,239.5 millones de pesos a 22,964.9 millones de pesos, con lo que su participación en el gasto neto total del sector público presupuestario se elevó de 0.6% a 0.9%, según se muestra en el cuadro siguiente:

1. Gasto neto total del Sector Público Presupuestario 2,498,977.8 millones de pesos.
2. Total de recursos destinados a Seguridad Pública 22,964.9 millones de pesos.
3. Secretaría de Seguridad Pública 17,557.8 millones de pesos.
4. Aportaciones Federales al FASP 5,000.0 millones de pesos.
5. Defensa Nacional 232.6 millones de pesos.
6. Gobernación 174.5 millones de pesos.
7. Formación y Profesionalización 188,804.3 millones de pesos.
8. Equipamiento para la Seguridad Pública 346,973.2 millones de pesos.
9. Red Nacional de Telecomunicaciones 523,167.5 millones de pesos.
10. Sistema Nacional de Información 126,117.1 millones de pesos.
11. Registro Público Vehicular 53,206.1 millones de pesos.
12. Infraestructura para la Seguridad Pública 404,255.9 millones de pesos.
13. Instancias de Coordinación 582,408.5 millones de pesos.
14. Combate al Narcomenudeo 544,375.4 millones de pesos.
15. Operativos Conjuntos 8,866.1 millones de pesos.
16. Participación de la Comunidad 42,738.4 millones de pesos.
17. Seguimiento y Evaluación 42,332.5 millones de pesos.

Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron fueron, en orden de importancia absoluta: Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de Telecomunicaciones, Infraestructura para la Seguridad Pública y Equipamiento para Seguridad Pública.

Además, en el transcurso del año se reasignaron recursos por 156,771.2 millones de pesos entre los diferentes ejes estratégicos, como se muestra en el cuadro siguiente.

Es de destacarse que en el eje Equipamiento para la Seguridad Pública, el cual registró un importante subejercicio, también obtuvo una ampliación presupuestaria por 83,326.6 millones de pesos; igual circunstancia ocurrió en los ejes Combate al Narcomenudeo y Registro Público Vehicular, en donde su ampliación presupuestaria fue de 63,950.6 y 9,183.5 millones de pesos, respectivamente. La mayoría de los ejes que experimentaron reducciones presupuestarias también observaron importantes niveles de subejercicio, lo que señala la deficiente programación y presupuestación que se tuvo en todas las entidades federativas del país, ya que, sin excepción, todas registraron subejercicio.

Entre las principales causas que expresaron las entidades federativas sobre la no utilización total de los recursos FOSEG 2007, se encuentran las siguientes: La autorización tardía de los anexos técnicos de los Convenios de Coordinación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los procedimientos de compra o adjudicación por parte de las unidades administrativas responsables de algunas entidades federativas, son lentos ya que en ocasiones implican hasta cuatro meses.

El retraso en la revisión y validación de los expedientes para trámite de pago por parte de la Contraloría del Ejecutivo Estatal y posteriormente de la Secretaría de Finanzas. ¾ Los recursos se reciben de manera calendarizada en un lapso de 10 meses, por lo que la adquisición de bienes y servicios se realiza con los recursos disponibles, y en algunos casos al vencimiento de los servicios preventivos que se contratan.

Si bien lo anterior es correcto, es de hacerse notar que desde el año 2005 cuando se empiezan a otorgar los recursos FASP por 5,000.0 millones de pesos, casi todas las entidades federativas registraron subejercicio, dada esta última situación, independientemente de la validez de sus argumentos, éstas tuvieron a su disponibilidad los recursos financieros suficientes para enfrentar una programación-presupuestación más eficiente, y que les permitiera registrar un avance más significativo en el cumplimiento de sus metas, al menos a partir de 2006.

En el total de recursos presupuestarios destinados a la Seguridad Pública por las entidades federativas, los provenientes del FOSEG representaron en promedio el 6.0%; los recursos FOSEG complementan los recursos que las entidades federativas destinan al combate de la delincuencia, siendo los estados de Morelos, Campeche, Nayarit, Tlaxcala e Hidalgo los que presentan una mayor dependencia de esos recursos (en promedio 20.5% del total), en tanto que Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua y Oaxaca, los recursos FOSEG apenas representaron en promedio el 4.3%. De los cuatro ejes estratégicos seleccionados en esta auditoría, las entidades federativas que mayores montos destinaron a ellos fueron Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, siendo estas mismas las que mostraron los mayores montos de subejercicio en esos ejes.

El monto total que en 2007 se destinó a este eje en 32 entidades federativas ascendió a 623,256.5 millones de pesos, de los cuales al cierre del año se habían ejercido 434,452.2 millones de pesos y, por tanto, quedaban pendientes de aplicar 188,804.3 millones de pesos, es decir, se registró un subejercicio de 30.3% del total.

Respecto de sus índices delincuenciales, al clasificar a las entidades federativas en forma descendente, de acuerdo con su tasa de crecimiento promedio del índice delictivo 2005-2007 (TCPID), se tiene que, en términos de monto total del eje, las entidades con menor TCPID destinaron los mayores recursos, 319,097.3 millones de pesos, 51.2% de ese total.

Si se relaciona la TCPID con el porcentaje de subejercicio que registró cada una de las entidades resulta que de los 9 estados con los niveles más altos en esa tasa, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes y Michoacán, mostraron subejercicios de entre casi 62.0% y cerca de 84.0%; en tanto que de las 8 entidades con niveles intermedios de TCPID, cercanos a la media nacional de 5.8%, Zacatecas, Nuevo León y Durango registraron subejercicios que fueron desde un poco menos de 87.0% hasta 100.0%; y las 15 entidades con menores niveles delictivos, Querétaro, Tamaulipas y Chiapas, consignaron subejercicios de entre 72.6% y 99.0%.

Con fines comparativos, se cruzó la información de recursos ejercidos en este eje con la suma de elementos evaluados y/o capacitados, para estimar el costo promedio por persona, y se encontró una fuerte disparidad, ya que en las entidades con mayor tasa delictiva, los 114,202.8 millones de pesos ejercidos divididos entre los 35,926 elementos evaluados o capacitados, dieron un costo promedio de 3.2 millones de pesos por elemento; en tanto que, en las entidades intermedias, dicho costo fue de 5.7 millones de pesos (75,110.3 millones de pesos ejercidos entre 13,137 policías evaluados o capacitados); y en las entidades con menor TCPID, el costo fue de 3.3 millones de pesos (245,139.1 millones de pesos entre 73,930 elementos).

Para el caso del Distrito Federal en donde sólo se aplicó la evaluación toxicológica el costo promedio ascendió a 1,303.6 pesos por policía. De los elementos indicados se desprende que no existe congruencia presupuestaria ni programática entre lo que se solicita de recursos para este eje con el indicador más relevante, y, por tanto, las acciones que se desarrollan no forman parte de una estrategia de combate de la delincuencia que sea coherente en sus principales componentes.

En los últimos años sólo se ha destinado a la Seguridad Pública menos del 1.0% de los recursos públicos federales. Si la comparación se hace con el total de impuestos que pagaron los contribuyentes en 2007, se tiene que la participación de estas erogaciones llegó al 2.3%, lo que significa que se canalizan a la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio una mínima parte de lo que pagan como impuestos.

Ello deja en claro que es insuficiente el monto de los recursos ejercidos en el combate a la delincuencia, a pesar de que entre 2005 y 2007 se registró un incremento considerable. Por otra parte, a nivel de las entidades federativas la gran mayoría del financiamiento de esta función proviene fundamentalmente de sus recursos propios y es posible afirmar que el monto de éstos, como proporción de sus presupuestos totales, sí guarda en general una cierta relación con la evolución de la incidencia delictiva, ya que, a mayor proporción en los presupuestos estatales del gasto en esta función, es menor el ritmo de crecimiento de la delincuencia y viceversa.

Con información de 30 entidades federativas, Baja California Sur no la proporcionó, se da cuenta de que en 2007 tales entidades destinaron un presupuesto de 42,616,382.7 millones de pesos a la función de seguridad pública y procuración de justicia, lo que representó en promedio el 5.2% de sus presupuestos totales, en tanto que el Distrito Federal (D.F.), por su parte erogó en esta función 19,404,568.9 millones de pesos que significaron 18.4% de su presupuesto total. De esas 31 entidades, 13 superaron el promedio de 5.2%, de las que D.F., Chihuahua y Baja California mostraron un comportamiento atípico, ya que aumentó el índice delictivo aun con una participación de recursos en la seguridad pública por encima de la media nacional; y en las otras 10 los índices delictivos fueron claramente a la baja, incluso 4 entidades presentaron variaciones negativas.

De las 18 entidades federativas que mostraron una participación de su gasto en seguridad pública respecto del presupuesto total menor al 5.2%, Chiapas, Puebla y Tlaxcala tuvieron una tasa de crecimiento negativa de su índice delictivo, y en las otras 15, según se aprecia en la gráfica siguiente, dicho índice tendió a acelerar su crecimiento.

Esta información indica que hay una significativa relación entre el uso de los recursos públicos federales y estatales y la incidencia delictiva, sin embargo, dada la dependencia presupuestaria de las entidades federativas y de sus municipios respecto de los apoyos federales, la mayor asignación de recursos para estos propósitos no es factible que se realice en el corto plazo.

En 2007 y de conformidad con lo que reporta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese año, los recursos transferidos a las 30 entidades que proporcionaron información, sin considerar al D.F., ascendieron a 722,648,000.0 millones de pesos, cifra que representó el 88.6% del total de sus presupuestos estatales, dicho de otra forma, esas entidades sólo financiaron su gasto en 11.4% con recursos propios y, por ende, no tienen holguras financieras para destinar más recursos a la seguridad pública sin modificar su estructura de gasto.

Por lo que toca al D.F., los recursos federales que se le transfirieron en el año representaron el 70.4% de su presupuesto. Por lo que se refiere al estado de fuerza, se presentan dos tipos de relaciones con la incidencia delictiva, según se considere el total de elementos policiales preventivos de cada entidad o bien sólo aquellos que están facultados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para portar armas, mediante la Licencia Oficial Colectiva (LOC) que esta dependencia expide.

En el primer caso, resulta que en aquellas entidades donde el número de elementos preventivos por cada 100,000 habitantes,8/ es mayor a la media nacional de 254,9/ la tasa de crecimiento del índice delictivo tiende a elevarse, si bien en forma no proporcional; en tanto que en las entidades con un número de elementos menor a la media, el incremento de ese índice se retrae.

De 31 entidades federativas que se contó con información comparable, 14 superaron el promedio nacional de elementos, de éstas Colima, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala mostraron una trayectoria negativa en su índice delictivo, y en las 10 restantes la tasa de crecimiento del índice delictivo tendió a acelerarse.

Con el propósito de evaluar la eficiencia en el uso de los recursos autorizados en los Convenios de Coordinación para la realización de acciones en materia de Seguridad Pública, celebrado en el año 2007 entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, se analizaron los anexos técnicos de dichos Convenios, las actas de reunión de los Comités Técnicos del Fondo de Seguridad Pública en las Entidades Federativas y diversa información financiera proporcionada por las entidades fiscalizadas. De la revisión se constató que de un monto modificado por 6,652,980.8 millones de pesos, a diciembre de 2007 no se ejercieron 2,863,245.0 millones de pesos, es decir, el 43.0%,